POLÍTICA NAVIDEÑA

Por razones meramente simbólicas, los cierres de año y comienzo del siguiente suponen la necesidad de realizar un balance del pasado, y proyectar el futuro. En el campo político, ante los conocidos sucesos de diciembre, cabe preguntarse qué puede aportar un ciudadano común ante el fárrago descontrolado de mensajes emitidos  por quienes supuestamente tienen el privilegio de legislar “para todos los argentinos”. En principio, intentar resumir en pocos conceptos lo sucedido, y en cuanto al futuro inmediato, plantear interrogantes concretos para luego esbozar respuestas durante enero, mes más propenso al sosiego.

Para entender los pobres y “apasionados” debates legislativos, en especial al referido a la actualización de las jubilaciones más bajas, es oportuno recordar una frase del economista argentino Rodolfo Frenkel en un reportaje: “Los conflictos en la Argentina no son por los pobres; son por los que más ganan”. No es casual entonces que en el clamor por los pobres jubilados, ningún sector político, entre ellos el defensor de la Tercera Edad, explicitara las causas de la quiebra del sistema jubilatorio: escandalosos privilegios sectoriales, con un uso político de los recursos de los genuinos aportantes al sistema. Basta mencionar tres ejemplos: 1) puede llamarse sistema sustentable, equitativo y de reparto, al que permite que las jubilaciones más altas superan en 40 veces a las más bajas?; 2) puede ser genuina la preocupación de gremialistas como Palazzo por los “pobres jubilados”, mientras combate contra la derogación de privilegios jubilatorios bancarios en provincia de Buenos Aires?. 3) puede existir preocupación por los que menos tienen, cuando un empresario privado puede robarse más de 8.000 millones de pesos en impuestos, en complicidad con altos funcionarios de gobierno?

Una circunstancia a tener presente, es cuando las inconsistencias verbales para enmascarar privilegios en nombre de reivindicaciones sociales (parlamento), buscan apoyatura en el terreno de los hechos violentos facciosos y organizados, como sucediera en el ataque al Congreso y a estoicos policías. Si bien este juego tiene anteceden históricos cercanos, presenta actualmente una interacción de intereses inédita y de altísimo riesgo.  Con la recuperación de la democracia las protestas, incluso con fines desestabilizantes, se resumían en repetidos paros generales de la CGT, cuyo resultado era la paralización del país, sin desmanes organizados anexos. Eran días “aburridos”. En la crisis 2001-02, cuando los políticos intentaron repetir la matriz de recambio anticipado de un gobierno, reemplazado por otro de “salvación nacional”, se vieron sorprendidos por el justificado reclamo “que se vayan todos”. Superada parcialmente la crisis a costa, una vez más, de los “que menos tienen”, durante el gobierno anterior se perfeccionó una trama de corrupción que integró eficazmente a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y organismos de control, tras un objetivo necesario y tranquilizador: impunidad. Por ello los recientes sucesos de violencia física y verbal, exhibieron una confluencia de intereses inédita entre conocidos grupos de extrema izquierda violentos, asociados a políticos y empresarios multimillonarios a costa de los recursos del Estado, que pretenden salvar patrimonios y libertades. Como suele suceder, con la colaboración de demasiados “idiotas útiles”.

Hacia el futuro inmediato, es útil plantearse dudas e intentar respuestas clarificadoras, como ejercicio reflexivo veraniego. El cuestionario puede ser ampliado a voluntad. 1) A quiénes representan los legisladores?; si son libre pensadores autónomos, porqué se mantienen las listas sábana para elegirlos?; 2) En relación al síndrome de demagogias y fluctuaciones legislativas y políticas, a quién representa Sergio Massa?; 3) Peronismo y Partido justicialista son sinónimos?

Como cierre del 2017, completaremos la esclarecedora frase del economista Frenkel, con un consejo no menos preciso de Maquiavelo: “los males que nacen del Estado, cuando se los descubre a tiempo se los cura pronto. Pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto que todo el mundo los ve”.

Buenos Aires, 27 de diciembre 2017

Próxima newsletter el miércoles 17 de enero 2018

PARLAMENTO PRIVATIZADO

Un concepto aparentemente absurdo, debería confrontarse con el inquietante desafío de reflexionar si existen elementos que demostraran que puede ser verosímil. Diciembre es un mes adecuado para poner foco sobre el poder legislativo, debido a circunstancias particulares que se repiten: 1) año 2015 con cambio de gobierno, en donde el saliente pretende condicionar al que asume, intentando aprobar en la última sesión 96 leyes a paquete cerrado. 2) año 2016 con proximidad de un año electoral, donde el oportunismo político prima sobre la virtud de legislar, como sucedió en el debate sobre el impuesto a las ganancias; 3) año 2017 tras una renovación legislativa, con viejos y/o renovados oficialismos y oposiciones buscando nuevos realineamientos personales, como mostró el debate sobre la actualización de las jubilaciones. Paradójicamente diciembre también es el mes en el que los enfervorizados legisladores, fuera de cámaras y en concordancia con gremialistas, deciden en un marco de armonía aumentar sus dietas, prebendas anexas, y seguir incrementando la planta de personal negociando la permanencia y/o nuevos ingresos de esposos/as; hijos/hijas; parientes de toda índole y amigos varios. La repetida historia concluye con una nota de color: el diputado Néstor Pitrola recorriendo los medios de comunicación para expresar su oposición al incremento acordado, y solo verbalmente, proponer que los legisladores ganen el equivalente a cuatro salarios mínimos.

Hace ya más de 2.4000 años, Aristóteles señalaba que el sometimiento de los primeros Estados a reyes, provenía del sometimiento de las familias a la autoridad del más anciano, tratado como un rey. Las continuidades políticas se justificaban en base a derechos divinos o sanguíneos. En la modernidad parecería anacrónico, pero hay instrumentos para favorecer continuidades hereditarias y palaciegas: los sistemas electorales. En nuestro país es fuertemente limitativo del poder de elección de legisladores, con artilugios varios: listas sábana, ley de lemas; listas espejo, fueros para delitos comunes, lo que explica la perennidad de políticos a través de sucesivas elecciones, muchos de ellos carentes de principios e identidad partidaria consistente en el tiempo. No se ofrecen al electorado, sino al dedo del circunstancial armador de listas, lo que los aleja del verdadero sentido de representar. Una legisladora por ejemplo, pudo expresar impávida que “nuestra tarea está en la calle”. Otros legisladores se afanaron en  organizar grupos facciosos que impidan el debate público legislativo. O al momento de debatir, arrostrarse a los gritos sobre quién es más ladrón, o quién luchó y/o colaboró en una dictadura que concluyó hace treinta y cuatro años. Esta coptación de roles públicos por generaciones familiares y de palacio, terminan conformando verdaderas oligarquías, como se denominan a los grupos que gobiernan en su propio beneficio.  Por ello, las sociedades siempre deben estar alertas en cuanto a sus destinos. La historia indica que a lo largo del tiempo varían ropajes y costumbres, pero no la naturaleza del hombre en la lucha por el poder.

Diciembre debiera ser un mes oportuno para que los que aún llamamos “nuestros representantes”, reflexionen en cuanto a su verdadero rol en un sistema democrático. Y reserven sus histriónicas exaltaciones para legislar en base a igualdad de oportunidades para los ciudadanos comunes, en lugar de conformar círculos cerrados que implican una cuasi “privatización” de la actividad legislativa. Sumando muchos de ellos antecedentes y oportunismos personales que convierten en patéticos los discursos en defensa “de los que menos tienen”. Y que definitivamente se renuncie a la cínica práctica de los “golpes democráticos”, que asocian a violentos de extrema izquierda con multimillonarios vaciadores de los recursos del Estado.

Con las políticas demagógicas y destructivas seguidas en las últimas décadas, hubo y seguirá habiendo inevitablemente injusticias jubilatorias, con mayorías perjudicadas y demasiadas minorías favorecidas. Es momento que el parlamento recupere prestigio, y se deroguen todos los privilegios jubilatorios, que licuaron el concepto de sustentable, solidario y de reparto. Los legisladores de la provincia de Buenos Aires parecieran actuar en esa línea. Es verdad que habrá mucha resistencia gremial de quienes dicen defender a “nuestros pobres viejitos”. Y posiblemente, violentos manifestantes de saco y corbata.

Buenos Aires, 20 de diciembre 2017

LOS AFORTUNADOS VIEJITOS

El debate sobre el régimen de movilidad de haberes previsionales, reitera discursos políticos que exhiben cinismos, falsedades, ocultamientos y mayoritariamente desconocimiento. Entre los responsables de clarificarlo se destacan quienes por sus funciones deben legislar, representar e informar en carácter de especialistas. Entre otros, Graciela Caamaño, con 20 años de legisladora; Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, Mirta Tundis, especializada en temas jubilatorios y hoy legisladora, y funcionarios de gobierno, que deberían explicitar la propuesta con ejemplos numéricos entendibles para el ciudadano común. A ellos, entre otros, se les reconoce la capacidad y obligación de saber analizar y comunicar. Sin embargo, en las instancias discursivas todos se sumergen en mensajes enlatados que igualan a capaces con mediocres, reclamando con estudiada indignación, en favor de los “pobres viejitos jubilados”. Pero nada dicen del meollo de la cuestión: miles de “afortunados viejitos” privilegiados;  uso político en el acceso a los beneficios jubilatorios, y utilización del organismo previsional como agente financiero del Estado a tasas ruines.  

Surge entonces una paradoja esclarecedora: los propios sectores políticos dolidos por los “viejitos”, legislaron inequidades, prebendas y privilegios que luego llaman “derechos adquiridos”, que son las causas de las recurrentes crisis previsionales desde hace cincuenta años. Es fácil proclamar la defensa de los “pobres viejitos” que ganan la mínima de $ 7.246, sin impedir que “afortunados viejitos” cobren más de $ 300.000. Que quienes aportaron más de treinta años o se jubilaron con 65 años, “compartan” con quienes aportaron veinte años o menos, o se jubilaron con 55 años. Que el Estado y privados con beneplácito sindical, continúen realizando pagos sin aportes. Y así sucesivamente.

En lugar de ser atrapados por caóticos debates y porcentajes  tipo “gana-pierde”, vale una breve reseña histórica. Más allá de tibios antecedentes a comienzo del siglo XX, el presidente Perón impulsó el sistema jubilatorio a nivel nacional, con la creación de innumerables Cajas de Jubilaciones. Inicialmente funcionaban independientemente y con superávit elevado, al tener muchos aportantes y pocos jubilados. En 1967 comenzaron a unificarse parcialmente, hasta que con la creación de la Anses en 1991, se unificaron definitivamente. En 1993 el gobierno de Menem implementó un sistema jubilatorio mixto, integrado por uno estatal de reparto, y otro privado de capitalización individual. El concepto privado no excluía la participación pública, al punto que las bancas públicas Nación y Provincia de Buenos Aires, e incluso gremios, crearon sus propias aseguradoras de retiro.

 El gobierno de Kirchner abrió una consulta con la razonable intención de permitir la posibilidad el traspaso entre los sistemas público y privado. La mayoría de los afiliados permaneció en este último, no por sus bondades, sino por la desconfianza que generaban los antecedentes  del sistema jubilatorio estatal. Pese a la compulsa, tiempo más tarde, la misma generación de legisladores que privatizaron parcialmente el sistema en 1993, lo reestatizó en el 2008 debido a urgentes necesidades financieras del Tesoro. Se eliminaron las cuentas individuales, se transfirieron los ahorros acumulados a una cuenta única del Gobierno nacional, y se creó el Fondo de Garantía para preservar el valor de los aportes y efectuar pagos a los beneficiarios del sistema previsional. En paralelo, legisladores, funcionarios y sindicalistas continuaban habilitando nuevos regímenes de privilegio, fórmulas de cálculo circunstanciales, y acumulando juicios por liquidaciones no ajustadas a derecho.

Un sistema de reparto depende de muchas variables implementadas por ley, cada una de las cuáles impacta en el corto y largo plazo. Tal fluctuación insostenible en un régimen que atraviesa generaciones, se ejemplifica hoy. Lo que hasta hace pocos años parecía inalcanzable, como actualizar las jubilaciones por inflación, hoy pareciera un perjuicio inadmisible. Pasado este debate puntual, los expertos en el tema, sin especulaciones políticas, debieran clarificar e impulsar propuestas que hagan realidad los términos sustentable, solidario y de reparto. En lo inmediato y como mero ejercicio de prolijidad, algún legislador debería proponer que dichos términos no podrán ser usados, mientras sea legal que un empleado público cobre más de $ 300.000 de jubilación, y públicos y privados $ 7.246.  

Cabe plantear una inquietud final de ciudadano común; no será momento de interrelacionar de algún modo los beneficios de la Anses, el Pami y las cajas sindicales de obras sociales?

Buenos Aires, 13 de diciembre 2017

OCA O BANELCO?

Carl von Clausewitz fue un militar, historiador y filósofo prusiano que participó en las guerras napoleónicas. El concepto más conocido de su tratado sobre la guerra, de gran influencia en la ciencia militar moderna, señalaba que “la guerra no es otra cosa que la prosecución de la política por otros medios”, y “la guerra se parece más a la política, la que a su vez puede ser considerada en parte como una especie de comercio en gran escala”. Esta interrelación entre política, guerra y comercio, esencial para entender el origen de los conflictos modernos, será útil para analizar nuestras pujas de intereses sectoriales, en los que la ética y moral solo se aplica a lo discursivo. Conflictos que exhiben además la supervivencia sorprendente de las clases dirigentes argentinas. Es el caso de la crisis de OCA asociada al renovado recuerdo de “la Banelco”.

En marzo del año 2000, tras la aprobación de la ley de reforma laboral con votos de legisladores de la Alianza y del Partido Justicialista, el sindicalista Hugo Moyano declaró que “el ministro Flamarique me dijo que para los senadores tengo la Banelco”. Poco acostumbrados a la corrupción, nuestros políticos reaccionaron con indignación. El vicepresidente Alvarez, con razones nunca explicitadas, renunció. La reforma quedó sin efecto, y el gobierno de la Alianza se desbarrancó. Dos años más tarde, el ex secretario legislativo radical Mario Pontaquarto, arrepentido, denunció haber transportado en un maletín cinco millones de pesos/dólares con destino a senadores justicialistas para que aprobaran la ley, originando el prolongado juicio conocido como “coimas en el Senado”. Tras haber declarado más de 300 testigos, entre ellos integrantes de la SIDE relevados de su obligación de confidencialidad respecto al uso de fondos reservados, se arribó al fallo del Tribunal Oral N° 3 (jueces Gordo, Pons y Ramírez), que sobreseyó a todos los acusados. Entre sus fundamentos se expresa que “la prueba producida en el debate y las demás circunstancias del proceso permitieron acreditar, sin lugar a dudas, que los hechos imputados no existieron”. En cuanto a Pontaquarto, “el presunto arrepentido se contradijo, se desdijo y corrigió sistemáticamente, con el objeto de adecuar su historia a los datos objetivos que surgían a medida que se producía la prueba….”. El fallo destacó “la parcialidad de algunos de los jueces que intervinieron en la instrucción, en particular del dr. Daniel Rafecas..”. Por último,  se hizo hincapié en la reunión que el arrepentido mantuvo previo a su denuncia, con el Jefe de Gabinete Alberto Fernández; el hijo del fallecido dirigente socialista Alfredo Bravo, llamado Daniel, y el entonces Jefe del Gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra. Los jueces destacaron que “quedó patentizada en el debate la mendacidad del dr. Aníbal Ibarra”, quien conjuntamente con Bravo incurrieron en “imprecisiones y vaguedades” al intentar aclarar el motivo de dicha reunión.

El cierre de la causa ejemplifica el preocupante accionar político de las últimas décadas, con independencia de la veracidad o falsedad de la denuncia. De ser veraz, la falta de pruebas aportadas por los testigos indica un abroquelamiento político para mantener impunidades. De ser falsa, se ratificaría que ciertas denuncias por corrupción son solo instrumentos de especulación política circunstancial. 

Este juego intenta repetirse en la actualidad, con demasiados personajes de la vieja Banelco vigentes. No es casual que la familia Moyano la invoque ante el acuerdo de reforma laboral, ocultando que su real preocupación pasa por negociar el salvataje de OCA y su conducción, deudora de más de 3.400 millones de pesos en impuestos y aportes a la seguridad social. Tal saqueo, el Grupo Ruho lo logró en solo cuatro años; se hizo cargo de OCA en el 2013. Las cuotas al sindicato, eso sí, están al día. Si al Grupo que encabeza Farcuh sumamos tan solo a Indalo y Lázaro Báez, se sustrajeron al Estado más de 15.000 millones de pesos en impuestos (850 millones de dólares). Tal éxito comercial se logró con funcionarios, sindicalistas y empresarios acérrimos defensores de los trabajadores.

En cuanto al rol del Estado, estos ejemplos provocan dudas preocupantes, actualmente en debate: las estructuras elefantiásicas estatales no favorecen en realidad las cadenas de impunidad y dilución de responsabilidades? Ayuda para establecer un diagnóstico preciso el actual contexto judicial en casos de corrupción. En sede judicial, los más altos funcionarios declaran inocencia y falta de responsabilidad. Surge entonces un interrogante obvio carente de sofisticación: quiénes son entonces jerárquica y penalmente responsables de los actos públicos corruptos en perjuicio del Estado? Lo analizaremos.

Buenos Aires, 06 de diciembre 2017