NO SABÍA; NO LO CONOZCO

Estas palabras fueron pronunciadas infinidad de veces en relatos o películas del género policial. Hoy las balbucean altos niveles políticos, judiciales, gremiales y empresariales, que tuvieron importante participación en la trama de saqueos de recursos del Estado en las dos últimas décadas. Circunstancialmente oficialistas u opositores, transitaron con igual entusiasmo y disfraz ideológico, por el menemismo, la Alianza, el duhaldismo y el kirchnerismo. La complicidad del poder judicial permitió que cualquier corrupto, impávido, manifestara “creer en la justicia”, o “ser inocente hasta que no se pruebe lo contrario”. En este lodazal, complicidad, pragmatismo y oportunismo, se consideraron sinónimos. Por ello, para evitar que los partícipes activos y pasivos del saqueo se aferren a la trama de impunidad, deberemos evitar la trampa de adjudicar la corrupción exclusivamente al kirchnerismo, como oportunamente se hiciera con el menemismo.

Qué cambió en estos últimos meses? La irrupción de lo más temido por el delito y la propaganda política: las imágenes, exhibidas crudas a la sociedad, de fácil comprensión para cualquier nivel social y educativo. Allegados a Milagro Sala retirando bolsos de dinero del Banco Nación de Jujuy; integrantes del grupo Báez contando millones de dólares en Puerto Madero; el ex secretario de Obras Públicas arrojando de madrugada más de 9 millones de dólares a un Convento de Orantes y Penitentes, de propiedad y conducción aún desconocida.

En la desesperación, las operaciones de “confusión y ocultamiento” perdieron sutileza, y apelaron a la negación o a la estupidez. La más emblemática, es el anuncio de la extinción de un principio fundacional del justicialismo: el ejercicio del poder centralizado y vertical, ejercido por el líder. Más allá de algún reto autoritario por televisión, designar a su sucesor presidencial, y poner a sus candidatos a legisladores en las provincias, la presidente Kirchner condujo un conjunto de gobernadores y organismos autónomos. El absurdo se esparció: los ministros o “superioridad”, solo se limitaron a firmar expedientes armados por la “inferioridad”. Hebe de Bonafini constató que José López fue infiltrado hace 30 años en el círculo de Néstor Kirchner (no sería extraño que a De Vido lo infiltrara Franco Macri). El descubrimiento de tres recintos bajo tierra en el interior del Convento al que José López, en estado de éxtasis, pretendió donarle millones de dólares, abrió un interesante debate: si se usarán como bóvedas, criptas o bodegas, obviando que las tres alternativas son excelentes para ocultar dinero. El detenido narcotraficante Pérez Corradi, no quiso ser menos: se niega ser extraditado a la Argentina, porque “no cree en la Justicia”. Para desbaratar este ardid de la defensa de Corradi, el juez Rafecas, después de ocho años de denunciado, comenzó a investigar el posible enriquecimiento ilícito de José López.

Está claro que las recientes imágenes de corrupción, dificultan enormemente la manipulación de la opinión pública a través de técnicas mediáticas de desacreditación y encubrimiento, pese a los esfuerzos de Navarro y Silvestre en C5N. Además, los procedimientos delictivos presentados hoy en los medios de comunicación, como sobreprecios, testaferros, facturas falsas, empresas intermediarias ficticias y sin capital, financistas encubiertos, empresas “off shore”, son de práctica habitual desde hace décadas, no solo en nuestro país. Inclusive en los casos IBM-Banco Nación (1994); Siemens (1998), y Skanska (2005), existieron directivos confesos de pagar coimas a funcionarios. Pero la escandalosa complicidad judicial, permitió que las denuncias fueran banalizadas como simples espectáculos mediáticos, con rasgos de telenovelas, mientras el país se empobrecía.

La prueba más contundente de esa impunidad han sido los sobreseimientos a funcionarios por enriquecimientos escandalosos, sin peritajes serios ni apelación de los fiscales. Ejemplos: matrimonio Kirchner (Norberto Oytarbide-2008); matrimonio De Vido (ex juez Aráoz Lamadrid-2009); José Manzur (Daniel Bejas-2014); Carlos Liuzzi (Luis Rodríguez-2015); Daniel Scioli (juez de garantías Pablo Reale-2015); camarista Eduardo Freiler (Martínez de Giorgi-2016), y muchos más.

La sociedad está aprendiendo que corrupción no es un concepto abstracto, y el funcionario que coimea y/o roba, “empobrece y/o mata”. Pero estamos lejos de un punto de inflexión. Todos los actores permanecen aún en el escenario.

Buenos Aires, 29 de junio de 2016

SOBREPRECIOS Y CINISMOS

Es imposible hablar del saqueo de los recursos del Estado a través de los sobreprecios en términos abstractos y pretendidamente docentes, sin previamente interrelacionarlo con la práctica del cinismo. Los hoy falsamente sorprendidos funcionarios, jueces, fiscales, políticos y empresarios, saben perfectamente que significa sobreprecio, y como detectarlo. Por ello la sociedad deberá sortear las trampas disfrazadas de delirantes justificaciones del latrocinio, o confusos mensajes explícitos o subliminales vertidos en medios de comunicación, para salvar impunidades primero, y de ser posible, mantener la extendida trama de corrupción estatal-privada, que lleva dos décadas. Cinismo, como definición general, es “mentir con descaro y defender en forma impúdica acciones condenables”. Sobreprecio, es el “aumento del precio normal de una cosa o servicio”.

La valoración del término “precio normal”, difiere según corresponda al sector privado o público. Cuando el privado ofrece un bien, servicio o construcción, con un precio que consideramos “caro”, tenemos la opción de no comprarlo, y buscar alternativas. Pero cuando lo “caro” lo paga el Estado, decimos que hubo “sobreprecios”. Porqué? Un Gobierno, que debe representar el interés común de una sociedad y administrar su patrimonio, no tiene la opción de apartarse del precio “normal”. Para contratar bienes y servicios, comparará precios de mercado, adjudicando en igualdad de condiciones la mejor oferta. En las concesiones y obras civiles de cualquier tipo y envergadura, los organismos pertinentes elaboran los presupuestos y condiciones de cotización, a las que deberán ajustarse las empresas en sus ofertas. Por lo tanto, todo excedente injustificado por sobre el precio normal, se llama “sobreprecio”. El ciudadano no tiene la opción de no pagarlo con sus impuestos. Surge por decisión de altos funcionarios políticos (no inferiores a Secretarios), en acuerdo con privados, para que le sea retornado en carácter de coima. El privado, nada inocente y discrecionalmente favorecido en el negocio, es feliz cómplice. Por lo expuesto, los sobreprecios son decisiones políticas, y las coimas salen de las arcas del Estado.

Citemos dos claros operativos “confusión” dirigidos a la opinión pública, que increíblemente no han sido desbaratados. Desde sectores políticos que intentan minimizar responsabilidades por los daños del saqueo, se plantea investigar a las empresas que pagaron coimas. La tarea, en manos de buenos jueces y fiscales, debería ser rápida y sencilla, porque el listado lo poseen los funcionarios públicos con poder de decisión que las contrataron y fueron coimeados. Pero existe además un caso testigo que debería ofrecer rápidas respuestas: el grupo constructor de Lázaro Báez. Originado en el año  2003, su incremento patrimonial sorprendente se sustenta casi exclusivamente en la ejecución de obra pública.

Desde el sector privado, el presidente de la Cámara de la Construcción, licenciado Juan Chediak, admitió recientemente que había selectividad en el pago de los certificados de obra, habiéndolo manifestado en su momento a la ex presidente Kirchner. Sin inocencia, se saltea el paso del “sobreprecio”. El pago de “retornos” o coimas a los funcionarios, no admite financiaciones. Son pago contado inmediato, a la firma del contrato. Usualmente, (hay otras formas más sutiles), a través de los conocidos anticipos financieros, que se otorgan antes del inicio de las obras. Cumplido este compromiso ineludible, el calvario del vaciado de las arcas públicas puede continuar, a través de procedimientos no menos dañinos: 1) Renegociación de precios durante la marcha de las obras; 2) Demora selectiva del pago de certificados de obra (que menciona Chediak); 3) Disminución durante su ejecución de la calidad especificada de obra; 4) Certificación de ítems de obra no ejecutados.

Los profesionales públicos que intervienen en la elaboración de pliegos, documentación técnica y presupuestos, tienen alta profesionalidad, y muchos de ellos son absorbidos por empresas privadas. Un presupuesto se compone de terreno, proyecto, materiales, mano de obra, equipos, gastos generales, gastos financieros, beneficio e impuestos. Para calcular sus valores existe amplia información privada y pública como referencia. Pero carentes de protección gremial, los profesionales son sometidos a una fuerte presión interna (salvo que sean cómplices), para “legalizar” los sucesivos pasos del trámite burocrático, de modo que el expediente llegue “prolijo” a la firma de la “Superioridad”. Lo que casi nunca sucede.

Solo resta pedirles a jueces, fiscales y peritos…a trabajar!!!

Buenos Aires, 22 de junio de 2016

EL SAQUEO EN ESCRITORIOS

La primera definición que da la Real Academia Española del verbo corrupción es “quitar o tomar alguna cosa con violencia o fuerza”. Sin embargo, a los crímenes, secuestros, robos, que se visibilizan como hechos y víctimas concretas, no los llamamos corrupción, sino actos delictivos que crean un “clima de inseguridad”. Solo cuando el delito asocia a funcionarios del Estado con empresarios privados para lograr enriquecimientos económicos ilícitos, se identifica como tal. Por el servicio institucional de armar el negocio, adjudicar y brindar impunidad, los funcionarios exigen una retribución pecuniaria llamada cohecho, o sea, coima. El delito visible y mediático del “motochorro”, adquiere entonces el matiz más recoleto y sofisticado del “escritoriochorro”. El ladrón y el asesino asustan a la sociedad. El corrupto, aún no.

La exhibición del video con integrantes del grupo Báez contando millones de dólares en el popular Puerto Madero; el video mostrando a integrantes del grupo de Milagro Sala retirando bolsos de dinero de la sucursal del Banco Nación de Jujuy, o la reciente detención del ex Secretario de Obras Públicas José López, tratando de ocultar en la madrugada cantidades asombrosas de dinero en la “tierra santa” de un convento, permitió que la gente “observara y entendiera”. El abstracto y genérico concepto de corrupción, bajó al campo de lo terrenal. Esto obligó a que los saqueadores que acordaban complicidad e impunidad en relajados ámbitos de negociación, debieran recurrir a estrategias mediáticas para sostener sus libertades y patrimonios mal habidos. A esta altura de los acontecimientos, el clásico “soy inocente” pareciera insuficiente, y se intenta reemplazarlo por el desesperado “todos somos ladrones”. O plantear razonamientos sociológicos que hubiesen asombrado a Maquiavelo: “Para hacer política hay que robar”. Jueces y fiscales por su parte, tras algunos ejercicios de elongación, retomaron lentamente sus adormecidas investigaciones.

Cristóbal López, propietario de C5N, intenta coaccionar a través de confusos gráficos viales/genealógicos, para que sus periodistas políticos Navarro y Sylvestre, con rostros indignados, denuncien las tramas financieras de “Macri y sus amigos”. La defensa de Báez aporta un listado de las empresas constructoras más favorecidas por la obra pública para que sean investigadas por sobreprecios, destacando que en determinadas licitaciones concurrió asociado con Calcaterra, quien (leer en letras mayúsculas), ES PRIMO DE MACRI. Pero su causa se origina en establecer la relación existente entre el desmesurado patrimonio obtenido en la actividad de constructor iniciada en el 2003, y su conexión con el más alto poder político, compartiendo titularidades reales o ficticias de bienes, evasión, cohechos y lavado de dinero. Si Báez solo pretende convencernos que las obras públicas se contrataron con enormes sobreprecios, visto el enriquecimiento desaforado de funcionarios de alto y mediano nivel, se lo creemos.

El alerta a las estrategias de “confusión y encubrimiento”, es aplicable para quienes plantean, no se sabe si intencionadamente, por fanatismo o rating mediático, la pregunta: “Cristina irá presa?” En estas etapas investigativas, en las que se deberán sumar nuevos sospechosos, muchos de los cuales indudablemente serán funcionarios públicos de menor nivel que la ex Presidente, la pregunta es irrelevante e innecesaria.

En la corrupción estatal-privada armada para saquear el tesoro público, la mecánica no difiere mayormente según se trate de obra pública, compras en general, concesiones o subsidios a empresas. En todos los casos, la investigación debería seguir el flujo del dinero público desde el Estado al privado, y no a la inversa. Quienes determinan el monto del sobreprecio, arma la cadena de facilitación, adjudica, asegura la ausencia de control y exige el retorno, son los funcionarios. El empresario actúa como feliz cómplice, testaferro o socio encubierto. Citemos un ejemplo. En declaraciones periodísticas se indicó que Báez cobró por obras no realizadas. Cabe preguntarse: jueces y fiscales citarán a declarar al inspector de dichas obras, que se supone las certificó como ejecutadas para que pudieran ser pagadas?  Comenzando los testimonios por la base de los ilícitos, la determinación de la cadena de responsabilidades será vertiginosa, sin necesidad de ley del arrepentido. El Estado posee excelente personal que ha sido sometido a aprietes explícitos o subliminales con la imprescindible complicidad gremial, para “dejar hacer, dejar pasar”, que paradójicamente es un principio del liberalismo.

Buenos Aires, 15 de junio de 2016

SOBREPRECIOS "QUNITA"

Iniciar el tema de “sobreprecios en la obra pública” recordando el fraude a la administración estatal por la adquisición de 140.000 kits de cunas y equipamiento destinados a recién nacidos de madres vulnerables, tiene por fin mostrar que una compra corrupta simple y de mediano presupuesto (1.100 millones de pesos), presenta la misma matriz de facilitación y complicidad que las contrataciones de obras públicas de gran envergadura. Solo cambian beneficiarios de los retornos (coimas), y complejidad técnica del objeto contratado. Las denuncias de corrupción que hasta diciembre pasado solo contribuían a crear un higiénico clima de libertad de expresión, pues existía la certeza de la inoperancia y/o complicidad de la justicia, adquirieron otra resonancia tras el recambio político en la conducción del país. Con una salvedad. La corrupción no admite debates estériles y engañosos basados en “la grieta”, pues carece de ideología y marcos legales; se alimenta por beneficios personales. Por ello, la trama de impunidad multisectorial y pluripartidaria vigente desde hace más de dos décadas,  aún permanece intacta. En lo inmediato, solo debió abandonar el cómodo escenario de los acuerdos subterráneos, para forzadamente aplicar estrategias de encubrimiento y confusión en  los medios de comunicación,  mezclando veracidad, suposición, engaño, amenazas y coacciones típicas de pujas entre bandas delictivas.

El Programa Qunita presenta dos aspectos válidos para analizar casos de mayor complejidad: 1) los kits entregados no solo superaban los precios de mercado, sino que eran de pésima calidad. Es habitual que cuando existen sobrecostos iniciales a ser retornados a funcionarios como coima, se agregue posteriormente una menor calidad de prestación. 2) Los niveles políticos que promueven y autorizan compras con sobrecostos, ante una acusación aducen haberse basado en expedientes con secuencias administrativas inobjetables. Por ello, más allá de iniciar las causas en cabeza de las máximas autoridades del área, las investigaciones sobre corrupción estatal deben comenzar desde los trámites iniciales, analizando las intervenciones de funcionarios menores en jerarquía, pero imprescindibles para dar viso de legalidad al trámite.

Resumamos entonces algunos lineamientos generales para detectar y comprobar corrupción estatal-privada en las contrataciones de obra pública, aplicables también a concesiones de servicios y adquisición de bienes e insumos:

1.- En la corrupción estatal-privada, el circuito del dinero es unidireccional: dinero del Estado pasa al sector privado, que posteriormente retorna a los funcionarios facilitadores la parte convenida. Jamás una coima sale del patrimonio de un empresario privado. Por ello la necesidad de los sobreprecios.

2.- Los expedientes administrativos exigen una multiplicidad de instancias  internas y externas en su elaboración, tramitación y control (informes técnicos, contables, legales, antecedentes de sociedades). Participa personal de carrera con excelente formación y experiencia, que son sometidos a un dilema: aceptar la “decisión política” corrupta preestablecida, o ser apartado de su cargo. Ante esta última opción, los dirigentes gremiales no protestarán en Plazo de Mayo. Este aspecto explica, entre otros, la razón de proteger las tramas delictivas sembrando las estructuras estatales con familiares, amigos, militantes, y supuestos extrapartidarios complacientes.

3.- Cuando se habla de trama de corrupción estatal, se deben establecer tres niveles: 1) el nivel político activo, que determina el objeto y presupuesto, define adjudicatario, acuerda la mecánica del retorno (coima), y percibe el dinero. 2) el nivel político pasivo (ejecutivo, legislativo, judicial), que presta apoyatura institucional y complicidad, pero en lugar de recibir dinero, negocia cargos públicos, incorporación de familiares y prebendas. 3) el personal profesional / técnico / administrativo necesariamente partícipe en la tramitación, que intenta sobrevivir sin protección dentro de la trama. Es el nivel más importante para aportar datos iniciales a las causas. Sus testimonios pueden ser esclarecedores, sin necesidad de ley del arrepentido.

Comentados estos parámetros preliminares, será más fácil comprender para el neófito (jueces y fiscales no están incluidos),  un tema recurrente presentado con un halo de misterio y complejidad: los sobreprecios en la obra pública. Apelaremos a un ejemplo de conocimiento popular: las constructoras de Lázaro Báez.

Buenos Aires, 08 de junio de 2016

PATORUZÚ INVESTIGA

Una historieta es un relato conformado por una serie de dibujos correlacionados. El componente gráfico es el encargado de transmitir aventuras que van de la ilusión al realismo; del humor al espanto. El indio tehuelche Patoruzú y sus aventuras, nacieron en 1928 de la mano de Dante Quinterno, quien tiempo más tarde incorporó a Isidoro Cañones, porteñito piola y vividor. Ambos personajes emblemáticos volvieron a la memoria ante el trabajo denodado que están encarando una multitud de infectólogos (jueces, fiscales, políticos, empresarios), para encontrar cuanto antes los anticuerpos que destruyan el circunstancial virus llamado “lucha contra la corrupción”. De este modo se podrá retornar a la normalidad, saqueando recursos del Estado con impunidad. El nombre de Patoruzú, por otra parte, evita que el flagelo estrictamente nacional, intente ocultarse tras expresiones foráneas, como “mani pulite”; Panamá Papers; “cuentas offshore”, o similares. Para que “buitres” internacionales ataquen a un país, previamente deben actuar aves rapaces locales para generar la carroña que los alimenten.

Como corresponde a una historieta, el recuerdo de Patoruzú nace en lo visual: el fiscal Marijuán recorriendo la extensa Patagonia, en una tarea casi de puerta a puerta, buscando con enjundia “el dinero mal habido”. Pero su asombro por la cantidad de campos, propiedades edilicias, autos de alta gama, y otros bienes detectados, provoca interrogantes. La causa por lavado se inició hace más de treinta meses, producto como ya es habitual, de una investigación periodística de abril de 2013, que brindaba circuitos de blanqueo, con nombre de sociedades y número de cuentas bancarias involucradas. Marijuán hace suponer que nunca antes se solicitó información a los Registros de Propiedad e instituciones financieras, o bien que les fueron negadas. Este punto debería ser aclarado, como así también el nombre de los titulares de dichos bienes. También genera dudas que no se hayan detectado cuentas con dinero para proceder a su embargo. A ello se suma el viaje que muy tardíamente harán el juez Casanello y el fiscal Marijuán a Suiza. Hace más de dos años se detectaron en dicho país dos cuentas bancarias de Báez y su entorno, con 22 millones de dólares. En ese entonces, supuestamente se envió un exhorto a la justicia suiza requiriendo su congelamiento. Pero como la corrupción se sostiene en una aceitada trama estatal, es de suponer que el juez Casanello consultó con el Director de Asistencia Jurídica de la Cancillería, Horacio Basabe, si el exhorto fue realmente cursado, fecha de envío, si cumplía con los requisitos judiciales exigidos por el país extranjero para darle curso, o bien contenía los habituales “errores” para que la solicitud fuera denegada (picardía Isidoro Cañones). Por si es necesario aclararlo, los 22 millones de dólares fueron retirados hace tiempo por Báez. Finalmente cabe preguntarse: que rol cumplió el fiscal antilavado Carlos Gonella, en esta investigación de lavado?

Mientras Báez y su entorno monopolizan el “operativo transparencia Patoruzú”, no debemos olvidarnos de otras causas trascendentes. Ciccone: el juez Lijo, más allá de Boudou y sus amigos, no produjo nuevos avances en la causa, para profundizar sobre la entidad “fachada” controlante The Old Fund, sin antecedentes ni capital propio. Hotesur y Los Sauces: causa también relacionada con Baéz, en cuanto al lavado de dinero, y/o pago de coimas. Desde el 28 de abril pasado se encuentra a cargo del juez Julián Ercolini, al ser apartado el juez Rafecas, un potencial sosías de Oyarbide, que la mantuvo paralizada durante varios meses. Fútbol para Todos: a cargo de Servini de Cubría, la causa investiga la desaparición de 179 millones de pesos del programa Fútbol para Todos, en el corto tránsito que va de la Jefatura de Gabinete a la Asociación del Fútbol Argentino.  Es interesante porque replica el esquema, filosofía y actores de la política dentro de los clubes, aplicados a la corrupción estatal-privada. Resultado: pobres y multimillonarios viendo fútbol gratis; clubes en su gran mayoría vaciados y con deudas impagables; campeonatos absurdos, y funcionarios, dirigentes, empresarios e intermediarios enriquecidos. Todo ello, usufructuando las aún denominadas cínicamente “entidades sin fines de lucro”.

Lázaro Báez en un reclamo tiene razón. Si la corrupción se origina en el saqueo de los recursos del Estado, porqué no se investiga a los funcionarios públicos responsables del circuito de facilitación y entrega del dinero? Para colaborar con la confundida justicia, será tema de la próxima reflexión el alcance del concepto “sobrecostos en la obra pública”, o de las contrataciones del Estado en general. Es mucho más fácil e inmediato detectarlos, que buscar cuentas “offshore”.

Buenos Aires, 01 de junio 2016