COLAPSO JUDICIAL - AGENDA MARZO 2014

 El objetivo de una agenda que posibilite una visualización rutinaria del desarrollo de las principales causas judiciales de corrupción en el Estado, con la participación de funcionarios públicos, gremialistas y empresarios privados asociados para la sustracción de recursos públicos para  enriquecerse ilícitamente, aún a costa de vidas inocentes, pretende mostrar con claridad, si a esta altura fuese necesario, no solo la impunidad que protege a estos delitos, sino la imperiosa necesidad de reformular profundamente el funcionamiento de la Justicia Federal en particular, como así también los mal llamados “organismos de control” del Estado.

Es criticable que en esta tarea no colaboren legisladores que se dicen de oposición, y cuentan con amplias facultades e instrumentos para informar con mayor precisión acerca de las distintas causas y cronología de las actuaciones judiciales y administrativas, en su mayor parte dilatorias, cuando no lisa y llanamente destructivas de pruebas de los delitos. Al menos esta acción será más trascendente para la sociedad, que la de convertirse mensualmente en portavoces de índices de costo de vida de consultoras privadas, para señalar niveles de inflación reales que cualquier ama de casa que administra la economía del hogar conoce perfectamente. Es engañoso señalar que la corrupción generalizada es problema de “oficialismos”, pues necesita de una extendida complicidad, por acción u omisión, de jueces y fiscales, supuestos opositores, empresarios y gremialistas, usualmente autoproclamados combatientes contra  la corrupción.

Esta realidad la exhibió recientemente de una manera explícita e indubitable, el símbolo judicial que acompañó el devenir político de los últimos veinte años, con actores ora neoliberales, ora progresistas, y más recientemente, identificados con “la izquierda revolucionaria”: el inefable fiscal federal Norberto Oyarbide. La importancia del hecho no reside en descubrir una mecánica de corrupción, y mucho menos discriminar entre inocentes y culpables, sino que la mecánica fuera transparentada por Oyarbide (oficialización de la misma), y que los partícipes fueran todos responsables (que es lo que exige una trama de corrupción). El tercer punto de esta secuencia  está a futuro predeterminado: disolución de la causa a lo largo del tiempo, comenzando por una extrema lentitud investigativa.  Qué confesó Oyarbide, si a un juez le cabe “confesar”?

Primer acto: el juez ordenó allanamientos a supuestas cuevas de dinero con eventuales prácticas de soporte de negocios ilícitos y lavado = en el allanamiento los policías verificaron irregularidades e intentaron coimear = el financista afectado tenía contactos políticos y se comunicó con varios de ellos = actuó el segundo de la Secretaría Legal y Técnica, señor Liuzzi, llamando al juez = el juez suspendió de inmediato el procedimiento = el señor Liuzzi había sido sobreseído por Oyarbide en una causa de enriquecimiento ilícito = el crecimiento del funcionario se produjo como es de suponer desde su incorporación a la función pública = como resultado del escándalo el periodismo de investigación detectó antecedentes del financista con otras empresas en Mendoza, con gestiones financieras no claras  entre funcionarios y contratistas del Estado = algunas de estas empresas se están cerrando a gran velocidad.

Segundo acto: supuestos opositores pidiendo la inmediata renuncia del juez = el caso ingresa al Consejo de la Magistratura, que como todo organismo de control, está en manos de opositores pero tiene mayoría de votos oficialistas (de ser necesario puede sumarse un voto supuestamente opositor) = comienza un trámite lo más lento posible = se autoriza que Oyarbide haga su descargo por escrito en un plazo de veinte días, para evitar errores de ortografía = Oyarbide seguirá en su cargo hasta que él lo decida = la financiera con contactos políticos seguirá trabajando, quizás bajo otra razón social = los candidatos en campaña dirán que de alcanzar el poder combatirán la corrupción.

Pregunta ingenua: no deberían actuar los precandidatos y sus agrupaciones desde hoy, a través de sus votos como legisladores en donde tengan representación, y presentando proyectos de ley  creativos e integrales que afecten seriamente la trama de impunidad, y que de no obtener mayoría para su aprobación, pasen a formar parte de sus plataformas electorales?  Tema interesante para otra reflexión.

EL JUSTICIALISMO TAMPOCO SABE GOBERNAR

Con un pícaro sentido propagandístico, se buscó instalar en la sociedad la frase “el radicalismo no sabe gobernar”, para arribar sin rubor al objetivo final del mensaje: “el único que puede gobernar es el justicialismo”. Los verbos utilizados no son casuales: para el radicalismo se utiliza “saber” (aptitud intelectual), pero para el justicialismo se aplicada “poder” (aptitud de fuerza).

El concepto de partido único y excluyente (por ejemplo el PRI en Méjico), ha sido trágico en la historia de las sociedades, pues da lugar a gobiernos que se instalan como revolucionarios, y concluyen en el manejo hegemónico del poder, con tramposos sistemas electorales que permiten sucesiones hereditarias, culto enfermizo de la personalidad, corrupción, e irremediablemente, en el empobrecimiento económico del país. Además, más allá de discursos progresistas, mientras el líder mantenga el poder siempre contará con el apoyo de “grupos económicos concentrados” favorecidos.

La circunstancia inédita en la historia del justicialismo de tener que gobernar durante tres períodos consecutivos, y afrontar las consecuencias de los dos períodos anteriores, facilita la hipótesis que “el justicialismo tampoco sabe gobernar”, lo que paradójicamente es una buena noticia, porque nos aleja del riesgo de un partido excluyente. Pero simultáneamente nos enfrenta a una triste realidad: no existe hoy un partido que exhiba las cualidades y consistencia territorial que le permita constituirse en opción de gobierno, confundiendo los analistas políticos el acotado concepto de “ conglomerado opositor”, con la necesidad democrática de “partido de oposición”.

Una primera consecuencia de este desequilibrio es que hasta el momento ni oficialistas ni supuestos opositores han sabido esbozar planificaciones de gobierno con resultados previsibles en el mediano plazo de un período de gobierno de cuatro años. Plantearse estos interrogantes es importante tanto para izquierdas, centros o derechas, radicales, peronistas o apolíticos, quienes mayoritariamente sustentan sus trabajos cotidianos, sus alegrías y tristezas, sus progresos o fracasos, en el esfuerzo de todos los días, sin usufructuar, legal o ilegalmente, recursos del Estado.

Si bien aceptamos como punto de partida válido la falsedad el preconcepto que funciona necesariamente como una unidad, que reza “el radicalismo no sabe gobernar = el único que puede gobernar es el justicialismo”, tal validez exige planificar de inmediato el tránsito a la elección del 2015.  Los últimos 40 años, con el interregno de casi ocho años de dictadura militar, muestran indicadores sociales, educativos y económicos que exhiben una permanente declinación del país, ya no comparados con potencias mundiales, sino con nuestros países limítrofes. Desde 1973 y en democracia, el justicialismo gobernó durante 23 años (aún le faltan dos años); la Alianza radical – justicialista dos años, y el radicalismo casi 6 años.

En lo que a partidos respecta, en la elección de 1983, entre el radicalismo y el justicialismo alcanzaron el 91,91 % de los votos. En la de 1989, ambos partidos obtuvieron el 79,94 %, y en 1995 el 60,89 % del total. Un punto de inflexión se produjo en 1989, cuando la  Alianza conformada por la UCR y el partido filo justicialista Frente Grande obtuvo el 48,37 %,  derrotando al justicialismo encabezado por Duhalde, que lograra el 38,27 %.  

En el marco de la gran crisis que estallara en el 2001 durante el gobierno encabezado por De la Rúa, la sociedad evaluó correctamente el fenómeno político, instalando el recordado eslogan “que se vayan todos” sin discriminar entre partidos. Una consecuencia no deseada para el sistema democrático, y favorecida por oportunismos personales, fue la disolución de los partidos políticos como intermediadores entre la política y la ciudadanía, que afectó muy especialmente a la UCR, que hasta el momento no se esforzó en recuperarse. El denostado bipartidismo fue suplido por la anomia y atomización partidaria, en donde supuestos opositores conforman pequeñas agrupaciones encabezadas por quienes aspiran solo a cargos legislativos, y permite a dirigentes oficialistas presentarse como alternativa a gobiernos que integraron y avalaron.

El desafío no solo es el de reconstituir partidos con capacidad cierta de gobernar, sino implementar estructuras organizativas acordes a la natural evolución social en general, y eviten las recurrentes crisis de nuestro país en particular. 

ENTRE LA NECEDAD Y LA COMPLACENCIA

La imprescindible adecuación del Código Penal a la evolución de la sociedad, para mejorar procedimientos y sanciones de los delitos establecidos, e incorporar aquéllos surgidos de naturales cambios sociales y tecnológicos que generan nuevos métodos y estructuras delictuales, exhibió como pocas veces, la necedad y autocomplacencia en la que se desenvuelve la clase política.

Una vez más una propuesta de ley se inició en el Poder Ejecutivo, lo que no va en su desmedro, sino en el de quienes tienen la tarea específica de legislar, ya sean oficialistas u opositores, y no lo hacen. Son tan perjudiciales para la democracia los legisladores levanta manos de adhesión automática al oficialismo, como los supuestos opositores que se transforman en comentaristas del devenir político, en lugar de presentar leyes transformadoras con consenso ciudadano.

En mayo de 2012 la Presidente creó por Decreto una comisión para elaborar el proyecto de reforma del Código Penal nacional, integrada por los jueces Eugenio Zaffaroni y León Arslanian, justicialistas; los diputados Gil Lavedra (UCR); Federico Pinedo (PRO) y la dra. María Barbagelata (FAP). Se otorgaron 180 días corridos para la entrega del proyecto de ley, pese a lo cual el trabajo fue presentado pasados los 360 días, tiempo más que razonable si los integrantes de la Comisión lo hubieran empleado para intercambiar opiniones con cada una de las bases partidarias y gubernamentales que representan, además de intercambiar opiniones con Facultades de Derecho, representantes judiciales y Colegios de Abogados.

Un tema de tal trascendencia no tuvo prácticamente traslado a la sociedad durante la etapa de elaboración, que debería ser la más enriquecedora. Eventuales opiniones no despertaban atención y menos aún polémica en los sectores políticos y judiciales involucrados. Por su claridad y razonabilidad, pese a que su análisis parte de una situación personal de dolor, entre las escasas publicaciones valorables se destaca la de quien no es una profesional del derecho: la doctora en filosofía Diana Cohen Agrest.  

El avance del proyecto de reforma transcurría en un ámbito que hacía recordar al movimiento intelectual del siglo XVIII en Europa, conocido como Ilustración, porque sus representantes buscaban disipar las tinieblas de la humanidad mediante el uso de la razón humana. Tal elitismo atrae a muchos de nuestro políticos, que sin llegar a ser Montesquieu o Rousseau, piensan que los temas complejos se resuelven entre pocos, y posteriormente se trasladan a la sociedad como paquetes cerrados acompañados con la fanfarria marketinera de los actos populares, cumpliendo con el principio fundamental de la propaganda política: apelar a la emoción, nunca a la razón.

En medio del paraíso del consenso político, sorpresivamente apareció una de las esperanzas justicialistas para el 2015, Sergio Massa, afirmando que el nuevo Código Penal era  extremadamente benigno con innumerables figuras delictuales. Produjo una hecatombe. De escaso o nulo debate público, el tema estalló en los espacios de comunicación gráficos, televisivos y radiales.  Algunos de los “ilustrados” responsables del proyecto se dignaron a bajar al llano, y tardíamente escribieron artículos intentando justificar con generalidades su redacción. Otros personajes no tan ilustrados sacaron sus manuales linguísticos para la ocasión, denunciando oportunismo político; crear alarma social; pretensión de punitivismo neoliberal; garantismo progresista, etc. Finalmente la debacle: jefes políticos de la UCR; PRO y FAP, se sumaron a las críticas  respecto a lo actuado por la Comisión reformadora “diversa y plural”, y en un coro desafinado que integraron varios justicialistas, expresaron que “no es momento para reformar el Código Penal”, sin aclarar cuál debería ser el momento.

La enseñanza que deja tamaño dislate, primordialmente para el tránsito a la elección de un nuevo presidente en el 2015, es que en la supuesta diversidad política y diálogo fecundo, estuvieron ausentes las estructuras fundamentales para el funcionamiento de una república representativa de contenido democrático: los partidos políticos, que son los intermediarios inexcusables entre electores y elegidos, para orientar y planificar la vida institucional de una Nación en un marco de participación popular ordenada y creativa, y no a través de consultas populares demagógicas, ineficaces, y muchas veces ilegales.

Otra lección no menor, es que los consensos políticos no son tan difíciles de lograr en acuerdos de cúpulas, convirtiéndose muchas veces en simples transacciones. Desde el poder, en algunos casos solo es necesario acunar el ego de supuestos opositores respetables, haciéndoles creer que son mucho más importantes que lo que realmente son.

CUANDO PRIVATIZAR O ESTATIZAR ES LO MISMO

Inicialmente ambos conceptos parecen opuestos, irreconciliables, a lo que aportan opiniones políticas que van del estereotipo mediocre y vocinglero, al pretendido intelectualismo del debate insustancial enmascarado en supuestas ideologías. Ortega y Gasset afirmaba que “ser de izquierdas o ser de derechas, es una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil”. La realidad, como siempre, es más cruda y directa. La clave podría estar en readaptar la recordada frase de Clinton en relación a la economía, para decir  “es el dinero, estúpido”, como puente de unión entre ambos conceptos en función de gobierno, al menos en nuestro país.

Se avecina la aprobación legislativa de la indemnización a la empresa española Repsol por la reestatización forzada mediante la confiscación del 51 % de sus acciones en YPF. El caso es interesante por dos razones: Argentina fue de los escasos tres países en el mundo que privatizó en su totalidad el recurso estratégico petrolero; pero más increíble aún, un mismo partido, el justicialismo, y un mismo apellido, Kirchner, fueron fundamentales para posibilitar tanto la privatización como la reestatización, con solo 20 años entre una y otra.

En 1992, el en ese entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner, en su carácter de presidente del organismo que nucleaba a las provincias petroleras, tras arduas gestiones posibilitó contar con los votos faltantes para aprobar la privatización. Para ello sumó el fervoroso apoyo del resto de los gobernadores justicialistas, radicales y provincialistas cuyas jurisdicciones poseían petróleo. La razón de tal confluencia “ideológica” era simple: cada una de ellas recibiría alrededor de 400 millones de dólares  promedio (según su producción), como resultado de la venta.

En 2012, la presidente Kirchner, senadora al momento de la privatización, anunció la reestatización denunciando que la empresa petrolera había sido vaciada, pese a que el Estado siempre tuvo presencia en el directorio, y a partir de 2007 ingresó el banquero argentino Esquenazzi, mediante la adquisición del 14,9 % de las acciones con el explícito apoyo presidencial, para hacerse cargo de la conducción. Un dato insólito, es que parte de estas acciones fueron financiadas por la propia Repsol. Pero concluída la etapa marketinera nacional y popular, llegamos a la inevitable realidad: pese al vaciamiento, Repsol será indemnizada. Al efecto del análisis no importa el monto, condiciones de pago y tasa de interés reconocida. Lo más preocupante es que nadie, ya sea oficialista u opositor, sabrá decir a la sociedad que bienes ingresan al patrimonio nacional para justificar pagar inicialmente 5.000 millones de dólares, y no menos importante, sabrá informar el futuro de YPF, con cronograma de inversiones y producción, y mecanismos de control y auditoría de la empresa “de todos los argentinos”.

La gran enseñanza, por si hiciera falta un nuevo ejemplo, es que los debates no deben centrarse en lo estatal y privado, sino en la responsabilidad indelegable de cualquier Estado, que siempre será estatal: la de legislar, controlar, auditar y actuar institucionalmente en las empresas estatales, privadas y mixtas, posibilitando un normal funcionamiento del mercado y una adecuada salvaguarda social. La existencia de monopolios, imperialismos, grupos económicos concentrados, intereses sectoriales, es una realidad tan indiscutible, como que la defensa que tiene la sociedad ante esos polos de poder la debe asumir un único actor de igual fortaleza: el Estado nacional. Pero si quienes lo conforman son fácilmente coptados por grupos empresarios asociados, transformando a los organismos de control en estructuras burocráticas intencionadamente sobredimensionadas e ineptas; avalando un funcionamiento judicial protector de la corrupción, y exhibiendo los adalides de las grandes causas nacionales enriquecimientos escandalosos, los debates entre estatal-privado o izquierda-derecha carecen de sentido, porque el resultado será matemáticamente el mismo: negociado y pobreza ciudadana.

El desafío del futuro gobierno será sortear la tramposa opción planteada entre los mediocres responsables de un estatismo prebendario, y los fundamentalistas del libre mercado. Pese a que la tarea no parece posible sea encarada por los mismos políticos, empresarios, gremialistas y jueces de las últimas décadas, queda claro que no se puede esperar hasta principios de 2016, en el mejor de los casos, para lograr eventualmente las necesarias y profundas transformaciones del funcionamiento del Estado. Por ello los diversos precandidatos y sus agrupaciones, incluído obviamente el oficialismo, deberán demostrar su valía a través de la acción parlamentaria concreta, para que el debate de los proyectos que presenten y los votos obtenidos en cada caso, expliciten sus verdaderas intenciones y programas de gobierno.