Desde que Sócrates identificó a la justicia
como la más alta de las virtudes, se debate si es valorada por sí misma, o solo
para mantener las apariencias sociales de probidad. Esta dualidad quedó
reflejada en los diálogos que Platón mantuvo con Glaucón, transcriptos en su
obra “La República ”,
escrita hace más de 2.500 años, y que mantienen plena vigencia. Entre estos
extremos de virtud y apariencia oscila la hipocresía, representada por políticos
que permanentemente claman por una justicia independiente solo para salvar las
apariencias, y el cinismo ejercido por quienes legitiman la corrupción como
modo de vida. Esta última actitud tiene una traducción criolla: “Roban pero
hacen”.
Esta ambivalencia, que lamentablemente
nuestro sistema democrático aún no pudo superar, gracias al Grupo Clarín acaba
de estallar. Como primera observación debemos señalar que no es casual que el
tema del acalorado debate sea estrictamente político-económico, y no relativo
al saqueo de las arcas del Estado; o a las vidas sacrificadas como resultado de
coimas entre empresarios y funcionarios públicos; o por el crecimiento del
narcotráfico con cobertura política, o ante la trata de mujeres para abastecer
prostíbulos clandestinos protegidos en las respectivas jurisdicciones por el
poder político. A lo sumo, algunos ciudadanos afectados por estas corruptelas tendrán
la gracia de ser recibidos por altas autoridades de gobierno, quienes
comprometerán un “amplio apoyo para que se haga justicia”. Se distribuirán
entre los medios de comunicación información del encuentro, y asunto terminado.
En el caso de la sra. Trimarco, madre de la
desaparecida Marita Verón, sería una necedad discutir la validez del fallo del
tribunal de Tucumán, que exculpó a la totalidad de los acusados, sin tener la
adecuada formación jurídica y sin conocer el expediente. Pero sí se puede
opinar con firmeza sobre dos realidades. En primer término, que es escandaloso
que el juicio se halla llevado a cabo a diez años de la desaparición de Marita,
lo que de por sí muestra el intento de impunidad. La segunda realidad será
dolorosa para la sra. Trimarco: pasado el cimbronazo político (repito:
político, no humano), los prostíbulos clandestinos seguirán gozando de buena
salud.
El caso Clarín desnudó en solo quince días
cinismos e hipocresías. Los dictámenes de la Corte Supremala Sala Ila Ley de Medios, provocó un
cruce de agravios, descalificaciones y menoscabos ante los sucesivos
dictámenes, intercambiados entre funcionarios de un gobierno ora revolucionario,
ora autoritario, bajo el eslogan de su lucha contra los “monopolios”, y
sectores políticos y sociales ora defensores de la independencia judicial y ora
defensores de la libertad de expresión, según los fallos se ajustaran o no a las
pretensiones de las partes. No es objeto de esta reflexión opinar sobre razones
y derechos en litigio, sino señalar una circunstancia mucho más grave: la
situación del poder judicial llegó a un límite de legitimidad insostenible.
Hasta hace pocos días oficialistas y
opositores coincidían en que uno de los logros de la actual gestión de gobierno
era la conformación de una Corte Suprema prestigiosa. El caso Clarín arrasó con
esta creencia. Uno de los portavoces del gobierno, el comentarista deportivo
devenido en analista político Víctor Hugo Morales, con total desenfado señaló a
los jueces supremos Lorenzetti y Maqueda, como responsables de una avanzada
contra los intereses del gobierno. El juez Alfonso puede pasar de ser
intrascendente, independiente o afín al gobierno en cuestión de horas. Un Jefe
de Gabinete puede denominar públicamente “Cámara de mierda” a la que no falló
de acuerdo a sus expectativas. Entrando ya al campo de lo fellinesco (sin la
calidad de las películas de Fellini), los supuestos opositores vivan a los
“independientes” y denostan a los “oficialistas”. Lo insólito es que este
enfervorizado debate sobre la justicia se produce en el fuero Civil y Comercial
federal, y no en el recurrentemente ineficaz fuero Penal federal, que entiende
en las causas de defraudación contra el Estado y enriquecimiento ilícitos de
funcionarios, responsable en gran medida del continuo desprestigio de la
justicia argentina. Basta con citar un ejemplo: los jueces Oyarbide, Servini de
Cubría, Bonadío y Canicoba Corral, acusados hasta el hartazgo por sectores
políticos de ser funcionales al menemismo en la época del “neoliberalismo”, son
sostenidos firmemente por los mismos críticos de otrora, reconvertidos hoy en
“progresistas”. Es incoherente? De ningún modo; la política de impunidad en los
delitos contra el Estado se mantiene invariable a lo largo del tiempo. Las
lista de casos, aún siendo sintética, agobia: IBM-Banco Nación; IBM-DGI;
contrabando de armas a Ecuador y Croacia; coimas pagadas a funcionarios por la
empresa sueca Skanska; venta de la empresa Tandanor; dádivas al funcionario
Ricardo Jaime; sobornos en la construcción de la presa Yacyretá; coimas pagadas
por la empresa Siemens para confeccionar los DNI; defraudación de fondos
públicos por la fundación Sueños Compartidos; pérdidas de vidas en estación
Once producto de severos incumplimientos contractuales y distribución de
coimas; negociado entre privados y el Estado a través de la ex Ciccone
Calcográfica, estando involucrado el vicepresidente Boudou y un grupo de
amigos; dádivas a la ex Ministra de Economía Felisa Miceli; falseamiento de
drogas y sobrefacturaciones en obras sociales gremiales. Todos estos casos, y
muchos otros, no merecieron enfervorizados debates, acusaciones de juicios
políticos, ni amenazas de “democratizar” la justicia, ante la vergonzosa
actuación de los funcionarios judiciales actuantes.
Es cierto que el debate irracional de hoy se
centra en el ataque indisimulado a un fuerte grupo económico, que cabe aclarar,
no es una condición que configure ningún delito por sí mismo. Cuál es la
diferencia entonces entre los casos de corrupción mencionados anteriormente, en
los que también intervinieron fuertes grupos económicos? Sencillamente en que
existían acuerdos de beneficios mutuos entre dichos grupos y los funcionarios,
y las dádivas otorgadas surgían de sobrecostos y ganancias desmedidas que los contratistas
del Estado retornaban a los funcionarios. El acuerdo entre las partes no era
difícil: los fondos salían y saldrán de los bolsillos de los ciudadanos, o sea,
del presupuesto público.
Es hora de autocríticas: la justicia no supo
proteger su independencia e integridad, ni juzgar a sus pares corruptos. Posiblemente
tampoco nosotros los ciudadanos actuamos según declamamos; cuando salimos en
masa a protestar contra la corrupción, o bien no tenemos en claro en que nos
afecta realmente, o bien nos agotamos en el mero reclamo socialmente correcto.
Gracias al Grupo Clarín, el cinismo y la
hipocresía alcanzó su máxima exposición.
