Irá presa Cristina?

Si existe un tema en el que no hubo ni habrá “grieta”, es el referido a la corrupción estatal-privada. Es un fenómeno mundial. La tentación es enorme: el dinero a sustraer es “el de los impuestos de todos”, vale decir, dinero sin dueños identificables. Todo comienza con el armado de una logística de sustracción e impunidad, de la que participan funcionarios, empresarios asociados, testaferros, gremialistas, organismos de control, jueces y fiscales. Las ideologías son irrelevantes: intervendrán peronistas, radicales, progresistas, apolíticos, derechas, izquierdas, y hasta algún integrante del clero. En los controles administrativos y judiciales se aplica un principio de la economía liberal: “Dejar hacer; dejar pasar”.

Este circuito consolidado desde hace décadas, tambaleó al asumir un gobierno de distinto signo político en diciembre del 2015. Pero si bien se reemplazaron las cúpulas de organismos del Ejecutivo, legislativamente el oficialismo es minoría. Y obviamente, se mantuvieron las estructuras judiciales, gremiales y empresariales. En este contexto la red de impunidad lucha denodadamente para sobrevivir. Una de las estrategias apela a la propaganda política, cuya esencia consiste en influenciar y direccionar a la opinión pública a través de estudiados mensajes breves y contundentes. No se debe decir “Cambiemos es la derecha”, sino “Macri es la derecha”. Contra lo que se cree, estos mensajes “simples” no se destinan solo a los sectores más postergados económica y culturalmente, sino a todas las franjas sociales. En paralelo, existen mensajes más sofisticados dirigidos a sectores llamados dirigenciales o de poder. La brevedad del eslogan es reemplazada por textos, conceptos, declaraciones en “off” y cifras nunca certificadas.  También difiere el léxico empleado. Mientras en el debate político predomina el agravio, la insustancialidad y denuncias cruzadas, en las esferas privadas y judiciales desaparecen las adjetivaciones rotundas: no hay jueces o fiscales corruptos, sino “lentos”. No hay empresarios visibles que pretenden mantener prebendas, sino misteriosos “círculos rojos”. Como voceros suelen utilizar a terceros que actúan a modo de oráculos de la antigüedad, en los que sacerdotes o pitonisas interpretaban a los dioses o anunciaban sucesos a través de señales físicas o simbólicas. 

Vaya como ejemplo el artículo de Marcelo Bonelli publicado en Clarín el día 17 pasado, titulado “Presidente: ¿porqué no va presa Cristina Kirchner?”.  Se inicia con un fenómeno parasicológico, al hacer referencia a una conversación que mantuvieran el ex Jefe del Gobierno español Felipe González y Mauricio Macri “a solas” (el micrófono estaba escondido en el florero?). La supuesta inquietud del español residía en saber “si Cristina irá presa”. La pregunta en realidad es recurrente en medios de comunicación, con resultados igualmente recurrentes: favorecer una vez más la impunidad. Su eventual detención generaría debates estériles, sin determinar inocencias y culpabilidades. Esa trampa ya se usó con Menem, que fuera detenido por corto tiempo, y pese a estar condenado ejerce como senador. No debiera sorprender que esta exitosa estrategia se use también con Lázaro Báez y José López, liberándolos cuando cumplan dos años de detenidos, mientras jueces y fiscales continúan lentificando las investigaciones. La pregunta correcta debiera formularse al Poder Judicial: “Cuándo serán elevadas las causas a juicio oral y público, con fecha establecida?” Otro interrogante no menos importante debiera responderlo los integrantes del Poder Legislativo: cuándo aprobarán la ley de Extinción de Dominio, que permitiría la incautación por parte del Estado de parte de los fondos sustraídos? Por ejemplo, los nueve millones de dólares de José López. Mientras no haya respuestas, dejemos a Cristina en el Calafate enviando tweets contra el gobierno.

La parte final del artículo de Bonelli abandona las inquietudes morales de inversores extranjeros, para transmitir inquietudes más mundanas del “círculo rojo” criollo: transparentar los precios paralizó las ventas, y el negocio financiero de las tarjetas de crédito cayó en picada; el Banco Central interviene para sostener el dólar; la apertura de importaciones; la caída de consumo (no de precios). Un párrafo del artículo expresa que “Muchos empresarios locales resolvieron postergar decisiones económicas hasta que se aclare si la ex Presidente tiene reales chances electorales”. Dado que el Estado jamás recuperó el dinero que le fuera sustraído, se debería clarificar si las dudas consisten en establecer si la corrupción continuará, o será desactivada y deberán competir sin la lecha materna del Estado.

Buenos Aires, 28 de marzo 2016 

Seguir siendo sin haber sido

Suele afirmarse que cometer los mismos errores arroja las mismas consecuencias. Lo que no termina de dilucidarse, es porqué los dirigentes que los cometen pueden mantenerse por décadas. Surge un interrogante: esas eternas permanencias aplicaron políticas supuestamente distintas?. Previo a responder, establezcamos si el término “distinto” se aplica al envase o al contenido. El filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard, crítico de la sociedad de consumo, señalaba en la década del 70 que la publicidad constituía “un mundo inútil, inesencial”. No solo porque trata del consumo, sino porque la misma publicidad se convierte en objeto de consumo. Aplicado el concepto a la política, el envase es el dirigente. Muchos de los que actuaron en la época de Menem, lo hicieron en la de Kirchner, y continúan hoy. Los contenidos son las políticas aplicadas. Fueron distintos el “neoliberalismo” privatizador de Menem,  y el “populismo” reestatizador de Kirchner?. En ambos casos coincidieron necesidades recaudatorias del Estado, vaciado de recursos. También fueron similares los contextos: éxitos electorales, empresarios con prebendas, gremialistas complacientes, justicia cómplice y oposición laxa, que derivaron en una desaforada corrupción estatal-privada. No debiera sorprendernos entonces que los mismos que privatizaron años más tarde reestatizaron.

Asegurar impunidad en una democracia implica una sólida trama de complicidad entre los partícipes necesarios políticos, empresarios, gremiales y judiciales. Reemplazar parte de estos eslabones pone en riesgo esta compleja red (ejemplo Aduana). Por ello, tras los justos reclamos sociales de las víctimas del saqueo al Estado, actuarán quienes pretenden salvar sus libertades y patrimonios. Ejemplifiquemos lo planteado con casos de añejos “envases” pertenecientes a bodegas políticas, empresarias y judiciales, que intentarán cambiar de etiqueta, pero no de contenido, apelando al recurso psicológico de la “doble personalidad”. Consiste en sufrir amnesia por los pecados pasados (lado malo), mientras se rediseñan las “etiquetas” de los viejos discursos incumplidos, con esperanzadoras promesas de futuro (lado bueno).

Como ejemplo político mencionaremos a Alberto Fernández, de buena formación intelectual y trato respetuoso, que pretende ser legislador por el Frente Renovador. Habitual asistente a programas de opinión, es crítico del actual gobierno. Cuando se lo interroga respecto a la corrupción del kirchnerismo, responde: “mientras yo estuve como Jefe de Gabinete entre mayo del 2003 y julio del 2008, salvo Skanska y Antonini Wilson, no vi corrupción”. Sin embargo, el propio Fernández se enorgullece de su rol en el Grupo Calafate, creado hace 20 años, que sirviera de soporte para la candidatura y acceso a la presidencia de Néstor Kirchner. Época en la que se conformó la matriz de negocios públicos-privados que se trasladó posteriormente a la Nación. Fernández pudo observar la estructura política feudal de Santa Cruz, y compartir múltiples reuniones con los funcionarios provinciales Julio De Vido, Ricardo Jaime y José López, entre otros. Desde entonces observó solo dos casos de corrupción? De ser así, su capacidad perceptiva y autocrítica es muy limitada.

En el ejemplo industrial, José de Mendiguren fue Ministro de Producción de Duhalde en el 2002, promoviendo una fuerte devaluación y estatización parcial de deudas privadas en dólares. Actualmente es diputado por el Frente Renovador. Declaró que “las importaciones, dólar bajo y presión impositiva aumentan los problemas de competitividad de la industria”. Lo dijo en el 2002 o en el 2017? Mendiguren es persistente: hace 15 años y ahora.

En el campo judicial, el juez Casanello y el fiscal Marijuán, tras eludir durante tres años investigar al empresario Lázaro Báez, al difundirse el video con su hijo y allegados contando millones de dólares en Puerto Madero, comenzaron a moverse. Pese a la espectacularidad de algunas diligencias, recientemente los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah dictaminaron que en nada avanzaron para vincular los fondos manejados por Báez, con el irregular otorgamiento de obras públicas a sus empresas, y sus relaciones con lo más alto del poder. La justicia también es persistente. Continúa tan lenta y evasiva como siempre.

En la próxima opinión comentaremos un artículo de Marcelo Bonelli titulado “Presidente: ¿porqué no va presa Cristina Kirchner?”, publicado en Clarín el 17 de marzo pasado. Refleja el juego entre política, empresas y justicia.

Buenos Aires, 22 de marzo 2017

Rebelión en las sombras

Hasta el año 1976, la escenografía golpista era fácilmente visualizable. En medio de “grietas” profundas, Hipólito Irigoyen, Juan Perón, Arturo Illía e Isabel Perón, eran derrocados por acciones militares violentas y víctimas inmediatas. Producido el primer “emprolijamiento” institucional a través de la designación de un gabinete, resurgían civiles de las elites políticas, judiciales, empresarias y gremiales, dispuestos a asumir “el momento histórico”. Los escasos ejemplos de dignidad y resistencia, no eran suficientes para torcer el rumbo de los hechos.

La recuperación de la democracia en 1983, extinguió la amenaza golpista uniformada, pero no neutralizó las fuertes cuando no violentas pujas de intereses sectoriales políticos y económicos. El término “golpista” fue sustituido por el más sofisticado “destituyente”. En 1989 Alfonsín debió renunciar a seis meses de finalizar su mandato en beneficio de Menem, quien no pudo frenar la hiperinflación hasta un año más tarde, cuando Cavallo implementó la convertibilidad. En el 2009 Menem traspasó el gobierno a De la Rúa, quien debió renunciar a tan solo 24 meses de haberlo asumido. Tras una crisis de poder inédita, y el efímero Rodríguez Sáa declarara el “default” de la deuda externa, en enero del 2002 la Asamblea Legislativa designó a Duhalde como presidente. El “corralito” se transformó en “corralón”, al incautarse los ahorros de medianos y pequeños ahorristas, y se implementó una fuerte devaluación con un desempleo feroz. Duhalde tampoco pudo completar su mandato, y en mayo del 2003 se inició el ciclo Kirchner. Sus doce años de gobierno ininterrumpido, concluyeron con el 29% de pobreza, y altos funcionarios y empresarios asociados enriquecidos. En diciembre del 2015, al frente de una coalición, asumió Mauricio Macri.   

Pese a éstos cercanos ciclos históricos en democracia, con tres mandatos presidenciales inconclusos, los análisis políticos omiten profundizar sobre las causas estructurales que explican la recurrencia de fracasos. Un aspecto que no se puede obviar, es que los principales actores políticos, empresariales, gremiales y judiciales de las últimas dos décadas, son los mismos.  Esta realidad no podrá modificarse en la próxima elección legislativa, que solo servirá para renovar mandatos o alcancen el beneficio viejos políticos. Pero debería servirnos para juzgar con otra óptica los rancios discursos o “tweets”, y repetidas estrategias propagandísticas. Destaquemos algunos puntos de partida.

1.- No aceptar que las eternas dirigencias intenten una vez más ocultar sus culpas, delegándolas en los apellidos Menem, De la Rúa, Duhalde o Kirchner.

2.- No permitir que las viejas elites oculten intereses y/o negociados tras urgencias, pobreza y protestas sociales, que paradójicamente, ellas mismas generaron. Los acuerdos sectoriales no se plasman en manifestaciones, sino en ámbitos más recoletos, usualmente de cinco estrellas.

3.- No aceptar, sean del oficialismo, oposición o entidades privadas, montos, cantidades o porcentajes que no estén respaldadas en información pública detallada que los sustente, para evitar su utilización como factor de presión. Los datos reales siempre existen.

4.- No aceptar generalidades dialécticas o mensajes y/o conceptos que buscan ocultar y/o falsear verdades. Expresar que hay dirigentes, empresarios o jueces “buenos y malos”, es no decir nada. O por el contrario, ejercer la “coacción” mediante denuncias oportunistas sin pruebas consistentes.

Previo a ejemplificar en la próxima opinión conductas incongruentes y/o falaces con nombres y apellidos, es necesario mencionar dos aspectos que explican parcialmente la prolongada permanencia dirigencial.  Uno, de origen legal, que incluye a corporaciones privadas y gremiales, se sustenta en regímenes electorales absolutamente restrictivos en cuanto a la opción ciudadana/afiliado de elegir, y extremadamente dúctil para permitir continuidades en los cargos. El otro, de origen psicológico, es conocido como “doble personalidad”, y es utilizado para disimular oportunismos. Vale decir que entre lo que se dice y se hace, en nuestro país hay muchos Dr. Jekyll y Mr. Hyde, famoso personaje de la novela de Stevenson.

Buenos Aires, 15 de marzo 2017

Arrepentimiento religioso o judicial?

Desactivar la matriz de la corrupción estatal-privada instalada en el país desde hace al menos 25 años (una generación), no será nada fácil. La sólida trama delictiva conformada por políticos, empresarios, gremialistas e integrantes del poder judicial, ha desplegado una estrategia de confusión y ocultamiento hasta ahora exitosa, destinada a mantener libertades y patrimonios mal habidos. Existen elementos que lo manifiestan.

Contra lo que se pretende hacer creer, la Justicia no modificó su actitud indolente en cuanto a tiempos, tramitaciones, y demoras increíbles para iniciar juicios orales y públicos. No debiera asombrarnos: los mismos jueces y fiscales que mantuvieron paralizadas las causas, hoy simulan activarlas tras lentas y publicitadas rondas de declaraciones de imputados o procesados, que en la práctica se reduce a presentar escritos sin responder preguntas. Solo compararnos con Brasil nos humilla. En el caso Lava Autos, iniciada hace menos de cuatro años por una investigación menor en Curitiba por el juez local Moro, se comprobó una enorme red de sobornos local e internacional en cabeza de empresas con Petrobras y Odebrecht. Hoy altos funcionarios y empresarios han sido juzgados y condenados. La única verdad es la realidad. En Brasil, el poderoso empresario Odebrecht está condenado y preso. En Argentina, el condenado senador Menem legisla.

Varios legisladores por su parte, priorizan luchar para renovar en la próxima elección sus mandatos vencidos. Ni hablar de los políticos de a pié que pretenden acceder a la condición de “representante del pueblo”, manteniendo fueros no previstos en la Constitución, que los protejan en caso de delitos comunes. La ley de Extinción de Dominio se encuentra paralizada en el Senado. La Ley del Arrepentido se promulgó en octubre del 2016, seis meses más tarde que el fiscal Raúl Pleé escribiera un artículo señalando que la ley ya existía, y solo debía ser ampliada. Tras esta nota, Fariña declaró bajo la figura del arrepentido. El Consejo de la Magistratura mantiene su inoperancia. Pese a todo, hay quienes en campaña electoral pretenden entretenernos con modificaciones al Código de Ética.

Los mensajes “todos somos ladrones” se suceden. En las causas que involucran a altos funcionarios por el cobro de coimas, éstos interrogan capciosamente: porqué no investigan a los empresarios, en especial a familiares y amigos de Macri? El ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández afirmó en defensa de José López, que “una coima no es robarle al Estado”. Demos respuesta a esta falsedad, sin caer en la trampa del debate ideológico. Para ello ejemplifiquemos con dos contratistas antagónicos: Lázaro Báez, amigo de la familia Kirchner, y Ángelo Calcaterra, amigo del presidente Macri. No solo en Argentina sino en el mundo, las coimas de contratistas del Estado surgen de sobreprecios acordados previamente entre funcionarios y empresarios. Vale decir, son recursos públicos, no privados. Inclusive en los países más pobres las coimas son más altas. Al recibir el empresario el primer pago estatal, la coima se “retorna” a los funcionarios por vías privadas, pagándoles alquileres, servicios no prestados, etc. Es de  suponer que tanto Báez como Calcaterra aportaron el correspondiente diezmo.

Surge entonces la pregunta: la investigación debería comenzar por el empresario o por el funcionario? Este último presenta dos debilidades: 1) haber autorizado el sobrecosto de la obra; 2) casi seguramente, exhibir un enriquecimiento patrimonial injustificado. Ambos aspectos no deberían tener mayor complejidad investigativa y probatoria, mediante peritajes correctos. Solo ante pruebas concretas, podrían producirse arrepentimientos “judiciales” de los acusados, prestando además colaboración para desactivar la trama delictiva, en búsqueda de disminuir sus penas. La otra alternativa sería un arrepentimiento “religioso”, que nace de la convicción íntima de retomar la senda moral del cumplimiento de los mandamientos de Dios. No creemos que Báez, Calcaterra u otros empresarios, alcancen este estado espiritual y místico. Cabe entonces preguntarse: están jueces y fiscales recolectando las pruebas necesarias para dar lugar a los más mundanos arrepentimientos judiciales?

Buenos Aires, 08 de marzo 2017

Excelentes, buenos o inútiles

Continuando con las repercusiones causadas por el acuerdo Gobierno-Correo Argentino, intentaremos la disección de algunos de los cerebros políticos opinantes sobre el tema, para encuadrarlos según los tipos descriptos por Maquiavelo: excelentes, buenos o inútiles.

Es importante evaluarlos, porque en sus roles ejecutivos, legislativos y judiciales, sean oficialismo u oposición, determinan el nivel de desarrollo y calidad democrática de un país. Si bien son poderes independientes en cuanto a  obligaciones específicas, son interdependientes para el logro de resultados institucionales coherentes. Por ello, es lógico Incluir al poder judicial en el campo de los cerebros políticos. Para comprender el genérico término “político”, es conveniente compararlo inicialmente con el de estadista, que define al arquetipo político que aspira a lograr objetivos superiores de largo plazo, a partir de la realidad en la que convive. La definición de político es más sucinta y concreta: “es quien se dedica a la política”. No agrega exigencias complementarias de tipo ético-morales, bondad o capacidad intelectual. Esta diversidad obliga a que los partidos con aspiraciones de poder o que lo ejerzan, deban contar con quienes a los requisitos de capacidad, honestidad y actitud que se supone deberían cumplir quienes ocupan cargos públicos, no fáciles de lograr simultáneamente,  le agreguen la condición de “hábil político”, para mediar entre intereses superiores, intereses sectoriales y eventuales juegos políticos de coacción. Este perfil destinado a conciliar objetivos de gobierno con posibilidades de implementación y oportunidad, puede describirse a través de una frase popular y entendible: “alguien que sepa meter los pies en el barro”. No en vano, en política es más habitual el término “negociar” que “acordar”. Más aún en nuestro país, en donde los acuerdos muchas veces encubrieron intereses personales y/o espúreos. Los antecedentes de las últimas décadas hacen necesario aclarar que este perfil político no excluye la honestidad.

En el caso Correo Argentino, comenzaremos con las disecciones de los cerebros de los funcionarios del Ejecutivo, que sabiendo que el acuerdo involucraba indefectiblemente al presidente Macri, por estar el grupo ex concesionario litigante encabezado por su padre Franco,  fallaron notablemente en el manejo político. Se debería haber brindado la mayor información pública posible sobre los antecedentes, alternativas de acuerdo posibles y tratativas en curso, destinadas a cerrar un conflicto de larga data. No sucedió, por lo que los cerebros de los funcionarios intervinientes deberían ser catalogados como inútiles. Pero se les presenta una oportunidad.

Una vez más a través del periodismo serio, por notas propias o reportajes a especialistas, la sociedad pudo conocer y/o recordar detalles concretos del caso irresuelto desde hace más de 12 años. Como consecuencia, quedaron planteados interrogantes cuyas respuestas no debieran demorarse. El dictamen de la fiscal Boquin deberá desmenuzarse para establecer su solidez y legalidad. Los expertos tendrán que definir si el concurso de acreedores congela o no los intereses de deuda, y evaluar los efectos de una eventual quiebra del Correo.  Es en esta actualizada etapa administrativa y judicial, que los funcionarios tendrán la oportunidad de actuar con profesionalidad y claridad ante la opinión pública, para que sus cerebros asciendan a la categoría de buenos.

Los cerebros inútiles también abundaron entre los opositores, que a falta de informar, se dedicaron a twittear eslógans irrelevantes y oportunistas. El senador Solanas, por ejemplo, afirmó que “el Gobierno perdonó 70.000 millones de pesos”. La diputada Donda no se quedó atrás, cuando con calculadora en mano, afirmó que “el acuerdo con el Correo equivale  a siete bolsos de José López”.

La mayor coherencia la exhibió el justicialismo kirchnerista, al utilizar el caso para sostener su estrategia exculpatoria por hechos de corrupción, basada en  que en realidad “todos somos corruptos”. El más demostrativo fue el diputado Recalde, quien con alegría afirmó que “con el acuerdo, el delito se consumó”. Por claridad de objetivos, merecen que sus cerebros se consideren buenos.

Buenos Aires, 02 de marzo 2017