ENMASCARAR AL PASADO

En la última opinión sugerimos transitar el desarrollo de la campaña legislativa de este año a la manera de un juego de mesa llamado “A quién voto?”. En esa oportunidad se detalló el diseño del tablero, y es el turno de comentar las reglas del juego y características de las fichas. Como sabemos, los clásicos juegos de mesa mantienen inmutables sus características a lo largo del tiempo. En el juego “A quién voto?”, por el contrario, las reglas son fluctuantes, y las fichas deben acomodarse a las coyunturas del momento, lo que complica la toma de decisiones del jugador para definir el voto. Para armar una estrategia de juego, es necesario explicar las causas de tales fluctuaciones. 

Podría aducirse que al estar el juego relacionado con el devenir político, mal puede tener reglas temporales inmutables. Ante este planteo, cabe preguntarse cómo es posible que pese a reglas de juego cambiantes, las renovaciones legislativas las encabecen mayoritariamente los mismos políticos. Existen dos explicaciones: de carácter estructural y temporal. El estructural responde a la desaparición de partidos tradicionales consolidados con identidad clara y unívoca, y peso electoral suficiente. Fueron sustituidos por Frentes polifacéticos y mutables no casualmente llamados “espacios”, creados para sostener candidaturas de quienes los encabezan. En esta circunstancia Identificarse como peronista, radical, progresista u otros, no es relevante. La clave estará en prever los posibles o supuestamente imposibles, acuerdos políticos para conformar las listas de candidatos. Recién ahí, el jugador-ciudadano podrá mover sus fichas. 

El factor temporal explicita más claramente lo señalado. Cada dos años se producen elecciones legislativas; las coincidentes con las presidenciales, y las llamadas de “medio término”. Si bien las estrategias de armado de listas difieren, los discursos de campaña son los mismos. En las elecciones presidenciales los candidatos, salvo los dos con posibilidades ciertas de triunfo, son legisladores a mitad de mandato, que continuarán siéndolo una vez derrotados. Vale decir, riesgo cero. Pero en las de “medio término”, puramente legislativas, los objetivos son más urgentes: acceder y/o mantenerse como legislador, y en contados casos, buscar proyección electoral para alcanzar a futuro la presidencia. Es el caso del FR (Massa) y el GEN (Stolbizer), competidores a la presidencia hace solo dieciocho meses, y que hoy licuaron identidades dando paso a la agrupación “Un país”, donde Stolbizer busca mantenerse como legisladora, y Massa incrementar caudal electoral para proyectarse al 2019.

Lo que no difiere, y eso indica un menosprecio por la actividad legislativa, es el marketing político del discurso. Es el mismo que en una elección presidencial. Se centra en el poder Ejecutivo, en lugar del Legislativo, por cuyas bancas compiten. De este modo, los candidatos eluden exponer sobre sus antecedentes, proyectos presentados, explicar el congelamiento en el Senado de la ley de Extinción de Dominio, la demora en Diputados para tratar el Régimen penal empresario; la negativa a formular una Ley del Arrepentido más estricta, similar a la de Brasil, o justificar el mantenimiento de fueros que permiten que procesados penalmente puedan ser candidatos o permanecer como legisladores. 

Las fichas por su parte, se diferenciarán por color según las agrupaciones en competencia, identificándose en cada caso con el nombre de sus principales candidatos. Nuevamente el factor temporal cobra relevancia, haciendo necesario realizar movimientos según tres etapas: 1) hasta el cierre de listas, en la que todo es posible, pues no se discuten ideologías sino lugares en las mismas. 2) hasta la elección, en donde predominará la grandilocuencia verbal, que obligará al jugador a detectar inconsistencias. 3) a partir de la oficialización del resultado electoral y por un período de seis meses, el juego brinda otra oportunidad para incrementar puntaje. Consiste en detectar que legisladores que ocupan su banca por determinado partido se apartan del mismo, sea para pasarse a otro, o conformar un bloque unipersonal que podría llamarse “Dignidad nacional”. 

Esta mutabilidad explica la razón por la que el juego carece de las clásicas fichas “comodines”. Llegado el caso todas podrían actuar como tales.

Buenos Aires, 31 de mayo 2017

POLÍTICA DE MESA

En un año electoral, la ciudadanía deberá renovar esfuerzos para minimizar el rol de receptores pasivos de mensajes de campaña, emitidos en busca de nuestro único capital: el voto. Una forma de no resignar capacidad de análisis, sería asimilarlos a un juego de mesa hogareño, que llamaremos “A quién voto?”. El desafío será diferenciar entre información y desinformación; entre datos ciertos y falsos. Como es habitual, el juego se compondrá de tablero, reglas y fichas. Cada una de éstas, tendrá el nombre de un candidato.

El rol de tablero, que determina el límite físico del juego y circuitos posibles a realizar con las fichas, lo cumplen los medios de comunicación, al ser intermediadores entre el mensaje político y los votantes anónimos. Por ello, el tablero se subdivide en sectores que identifican a diversos medios. Los audiovisuales son más dinámicos, con conductores que marcan tiempos y temas, mientras que los escritos poseen un mensaje preestablecido (el artículo), pero el lector maneja tiempos de lectura y reflexión, y si desea, cotejo de información. Entre los medios se genera una puja similar a la de los candidatos, en busca de lograr una imagen de veracidad y profesionalidad. Se deberá tener presente que la mayoría de ellos están en manos empresariales (o gremiales), con actividades comerciales diversificadas, por lo que eventualmente sus propietarios pueden usarlos como instrumento de presión política, o protección de negocios no tan legítimos. O bien puede ser el propio poder político quien los presione en busca de una adhesión complaciente. Vale tanto para Clarín, con su periódico y señales televisivas TN y Canal 13, o para C5N, perteneciente al empresario Cristóbal López,  con serios problemas legales e impositivos en relación a sus negociados con el Estado. Aceptado esto, el juego podrá iniciarse por cualquiera de los medios disponibles, pues el desafío del juego será el mismo: receptar mensajes, evaluar emisores y fuentes informativas, detectar contradicciones y eventuales intereses ocultos, y finalmente, arribar a una conclusión para definir el voto.

Es justo otorgar un reconocimiento al periodismo de investigación, que exhibió una alta profesionalidad para la obtención de elementos de prueba de la corrupción estatal-privada contundentes. No solo es valorable desde lo informativo, sino por haber transparentado la incapacidad y/o complicidad de muchos jueces, fiscales y legisladores, más esforzados en favorecer la impunidad que en combatirla.

Un comentario especial merecen las redes sociales, que son plataformas globales prediseñadas que pueden ser utilizadas pero no modificadas por los usuarios, y  permiten un nivel de interacción social formidable que abarca a todas las franjas etarias (de nietos a abuelos). Pero en el campo político arrastran un vicio (o virtud?) de origen: no existe el filtro de la veracidad, lo que es aprovechado con entusiasmo por muchos políticos. Es habitual publicar perfiles falsos o de fantasía, imprecisiones y mentiras. Un ejemplo reciente fue el perfil “Araceli Arezzo”, que en busca de viralización (multiplicación de reenvíos), publicó una cantidad de mensajes simultáneos, en los que sus trabajos, sueldos y montos de las facturas de gas y luz, eran distintos. Lo único uniforme fue el hastag: “Fracasó Macri”. Es verdad que las redes tienen una virtud que aterroriza a los políticos, acostumbrados a bajar mandatos, y no a recibirlos. Otorga a los ciudadanos la capacidad de instalar temas y generar convocatorias multitudinarias, que no logran agrupaciones políticas y gremiales a través de costosas logísticas.

Los avances tecnológicos sin embargo, si bien aceleran y potencian las estrategias comunicacionales, no modifican principios básicos de la propaganda política perfeccionados durante la Segunda Guerra Mundial, como el llamado principio de la unanimidad. Consiste en convencer a mucha gente que piensa y actúa como lo hace la mayoría, creando una falsa impresión de unanimidad. En él se basan periodistas, políticos y entrevistados, cuando en lugar de plantear “yo digo o yo pregunto”, en un rapto místico, expresan “la gente dice o pregunta”.

En la próxima opinión describiremos los restantes elementos del juego, realmente complejos: las reglas y las fichas, que identifican a los candidatos.

Buenos Aires, 24 de mayo 2017

DESINFORMAR EN LIBERTAD

Los términos absolutos, definidos asépticamente en los diccionarios, pueden variar su significado cuando se analizan emisores, contextos y objetivos. Gritar “ladrones” a funcionarios, puede ser una expresión indignada de sus víctimas, o partir de quienes se enriquecieron desde el Estado y una vez desplazados, pretenden coaccionar para negociar libertades y mantener patrimonios. En un año en el que se renovarán parcialmente diputados y senadores, las estrategias electorales intentarán suplir el aporte enriquecedor de las ideas con el abuso de términos absolutos. El contexto político colabora, por la presencia de dos factores: 1) la renovación legislativa en cuanto a nombres no será tal, debido a un sistema electoral restrictivo que pone en cabeza de los “jefes” de cada espacio el armado de listas sábana, sin evitar por ello pujas, enojos y traspasos entre quienes desean mantener sus bancas (casi todos), o acceder a las mismas desde el llano (demasiados); 2) el resultado electoral no modificará la condición de minoría legislativa del oficialismo.

Esta inevitable continuidad de viejos actores políticos, nos brinda una oportunidad. En lo inmediato, juzgar con suficientes antecedentes las virtudes y defectos de quienes encabezarán las listas. En el mediano plazo, incrementar la presión ciudadana para reformar un sistema electoral plagado de vicios destinados a evitar rotaciones en los niveles de representación pública, permitiendo las prolongadas permanencias. Esta realidad genera un desafío extra a los publicistas y consultores responsables del marketing político, en especial en lo referido a la construcción de imagen de los candidatos.  Tema que no es nuevo en la historia. Hace ya más de 500 años, aconsejaba Maquiavelo al príncipe: “Los hombres en general, juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”.

Cierto es que los avances tecnológicos de la comunicación, caracterizados por la masividad, velocidad y simultaneidad, exigen adecuar metodologías. Las redes sociales por ejemplo, simulan una sensación de mayor cercanía ciudadano-candidato, que no es tal. Para usarlos, los políticos utilizan un grupo de personas que usan frases breves y trilladas que opinan pero no informan. Y en muchos casos, propagar informaciones falsas. Un caso interesante para evaluar el impacto sobre la imagen y las estrategias que se emplearán para minimizar daños, es el de Daniel Scioli. Todo político y su equipo planifican qué, cuándo y cómo comunicar. Sin embargo, quizás sea sociológicamente más didáctico, porque es aplicable a los políticos en general, mensurar si entre quienes tienen una valoración negativa de Scioli,  predomina su gestión pública como gobernador provincial durante ocho años, o sus anteriores y reciente actitud privada de pareja.

La desaparición de partidos tradicionales consolidados que aporten respaldo estructural e ideológico sustentado en el tiempo, hace habitual que cada dos años las listas se integren con entrecruzamientos que oscilan entre aciertos y burdos oportunismos. En estas circunstancias el factor diferenciador, que no debe ser confundido con el concepto “grieta”, parecería ser inevitable: oficialismo u oposición. Ello no debiera resignarnos a ser receptores pasivos y emotivos ante el bombardeo mediático. Más aún, cuando se elegirán legisladores, responsables de establecer las normativas legales a las que se deben ajustar los poderes ejecutivo y judicial. Deberemos evitar entonces que los candidatos persistan en la cómoda postura de sustituir el cumplimiento de sus obligaciones específicas, por la de comentaristas críticos de los otros poderes. Cuyos vicios, por otra parte, se originan precisamente en la inacción y/o ineptitud legislativa (sanciones penales, régimen de excarcelaciones, incompatibilidades públicas, recientemente la polémica por la aplicación del 2 x 1 en las penas, etc.).

En la transmisión del discurso político, los medios de comunicación desempeñan un determinante rol como nexo entre candidato y ciudadano. En nuestro país no sufrimos el monopolio de opinión, característico de sistemas totalitarios. Pero esta libertad, virtuosa en lo global, brinda dos posibilidades en lo particular. Puede ser usada para informar o para desinformar. Como receptores pasivos carentes de “información privilegiada”, podremos diferenciar entre verdades y engaños? Veremos que no es difícil.

Miércoles, 17 de mayo 2017

ANDÁ VOS AL BANCO . . .

En la propaganda política predominan las frases breves direccionadas a lo emocional, conceptualmente correctas, psicológicamente persuasivas y aparentemente irrebatibles,  en busca de convencer. Trasladado al discurso político, necesariamente de mayor extensión y con mayor influencia de las condiciones personales del emisor, al intentarse dar a la estrategia de la brevedad pretensiones de argumentación, suele caerse en obviedades, desinformación, mediocridad, cuando no en cinismo y falsedad.

Este riesgo se potencia en un año electoral, con discursos pronunciados por quienes pretenden mantener y/o acceder a las apetecibles bancas legislativas. El contexto político favorece incongruencias, al estar caracterizado por tres aspectos: 1) ausencia de representaciones políticas tradicionales; 2) alineamientos políticos oportunistas; 3) mantenimiento de los mismos representantes políticos durante décadas. En consecuencia, el recurso de la brevedad diferenciadora mediante el uso de términos “absolutos” como justicialista, radical, progresista, derecha, izquierda, socialista pierden significado, e intentan encubrir objetivos más inmediatos y terrenales, que justificarán cualquier mezcolanza acuerdista para acceder a cargos legislativos. Breves ejemplos: la asociación entre Massa y Stolbizer, quienes hace menos de dos años compitieron por la Presidencia con “proyectos de país” supuestamente distintos; el acuerdo entre “el Adolfo y el Alberto” con Cristina Kirchner, recientes enemigos, para proteger su feudo provincial; o el legislador Gustavo Vera, que suspendió su franquicia de distribución de rosarios bendecidos para buscar renovar su cargo, ya no con Carrió, sino dentro de vertientes kirchneristas. No sorprende entonces que los repetidos candidatos, en lugar de exhibir públicamente sus antecedentes, méritos y proyectos propios, se aplicarán al vacío debate entre quienes apoyen o critiquen al Ejecutivo.

Vale decir que con estos perfiles, para poner en riesgo la gobernabilidad no es necesario esperar el resultado de las elecciones. Pero será necesario que una vez finalizadas las mismas, se analice una reforma constitucional que modifique las frecuencias electivas de legisladores, se ajusten los requisitos de integración de listas (excluir procesados), se especifiquen en detalle las obligaciones laborales, y se limiten las posibilidades de reelección. Respecto a la estrategia de la utilización de frases breves, es oportuno recordar algunas vernáculas, que por época, autor y poder de síntesis, reflejan adecuadamente nuestro devenir político en las últimas décadas. Vayamos por orden cronológico.

A comienzos del gobierno de Menem en 1990, el gremialista gastronómico Barrionuevo declaró que  “hay que tratar de no robar por lo menos por dos años”. Transcurridos veintisiete años desde entonces, en la actualidad ese estado de beatitud exigiría como mínimo un período presidencial completo. Veinte años más tarde, en un reportaje publicado en La Nación, el barrabrava boquense Rafael Di Zeo explicó que su  impunidad reside en “tener los teléfonos del poder”. Excelente síntesis para definir lo que se denomina trama delictiva, que interrelaciona a políticos, sindicalistas, empresarios, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. 

Pero quizás el ejemplo más valioso, por haber sido protagonizado por trabajadoras alejadas de los círculos de poder, se presentó recientemente durante el paro general de la CGT el seis de abril. Tres mujeres dueñas de una estación de servicio de Lomas de Zamora, fueron amenazadas por un grupo de patoteros del gremio para que dejaran de expender combustibles. Una de ellas les gritó: “mañana vas a ir vos al Banco para levantarme el descubierto, pelo…?” (el insulto final, hay que reconocer que se ajustó a los personajes). Quedó como pocas veces expuesta la distancia que existe entre los ciudadanos comunes que  necesitan de su trabajo diario para vivir y progresar, con los eternos sindicalistas y políticos sin obligaciones laborales de cumplimiento efectivo, ni urgencias salariales. Con o sin paros, siempre ganan.

Buenos Aires, 11 de mayo 2016

EMPRESARIOS, SINDICALISTAS Y POBRES

La permanencia de las mismas clases dirigentes desde hace más de dos décadas, inevitablemente arroja las mismas consecuencias. La principal, que explica la involución del país y consolidación de la pobreza, ha sido la desaforada corrupción estatal-privada, sin consecuencias penales ni políticas. El acceso al poder de una nueva fuerza ajena al cada vez menos monopólico justicialismo, debiera activar nuestro espíritu crítico antes que fervores emocionales, para no repetir frustraciones. Ello exige exponer las contradicciones u omisiones de viejos discursos falaces y encubridores.

El más incoherente, porque lo critican los mismos que lo generan, es el referido al déficit fiscal, que surge cuando un gobierno gasta más que lo que recauda. Superados ciertos niveles de déficit, se hace necesario financiarlo contrayendo deuda. Ante planteos de reducirlo, voceros beneficiarios lanzan el clásico diagnóstico oportunista y cínico: el costo lo pagarán los que menos tienen, con bajos salarios y despidos de personal. Temor inicialmente justificado, porque es lo que ha sucedido históricamente. Pero lo que no plantean políticos y economistas supuestamente en las antípodas, como Dujovne, Kicillof, Pitrola, Lavagna o Loustau entre otros, es que la reducción del déficit lo absorban los que  más tienen, sean funcionarios, sindicalistas o empresarios, responsables además de su existencia. Un breve comentario respecto a la estructura del Estado, que merecerá un análisis más profundo. Para hacerla eficiente, el primer paso se debería basar en el principio democrático de igualdad de oportunidades, dejando de subsidiar salarialmente a quienes no cumplen tareas específicas y horarios de trabajo, hacen de las falsas licencias médicas una práctica, y desde el poder político ejercen un nepotismo desaforado cubriendo cargos públicos con familiares.

Pero lo más importante es destacar el meollo del problema, que nadie menciona con nombres y apellidos. Consiste en derivar sin control multimillonarios fondos públicos a empresas privadas o cooperativas, bajo los encubridores objetivos de consolidar el desarrollo industrial y crear fuentes de trabajo. Los resultados fueron monumentales déficits fiscales, con créditos estatales irrecuperables. Recordemos el vaciamiento sufrido por el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo, creado en 1971 y liquidado en 1993, con pérdidas de 5.700 millones de dólares por créditos otorgados a empresarios asociados al poder político. A ello se suma la recurrente estatización parcial de deudas en dólares a privados, la última de las cuales se realizó en el año 2002. Estos ejemplos dan por tierra con clásicas definiciones en cuanto a roles de los actores económicos. Empresario es quien combina capital propio de riesgo y trabajo, para producir bienes y/o servicios que ofertados al mercado le produzca ganancias. El sindicalismo tiene por fin asociar a trabajadores del rubro para defender sus intereses ante empleadores y gobierno. Por último, el gobierno establece políticas de desarrollo, marcos impositivos y vela por el cumplimiento de las leyes. Nuestros habituales casos de corrupción muestran que no existe capital de riesgo; que los sindicalistas no protegen las fuentes de trabajo ni vigilan los aportes patronales, y que funcionarios públicos venales se asocian al vaciamiento de empresas.

Tres ejemplos recientes ilustran sobre el origen de enormes déficits fiscales. 1) Oil Combustibles de Cristóbal López, evadió tan solo en impuestos a los combustibles, de los que era agente de retención, 8.000 millones de pesos. 2) Sancor, cuyo presidente es Gustavo Ferrero, adeuda a la AFIP más de 2.000 millones de pesos, además de aportes patronales, con el silencio de Héctor Ponce, secretario del gremio Atilra. 3) OCA, presidida por Patricio Farcuh, adeuda a la AFIP 3.200 millones de pesos, más aportes patronales, sin que Pablo Moyano, del gremio Camioneros, reaccionara en tiempo y forma. Pese a estos antecedentes, empresarios y sindicalistas responsables no se inmutan. Bajo la amenaza de dejar un tendal de despidos y crisis sociales que ellos mismos generaron, pretenden que el gobierno acuda una vez más con recursos públicos al rescate de sus negociados, incrementando el déficit fiscal. El gobierno deberá encontrar necesariamente soluciones para los genuinos trabajadores, pero con una salvedad: que las ayudas no se canalicen a través de los mismos empresarios y sindicalistas que llevaron a las empresas al estado de quiebra. Ello no solo sería suicida, sino lo haría sospechoso de complicidad. Solo en los ejemplos mencionados, el Estado ha sido defraudado en más de 13.200 millones de pesos.

Para concluir, definamos brevemente a las víctimas de estos manejos. Son pobres los que carecen de los ingresos mínimos necesarios para vivir dignamente.

Buenos Aires, 03 de mayo 2017