EL GAS PICANTE DE LA POLÍTICA

El bochorno sucedido en el estadio de Boca Juniors durante el partido de fútbol entre el equipo local y River Plate por la Copa Libertadores de América, muestra una vez más que el negocio del fútbol replica con total exactitud el mundo de la política, tanto en sus actores como en el contexto. La repercusión del hecho en los medios de comunicación, desnudó intencionalidad política, oportunismo o superficialidad discursiva, y manifiesta complicidad por parte de dirigentes y funcionarios responsables, dispuestos a que la matriz delictiva en el fútbol no se modifique. Matriz no muy distinta al caso Nisman, o a los innumerables ejemplos de corrupción estatal-privada aparentemente más complejas (Skanska, Ciccone, Sueños Compartidos, Hotesur, entre otros), que quedarán irremediablemente impunes.

En las comisiones directivas de los clubes coexisten políticos con cargos ejecutivos o legislativos de distintas identidades partidarias, integrantes de fuerzas de seguridad en actividad o retirados, gremialistas, empresarios, jueces, fiscales, y finalmente, los esforzados muchachos que son cara visible de la corrupción, llamados barras bravas. Designación ésta despectiva y discriminatoria, porque no se aplica a los altos niveles político-dirigenciales que los apañan y participan del negocio. Este contexto nos permite visualizar con escaso margen de error, las escasas posibilidades de cambio a producirse a partir de la asunción de las nuevas autoridades el 10 de diciembre próximo.

Señalamos que la metodología de implementación y protección de los negociados en el fútbol es exactamente la misma que la de los delitos económicos contra el Estado. Todo comienza con la información. Periodistas con serios trabajos profesionales muestran hasta el hartazgo a reconocidos barras, sus profusos antecedentes delictivos y causas judiciales, conexiones políticas y modus operandi. Conocida la realidad, comienza el encubrimiento. A la propaganda se la desvirtúa con la contra propaganda, enmascarando los problemas de fondo con la rimbombancia de lo anecdótico. Los sectores políticos nos entretienen debatiendo si los barras están en connivencia con el macrismo, el sciolismo o el massismo, y si el ataque se produjo en sectores de responsabilidad del club o de la seguridad pública. La justicia actúa con su habitual morosidad e inoperancia, que a su vez justifica en la inacción de los legisladores para elaborar leyes que permitan aplicar sanciones más enérgicas.  Nuevamente, se manifiesta “el gran acuerdo político”.

Instalados los escándalos, se necesita de algún culpable para cerrar el episodio, y pasar al siguiente. Ejemplo; nunca sabremos cómo murió Nisman, pero aprendimos una barbaridad acerca de su vida privada y del accionar del agente de inteligencia Stiusso. Este rol en el escándalo Boca-Ríver, lo cumplirá el clásico lobo solitario arrepentido y asustado, llamado Napolitano, alias “el panadero”. Entre el fárrago de opiniones, quedó extrañamente minimizada una declaración del Secretario de Seguridad Sergio Berni, que nos acostumbró a que sus auto promocionadas acciones veloces y eficaces, de inmediato quedan desvirtuadas por la realidad de los hechos. Contundentemente, expresó que “hay que intervenir la AFA”. Sorprende que nadie le haya aclarado que el fútbol profesional está de hecho estatizado.

El Gobierno nacional, a través del “Fútbol para Todos”, provee no solo el soporte económico de la AFA y los clubes, sin control de la aplicación de los recursos públicos, sino ejerce su plena conducción. Determina la cantidad de ascensos y descensos; establece las programaciones y aún los horarios de los partidos; define operadores televisivos y equipos periodísticos, y la Inspección General de Personas Jurídicas no certifica los falsos balances económicos de las instituciones, mal llamadas “entidades sin fines de lucro”;  Qué sentido tiene entonces intervenir la AFA? Una vez más, palabras altisonantes para que nada cambie. Lentamente, vamos ingresando al año 2016.

AUTOAMNISTÍAS, FUEROS Y CORRUPCIÓN

“Declárense extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982”, expresaba textualmente el inicio del artículo 1° de la Ley 22.924. Llamada Ley de Pacificación Nacional, fue promulgada el 22 de septiembre de 1983 por el gobierno militar, en plena campaña electoral para las elecciones nacionales de octubre, que marcarían el retorno a la democracia. También conocida como de autoamnistía, la ley abarcaba un período democrático de dos años de gobierno justicialista, y más de siete años de dictadura militar. El Partido Justicialista, cuyo candidato presidencial era Italo Luder, se pronunció por su validez. El candidato de la UCR Raúl Alfonsín prometió dejarla sin efecto, y tras su triunfo promovió se derogación el 28 de diciembre de 1983. Fue la primera ley votada por el congreso, posibilitando el histórico juicio a los comandantes de las juntas militares, evitando la impunidad por la violación de derechos humanos.

En un sistema democrático plantear autoamnistías expresas entre gobiernos constitucionales sería impensable. Pero como la corrupción estatal en cabeza de funcionarios públicos asociados a empresarios privados exige una red de protección que garantice impunidad presente y futura, cambian los medios pero no los fines. En lo administrativo la estrategia habitual es crear una maraña burocrática que particione responsabilidades y dificulte nexos entre áreas del Estado. En el ámbito judicial se mantiene la maraña, a la que se suman los llamados “operadores” políticos que actúan directamente sobre jueces y fiscales. En todos los casos, los servicios a prestar son los de demorar, diluír, ocultar, anular. Para esta tarea, no necesariamente los cómplices tienen participación directa en los negociados; les es suficiente con obtener y/o mantener cargos privilegiados bien remunerados al frente de los organismos de control, que otorguen viso de legalidad a la impunidad.  

Ello explica que a escasos meses de concluir su gestión, el gobierno pretenda cubrir cargos políticos jerárquicos de responsabilidad en distintos organismos estratégicos creados o en creación, recurriendo a artificiosas e injustificadas estabilidades en los cargos. Estas designaciones deberán ser explícitamente rechazadas o aceptadas por cada uno de los candidatos, tal como sucediera en el intento de autoamnistía en 1983, para que la sociedad con su voto decida.  Cumplido este paso preelectoral, el próximo gobierno deberá reestructurar todos los organismos de control, clarificando sus misiones y atribuciones, racionalizando sus estructuras en lo operativo y cuantitativo, y creando claros flujos de interrelación entre los organismos entre sí y de éstos con los  judiciales, rompiendo la trama que indica que a mayor cantidad de Organismos mayor corrupción.

Otro aspecto a modificar es el de los fueros parlamentarios, cuya creación se remonta a las monarquías parlamentarias, buscando la separación e independencia del poder legislativo respecto al ejecutivo. Deben aplicarse entonces a las actividades propias de los mandatos legislativos, y no para encubrir delitos comunes. El artículo 68 de la Constitución nacional expresa que los miembros del Congreso no podrán ser acusados, interrogados judicialmente o molestados por “sus opiniones y discursos” emitidos en el desempeño de su actividad legislativa. Nada refiere a los delitos comunes. Sin embargo, los artículos subsiguientes son más genéricos. El 69 hace referencia a que los legisladores no pueden ser arrestados durante sus mandatos, y el 70 que las Cámaras, por acciones penales por delitos iniciadas en la justicia  contra legisladores, podrá suspenderlos en sus funciones con los 2/3 de los votos. Hoy los cargos legislativos sirven de inmunidad judicial tanto para procesados como para condenados por actos de corrupción económica. No sorprende entonces que en nuestro país puedan manejar presupuestos públicos o legislar. Carlos Menem y Amado Boudou son solo algunos de los tantos ejemplos. Este absurdo, que ningún candidato compromete cambiar, se llama “gran acuerdo político”.

LA POLÍTICA BAILA ENTRE TINELLI Y FAYT

En esta semana coexistieron dos eventos con repercusión en los medios de comunicación. Uno perteneciente al mundo del espectáculo asociado al marketing político, y el otro con raíces en la calidad institucional del país. El lunes comenzó la temporada de “ShowMatch”, que produce y conduce Marcelo Tinelli. Contó con la presencia de los tres candidatos con posibilidades de acceder a la presidencia en diciembre próximo, acompañados de sus respectivas esposas. Simultáneamente es noticia el despiadado acoso que sufre el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt por parte del Gobierno, invocando su avanzada edad. Acoso cuyo objetivo sería obtener su renuncia por cansancio moral, o bien negociar su permanencia en base al ingreso de un nuevo integrante en el Superior Tribunal, propuesto por el Ejecutivo.

Eventos aparentemente disímiles, no lo son si los insertamos en su contexto político y temporal. En el caso Fayt, no es la primera vez que un gobierno desata un ataque frontal contra integrantes de una Corte Suprema, habitualmente con éxito, con el fin de reemplazarlos por jueces afines. Lo que resulta inédito es que la embestida se realice a tan solo ocho meses del cambio de gobierno y en forma unilateral, en lugar de promoverlo sobre la base de un consenso político. Ello denota que no se busca una mejora institucional futura, sino lograr la impunidad del pasado. Cómo se manifiestan los precandidatos Macri, Scioli y Massa mientras esto sucede? Para mostrarnos que “son como nosotros”, junto a Tinelli sonríen forzadamente ante las humoradas de sus dobles; confiesan secretos de la vida conyugal, y concluyen ensayando unos pasos de baile.  

Lo que interrelaciona ambos eventos es la política, en una instancia preelectoral no habitual, pues desembocará en el reemplazo de una conducción de gobierno ininterrumpida durante los últimos doce años. Que además exhibe ciertas similitudes preocupantes en lo político y económico, con lo sucedido 16 años atrás. En ese entonces Menem fracasó en su intento de obtener una nueva reelección tras 10 años de gobierno, y dejó a su sucesor una matriz económica difícil de modificar sin causar profundas conmociones sociales. Al punto que en la campaña de ese entonces, tanto Duhalde como De la Rúa prometían mantener la convertibilidad, pues cualquier propuesta en contrario hubiera sido electoralmente suicida. Ambos estaban fuertemente condicionados.

Podemos aceptar que la situación económica actual sea menos grave que en 1999, pero no la política. Ello como resultado de la desaparición del Justicialismo y el Radicalismo como partidos de extensión nacional, sustituidos por frentes electorales laxos y confusos. No es casual entonces el alocado juego de pases entre agrupaciones políticas de los mismos políticos de siempre, cuyos objetivos son ajenos a cualquier ideología: continuar usufructuando cargos electivos, sean ejecutivos o legislativos. Todo ello al cobijo de una legislación electoral escandalosa tanto en sus requisitos, como en la falta de control por parte de las autoridades de aplicación.

El espectáculo de Tinelli deja enseñanzas provechosas. Sus éxitos no se basan solo en creatividad y aceitados conocimiento de las preferencias de los consumidores (poder de la imagen), sino en una fuerte estructura empresaria como respaldo. Tinelli reúne al Grupo Clarín (Canal 13), y al conglomerado de Cristóbal López (Ideas del Sur) en el emprendimiento, lo que visibiliza, más allá de los discursos de barricada, el desbalance entre la cohesión de lo privado en sus objetivos, ante la inconsistencia de lo público. Quizás el espectáculo de Tinelli exhiba que no son los políticos quienes establecen reglas de juego, sino por el contrario, son estos quienes se someten a las establecidas por quienes manejan los negocios. Es verdad que hasta ahora los candidatos carecen de alternativas identificatorias, pues no existen proyectos de gobierno diferenciadores en juego. Mientras ello suceda, seguirán predominando las sonrisas de Juliana, Karina y Malena.

CUANDO EL DIÁLOGO NO ES VIRTUOSO

En su acepción más simple, diálogo es una forma de comunicación entre dos o más personas. Si al concepto de diálogo le agregamos la particularidad de “político”, sus formas (amable; colérico) y resultados (fructífero; inútil; perjudicial), adquieren trascendencia social. Los diálogos políticos pueden estar direccionados a lograr consensos en legislaciones y/o acciones que mejoren la calidad de vida e institucional de la mayoría de los ciudadanos, o por el contrario, a conseguir prebendas y beneficios particulares y/o sectarios para pocos. Pueden pretender la transparencia de los actos de gobierno o su ocultamiento.

Ante tal diversidad, es un reduccionismo engañoso plantear como objetivo de un próximo gobierno “la necesidad de lograr más diálogo”. Es evidente que el mantenimiento de una misma clase política en el manejo del Estado durante más de 25 años, circunstancialmente como oficialista u opositor, acompañada por los mismos dirigentes empresarios y gremiales, necesitó de un permanente y sostenido diálogo, pero no precisamente virtuoso. La destrucción de los partidos políticos de extensión nacional como mediadores permanentes entre la política y el ciudadano, originó que el contacto formativo y personal entre los ciudadanos y sus representantes, fuera sustituído por multimillonarias campañas publicitarias y de imagen, habitualmente falsas y autolaudatorias. Como natural consecuencia, el diálogo político con objetivos claros y definidos de interés general, se convirtió en una suma de limitadas transacciones entre figuras políticas ajadas y repetidas, carentes de representatividad y estructuras para aportar ideas, propuestas y equipos, salvo las de su propio interés.

Identificarse hoy como peronista, radical, socialista o conservador, es aún válido para ciudadanos alejados del poder que compartan una mesa de café, e incluso que algunos de ellos no se hablen por unos días después de una elección. Pero es un cinismo echar mano a viejas tradiciones que fueron intencionadamente licuadas por permanentes reacomodamientos personales falsamente ideológicos. En lo inmediato asistimos y asistiremos hasta el cierre definitivo de listas de candidatos el próximo 20 de junio, al espectáculo de un diálogo a tiempo completo, en donde hasta último momento y según cargo ofrecido, muchos políticos  con varios saltos partidarios en sus espaldas, pasen de ser enemigos a ser amigos, para terminar integrando cualquiera de los tres principales frentes electorales. En democracia, cuando los diálogos no cuentan con respaldo institucional partidario y legitimidad de representación, se transforman en patéticas mini negociaciones en las que priman la especulación y conveniencia personal.

Una vez producido el cierre de listas, las electoralmente competitivas albergarán a representantes de “la década del 90” que ya no lo son; estatistas que fueron privatistas; fascistas que son de izquierda; multimillonarios a través del Estado que son progresistas, y las ya tradicionales “pata radical” y “pata peronista” según corresponda a cada agrupación, representada por comodines que ya no recuerdan en que partido se desempeñaban tan solo diez años atrás. Esto explica que los políticos, a manera de autoincriminación, hablen permanentemente del pasado, y jamás del futuro.

Esta cruda descripción de la realidad política tiende a que, independientemente de nuestras preferencias seamos exigentes con los candidatos, para que no eludan su responsabilidad democrática de explicitar propuestas, e identificar las que serán implementadas durante los primeros 120 días de gobierno. Y, como expectativa de máxima, lo que sería inédito a partir de la asunción de Menem en 1989, que se cumplan. De este modo nos permitirían avizorar un futuro.