EL ESPECTÁCULO SUPLE A LA JUSTICIA

En el análisis de la matriz de impunidad que protege invariablemente a la corrupción de los funcionarios del Estado y sectores privados asociados, cuyo último ejemplo lo constituyó la tragedia de la línea Sarmiento en la estación ferroviaria de Once con 51 víctimas fatales, es momento de incursionar en el rol que cumplen los medios de comunicación al dar a conocer a la comunidad los hechos delictivos de funcionarios públicos, atento a que son la casi excluyente fuente de información ante la ausencia de un poder legislativo que cumpla con sus funciones de control de las acciones del Estado, y un poder judicial dedicado a brindar cobertura a los actos de corrupción con los consecuentes enriquecimiento ilícitos de los involucrados.

Previamente, recordemos que a 30 días de la tragedia, el caso de Once está siguiendo el curso de acción judicial y político habitual en las impunidades: el juez Bonadío mantiene en reserva al expediente sin dar vista siquiera al fiscal; están actuando peritos designados por el juez que informarán que la culpa fue del maquinista, sin que exista contraparte por parte de los familiares de las víctimas; el Gobierno puso al frente de la Secretaría de Transporte a un abogado en lugar del renunciante ingeniero agrónomo, indicativo de que el conocimiento de una actividad compleja como la del transporte no es lo que importa; y se prorrogaron todos los plazos que públicamente la Presidenta planteó como ineludibles: informe de los peritos; intervención en TBA y decisión respecto de la concesión entregada al grupo Cirigliano.

Retomando el rol de los medios de comunicación, es necesario recordar que como tales son empresas que subsisten en función de una rentabilidad, y responden a determinadas líneas de pensamiento o políticas, y en su extremo, a posturas militantes. Todos ellos necesitan sustento económico para subsistir, ya sea de origen público y/o privado. Se aclara esta obviedad para no utilizar la existencia de lógicos intereses de los distintos medios de comunicación (buenos o malos), para combatir la libertad de expresión en aras del pensamiento único poseedor de “la verdad”. Lo importante para una sociedad democrática es que coexistan distintas expresiones, como por ejemplo el programa televisivo “6,7,8”, y los periódicos “Página 12”, “La Nación” y “Clarín”, para mencionar a oficialistas o críticos del poder político. La necesidad de los medios de contar con un número importante de clientes o seguidores (concepto de comunicación de masas), exige formular algunas observaciones en cuanto al manejo de la información en los casos de corrupción en el Estado, obtenida en general por fuentes variadas y confidenciales. Se suma a lo expuesto que ante la certeza de que las corrupciones no serán castigadas judicialmente y que la noticia necesita “impacto”, se instala la noticia en base a personajes emblemáticos, antes que en una racional secuencia cronológica del hecho delictivo, lo que es aprovechado por las partes interesadas para lograr que el caso se diluya hasta el próximo escándalo, y así sucesivamente. Citemos dos ejemplos recientes: la defraudación de fondos públicos de la Fundación Sueños Compartidos, conocido como “caso Schocklender”, y el levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica, conocido como “caso Boudou”.

En mayo de 2011 se tomó conocimiento público de la defraudación de parte de los 180 millones de dólares otorgados por el Estado nacional a la Fundación Sueños Compartidos que encabeza Hebe de Bonafini, y que gerenciara Sergio Schocklender. No fue casual que de inmediato se iniciara el proceso de impunidad con el pícaro eslogan “a las madres de Plaza de Mayo no se las toca”, como si las pobres madres que perdieron a sus hijos en la dictadura fuesen además responsables de defraudaciones. Nadie duda que la sra. Bonafini carece del conocimiento y formación necesaria para manejar una empresa constructora, con un volumen de ingresos que tienen pocas empresas nacionales. La responsabilidad de la sra. de Bonafini, que no es judiciable, es haber mezclado derechos humanos con adhesiones políticas irrestrictas en base a aportes de dineros públicos. Punto y aparte. Sergio Schocklender por su parte, es un emergente que aprovechó el total descontrol de los fondos. Quienes deberían estar en el foco inicial de las sospechas y consecuentemente de las investigaciones son el Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, arqto. Bontempo, y Subsecretarío de Obras Públicas ing. Fatala, responsables del otorgamiento del dinero, seguimiento de su aplicación y control de las rendiciones, lo que debería constar en un expediente único y cronológicamente ordenado, con informes de varias instancias de control. Cuando manifiestan que “delegaron” esta responsabilidad en otras jurisdicciones, es falso: sus responsabilidades como otorgantes de los fondos públicos son indelegables. Esto explica porque el juez Oyarbide se dedica con exclusividad a Schocklender, mas allá de que el caso concluya sin castigos, dado que lo que sí conoce muy bien Schoklender es la ruta y distribución del dinero. Por lo tanto lo que la ciudadanía intuye es correcto: caso cerrado.

Respecto al caso Ciccone Calcográfica el ardit se repite: el apellido “impacto” es el del vicepresidente Boudou, obviando un agravante: la Presidenta no puede decir “qué vicepresidente me pusiste Néstor”. Es lógico suponer que el Caso Ciccone implica una serie de influencias políticas que incluyan a Boudou, pero al igual que en la Fundación de Bonafini con Schocklender, Boudou no es el fondo de la cuestión. En este caso las investigaciones deben comenzar por el origen del problema, que es el expediente judicial por el que el juez en lo Comercial Javier Cosentino decretó en el 2010 la quiebra a solicitud de la AFIP, y pocos meses mas tarde, el 24 de septiembre del mismo año de la quiebra, decidió el levantamiento de la misma. Las criticadas gestiones de la AFIP para otorgarle un excepcional financiamiento de la deuda a Ciccone Calcogáfica (convertida en una nueva empresa), y la nota del en ese entonces ministro de Economía Boudou apoyando esta excepcionalidad, son posteriores al levantamiento de la quiebra. La gran pregunta a responder entonces es: porqué y con qué elementos levantó el juez Cosentino la quiebra?

Ambos casos siguen la misma matriz: se utilizan meses de investigación en búsqueda de documentos que deberían estar contenidos en un único expediente (de Obras Públicas en un caso y judicial en el otro), y se centra el foco de atención en dos personajes secundarios: Schoklender y Boudou. Ambos casos también presentan a futuro el mismo interrogante: mantendrá pese a todo el grupo Cirigliano la concesión de transportes ferroviarios? Justificará pese a todo Ciccone Calcográfica su nueva existencia en base a contrataciones con el Estado? La matriz de impunidad vigente desde hace décadas indicaría que sí.

El que más claramente se manifestó respecto al futuro del caso Ciccone fue el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. Señaló que habrá mucho ruido pero terminará como con los sobreseimientos de Skanska. Debemos compartir su intuición. Podría haber agregado también las coimas IBM-Banco Nación; contrabando de armas a Croacia y Ecuador; enriquecimiento ilícito del anterior Secretario de Transporte Jaime; sobornos en el Senado……

SOBORNOS, COIMAS Y RETORNOS

Señalábamos en la pasada reflexión que lamentablemente las víctimas inocentes de la reciente tragedia en la estación terminal ferroviaria Once no tendrán justicia, porque el caso seguirá la matriz de encubrimiento que no sufrió modificaciones desde las épocas llamadas “neoliberales” ayer, transmutadas en “progresistas” hoy. Ello no debe asombrar, porque los actores en los campos político, judicial, gremial y empresarial son los mismos desde hace dos décadas. Mientras se entretiene a los ciudadanos con debates supuestamente intelectuales más acordes con las mesas de café universitarias que con la acción política real, en el uso de fondos públicos y negocios públicos- privados nada cambió. Sin embargo el reclamo de justicia de las distintas víctimas de la corrupción para que “lo que les sucedió a ellos no les suceda a otros”, obliga a buscar alternativas mayoritariamente compartidas que de una vez por todas generen cambios reales y efectivos. Una propuesta consiste en modificar nuestra condescendencia cultural de los enriquecimientos políticos de turno basada en la frase popular “roban pero hacen”, para instalar y formar a las futuras generaciones en la consigna “las coimas en el Estado matan inocentes”.

El problema sustancial de las coimas entre funcionarios públicos o gremiales con empresarios privados relacionados con el Estado, no consiste en que son difíciles de demostrar, sino en que el dinero empleado no proviene de una monto “resignado” por un particular, sino del propio Estado a través de sobrecostos, incumplimientos de contratos a favor de contratistas, disminución de la calidad del producto o prestación del servicio brindado, y renegociaciones de contratos lesivas para el Estado. Ese dinero “extra” a su obligación contractual, es el que el empresario parcialmente “retorna” a los funcionarios que viabilizaron su injustificado beneficio. En este contexto la única preocupación empresarial consiste en cómo registrar contablemente la salida de dichos fondos; de ahí el surgimiento de intermediarios con roles pocos claros, empresas fantasmas, facturas falsas, etc. En el caso de dádivas (obsequios, viajes al exterior, alquileres de edificios, etc.), el circuito de verificación es más fácil aún que en el manejo de dinero; en estos casos aparece la figura del “testaferro”, con algunas anécdotas hilarantes, como jubilados con ingresos mínimos dueños de departamentos de lujo; trabajadores humildes que son principales accionistas en empresas; monotributistas encabezando consultoras con el Estado como único cliente, etc.

Cabe señalar que esta matriz de corrupción que no sufrió variantes desde hace décadas, no se aplica al sector financiero por la complejidad y múltiples alternativas de la actividad, a lo que se suma su natural componente especulativo o “de riesgo”, por lo que adquiere características más complejas y sofisticadas. En los casos de corrupción financiera, que obviamente existen y pueden tener enorme impacto en las sociedades (ejemplo: licuación del capital de ahorristas), su característica delictiva en general cae en el campo de la defraudación y la estafa.

Esta facilidad en realizar negociados y enriquecerse en base a fondos anónimos conocidos como “fondos públicos” es la peor de las tentaciones, y la causa por la que las coimas son un serio problema en todos los países, y no casualmente, con los ejemplos más escandalosos en los países más pobres. La diferencia entre países entonces no consiste en la debilidad de los políticos ante la tentación, sino en como reaccionan y sancionan cada país los inevitables casos de coimas.

Seamos insistentes al respecto: el esquema de corrupción impune cierra necesariamente con una amplia cobertura judicial. Políticamente a lo sumo existirá una renuncia a un cargo político, o se soportará un largo juicio que concluirá ineludiblemente con sobreseimientos o prescripciones. También es importante tener presente que la coima es apolítica o multipartidaria, según se mire. En el circuito del dinero nadie se preocupa por averiguar si los implicados son peronistas, radicales, neoliberales o progresistas. Vale la pena recordarlo, porque fervorosos debates políticos mediáticos entre “enemigos irreconciliables”, nos hacen recordar a quienes hace años creían que las luchas en los espectáculos de Martín Karadajián eran en serio.

Hablamos de los partícipes necesarios para que la corrupción esté blindada a los castigos y permita su permanente impunidad. El gobierno de turno sólo es uno de ellos. Cabe ahora analizar la forma en que los casos de corrupción llegan a conocimiento de la sociedad, y de que manera la información, inevitable en una democracia, puede ser distorsionada para neutralizar su impacto político, ocultar responsables, confundir elementos probatorios, y alcanzar finalmente la legalización de la impunidad. En la próxima reflexión comentaremos dos casos cercanos y vigentes: la defraudación de fondos públicos en la Fundación Sueños Compartidos, encabezada por Hebe de Bonafini, y el caso de Ciccone Calcográfica.

LAS COIMAS EN EL ESTADO MATAN INOCENTES

A poco más de quince días de la tragedia en la estación de ferrocarril Once con 51 víctimas fatales, el suceso merece una reflexión enmarcada en lo político. Formularla ahora no responde a cumplimentar con la frase de circunstancia “respetar el luto”, porque el dolor por la injusta ausencia de los fallecidos no tiene tiempos, sino observar el accionar de funcionarios de gobierno, dirigencia gremial, acción judicial y actores políticos en general, en los días posteriores a la catástrofe. Se repitieron las habituales invocaciones y excusas utilizadas en los sucesos que involucran al Estado como controlador y a privados como operadores/ejecutores: “fué un error humano”; “yo avisé que iba a pasar”; “la investigación llegará hasta las últimas consecuencias”, entre otras. Pasó con la tragedia del avión de Lapa en 1999 con 65 muertos; en el derrumbe de las minas de carbón de Río Turbio en 2004 con 4 muertos; en el incendio de Cromagnon también en 2004 con 192 muertos; en el choque de un colectivo con un tren de la línea Sarmiento hace menos de seis meses en la estación Flores con 9 muertos.

En todos los casos la historia se repite: los angustiados familiares de los afectados claman en vano por justicia, para que las irresponsabilidades no se repitan. Sin embargo las impunidades se sostienen con una firmeza y reiteración digna de mejores objetivos. Si los pilotos de aviones, conductores de trenes o colectivos mueren, los errores son humanos, y caso cerrado. Si este primer recurso no es posible, jueces y fiscales diluyen pruebas con engorrosas investigaciones judiciales, en las que priman la morosidad en el manejo de los tiempos, la arbitrariedad en las decisiones y los ocultamientos de elementos probatorios, que eviten el justo castigo a los funcionarios públicos y/o empresarios privados responsables. Cabe preguntarse entonces si la recurrente matriz estrago/delito-intercambio de excusas y acusaciones que aporten confusión-maraña judicial intencionada-sobreseimientos de los culpables o prescripciones si los sobreseimientos tienen extremado costo político, puede ser atribuída a la casualidad. Obviamente que no. Más aún cuando los actores políticos y judiciales desde Menem a la fecha son los mismos. Solo un claro ejemplo: los jueces federales Oyarbide; Servini de Cubría; Canicoba Corral y Bonadío fueron denominados en su momento por los progresistas “jueces emblemáticos del menemismo”. Sin embargo los partícipes del neoliberalismo de ayer mutados en progresistas hoy, no solo los mantuvieron en sus cargos neutralizando todas las denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura, sino que tratan sin disimulo que las causas mas conflictivas por corrupción estatal terminen en sus juzgados. Nuestros políticos nos engañaron ayer con sus acusaciones a los jueces o nos engañan hoy?

Para los familiares de las víctimas de Once no habrá esperanzas. El curso de acción del juez Bonadío lo refleja claramente en sus dos medidas fundamentales: caratuló a la causa como “estrago culposo seguido de muerte”, y no como un “hecho doloso”. Y admitió como querellante al Estado, uno de los dos principales responsables, para que pueda conocer e intervenir en la marcha del expediente, y fundamentalmente demorar la causa, hasta que el tiempo diluya el impacto en la opinión pública y el hecho se sume a la larga lista de impunidades. Cabe recordar que la acción de querellante por parte del Estado en casos de corrupción, le fue negada por los jueces federales en mas de una ocasión al en ese entonces Fiscal de Investigaciones Administrativas, dr. Manuel Garrido.

Es el Estado el principal responsable? Como tal le cabe la condición de principal, pero de ninguna manera único. Para desentrañar esta matriz de corrupción que arrasa con vidas inocentes no caben las especulaciones políticas, sencillamente porque las víctimas de estas tragedias no son beneficiarios de altos salarios estatales que le permitan debates insustanciales acerca de modelos, neoliberalismos y progresismos. Los que mueren son trabajadores peronistas, radicales, socialistas, apolíticos, y porque no, algunos neoliberales. El mantenimiento de la matriz de corrupción a través de distintos gobiernos indica que tiene partícipes necesarios dentro de un contexto político que excede al oficialismo de turno. No es casual que los políticos referenciales de supuestos oficialismos y supuestas oposiciones, empresarios relacionados con el Estado, gremialistas y jueces federales, sean siempre los mismos.

Solo basta mencionar un ejemplo. A cinco días de producida la tragedia de Once, un programa televisivo político invitó a dos gremialistas ferroviarios, a la diputada Adriana Puiggrós por el oficialismo, y al diputado Claudio Lozano por la supuesta oposición. Ante una pregunta del periodista a los gremialistas respecto a porqué las formaciones de trenes salían si no cumplían los requisitos de seguridad, éstos manifestaron que los maquinistas que formularon esta advertencia fueron sancionados por la empresa. Sorprendente. No están los gremialistas precisamente para defender a sus representados ante estas injusticias, más aún con un gobierno autoproclamado nacional y popular?

La diputada Puiggrós nos informó que el problema ferroviario se inició en 1962 durante el gobierno de Frondizi, y en su reseña llegó hasta el 2003, en donde enmudeció. Completó las insólitas declaraciones el diputado Lozano, que acorde con su rol de “duro opositor”, dijo que el problema de la concesión lo había hecho público en reiteradas ocasiones, pero que lamentablemente los organismos públicos nacionales no habían respondido a sus pedidos de informes y entrega de documentación. Cómo, para tal pasividad en obtener información se le otorga como diputado inmunidad judicial para ser detenido, y cobra $ 35.000 de dieta y otras dádivas como viajes al exterior y pasajes aéreos? Es necesario que tengamos que enterarnos por periodistas de investigación datos, fechas, contratos, incumplimientos, de distintos casos de corrupción, porque ningún legislador es capaz de proveerla? El término oposición tiene una resonancia política trascendente, más si recordamos a legisladores como Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, Florentina Gómez Miranda, entre otros. A los actuales supuestos opositores deberemos llamarlos mínoría complaciente, cuando no cómplice ya sea por acción u omisión.

Entrar en el juego de centrar costos políticos exclusivamente en el Gobierno a través de su Presidenta, nos distraerá del fondo de la cuestión, que reside en la existencia de una aceitada matriz de impunidad, que necesita de múltiples actores adecuadamente distribuídos en los distintos estamentos institucionales. Cómo salir de esta trampa? En primer término aceptando nuestras propias culpas como sociedad. Somos extremadamente complacientes con la corrupción política, reflejada en una frase popular que abarca al menos dos generaciones y mantiene plena vigencia: “roban pero hacen”. Es momento de aunar esfuerzos fundamentalmente educativos y culturales para formar a nuestros jóvenes con un nuevo parámetro cultural: “las coimas en el Estado matan inocentes”.

Lamentablemente los familiares de las víctimas no tendrán justicia; ni siquiera resarcimientos económicos acordes al daño, porque los montos asegurados para estos servicios masivos son escandalosamente bajos. En nuestra próxima reflexión profundizaremos acerca de la matriz de las coimas, y colindantemente, como se maneja el debate público para encubrir en cada caso el fondo de cuestión.