ES POSIBLE LEGALIZAR LA CORRUPCIÓN?

Ante un cambio de gobierno, las clases dirigentes sufren el síndrome de la “transparencia”, con la secreta esperanza que sea superado en el menor tiempo posible. Transparencia es la cualidad óptica de un material que deja pasar la luz, permitiendo ver que hay detrás del mismo. En el campo político, significa posibilitar que el ciudadano vea la documentación “que hay detrás” de los actos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Para ser útil, la información debiera ser completa, ordenada, relevante y fidedigna. Surge un primer desafío: como evaluar si se cumplen estos requisitos? Poseemos conocimientos para ello?

En una democracia los actos de gobierno se trasladan masivamente a todos los niveles sociales y educativos, a través de los medios de comunicación. Pero esta intermediación entre información y ciudadanos, exige una prevención inicial: la libertad de opinión no implica por si sola veracidad. Los medios responden a grupos empresarios privados u organismos públicos, que entremezclan intereses, negocios, ideologías, cualidades éticas y calidades periodísticas. En esta diversidad de origen, en política en general y en temas de corrupción en particular, la comunicación recurre a reglas de la propaganda política,  donde conviven la información con la desinformación. Surge entonces un nuevo desafío: en quién creer? La palabra “creer” nos sumerge en el campo emocional antes que en el racional, que es lo que pretende la propaganda.

Nuestra estrategia debería consistir en poner inicialmente bajo la luz de la duda todas las versiones sobre un mismo caso o denuncia, para luego formularnos interrogantes que no han sido planteados, o que no han sido aclarados. Tomaremos como ejemplo el caso de mayor actualidad, referido a la deuda impositiva del grupo Indalo con la AFIP, por 8.000 millones de pesos. La ciudadanía receptó cronológicamente la siguiente información:

10 de marzo.- Ricardo Echegaray, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), informa en conferencia de prensa una medida no prevista en las normas: que auditará en “tiempo real” al actual gobierno.

11 de marzo.- El Grupo Indalo anuncia un proceso de división de bienes entre sus dos socios: Cristóbal López (posee el 70%), y Fabián De Sousa (posee el 30%).

13 de marzo.- El periodista Hugo Alconada Mon, publica en La Nación una investigación que documenta una retención indebida del impuesto de transferencia de combustibles por 7.400 millones de pesos, más 600 millones por otros conceptos, que Indalo eludió pagar a la AFIP.  

14 de marzo.- El periodista Gustavo Sylvestre, en su programa político del canal C5N, perteneciente a Indalo, informa que hubo otros 1.800 beneficiarios por la aplicación del Régimen de Facilidades, que permitió que Echegaray refinanciara a discreción deudas impositivas, con tasas de interés y plazos muy favorables. Entre los supuestos favorecidos, mencionó al Grupo Clarín, y al empresario “amigo de Macri”, Nicolás Caputo. En pantalla se sobreimprimía la frase “doble moral”.

20 de marzo.- Tras anunciar el canal C5N que por la noche se emitiría un programa conducido por el periodista Navarro, referido al empresario Nicolás Caputo, “amigo de Macri”, el mismo fue suspendido a último momento. Navarro denunció aprietes para no sacarlo al aire, sin aclarar de quien o quienes.

22 de marzo.- Cristóbal López y Fabián De Sousa deciden frenar la separación de activos del Grupo Indalo, ante el escándalo.

Se presentan varios condimentos del ocultamiento y confusión: 1) se intenta disimular al elefante (Grupo Indalo), incorporando más elefantes (Grupo Clarín y empresario Caputo); 2) se emiten veladas amenazas  públicas (Echegaray anunciando auditar al actual gobierno en tiempo real; C5N/Navarro anunciando un programa especial sobre el empresario Caputo, para dejarlo sin efecto aduciendo “presiones”; 3) se cumple con lo habitual en las estrategias de ocultamiento y/o confusión: gran velocidad informativa (no confundir con velocidad judicial). Todo se desencadenó entre el 10 y 22 de marzo.

Datos no hechos públicos a la fecha, que deben ser informados:

1.- A C5N (Navarro y Sylvestre): identificar de la supuesta nómina de 1.800 (elefantes) favorecidos por refinanciaciones de la AFIP, a los ubicados en los cinco primeros puestos, indicando beneficiario, monto, condiciones y justificaciones esgrimidas por Echegaray para otorgar los beneficios.   

2.- A los legisladores: indicar que organismos deben controlar y auditar las decisiones de la AFIP, y que marco legal, si existiera, otorga al responsable de la AFIP una inaceptable discrecionalidad, que “legaliza” todo tipo de corrupción.

Mientras aguardamos respuestas, en la próxima reflexión trataremos de encontrar solución a uno de los grandes problemas de la política argentina actual: qué hacemos con Nicolás Caputo?

Buenos Aires, 30 de marzo 2016

CORRUPCIÓN: COMO DISFRAZARSE DE BUENO

Destacábamos en reflexiones anteriores que ante un cambio de gobierno, más aún si son de distinto signo político, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sufren un cuadro febril de transparencia. Nada grave, porque la mayoría de los afectados lo atravesaron anteriormente, y  crearon anticuerpos que les permite una rápida curación y olvido de promesas. Se repetirá este cuadro clínico-político, o el bacilo “transparencia” adquirió una impensada resistencia a los antibióticos del engaño?

Visto los férreos y persistentes antecedentes de impunidad, los ciudadanos deberán afinar su capacidad de análisis, para afrontar las clásicas estrategias comunicacionales de ocultamiento y confusión a los que serán sometidos. Pueden ejemplificarse en una conocida metáfora popular: cómo disimular la presencia de un elefante en un bazar?. Metiendo más elefantes. Esta ironía responde a una de las reglas básicas de la propaganda política, llamada contrapropaganda. Consiste en desprestigiar, o al menos poner bajo un manto de duda, la información que nos es perjudicial. Para ello, políticos, periodistas e integrantes de la justicia involucrados en la estrategia, utilizan conceptos u opiniones aparentemente claras e indiscutibles, pero que son contradictorias o falsas, para que juzguemos basados en lo emocional, y no en lo racional. Para eludir esta trampa, deberemos partir de la hipótesis que las versiones y/o denuncias, y los intentos de deslegitimarlas, responden a intereses particulares no explicitados. En tal sentido, nuestro primer paso debiera ser el de intentar establecer quiénes y porqué introdujeron otros elefantes en el bazar, a fin de proteger a determinado elefante. Llenar este casillero, nos permitirá luego formularnos interrogantes que en el barullo de las opiniones encontradas, nadie se plantea, o nadie responde.  

Estos principios comunicacionales destinados a confundir y lograr impunidad, debemos insertarlos en nuestro contexto nacional. El esquema tradicional de corrupción estatal-privada, consiste en que empresarios favorecidos paguen coimas a funcionarios facilitadores. El acto corrupto genera dos consecuencias adicionales: un sobrecosto inicial en la prestación contratada (ningún empresario paga coimas de su bolsillo), y habitualmente, una posterior disminución en la calidad de dicha prestación, para incrementar los beneficios espúreos. Este esquema es el causante de la actual crisis de corrupción en Brasil, por coimas de Petrobras.  

En nuestro país, la usual transacción de “coimas” o “retornos”, se perfeccionó con la conformación de relaciones societarias entre funcionarios y empresarios, para explotar negocios públicos multimillonarios a costa del Estado. Su mecánica exige la participación de testaferros, manejos de dinero fuera del circuito bancario, cuentas en paraísos fiscales, constitución de empresas con información falsa. Obviamente necesitan una extendida cobertura institucional, para que los saqueos tengan un carácter de “legalidad”. Como mínimo, deben contar con una enorme complicidad de la AFIP, la Unidad de Información Financiera e Inspección de Personas Jurídicas. No se menciona a la Oficina Anticorrupción, porque desde hace años se transformó en un club social. En los casos de denuncias públicas  fundamentadas, los saqueadores cuentan con la manifiesta indolencia, cuando no manifiesta complicidad, de la justicia federal.

Esta realidad explica los acelerados cambios societarios actuales y los que se avecinan, en los que vendedores y compradores serán parte del mismo juego, consistente en generar vaciamientos, eludir responsabilidades judiciales, y fundamentalmente, mantener a resguardo patrimonios personales. Los trabajadores afectados no fueron en estos casos beneficiarios del usufructo político de cargos públicos, sino aportaron de buena fe sus conocimientos y aptitudes, en emprendimientos supuestamente privados.

En la próxima reflexión, trasladaremos esta descripción de carácter general a ejemplos actuales y con nombres propios. Pero ante el espíritu “caza buitres” que nos embarga, es oportuno concluir con una pregunta: se sabe el destino del 24% de las acciones de YPF, adquiridas con utilidades y no con aportes propios, por los empresarios nacionales Enrique y Sebastián Esquenazi?. Esperemos que no las hayan vendido a Paul Singer o a “buitres” similares …..

Buenos Aires, 23 de marzo 2016

NO CONFUNDIR LEGISLAR CON OPINAR

Una vez más, un cambio de gobierno provoca en los sectores políticos sintomatologías febriles, bajo las cuales se balbucean promesas de transparencia y lucha contra la corrupción. La patología, que ya afectara en anteriores períodos a gran parte de la dirigencia, mostró ser de rápida curación y no dejar secuelas. Con este antecedente, analizaremos el actual brote bajo un manto de escepticismo, en lugar de someternos fácilmente a la invocación de “fe y esperanza”. 

En este contexto, para ordenarnos en el análisis, comenzaremos por el poder Legislativo, debido a su condición de albergar todas las expresiones del espectro político, y ejercer a través de comisiones parlamentarias, facultades de control sobre determinadas responsabilidades de los poderes Ejecutivo y Judicial. Por ejemplo, el seguimiento de políticas y administración de organismos de inteligencia, tarea que jamás se cumplió. Históricamente, el fragor de los debates que caracteriza al parlamento, desaparece al momento de transparentar su propia estructura, gasto presupuestario y funcionamiento legislativo. Aspectos esenciales como sus obligaciones y derechos, inmunidades parlamentarias, fijación de dietas, identificación de plantas de personal y asesores, viajes y viáticos, entre otros, no son pasibles de debate, y caen bajo el manto de un secretismo acordado por una unanimidad, que no diferencia entre izquierdas, derechas, neoliberalismos, neopopulismos; retazos justicialistas o retazos radicales. La responsabilidad de brindar a la ciudadanía información, queda una vez más a cargo del periodismo.  Recientemente, La Nación creó la plataforma digital “Votaciones”, para monitorear como votan nuestros legisladores, además de identificar sus proyectos, asistencia y posturas en las discusiones parlamentarias.

Como en el resto de las plantas estatales de personal, la del poder legislativo tuvo crecimientos desmesurados e injustificados, plagados de nepotismos y amiguismos, con la obvia complicidad gremial. No es un dato irrelevante. Transparenta que la  obligación legislativa de responder con profesionalidad al interés general ciudadano, se degrada con una práctica de transacciones donde prima la prebenda personal o sectorial. Las calidades intelectuales y tiempos dedicados a la función, no son condiciones exigibles. Cuando concurren a programas políticos en medios de comunicación, en lugar de ilustrar al ciudadano sobre su desempeño, los legisladores ejercitan el relajado ejercicio de la opinión sobre cualquier tema. Adjudicar al parlamento el mote de “escribanía”, brindaba cobertura a los oficialistas que aprobaban leyes sin conocerlas en profundidad, y a los opositores que las criticaban con similar desconocimiento. Por ello no debiera sorprender el abusivo uso político de consignas vacías de contenido para justificar posicionamientos, al estilo “Patria o buitres”. La consigna que jamás se invoca es “Patria o corrupción”.

La etapa “escribanía”, por decisión del voto popular, se terminó. Sin embargo, dicho voto por sí no podrá impedir que se mantengan prácticas de defensa de estructuras elitistas asociadas a la corrupción, en las que los empresarios favorecidos pueden disfrazarse de izquierdistas o populistas, mientras esforzados trabajadores en busca de un legítimo progreso, son acusados de egoístas.

Queda clara entonces la razón por la que la primera prueba de veracidad de la promesa de transparencia, deberá rendirla el poder legislativo. Para ello no necesitan nuevas leyes, ni acuerdos de mayorías. Basta con que cada legislador incorpore en su sitio de la página web, sus dietas, personal de planta y político, motivo de viajes al exterior, viáticos percibidos, proyectos de ley que tienen en elaboración, y sus votaciones, sea en comisiones o en el recinto.  Es tan simple, que el primer paso puede darlo un legislador contestatario de izquierda. Las páginas web generales, por su parte, indicarán la planta total de personal y sus funciones, gastos operativos, y ejecuciones presupuestarias.  

A partir del cumplimiento de este requisito de transparencia históricamente adeudado, los legisladores recuperarán credibilidad para su trascendental labor de pensar, proponer, debatir, justificar, aprobar e informar, legislando para un interés común razonable y posible. La prioridad  que se les adjudica para dar el puntapié inicial en políticas de transparencia, debiera enorgullecerlos. En los tiempos que se avecinan, y esperemos que para siempre, la actividad legislativa será fundamental para la consolidación institucional del país, y su desarrollo social y económico.

Buenos Aires, 16 de marzo 2016

OPERATIVO TRANSPARENCIA: SE PUEDE?

En nuestro país, los cambios de gobierno de distinto signo político, más que tránsitos democráticos con saludables alternancias, parecieran constituirse en verdaderos hitos fundacionales. A esta altura de los acontecimientos, no queda clara la razón de festejar el próximo 09 de julio el bicentenario de la independencia, si pareciera que aún estamos en plena lucha para obtenerla. Tan solo hace dos años, por ejemplo, conseguimos acabar con la amenazadora presencia de Cristóbal Colón, ubicado nada más ni nada menos que a espaldas de Casa de Gobierno. Aún nuestra historia reciente, se rearma como si fuera un rompecabezas para niños. En el congreso del Partido Justicialista, el diputado “Chino” Navarro señaló que el triunfo de Macri significó que por primera vez, la derecha alcanzaba el gobierno mediante el voto democrático. Sin rubor, identificó a los gobiernos de Juan Domingo Perón y Carlos Menem como de izquierda. Desenmascaró una vez más la “historia oficial”, como la denominan los que la manipulan. Los echados por Perón de Plaza de Mayo en 1974, en realidad eran recalcitrantes de derecha.

Estas ironías deben alertarnos respecto a que, más allá de buenas intenciones, el actual gobierno tendrá enormes dificultades para desarmar una matriz institucional que se mantiene indestructible desde hace más de 25 años. Los sustratos políticos, gremiales, empresariales y judiciales, no solo son los mismos, sino que se degradan a través del tiempo por acumulación de complicidades. Todo intento de cambio de matriz, será de inmediato bastardeado por privilegiados acostumbrados a vivir al calor del poder. Se utilizarán frases altisonantes, superficiales, cínicas o de ocultamiento. Nunca se explicitarán las verdaderas intenciones. Se apelará una vez más, a la estrategia planteada por el personaje aristócrata de la novela “El Gatopardo”, de Giuseppe di Lampedusa, con motivo del desembarco de Garibaldi en Sicilia, en 1860: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”.

Los intentos pasados para instrumentar leyes anticorrupción eficaces, transparencia administrativa y acceso a la información pública, fueron trabados, diluidos o incumplidos, por una representación política plagada de “aristócratas”, con permanencias hereditarias y nepotismos descontrolados. Por ello, nuestro primer desafío será eludir la táctica discursiva de la confusión, que mezcla lo importante con lo banal, y lo verdadero con lo falso. Los mensajes breves intentarán que lo emocional predomine sobre lo racional, al estilo de “Patria o buitres”. Es imprescindible instalar la desactivación de la corrupción planificada, y efectivizar su castigo. Llevar este objetivo al campo de lo concreto, implicará interrelacionar fuertemente los instrumentos legales con la estructura administrativa institucional de gobierno. Esta prioridad no relega temas fundamentales como educación, salud, seguridad, justicia, sino por el contrario, transparenta que el fracaso del Estado en sus responsabilidades indelegables, está directamente ligado a la corrupción, muchas veces oculta tras la excusa de “mala praxis”. De ahí la necesidad de encarar una profunda readecuación de todas las estructuras burocráticas estatales, que abarquen a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En la tarea, sería recomendable la participación de instituciones como Poder Ciudadano, CIPPEC y ACIJargentina, entre otras, para elaborar propuestas coordinadas, y realizar un minucioso seguimiento de la actividad legislativa, que evite fracasos anteriores.

Hoy asistimos a un debate superficial y falaz, también reiterado, respecto a las plantas estatales nacionales, provinciales y municipales, basado exclusivamente en cantidades, no en calidades. Jamás se informa sobre cumplimientos de normas de ingreso a la administración pública, perfiles requeridos, personal necesario, cumplimiento del principio igual trabajo igual remuneración, y la eficacia de los servicios que se brindan a los ciudadanos, que sostienen con sus impuestos las plantas estatales. Este debate se elude, porque se asume que en todos los aspectos planteados, se vulneran los principios de igualdad de oportunidades y equidad. Esto también es corrupción.

En la próxima reflexión incursionaremos en el ámbito que mayor responsabilidad tendrá para democratizar, jerarquizar y modernizar el funcionamiento del Estado. Sus integrantes no necesitan hoy nuevas leyes para ser transparentes, y sin embargo no lo son. Nos referimos al Poder Legislativo.

Buenos Aires, 09 de marzo 2016

COMO INUTILIZAR AL ESTADO

La degradación permanente de las estructuras del Estado, pareciera no tener fin en las últimas décadas. Sus consecuencias son bajos niveles de educación y salud pública, seguridad ineficiente o asociada al delito, justicia complaciente con la corrupción, organismos de control cuyo objetivo es no controlar. Se oscila entre su modernización (Menem), privatizando empresas estatales vaciadas por la corrupción, y su supuesta revalorización (Kirchner), sobredimensionando sus estructuras para inutilizarlas. El cambio de gobierno desnuda patologías destructivas, que alcanzaron ribetes que recuerdan el hundimiento del Titanic. Miles de náufragos pujan por subirse con desesperación a los botes salvavidas del empleo y/o prebenda pública. Chapotean en el océano multimillonarios de primera clase; burócratas y familiares clase turista con pasajes regalados por políticos y gremialistas, y pasajeros/empleados de tercera clase, con militantes sin oficio conocido, y barras bravas reconocidos. Obviamente, también hay polizontes, conocidos hoy como “ñoquis”. Porqué no pudo avistarse el iceberg, que como se recordará, y vaya paradoja, estaba ubicado a la derecha del Titanic?

Se dieron tres circunstancias simultáneas: 1) Un gobierno con una continuidad ininterrumpida de doce años, convencido hasta la primera vuelta de octubre pasado, que permanecería en el poder al menos cuatro años más; 2) El histórico recurso de sembrar las administraciones públicas con el elitismo de la adhesión política, se maximizó para disimular altos índices de desocupación mediante el empleo público; 3) Como nunca antes desde 1983, la corrupción política no se limitó a percibir coimas de empresarios beneficiados, sino a promover asociaciones entre funcionarios públicos con empresarios privados, para saquear recursos públicos. Son quienes viajaron en camarotes estatales de primera clase.

Una vez más quedó expuesta una realidad. Las adhesiones políticas a líderes providenciales irrestrictas, fanáticas y/o cómplices, son extremadamente costosas. Cada político, líder social, gremialista, intelectual, periodista, legislador, juez, exigen como contrapartida ser generosamente premiados con prebendas del Estado. Entre otras, beneficiarse con altos cargos públicos extensivos a familiares; lucrar con onerosos contratos públicos disfrazados de privados; convertir a líderes sociales en empresarios de la construcción con fondos estatales; crear organismos disparatados para legalizar dádivas, etc.

Las oleadas inorgánicas e innecesarias de personal en la administración pública, tiene como inevitable consecuencia la destrucción de toda interrelación, racionalidad y organicidad en su funcionamiento, con dos consecuencias: a) restar capacidad y calidad de servicios (ejemplo: Hospital Posadas); b) favorecer la impunidad de la corrupción (ejemplos: la inacción de la Oficina Anticorrupción y Unidad de Información Financiera, entre otros organismos, pese al crecimiento de sus plantas de personal, con amigos y parientes).

En esta destructiva trama, son actores imprescindibles los dirigentes gremiales estatales. Vociferan sin pudor que todo intento de evitar y/o corregir que la sociedad subvencione estos excesos, es “achicar el Estado”. Como en política no existe la ingenuidad, la frase no es producto del desconocimiento, sino del cinismo. Participan de los ingresos selectivos de personal; nunca detectan corruptelas, salvo para presionar a funcionarios; desconocen que los empleados deben seguir forzosamente la cadena formal de aprobación de expedientes escandalosos, como el del Plan Qunita, bajo amenaza de ser apartados de sus cargos, cuando no echados; ignoran quien atentó contra el resonador del hospital Posadas; no saben quienes retiraron  cajas con documentación de organismos públicos en días feriados; no se enteran que se firman contratos de compra y/o servicios con personas físicas o jurídicas inexistentes. Obviamente, desconocen que tienen afiliados que trabajan eficazmente, y otros que cobran sin trabajar. Eso sí; saben que unos y otros aportan al gremio.

El gran desafío de los De Gennaro, Micheli, Di Próspero, Andrés Rodríguez, Godoy, entre otros defensores de “agrandar el Estado”, es decidir si defenderán el nivel salarial, formación laboral y calidad de los ámbitos de trabajo, de los miles de empleados públicos que dignifican sus tareas y desean ser reconocidos. O como hasta ahora, los sepultarán en el amontonamiento grisáceo de la injusticia, ineficacia, mediocridad y ocio, cuando no  de la amenaza patoteril.

Buenos Aires, 02 de marzo 2016