MISTICISMO POLÍTICO Y LA ESPERA DE UN NUEVO MESÍAS

El título no significa que las reflexiones políticas hayan mutado al campo de la religiosidad, más allá que los gobiernos con “líderes excluyentes” tienen alguna semejanza en la relación “del salvador” con las masas, pero con una limitante insalvable: la mortalidad. Sin embargo conductas cada vez más repetidas entre nuestra clase política y dirigente, recuerdan la doctrina religiosa y filosófica relacionada con la comunicación directa entre el hombre y la divinidad a través de la intuición o el éxtasis: el misticismo.  

El misticismo podría explicar el recurrente fenómeno de políticos y dirigentes que aplauden con fervor determinados discursos y decisiones políticas presidenciales, y al poco tiempo muestran el mismo entusiasmo aprobatorio ante decisiones opuestas a las que adhirieron, en forma inmediata y simultánea con el anuncio, como si algún profeta hubiera bajado del monte con el nuevo mensaje divino. Aclaremos que éste éxtasis se refiere a políticos, empresarios y gremialistas que han mantenido vigencia política con los recursos del Estado, como mínimo en las dos últimas décadas. No comprende a los millones de ciudadanos que independientemente de sus ideologías y posturas oficialistas u opositoras, por carecer de privilegios basan en su trabajo las expectativas de  lograr una mejor calidad de vida, a los que los políticos suelen llamar “ciudadanos comunes”.

La rápida sucesión de los fenómenos místicos no reconoce antecedentes en la antigüedad. En cuestión de pocos meses YPF pasó de ser un ejemplo de inversión y descubridor de nuevos yacimientos, a una empresa vaciada; el empresario Esquenazzi, de ser un ejemplo de capital nacional y experto en “mercado regulados”, a ser deudor del hombre más rico del mundo, Carlos Slim, y del banco Santander Río, que sin desearlo se hicieron de sus acciones ante la falta de pago de los créditos que le otorgaran; se pasó en un día del libre accceso a la compra de dólares, a promover la inmediata pesificación de la economía,  con expiaciones ante la lujuria cambiaria propuesta por el discípulo Victor Hugo Morales, tales como que los fieles transformaran perentoriamente sus dólares en pesos, bajo la amenaza de ser castigados por varias plagas (en este punto fracasó, porque los argentinos son expertos en soportar plagas); legisladores que unánimemente aumentaron sus dietas en más del 100 % en diciembre pasado, meses más tarde en estado de éxtasis aplauden la decisión del Ejecutivo  de no aumentar en un 30 o 40 % el mínimo imponible aplicado a los salarios; quienes destacaban a Moyano como ejemplar gremialista defensor del modelo hace unos meses, lo acusan en la actualidad de ser un patotero que coacciona a la sociedad con huelgas injustificadas.   

El contexto místico también recrea la eterna lucha entre el bien y el mal, pero con una curiosidad vernácula que está mereciendo un profundo estudio de los exégetas, especialistas en la interpretación de textos sagrados: los que luchan por el bien hoy se pasan al mal mañana, y viceversa, lo que está generando en la sociedad argentina una fuerte propensión al ateísmo. Esta transmutación da lugar que ante las permanentes acusaciones de acciones golpistas, destituyentes, conspirativas y desestabilizadoras que se cruzan nuestros “demócratas” políticos, no pueda determinarse quien es el bueno y quien es el malo, con excepción del comandante Magnetto, jefe de la organización maligna llamada “la Corpo”. Esta rareza nos lleva a plantear una hipótesis: si la lucha entre el bien y el mal que se quiere instalar en la sociedad en realidad no existe, y solo pretende ocultar sutilmente un acuerdo entre Dios y Satanás para gobernar a los argentinos, disfrazado de oficialista uno, y de opositor el otro?

Para profundizar esta hipótesis, hagamos el ejercicio de comparar opciones que el ámbito político presenta a la sociedad como contrapuestas, poniendo nombres y apellidos. El método propuesto permite la inclusión de otros nombres, con la sola condición de que no se  evalúen sus imágenes, sean buenas o malas, sino el convencimiento que tenga el que intente la experimentación, de que las opciones elegidas pueden representar una nueva política. Comencemos.

Prefiere a Moyano y Barrionuevo o a Lescano, Gerardo Martínez y Cavallieri para conducir a la CGT? (el taxista Viviani puede ser usado como comodín). Prefiere a la CTA de Pablo Michelli o a la de Hugo Yasky? Prefiere a Ignacio de Mendiguren como ministro de Duhalde o como actual presidente de la Unión Industrial Argentina? Prefiere a los jueces federales Oyarbide, Bonadío, Canicoba Corral y Servini de Cubría investigando delitos contra el Estado en la época menemista, o en la kirchnerista? Prefiere la reelección presidencial de Cristina Kirchner o la elección de Daniel Scioli? Prefiere las conductas de Carlos Alvarez, Nilda Garré, Débora Giorgi, Diana Conti, Roberto Feletti y Abel Fatala en el gobierno de la Alianza, o en el actual? Prefiere a Alberto Fernández como adherente o como opositor del “modelo K”? Prefiere a Julio Cobos como radical puro gobernando Mendoza o como radical K siendo vicepresidente de la Nación? En la interna radical de la provincia de Buenos Aires prefiere la lista de Ricardo Alfonsín y Gustavo Posse o la de Leopoldo Moreau y Federico Storani? Prefiere un proyecto político encabezado por Cristina Kirchner, Daniel Scioli y Hugo Moyano, o por Daniel Scioli, Hugo Moyano, Mauricio Macri y Francisco De Narváez? Prefiere a Francisco De Narváez como duro crítico de Scioli en el 2010, o buscando una alianza con Scioli en el 2012? Prefiere a Osvaldo Cornide como presidente de la CAME adhiriendo a la política de Menem, o  en la actualidad con el mismo cargo adhiriendo a la política de Kirchner? Prefiere a radicales y socialistas apoyando al gobierno y votando en contra de sus leyes en el Congreso, o criticando al gobierno y votando a favor?  Prefiere que las viviendas sociales las ejecuten los gobiernos provinciales con corrupción, o Hebe de Bonafini y Milagro Sala con corrupción?

Las combinaciones entre políticos, empresarios, gremialistas y jueces con plena vigencia en los últimos veinte años pueden ser infinitas.  Observando ésta continuidad de actores que marcan el destino político de un país, y para cerrar la metáfora místico-religiosa, podemos presuponer que en el campo político la sociedad continúa esperando al Mesías.

CORTE SUPREMA, JUBILADOS Y SIMILITUDES

Cuando una misma clase política y dirigente mantiene durante más de dos décadas vigencia en altos cargos públicos o de representación privada, más allá de pretendidas diferenciaciones ideológicas y modelos de gestión, irremediablemente se concluye en una mimetización de principios y metodologías de acción política. Es entonces cuando desaparecen los partidos, se desvirtúa la representatividad, y se diluyen las opciones de gobierno.

Lo expuesto se ratifica con la actuación de la Corte Suprema de Justicia como máxima instancia jurídica en la defensa de derechos, y el Poder Ejecutivo, en relación a uno de los sectores sociales mayoritariamente más vulnerables: los jubilados. En la década del 90 para mantener el barniz institucional de independencia de la Corte, el presidente Menem amplió el número de sus integrantes, y designó a jueces adherentes que conformaron la llamada “mayoría automática” que avalaba las políticas del Ejecutivo. El actual gobierno, en una acción masivamente elogiada, incorporó en reemplazo de los que renunciaron a prestigiosos juristas. Sin embargo se continúa con la estrategia del “barniz institucional”; los fallos que no satisfacen al actual Gobierno no se cumplen. Inevitablemente se llega al mismo resultado que en los años 90: el desprestigio de ministros de la Corte y gobernantes. Se consolida además la hipótesis que una misma clase dirigencial no puede encabezar políticas estructuralmente distintas. Esta situación asume características terminales ante el desenfado del responsable de la Anses, Diego Bossio, al negar a la Corte información para dar solución a los miles de juicios previsionales que colapsan la capacidad operativa y física de los juzgados (se calculan entre 360y 430 mil expedientes), entablados ante los incumplimientos de la jurisprudencia sentada por la Corte en los reajustes de haberes jubilatorios, a lo que se agrega no dar respuesta acerca del uso de los fondos de la Anses. Ante la actitud de Bossio, surge la inquietante duda de porque ante la gravedad institucional y social del hecho, la Corte Suprema no plantea un conflicto de poderes.

La reflexión no puede eludir la absoluta prescindencia de supuestas oposiciones en funciones legislativas, a fin de estudiar, debatir, aprobar y controlar una legislación coherente y definitiva a lo largo del tiempo, que evite lo que ya es un clásico en el sistema jubilatorio estatal: su vaciamiento. El concepto de “solidaridad social” es aplicado para los descuentos salariales de los trabajadores activos, pero se licúa al momento del otorgamiento de las jubilaciones promedio, que no cubren niveles de subsistencia, lo que ya afecta a tres generaciones. Como contrapartida un alto porcentaje de lo recaudado se destina a fines que claramente deben estar incluídos en el presupuesto general, cediendo recursos a tasas de interés ruinosas en beneficio de grandes grupos empresarios (venta de plasmas y netbooks; construcción de viviendas; fideicomisos varios manejados por entidades financieras, etc.), cuando no utilizados para la implementación de acciones demagógicas como la entrega de beneficios previsionales a quienes no hicieron aportes. Se estima que solo en 2011 se entregaron 3.800.000 beneficios en éstas condiciones.

A los fines de identificar dentro de la bruma del oportunismo a los actores políticos partícipes que pretenden ser considerados “oposición”, utilizaremos dos términos arcaicos: radicalismo y socialismo. De este modo no nos torturaremos en designar como opositor a quienes se escudan bajo siglas de fantasía que jamás fueron votadas y no representan a nadie (GEN; UNIÓN POR TODOS; NUEVO ENCUENTRO; COALICIÓN CÍVICA, entre muchos otras), sin olvidar el exitoso unipersonal AHORA FELIPE (Felipe Solá), y el próximo partido que funde Lilita Carrió (“funde” del verbo fundar, no fundir).

La historia indica que en 1990 se creó el Instituto de Previsión Social, que fue reemplazado por el organismo descentralizado Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), mediante el Decreto 2741 del 26 de diciembre de 1991, con la función de manejar los recursos jubilatorios, pensiones, autónomos, subsidios y asignaciones familiares. Obsérvese que habitualmente la última semana de diciembre de cada año es mortal, en cuanto a decretos y fallos de la Corte conflictivos, sobreseimientos por enriquecimiento ilícito e incrementos de dietas legislativas. Como propuesta de reforma política, habría que ir pensando en pasar Navidad a la primera semana de Enero.

Ya en 1991 se planteó y no se aprobó que el ANSES tuviese una conducción colegiada con integrantes del gobierno, jubilados y organismos de control. Cuando en el año 2008 se derogó el sistema jubilatorio de capitalización implementado en el año 1994, con la creación de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), el radicalismo y socialismo fundaron su apoyo al proyecto de ley apelando a un argumento recurrente, que expresa el estudio profundo que realizan de las leyes en tratamiento: “las jubilaciones a cargo exclusivo del Estado es una posición histórica de nuestro partido”. Pero para disimular que no existe oposición y propuestas, ambos partidos pusieron una condición que reactualizaba la de 1991, que en una democracia no debería ser tema de debate: que los recursos jubilatorios tuviesen una Comisión de Fiscalización de Control, integrada entre otros sectores por jubilados, según lo declarara a los medios, entre otros, el diputado Claudio Lozano. Nuevamente  no se cumplió con este compromiso, los radicales y socialistas no se preocuparon por que se cumpliera, y el organismo provisional “descentralizado” se maneja como si fuera un Ministerio con directa dependencia del Ejecutivo. La historia es la que marca de manera indubitable la complicidad que por acción u omisión tienen  las supuestas oposiciones radical y socialista en la aprobación de leyes que no protegen a los ciudadanos, como en este caso a los jubilados, y que explica, entre otros importantes factores a ser analizados próximamente, porque no existen partidos políticos consistentes en el país.

Por ello cuando la UCR en un crítico comunicado reciente referido al supuesto “conflicto” Corte Suprema – ANSES, denuncia “un escándalo institucional y una grave afrenta a la equidad social y al federalismo” (textual), no es una postura crítica u opositora; es un cinismo.

DE REPOSO A VÍCTOR HUGO MORALES

La renuncia de Daniel Reposo a la postulación como Procurador General, cargo que dejara vacante el dr.Righi como resultado de la denuncia de Boudou contra su estudio, fué presentada por supuestos opositores  y sectores de la prensa como “una derrota de la Presidente”, y avanzando más aún en el diagnóstico, se la proyectó como un síntoma ante un intento futuro de obtener la mayoría necesaria para reformar la constitución, a fin de que la habilite para un nuevo mandato. Pareciera ser una lectura extremadamente superficial y consecuentemente errada.

La palabra “derrota” no debiera ser utilizada para definir el resultado de un debate legislativo interpretado como un fervoroso intercambio de ideas entre distintas posturas que ayude a obtener por mayoría la mejor decisión para el interés general. Lamentablemente no es nuestra realidad  política y legislativa. Reposo fue un mal candidato desde su nominación inicial, más allá del posterior conocimiento de sus antecedentes profesionales. Su pública adhesión y amistad con Amado Boudou, quien precisamente originara el alejamiento de Righi, sumado a sus actitudes patoteriles como representante del Estado en directorios de empresas, y su pobre desempeño al frente de la Sigen, son antecedentes suficientes para inhabilitarlo como candidato. Sin embargo se persistió en la nominación, sumergiendo a políticos, instituciones y medios de comunicación en una larga polémica sustentada  en falseamientos en su currículum y pobreza en sus exposiciones, hasta que finalmente presentó su renuncia. Pero para quienes entusiastamente consideran un éxito opositor esta supuesta imposibilidad de alcanzar la mayoría de votos necesaria para designarlo, realizan un análisis puntual y no secuencial.  A días de conocidos sus antecedentes, ya sea a favor o en contra, qué dudas podían tener los legisladores en cuánto a su decisión? La conclusión es que al no existir oposiciones partidarias sólidas y coherentes, crecen los políticos “multipartidarios” que no representan a nadie, y basan su accionar en “negociar” ante el poder según sus intereses, uno por uno como en las entrevistas laborales. Ejemplo: a horas de la renuncia de Reposo, no se habían expedido, entre otros, Adolfo Rodríguez Saa y Samuel Cabancich.  En este contexto no cabe duda que si el Gobierno actuara firmemente sobre algunos “representantes del pueblo” para obtener la mayoría necesaria que habilite una reforma constitucional, la obtendría, por lo que el caso Reposo no fué una derrota de la Presidenta, quien posiblemente esté mucho más de acuerdo con la postulación de la dra. Gils Carbó. Pero siempre es saludable generar algún suceso que mantenga en la sociedad la creencia que la oposición existe. Comparemos sino el minucioso debate sobre el curriculum de Reposo, con la total ausencia de análisis en la aprobación legislativa de la expropiación de las acciones de Repsol para asumir el control de YPF. Tal es así, que a la fecha ni siquiera se conoce el cuadro de ingresos- egresos que la empresa tendrá en los seis meses que restan del año.

Por otra parte la eventual designación de Reposo, y de quien lo suceda en la postulación, no cambiará el estado de dependencia del poder judicial al poder político, en especial en los casos de corrupción de funcionarios públicos y empresarios privados. Sin embargo siempre hay que distinguir tonalidades en el mundo de la política, porque la corrupción se favorece con el negro como color excluyente. Como antecedente de la dra. Gils Carbó, figura haberse opuesto en tiempo y forma a la fusión de Multicanal y Cablevisión, que en ese entonces contaba con el aval del Gobierno. Más allá de sus argumentos, en un contexto en el que prima la obsecuencia y el verticalismo irrestricto (algunos lo llaman militancia), es un hecho a destacar.

En relación a la obsecuencia, no se puede dejar de mencionar la insólita propuesta del prestigioso periodista deportivo Víctor Hugo Morales, devenido en comentarista político, que en un reciente programa televisivo adecuadamente llamado “Bajada de línea”, hizo un público llamado a funcionarios y periodistas entre los que se incluía, para que en un acto ejemplar y patriótico transformaran sus dólares en pesos. Tan genial fué su propuesta, que impactó inclusive a la Presidente, quien de inmediato comprometió pesificar sus ahorros en dólares. Cuando uno expone una idea que entiende colabora con una situación pública determinada, como es la actual crisis de demanda de dólares, y más cuando se utiliza un medio de comunicación masivo, asume la responsabilidad de verificar e informar acerca del resultado. Por lo que sería importante que Víctor Hugo diera a conocer quienes respondieron a su llamado, y en cada caso monto transformado en pesos, institución bancaria en que se realizó la operación, y en los depósitos en plazo fijo, tasa de interés pagada. Este último es un detalle importante, porque en las investigaciones de enriquecimientos ilícitos de funcionarios, parte de los incrementos patrimoniales se justifican en tasas de interés  excepcionales pagadas por instituciones financieras de plaza por los fondos depositados por los investigados, que obviamente no se pagan a la “avara clase media”, a la que tampoco le otorgan créditos, y si lo hacen, es con costos financieros finales escandalosos. Un detalle no menor Víctor Hugo: si el crédito se lo dan en dólares, las tasas serán mucho más bajas que si se lo dan pesos. Porqué no incluyó a los banqueros en su llamado a la comunidad?

Tan demagógico e impracticable resultó el reclamo realizado ante una audiencia masiva que se supone mayoritariamente de clase media, que no puede sino ser considerado una pobre acción de marketing lindante con la burla. Una virtud, cuando se proclama, hay que demostrarla. Sino solo es un engaño.

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA JUNIO 2012

Hablar de la responsabilidad de la justicia del Fuero Federal en el crecimiento sostenido de la corrupción política en las últimas dos décadas, reflejada en los enriquecimientos ilícitos de altos y medianos funcionarios, con consecuencias como la catástrofe ferroviaria en estación Once que en febrero pasado se cobró 51 víctimas fatales, es redundante y nada aporta para lograr un cambio. Creemos que es más útil crear una agenda de causas de publicación regular e indicación de los jueces actuantes, que mostrará la gravedad de la situación más claramente que las palabras. El espíritu de la agenda no excluye eventuales consideraciones personales, solo al efecto de verificar su validez a futuro. De ahí la importancia del seguimiento cronológico y permanente de algunas de las causas en donde se afectan vidas y patrimonio del Estado.

1.- Coimas pagadas a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000.

Causa originada en la autodenuncia del secretario parlamentario en esa época, Mario Pontaquarto, de haber repartido cinco millones de pesos provistos por la SIDE en coimas a senadores peronistas y radicales, para que aprobaran una ley de reforma laboral. El juez Daniel Rafecas elevó la causa a juicio al Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Se iba a iniciar el pasado 22 noviembre, pero la Defensora General de la Nación Stella Maris Martínez pidió su suspensión, por haberse incorporado a èsta causa la que se sigue contra Pontaquarto por una rendición de gastos no realizada. La maniobra de último momento muestra que no se tiene interés alguno en llegar al juicio oral, que supuestamente se realizará en agosto próximo, conscientes de que habrá sobreseimientos generalizados. El renunciante vicepresidente Carlos Alvarez, entonces presidente del Senado y uno de los responsables de la crisis del 2001, hoy funcionario del gobierno, será uno de los testigos y se estima que no aportará pruebas concretas.

2.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas.

Iniciada en mayo de 2011, la causa es tramitada con extrema lentitud por el juez federal Norberto Oyarbide, lo que dió lugar a la desaparición de muchas pruebas, según un crítico dictamen de su instancia judicial superior. Recién en mayo último citó a declarar al principal acusado, Sergio Schocklender, el que quedó detenido junto con su hermano y su contador. Sin embargo, no fueron citados los funcionarios públicos otorgantes de los fondos a la Fundación, y responsables de su contralor, arqto. Bontempo e ing. Fatala, lo que hace presumir que la causa concluirá con prescripciones y sin que el Estado pueda recuperar el dinero defraudado.

3.- Causa por la tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012.

La tramita el juzgado del dr. Claudio Bonadío. En su momento los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, Martín Irurzun y Eduardo Farah, rechazaron la queja del fiscal Federico Delgado porque el juez Bonadío le negaba el acceso al expediente, y les pidió a ambos que evitaran “estériles debates”.  Recientemente se conoció la pericia oficial, sin que se haya aceptado la participación de peritos por los damnificados. La concesionaria TBA, perteneciente al grupo Cirigliano, presentó un informe del médico de la empresa Daniel Bello, señalando que con motivo de haber ingerido alcohol y por la monotonía sonora del tren, el conductor Córdoba “podría” haber tenido el llamado “sueño blanco” similar a “una canción de cuna”, durante los 39 segundos previos al impacto. Por ser médico, no aclaró si dicho síntoma pudo haber afectado también al parachoque de la terminal, que según la pericia no cumplía con las necesarias normas técnicas de seguridad. El 24 de mayo la Presidente le quitó a TBA la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre para trasladársela a Metrovías (grupo Roggio), y Ferrovías (grupo EMAPA encabezado por Gabriel Romero), también favorecidas por la política de subsidios masivos al transporte. En esta semana se produjo la detención de Claudio Cirigliano y tres ejecutivos de la empresa TBA, por haberse negado a presentar al juez el balance económico con el destino dado a los subsidios estatales.

4.- Quiebra y recuperación de la imprenta Ciccone Calcográfica, habitual proveedora del Estado. 

Como resultado de una denuncia de un particular, el juez federal Daniel Rafecas encomendó al fiscal federal Carlos Rívolo en febrero de 2012 que investigara la participación de funcionarios públicos en una larga cadena de irregularidades en el levantamiento de la quiebra de Ciccone, entre los que esta sospechado el vicepresidente Amado Boudou por participación societaria y tráfico de influencias. El juez Rafecas fué apartado de la causa por haber intercambiados mails con un abogado de su amistad y defensor de uno de los involucrados. Que los jueces federales intercambien información reservada con abogados de las partes acusadas no es una novedad; pero que la dejen registrada en mensajes de texto muestra o bien una impericia que sorprende, o un burdo recurso para ser apartado de la causa. Por sorteo se designó al juez Ariel Lijo, quien unificó la causa de la ex Ciccone con la de enriquecimiento ilícito de Amado Boudou, llevada adelante por el fiscal Di Lello, con el consecuente apartamiento del fiscal Rívolo, principal impulsor de la investigación. Cabe señalar que la causa de enriquecimiento ilícito de Boudou nada tiene que ver con la quiebra y rehabilitación de Ciccone Calcográfica, por lo que esta investigación quedó seriamente dañada, y perdió la velocidad investigativa original. El fiscal Di Lello es quien junto con Oyarbide actúan en la causa de defraudación de fondos públicos de la Fundación Sueños Compartidos.

5.- Enriquecimiento ilícito y dádivas recibidas por el ex Secretario de Transportes Ricardo Jaime.

Se declaró prescripta la investigación sobre el empresario Claudio Cirigliano, acusado de haber pagado vuelos de placer a Ricardo Jaime, quien debía controlar sus concesiones. El juez Norberto Oyarbide decretó en febrero de 2012 que son nulos los miles de mails hallados en las computadoras de Manuel Vázquez, asesor de Jaime, que detallaban los negocios entre funcionarios públicos y privados, aduciendo que los peritos de la Policía Federal que realizaron el primer peritaje en 2010 no utilizaron los protocolos de conservación de pruebas. El fallo fué ratificado este mes por la Sala I de la Cámara Federal, suscrito por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes destacaron que en el peritaje el juez Oyarbide no dió intervención a las defensas de los acusados para que lo presenciaran y se evitaran impugnaciones. De más está decir que pese a ello Oyarbide sigue al frente de la causa, y no se imputó a ningún policía por las supuestas irregularidades, por lo que hasta el momento el Estado es el mejor defensor del acusado por el Estado. Actualmente el fiscal Carlos Rívolo intimó a Jaime a justificar bienes cercanos a 6.600.000 pesos adquiridos por él, familiares directos y allegados, durante su paso por la función pública.

6.- Causa por contrabando de 944 kilos de cocaína en un vuelo privado argentino.

El 02 de enero de 2011 la Guardia Civil española detuvo en el aeropuerto El Prat a los hermanos Juliá y a Matías Miret por transportar 944 kilos de cocaína pura en un jet privado que había partido de Ezeiza el 01 de enero, luego de haber estado estacionado casi dos meses en el aeródromo de Morón. La investigación de la conexión local y actuación de los organismos de control quedó a cargo del juez federal en lo penal económico Alejandro Catania, sustituído luego por el juez Rafael Caputo, cuya primera actuación fue intentar verificar los antecedentes de las dos empresas propietarias del avión. Se estima que en éste año los pilotos argentinos serán juzgados en España, sin que se conozcan avances en las investigaciones judiciales locales. En febrero de 2011 el juez Oyarbide intentó sin éxito trasladar a su juzgado la causa.

7.- El caso de la valija con u$s 700.000 no declarados de Antonini Wilson, detectados en la aduana, en un vuelo contratado por Enarsa en agosto de 2007.

Originalmente la causa estuvo a cargo del juez federal en lo penal económico Daniel Petrone. Se adujo que no se podía avanzar hasta tanto no se presentara el empresario Antonini Wilson para declarar. Paradójicamente una jueza argentina fué quien le permitió dejar el país con posterioridad a haberse detectado el ingreso ilegal del dinero. Posteriormente el juez Petrone cambió la carátula del expediente que pasó de contrabando agravado al excarcelable lavado de dinero, y apartó a la enjundiosa fiscal María Luz Rivas Diez de la causa. Esta decisión permitió que recientemente la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico (Sala B), integrada por los dres. Marcos Grabivker, Roberto Hornos y Carlos Pizzatelli sobreseyera al negociador del Estado ante Venezuela Claudio Uberti, por prescripción de la causa, ante la ausencia de actuaciones. También posibilitó esta nueva impunidad una reforma penal aprobada por el Congreso de la Nación en junio de 2011, por la que se suprimió el agravante que preveía la ley cuando el autor del lavado de dinero era un funcionario público. Pese a todos éstos antecedentes, las autoridades gubernamentales continúan llamando a Antonini Wilson “prófugo”.

8.- Causa por uso indebido de fondos reservados del Senado por el vicepresidente Carlos Ruckauf. 

Iniciada en el 2002 y transcurridos 12 años sin acción acusatoria, Carlos Ruckauf fué sobreseído por el juez Norberto Oyarbide por prescripción, fallo confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.

Así como los medios gráficos segmentan la información en una multiplicidad de temas tales como culturales, deportivos, tecnológicos, entre otros, sería de enorme trascendencia que los periódicos publiquen una agenda del avance de los temas judiciales que afectan a funcionarios y al patrimonio del Estado. Su conocimiento rutinario mostrará a la sociedad que la gravedad del accionar del Fuero Federal supera lo que se supone al analizar casos puntuales o de actualidad. No actuar ante la manifiesta ineficacia judicial en los casos en que están involucrados funcionarios públicos y proveedores del Estado es otro de los aspectos en los que coinciden supuestos políticos liberales con supuestos progresistas; supuestos oficialistas con supuestos opositores. Por el contrario, unos y otros promueven y aprueban reformas que disminuyan las responsabilidades penales de los funcionarios públicos.

CUIDADO....VIENE EL LOBO

Artículo 1º: Todos los depósitos ya sean en pesos, o en moneda extranjera, a plazo fijo y a la vista, captados por las entidades financieras autorizadas para funcionar por el Banco Central de la República Argentina, de conformidad con las previsiones de la Ley 21.526 y sus modificatorias, quedan comprendidas en el régimen de la presente ley. Dichos depósitos son considerados intangibles.
El Artículo 2º reforzaba el concepto de intangibiladad, señalando textualmente que “El Estado nacional en ningún caso, podrá alterar las condiciones pactadas entre el/los depositantes y la entidad financiera, esto significa la prohibición de canjearlos por títulos de la deuda pública nacional, u otro activo del Estado nacional, ni prorrogar el pago de los mismos, ni alterar las tasas pactadas, ni la monedad de origen, ni reestructurar los vencimientos, los que operarán en las fechas establecidas entre las partes”.

El texto corresponde a la Ley 25.466, denominada de intangibilidad de los depósitos (no se pueden tocar salvo por su titular), ratificando un principio claramente establecido en la Constitución Nacional, que fué sancionada por el Senado de la Nación por unanimidad el 31 de agosto de 2001. Tres meses más tarde, el 03 de diciembre, se estableció el denominado “corralito”, por el que los ahorristas y cuentas sueldos solo podían retirar de sus cuentas 250 dólares o pesos por semana. Se produjo la caída de De la Rúa en diciembre, se negoció la sucesión que culminó con la designación de Eduardo Duhalde como presidente, que paradójicamente había perdido la elección presidencial solo dos años antes. El 09 de enero de 2002 se promulgó le ley de reprogramación de los depósitos y plazos fijos conocido como “corralón”, que significó la confiscación de los ahorros concentrados en la clase media argentina. Cuatro años más tarde, el 28 de diciembre de 2006, día de los Inocentes, la Corte Suprema de Justicia avaló la pesificación asimétrica y reprogramación de los depósitos. De este modo se repitió en su esencia la confiscación de ahorros que solo 12 años antes había implementado Carlos Menem con el plan Bonex, también con total consenso político.

La gravedad de los hechos no se remite a recordar leyes y sus efectos. A horas de implementadas las confiscaciones de depósitos en el 2002, para aquéllos clientes empresarios o políticos privilegiados que en el colmo de la ingenuidad habían quedado con ahorros en sus cuentas (no muchos en realidad), varias instituciones financieras implementaron un sistema de “devolución y traslado” ilegal de dichos fondos vía Uruguay. Fueron los mismos banqueros que obligaban a los empleados en los bancos a resistirse a entregar el dinero a pequeños y medianos ahorristas cuando se presentaban con un amparo judicial para que se lo devolvieran.

Cuál es la preocupación que generan éstos antecedentes diez años más tarde? Que los actores políticos, empresariales y financieros de hoy, en nombres y apellidos, son los mismos de ese entonces. Por ello los debates pretendidamente épicos entre supuestos neoliberalismos y progresismos están sofisticadamente instalados en la sociedad para ocultar que la matriz política de fondo no se transformó, a tal punto que supuestas oposiciones quedan patéticamente diluídas por la carencia de alternativas de gobierno serias, que ni se esfuerzan en disimular al momento de votar las leyes del oficialismo. Recordemos que en Argentina el Ejecutivo también legisla, lo que no es una crítica, porque si no lo hiciera careceríamos de leyes.

Hoy resuenan frases sacadas del arcón de los recuerdos: “corralito del dólar”; “dólar negro, perdón, blue, paralelo”; “protegeremos el ahorro de los argentinos”; “tenemos que acostumbrarnos a pensar en pesos”, pronunciadas por quienes históricamente hicieron todo lo contrario. Viene a la memoria una fábula, que son composiciones literarias breves que concluyen con una enseñanza o moraleja, que escribiera el famoso fabulista griego Esopo unos 600 años antes de Cristo.

Un pastor cuidaba su rebaño cerca del pueblo, y se divertía asustando a sus vecinos gritando:¡viene el lobo para atacar el rebaño…!! Cuando los pobladores acudían presurosos, se reía porque los había engañado. Un día apareció el lobo realmente, y ante los gritos desesperados del pastor, la gente del pueblo creyó que repetía su humorada, y nadie corrió en su ayuda. Como consecuencia, el lobo se comió todas las ovejas. Moraleja: a un mentiroso no se le cree ni cuando dice la verdad.

En el caso argentino, vistos los antecedentes, la actuación del político-pastor tiene una sutil variante: mientras el lobo se come las ovejas, grita…. ¡¡ tranquilos, no hay lobos!!