ÁRBOL NAVIDEÑO POLÍTICO

Los regalos navideños del año que concluye despertaron en los políticos una especial expectativa. Presurosos fueron los primeros en abrir los paquetes con su nombre, para comprobar si contenían la respuesta al motivo de tanta ansiedad: sus destinos políticos a partir del 2015. Quieren seguir perteneciendo a la más privilegiada y codiciada jerarquía laboral de nuestro país: la que Jorge Asís, con su habitual ironía, llamó la Planta Permanente de los altos cargos públicos. Los beneficiarios no son egoístas en el usufructo, sino que lo extienden a familiares directos y amigos.  

La sustitución de partidos políticos tradicionales consolidados por agrupaciones circunstanciales y amorfas bajo nombres rimbombantes como Victoria, Renovación y Unión, hace más compleja la estrategia de permanecer. Pero además genera una consecuencia nociva para la sociedad, que debe mantener con sus impuestos la estructura administrativa-institucional imperante; la multiplicación desmesurada de organismos y asesorías sin responsabilidades específicas, algunos de nombres estrafalarios, o más grave aún, designación de funcionarios en atractivos cargos con la misión de omitir, paralizar, ocultar. El mejor ejemplo son los mal llamados Organismos de Control. Esta desmesura se debe a la cobertura que la cofradía política, circunstancialmente oficialista u opositora, brinda a quienes deben dejar la Planta Permanente, sea por vencimiento de mandato, pérdida de elección, o compromisos políticos. La alternativa de bajar al llano para trabajar como un ciudadano más no está prevista.

Con un sistema al menos bipartidista consolidado, el esquema se clarifica. Dentro de los partidos A y B se generaban las disputas, los debates, las selecciones, hasta concluir en el candidato presidencial, equipo y propuesta. Pero desde hace más de una década, se ofrece a la sociedad agrupaciones sin identidad, cuyos objetivos casi exclusivos son alcanzar y/o mantener el poder. Las ofertas electorales se particionan en escasos y supuestos 25%, que obligan a permanentes negociaciones entre ellas, en transacciones al estilo de “escucho ofertas”. Obviamente, todo atisbo de plan de gobierno está ausente. Ya no sorprende que gobiernos autoproclamados progresistas se apoyen en rancios gobiernos provinciales; que una emblemática madre de Plaza de Mayo se abrace a un jefe de Ejército sospechado de la desaparición de un soldado conscripto; o que un dirigente radical diga que “Macri es mi límite” y haya ido a elecciones integrando lista con De Narváez.  

En nuestro carácter de ciudadanos comunes intentaremos transitar esta etapa veraniega lo más relajados posible, dejando que nuestros políticos resuelvan como se ubican entre las alternativas A, B, C y D. Los traspasos, obviamente, se darán con cargo bajo el brazo. Promesas vanas abstenerse. No será tarea fácil. Vencen los cargos legislativos de, entre otros, Víctor De Gennaro, Díaz Bancalari, Julían Domínguez, Roberto Feletti, Claudio Lozano, Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Carlos Raimundi, Eugenio Artaza, Rubén Giustiniani, Luis Juez, Roxana Latorre, Graciela Giannettasio, Mario Negri, Miguel Bazze, Andrés Larroque, Carlos Reutemann, Rotjés de Alperovich, Ernesto Sanz, Carlos Verna, Facundo Moyano. Sumemos a los que pujarán por ingresar a la Planta Permanente. El ex radical Leopoldo Moreau, por ejemplo, intentará ser premiado por su reciente adhesión al proyecto kirchnerista, a costa de usufructuar la memoria de Raúl Alfonsín, utilizándolo para comparar sus objetivos de gobierno con los de Néstor Kirchner. Felizmente, para no saturar el mercado, muchos de los que juegan a ser presidente o gobernador tienen cargo legislativo por dos años más.

Diría Bill Clinton, uno de cuyos asesores trabaja para Daniel Scioli: el problema no es perder ahora el tiempo con encuestas de adhesión interesadas e inútiles, sino acordar los candidatos a gobernador y armar las listas sábana de legisladores, estúpido!

En política, como en la vida, nada es permanente, aunque muchos lo deseen. Como ciudadanos poseemos un instrumento temido por asesores, publicistas y políticos: el voto. Sin prejuicios ni adhesiones previas irrestrictas, pongamos a todos los candidatos, sus discursos y propagandas, bajo la lupa.

Continuaremos reflexionando a partir de febrero próximo.

POLÍTICA MÁS ESPIONAJE, SUPONE INTELIGENCIA?

El reciente descabezamiento de la cúpula de la Secretaria de Inteligencia, creada por Ley 25.520 sancionada el 27 de septiembre de 2001, en reemplazo del hasta entonces llamado Servicio de Informaciones del Estado (SIDE), mueve a formular reflexiones en carácter de simple ciudadano, carente obviamente de toda información privilegiada. Las fuentes de análisis son dos: 1) los medios de comunicación, que poseen fuentes válidas bien informadas y no necesariamente confiables, que según el caso pueden actuar bajo reserva de identidad; 2) la ley que regula el funcionamiento del organismo, de la que poco se habla.

Lo que surge claramente cuando se descabeza una conducción completa de un organismo, es que no se juzga idoneidad, sino los resultados políticos de su accionar. Surge entonces la primera preocupación. Si el malestar surgió por frivolidades como la no previsión en su momento de la candidatura de Massa en las últimas elecciones legislativas, o por acciones antidemocráticas, como la de no mantener el acuerdo con los jueces federales para posibilitar cobertura de impunidad en los casos de corrupción contra bienes del Estado, no hemos avanzado nada en cuanto al manejo profesional del servicio de inteligencia del Estado, tras 31 años de democracia.

Esta duda queda absolutamente develada con la simple y atenta lectura de la mencionada Ley 25.520. El artículo 1° expresa que la ley “tiene por finalidad establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia de la Nación”. El acápite 1 del artículo 2° señala que la tarea de Inteligencia “consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”. Préstese atención: seguridad exterior e interior de la Nación. Finalmente, al solo efecto de esta síntesis, se destaca el artículo 12: “El Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. Cabe preguntarse: cumplió la Presidencia de la Nación con ésta obligación? En caso afirmativo, cuáles fueron los lineamientos estratégicos?

El primer escepticismo lo genera un vicio recurrente de la clase política argentina en general, y que este gobierno llevó a un clímax: poner al frente de Organismos a funcionarios que no tienen el conocimiento y experiencia para conducirlos, siendo el único requisito a valorar el de la “amistad y fidelidad” al líder. Cualquiera puede ser Canciller, presidente de Aerolíneas Argentinas o Ministro de Defensa. Pero aplicar este proceder a los Servicios de Inteligencia es demencial. Por ello, antes que presuponer hasta el hartazgo que los espías tienen una estructura ingobernable, es imprescindible evaluar previamente a los niveles de conducción políticos y los lineamientos específicos dados a la Secretaría de Inteligencia. Que sucedería por ejemplo, si las instrucciones impartidas, en lugar de brindar al país seguridad exterior e interior, como el de volcar esfuerzos prioritarios en desarticular el desarrollo creciente del narcotráfico y detectar sus complicidades locales, se direccionaran a investigar los puntos flacos del juez Bonadío, o cual será la próxima conquista mediática de Redrado? La planta de espías sería responsable de estos objetivos?

Quedarnos en las atribuciones indelegables de la Presidente, sería no solo oportunista, sino falaz. El artículo 31° de la Ley 25.520 crea una Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, con amplias facultades para controlar e investigar de oficio, además de evaluar el Informe Anual de las Actividades de Inteligencia, de carácter secreto. Cumplieron los legisladores que la integran con sus responsabilidades?

Confirmarlo es obligación de los legisladores involucrados, porque no viola ningún secreto. Recordemos sus nombres: María García, Marcelo Fuentes, Eric Calcagno, Juliana Di Tullio, Pedro Guastavino, Juan Irrazábal, Angel Pichetto y Gladys Soto (Frente Para la Victoria); Miguel Bazze, Carlos Marino y Adolfo Valdés (UCR); Silvia Magdalani (PRO); Oscar Castillo (Frente Cívico y Social); Gustavo Basualdo (Producción y Trabajo, de la provincia de San Juan).

En  caso de no funcionamiento de la Comisión, la mayor responsabilidad recae en los representantes de los partidos supuestamente opositores. En una democracia, cuando las mayorías hacen valer el peso de sus votos para incumplir leyes y normativas, el inexcusable rol de las minorías es informarlo de inmediato a la sociedad, y no cejar en su empeño para lograr su aplicación. Caso contrario, sus ineptitudes pueden ser interpretadas como complicidades.

VOLVER AL FUTURO: COMISIÓN INVESTIGADORA 2001

En  la reflexión de la semana anterior dejamos planteado un interrogante: existió en el 2001 una comisión legislativa con el mismo cometido que la que se implementará para investigar la fuga de divisas canalizadas por el Banco HSBC, a través de 4.040 cuentas en el exterior supuestamente no declaradas? Existió, con similitud de objetivos, obtención de documentación y actores políticos intervinientes, que a esta altura de nuestra evolución política trece años más tarde, no debiera sorprender. Este antecedente muestra que estas Comisiones, sea desde la intencionalidad o la ingenuidad, solo buscan hacer creer a través de acalorados debates que pretenden sancionar la corrupción, cuando en realidad buscan ocultar a sus máximos responsables.

Si bien los personajes políticos permanecen, lo que se desarrolló manifiestamente en los últimos trece años es la legislación internacional y normativas bancarias contra las prácticas de fuga y lavado de dinero, y los recursos tecnológicos necesarios para detectarlas. La preocupación inicial, fue combatir el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico internacional. Por ello, antes que a cada una de las 4.040 cuentas, se debería investigar lo actuado por los responsables del Banco Central, AFIP, Unidad de Información Financiera, y obviamente, a la institución financiera involucrada, respecto a su complicidad con los ilícitos. Pero como se sabe que el objetivo político es otro, ni siquiera el HSBC se tomó el trabajo de emitir un comunicado respecto a sus responsabilidades.

En abril de 2001 en la Cámara de Diputados de la Nación, Elisa Carrió presentó junto al demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez, un proyecto de creación de una Comisión Investigadora sobre hechos ilícitos vinculados con lavado de dinero. Una vez aprobada, se conformó con Elisa Carrió y Graciela Ocaña (ARI); el mencionado Gutiérrez (Partido Demócrata); José Vitar (Frepaso); Margarita Stolbizer y Horacio Pernasetti (UCR); Cristina Kirchner y el fallecido Carlos Soria (PJ), y Daniel Scioli, si bien del PJ, incluido como representante del menemismo.

La documentación de base provino de una investigación realizada por una subcomisión del Senado de Estados Unidos, presidida por el senador demócrata Carl Levin, que logró el levantamiento del secreto bancario en dicho país, a partir del testimonio de un testigo reservado que había trabajado con el banquero argentino Raúl Moneta. En los antecedentes que fueron entregados a la Comisión argentina en 18 cajas, figuraban políticos,  empresarios y empresas argentinas privatizadas, entre otras, Edenor; Edesur; Telecom; Telefónica; YPF y Banco Santander. Se describían las llamadas “ruta del dinero”, con participación de reconocidas instituciones financieras, en ese entonces con base de traslado de fondos en Uruguay y Panamá, consultoras, estudios jurídicos, contables, y por supuesto, organismos de control del Estado argentino. Muchos de los sospechados entonces, aparecen involucrados en casos de corrupción actuales, como es el caso de Ciccone.

El trabajo de análisis comenzó en el mes de mayo, y las conclusiones se dieron a conocer en agosto del 2001. Previamente se requirió el asesoramiento y auditoría de un pre informe a Inside Co., organización no gubernamental suiza especializada en el estudio de redes criminales. En su dictamen, Nicolás Giannakopoulos, director de la ONG, destacó que la confiabilidad de las fuentes utilizadas era de un 70 %, que sin ser excepcionalmente alta, es de muy buen nivel para esta clase de informe de uso político. Agregó que si bien la Comisión tenía valiosa información, no era profesional en el análisis y en el procesamiento del material, y criticó duramente “la falta de homogeneidad y de consenso del informe”. Pese a su experiencia, ignoraba que en nuestro país no consensuar un informe final, era un recurso político de manual para licuar su efectividad. Los nueve legisladores, tras duros enfrentamientos entre ellos, increíblemente presentaron cuatro informes distintos: 1) Carrió, Ocaña, Gutiérrez y Vitar; 2) Cristina Kirchner y Soria; 3) Stolbizer y Pernasetti; 4) Scioli.

Evidentemente, a nuestros investigadores les resultó muy difícil acordar como combatir a los “grupos económicos concentrados”. Soria falleció, y de Gutiérrez se desconoce actividad política. El resto de los integrantes continúan cumpliendo relevantes actividades públicas, y pretenden seguir haciéndolo. Lo peor, sin embargo, estaba por venir. En el marco del acuerdo de la clase política en enero de 2002, bajo el paraguas de “un gobierno de salvación nacional” encabezado por Duhalde, en mayo del mismo año el Senado, con el voto mayoritario peronista, derogó la Ley de Subversión Económica vigente. De este modo, se quitó a la Justicia la principal herramienta para sancionar los delitos financieros revelados en la investigación. Resultado del espectáculo: impunidad. La salvación nacional no se detuvo: meses más tarde, el Estado nacional absorbió gran parte de todos los pasivos de los bancos.

Apagar la videocasetera, y retornar a diciembre de 2014.

CRUZADA DE MORALIDAD O PROTECCIÓN DE IMPUNIDAD?

Hace más de 500 años, en su tratado “El Príncipe”, aconsejaba Maquiavelo en cuanto a la fidelidad del poderoso a sus súbditos: “Ante todo es necesario saber disfrazar bien el propio carácter y ser gran disimulador. Son tan simples los hombres y tan sumisos a la necesidad de cada momento, que quien engaña encuentra siempre alguien que se deja engañar”. Expresa más adelante: “Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”. En 1950, Jean- Marie Domenach publicó en París un estudio de las reglas básicas de la propaganda política, desarrollada eficazmente por el hitlerismo y el stalinismo en la segunda Guerra Mundial. Todas ellas confluían en un principio ineludible para el manejo de masas: el predominio de la imagen frente a la explicación, de la emoción frente a lo racional.

Nada cambió en cuanto a estos lúcidos análisis del comportamiento humano para alcanzar y mantener el poder político a lo largo de la historia. En la modernidad, estos principios solo se vieron potenciados por el avance de sofisticadas tecnologías de comunicación. Que explican los costosos presupuestos en asesores de imagen de los candidatos, y en consultoras de medición de imagen. Ni unos ni otras sugieren o miden propuestas concretas de gobierno. No les pagan para eso. Consecuentemente, durante los próximos meses la ciudadanía se verá aturdida por mensajes  en donde rostros sonrientes acompañados por eslógans tales como “estamos con vos”; “el cambio que se avecina”, y otras hibridices similares, pretenderán convencernos que no pertenecen a quienes hacen más de veinte años nos gobiernan bajo circunstanciales ropajes de oficialistas u opositores, sino a virginales templarios que nos conducirán a un futuro de paz y prosperidad. Muchos de ellos son familiares directos de viejos templarios.

Hoy plantear cinco propuestas diferenciadoras de fondo, por ejemplo entre Scioli y Macri, es imposible. Pero algo está claro: Scioli es naranja y Macri amarillo. Más complejo es diferenciar a los integrantes de UNEN: en sus debates abarcan el círculo cromático completo. Dejando de lado cierto humor resignado, queda para los ciudadanos a quienes les interesa informarse políticamente más allá de sus preferencias, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, un ejercicio que no deja de ser desafiante y atractivo: descifrar el sentido subyacente de acciones, mensajes y propagandas, sean oficialistas u opositoras, y cotejarlas con la realidad.

El primer caso a desarrollar no podía ser otro que el de la corrupción, que alcanzó límites de desarrollo e impunidad desconocidos en otro país latinoamericano. Es un juego de alto riesgo político: un halo de moralidad rinde frutos electorales, pero la multiplicidad de casos y personajes políticos, judiciales, empresarios y gremiales involucrados, con plena vigencia hoy, exige que la sangre no llegue al río. A lo sumo alguna condena colateral, como María Julia Alsogaray en representación del menemismo, pero no mucho más. En este contexto, la sociedad asiste resignada a entusiastas acusaciones cruzadas entre funcionarios, jueces y políticos: determinar quién es más corrupto.

El punto de definitiva ebullición y desborde de pasiones pareciera ser la investigación sobre la empresa hotelera Hotesur, perteneciente a la familia presidencial, sospechada de haber recibido retornos de una empresa favorecida con obras públicas en Santa Cruz, y acciones de lavado de ese dinero. En realidad, el caso Hotesur es conocido desde hace más de tres años. Fue el origen de la crítica de Víctor Hugo Morales al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, por haber adquirido dos millones de dólares usando información privilegiada. Citado por Kirchner, este le explicó que los utilizó para comprar precisamente el Hotel Alto Calafate, centro de la polémica. A partir de ese encuentro, Morales entró en el nirvana de la militancia, masajeado con el bálsamo de contratos con fondos públicos. Detectado el elefante, difícil de ocultar por su tamaño, se incorporaron febrilmente una manada de nuevos elefantes, en una clásica maniobra de confusión y encubrimiento, y también de falsos moralismos. Previo a comenzar el ejercicio de reflexión, aclaremos que a diferencia de los clásicos policiales, en Argentina no se debe buscar a los culpables (son demasiados), sino establecer si hay inocentes.

Inicia el juego Echegaray, conductor de la AFIP. Informa que se detectaron vía de documentación de un “arrepentido”, 4.040 cuentas bancarias de argentinos en Suiza supuestamente no declaradas, canalizadas a través del Banco HSBC. Se dejan trascender algunos nombres, cuidando aclarar que en el listado no figuran Lázaro Báez ni funcionario público alguno. Seguidamente entra en el ruedo el diputado del FPV Roberto Feletti, que fuera presidente del Banco Ciudad en época de la Alianza. Promueve una comisión legislativa para investigar dicha fuga de divisas.  Extrañamente, la comisión no investigará a las autoridades de la propia AFIP, del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera, que son los organismos de control para estas operaciones.

Tarea para el hogar: se conformó en el 2001 una comisión legislativa con el mismo cometido? Quiénes la integraban y qué resultado tuvo? Continuaremos en la próxima semana.

UNEN: UNA INCONSISTENCIA MÁS EN EL ESCENARIO POLÍTICO

La eclosión de UNEN producto de las inconsistencias de sus protagonistas, sirve como espejo para reflejar la preocupante superficialidad de la clase política en general, abocada a la puja de candidaturas para sobrevivir a la elección presidencial de octubre de 2015. El surgimiento de UNEN hace tan solo ocho meses, despertó una tímida esperanza para lograr una alternativa electoral de quienes hace 25 años ejercen el monopolio del poder. Lamentablemente tal posibilidad quedó totalmente desactivada, dejando a la sociedad limitada a elegir el mal menor, entre ofertas de conveniencias personales. Triunfe quien triunfe, las dirigencias políticas, empresarias y gremiales serán inevitablemente las mismas de hace más de dos décadas. Pero con problemas económicos-sociales cada vez más graves, que trasladarán a la población.

Es importante recordar el contexto en el que surge UNEN. Como ya viene siendo costumbre por falta de una oposición sólida y coherente, los resabios del antiguo justicialismo dirimen sus internas en elecciones generales. En este caso, entre el gobernante Frente Para la Victoria (FPV) y el recientemente cogobernante Frente Renovador (FR). Las otras alternativas son el PRO, partido con base excluyente en Capital Federal, y el Frente UNEN, con resabios del radicalismo y socialismo. El FPV, el FR y el PRO, se caracterizan por el unicato como forma de conducción. En el FPV, la presidente Kirchner ungirá al candidato, ya sea en forma directa, o con un simulacro de campaña, como sucediera risueñamente entre Boudou, Tomada y Filmus  en el 2011, para la candidatura a Jefe de Gobierno de Buenos Aires. El FR presentará a Massa, y el PRO a Macri.

La diferencia entre estas tres agrupaciones surge en un aspecto no menor: su extensión territorial. El Frente gobernante la posee, pudiendo utilizar  según convenga, tradicionales estructuras justicialistas. Por ser gobierno, cuenta además con cuantiosos recursos económicos públicos y privados. Massa depende del armado que logre en cada distrito, inicialmente dentro del propio justicialismo, en un cambiante juego debe-haber: si capta gobernadores e intendentes justicialistas, su ganancia es doble, porque los resta del oficialismo. El PRO, que aparece como alternativa política nueva, es el que más dificultades tendrá para lograr consolidación territorial. Su principal y única carta es Macri, que busca insertarse en las provincias a través de figuras de reconocimiento público en ámbitos artísticos, deportivos y políticos.

UNEN por su parte, nace con dos absurdos: presentar a cinco figuras autoproclamadas presidenciables, y colocarse un partido centenario con extensión territorial como la UCR, en pié de igualdad con expresiones minoritarias porteñas, que ni siquiera triunfaron en su distrito. Dicho esto sin desmérito para Elisa Carrió y Pino Solanas. En los Frentes de raíz justicialista, este error jamás se comete: en busca de un tinte pluralista aceptan a cuanto partido menor los apoyen, premiando a sus dirigentes y familiares con cotizados cargos públicos. Pero la estrategia política y las decisiones las maneja el justicialismo.

Cabría esperar que para minimizar estas falencias orgánicas-conceptuales iniciales, Cobos, Binner, Sanz, Carrió y Solanas, con sus equipos si los tienen, acordaran en el corto plazo una estrategia de conducción y proyección proselitista nacional. No sucedió, y pasó lo inevitable: Carrió, una vez más, generó disolución y caos, confundiendo estrategia con vocinglería. De Carrió se debe resaltar su honestidad y capacidad intelectual, que supera largamente a la mayoría de nuestros políticos. Pero quizás por estas mismas razones, su egolatría alcanzó niveles nocivos para conformar consensos. La capacidad intelectual no asegura sutileza, y menos aún, aptitud política.

Sin embargo, la mayor confusión la generan los radicales con sus medias palabras, o peor aún, con frases completas. No son capaces Cobos, Sanz, Alfonsín, Morales, Aguad, Cano; Mestre, Quiroga, y otros dirigentes, acordar una estrategia común y coherente? Cuando Alfonsín  expresa con cierta jactancia “Macri es mi límite”, cabe preguntarse: para él y sus correligionarios Scioli y Massa no son límites? De no serlo, podrían dignarse a explicar a la sociedad que diferencias encuentran entre unos y otros? Cuando Morales se promociona junto a Massa porque quiere ser gobernador de Jujuy, aclarando que apoyará al candidato presidencial de UNEN, alguien de buena voluntad podría explicar que ganaría Massa entonces? O esta es una pregunta muy ingenua?

Acotación final, por si fuera necesario: en este festival de cotizaciones de egoísmos personales, las propuestas de políticas públicas concretas y transformadoras, están ausentes.

ELECCIÓN 2015: POLÍTICOS EN OFERTA.

“Coalición UNEN: que prime la racionalidad sobre la egolatría” (título de la Reflexión Política del pasado 24 de abril, un día después del lanzamiento del Frente). “Hablar de diversidad en la integración de UNEN es inicialmente una virtud, porque la esencia de la política es el debate entre distintas visiones, para confluir en proyectos y acciones positivas para la mayoría de la sociedad. Pero esto requiere organicidad y previos consensos dentro de UNEN. De no ser así, se caerá inevitablemente en la anomia, como se denomina en sociología a la falta de normas o incapacidad de conformar las estructuras necesarias para alcanzar una meta” (Reflexión Política del 08 de mayo de este año).

Recordar las reflexiones precedentes de quien sin vivir de la política, solo pretende hacer públicas opiniones relacionadas con una actividad que inevitablemente nos afecta a todos, no busca la autocomplacencia por supuestas predicciones sagaces, sino por el contrario, recordar la obviedad y simplismo de los conceptos oportunamente vertidos. Cabe preguntarse entonces, porqué políticos de largas trayectorias en altos cargos públicos, caen una y otra vez en el vicio de la necedad.

Analistas profesionales mejor formados e informados, apelando en algunos casos a sutiles ironías, son más concisos para describir escenarios políticos. Tal el caso de Jorge Asís, que al falso debate entre neoliberalismo y populismo, encabezados uno u otro por los mismos actores políticos, empresarios y gremiales, lo resumió en una frase: “Con el apoyo de la izquierda se roba más fácil”. Respecto a la conformación de UNEN, llamó piadosamente a sus autoproclamados representantes “los cinco latinos”, recordado grupo vocal de los 60.

La eclosión UNEN es un buen punto de partida para iniciar el seguimiento de la temporada de políticos en oferta para integrar algunos de los Frentes electorales en danza para el 2015, que podemos resumirlos en tres: 1) Vertiente justicialista: oficialismo; Massa; De la Sota; 2) Partido nuevo: PRO; 3) Frente UNEN: radicalismo y socialismo. Los parámetros de cotización en el mercado de pases no son sutiles: cargos públicos asegurados, preferentemente legislativos. En el caso de empresarios, prebendas del Estado. Para simular debates ideológicos, con la televisión basta y sobra.

 Arribar a conclusiones sólidas, exige explicitar previamente las hipótesis de análisis; caso contrario se puede discutir años sin arribar a un acuerdo. En este caso, planteamos que un correcto funcionamiento de un sistema democrático exige tres condiciones ineludibles:

1.- Partidos políticos sólidamente conformados, que tengan continuidad en el tiempo, presencia territorial, y capacidad fáctica de constituirse en opción de gobierno. De actuar como oposición, capacidad de control cierto y coherente de las acciones de gobierno por un lado, y formulación de propuestas por el otro.

 2.- Sistema electoral claro y ampliamente participativo, que no restrinja la capacidad de elegir, distorsionando y/o falseando el valor del voto individual. (listas sábana; candidaturas testimoniales; ley de lemas). Ello incluye establecer  claras limitaciones y obligaciones de los candidatos, para que una vez elegidos, aseguren la representatividad prometida a sus votantes.

3.- Organismos de control del Gobierno eficaces e independientes, entre los que se incluye la Justicia.

En la Argentina, lamentablemente no se cumple por lejos con ninguno de estos requisitos. Asumir esta realidad, permitirá no solo comprender el desarrollo político de los últimos veinte años, sino sospechar que a esta altura de los acontecimientos será casi imposible evitar que esta matriz de recurrentes fracasos se mantenga inmutable a partir de la elección del 2015. Por ello en las últimas reflexiones recordamos las peligrosísimas similitudes entre la crisis 2001-2002, y la que se proyecta para el 2015-2016, porque la estrategia de salvación de la élite dirigente será la misma. Apelar a un “gobierno de salvación nacional”, en donde políticos, empresarios y gremialistas se pondrán patrióticamente de acuerdo, para que la clase media, pequeños empresarios y ahorristas, empleados en general, jubilados, autónomos y desocupados, provean los recursos económicos necesarios para retomar el camino de sostener a esas dirigencias inviables, y al festival de enriquecimiento ilícitos impunes a costa del Estado. Dicho lo cual, analizaremos en la próxima reflexión el estallido de UNEN.

MANUAL POLÍTICO PARA LA SALVACIÓN NACIONAL

Hemos intentado en las últimas dos reflexiones destacar aspectos esenciales de la crisis económico-social del 2001-2002, en sus contextos políticos y económicos. En esta retrospectiva, incursionaremos en lo más doloroso para las pequeñas y medianas empresas, asalariados y  sectores sociales vulnerables: la etapa quirúrgica.

Recordar una crisis tan cercana y proyectarla al cambio de gobierno en diciembre de 2015, pretende que la ciudadanía preste especial atención de ahora en más a las declaraciones políticas en general e indicadores económicos, sabiendo que deberán absorber inevitablemente los costos de las impericias, negociados y corrupciones. Los círculos cercanos al poder, sean circunstancialmente oficialistas u opositores, confían en salir, una vez más, indemnes. Desde la recordada frase “hay que pasar el invierno”, pronunciada en 1959 por el Ministro de Economía Alvaro Alsogaray, hasta la promulgación de la intangibilidad de los depósitos votada por amplia mayoría legislativa en agosto de  2001, la mecánica del engaño se mantuvo inmutable. Pasar el invierno en 1959 significó una pérdida promedio del 24 % del salario real, a través del pago de salarios con Bonos 9 de Julio. La intangibilidad de los depósitos concluyó con su incautación total el 09 de enero de 2002, con el aval de los mismos legisladores. Esta es la primera señal de alarma. Los mismos dirigentes políticos, empresariales y gremiales de ese entonces, mantienen hoy sus espacios de poder, aunque pretendiendo mutar sus ropajes ideológicos y ocultar sus pasados.   

Ingresemos en el quirófano de la salvación nacional del 2001-2002. En octubre 2001, el influyente empresario Franco Macri expresó que “Cavallo debe analizar una medida para estatizar la deuda privada” (La Nación, día 25). Sus principales empresas (Socma; Sideco y Correo Argentino), debían 472 millones de dólares. Igual situación afrontaban entidades financieras y grandes empresas nacionales y extranjeras. El 20 de diciembre cayó De la Rúa. Asumió Rodrígues Saá, quien decretó el cese de pagos al exterior, en medio de la ovación de los legisladores. El 01 de enero, con acuerdo mayoritario de la corporación política, se designó como presidente a Duhalde, quien había perdido las elecciones presidenciales tan solo dos años atrás. De inmediato anunció el fin de la convertibilidad, y prometió que “el que depositó dólares recibirá dólares… el que depositó pesos recibirá pesos”. El radical Leopoldo Moreau reclamó “un gobierno de salvación nacional”, avalando la salida de la convertibilidad, que defendiera durante once años, como la mayoría de los legisladores. El 06 de enero el Parlamento aprobó un instrumento clásico para vulnerar derechos: Ley de Emergencia Económica.

La ciudadanía, empujada velozmente al quirófano, intentó retomar los cacerolazos y protestas, pero ya era tarde. La anestesia “salvación nacional” estaba actuando para dar comienzo a la operación, destinada a democratizar pérdidas y mantener prebendas. El 09 de enero de 2002 se promulgó el Decreto 71, que pesificaba todas las deudas en moneda extranjera a $ 1,40 por dólar, y reprogramaba los depósitos en plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas corrientes, otrora intangibles. El dólar pasó de $ 1,40 a $ 3,00 en un par de meses. Se produjo un caos jurídico por inconstitucionalidades y amparos, con clientes pujando para ingresar a “su banco” para recuperar ahorros, y sus empleados obligados a actuar como personal de seguridad para impedirlo.  

Lo peor estaba por venir. Se aplicó la última frase célebre para encubrir negociados del Estado con privados: “Hay que cuidar las fuentes de trabajo de los argentinos”. Para tan noble objetivo, se implementó la correctamente llamada pesificación asimétrica, porque a la aplicable al ciudadano común, se le sumó otra más favorable para grandes empresas e instituciones financieras endeudadas en divisas extranjeras. La enorme licuación de sus pasivos fueron absorbidos en altos porcentajes por el Gobierno nacional. Los cacerolazos, el desempleo, los amparos judiciales, la inflación creciente, y bancos fugando al exterior depósitos de clientes privilegiados, mantenían plena vigencia. Pero el juego de sustituir un gobierno democrático por otro de salvación nacional había concluido.

La clase política descubrió entonces que para la defensa de sus privilegios, los partidos políticos tradicionales carecían de sentido. Ante tanta frivolidad y oportunismo, ser justicialista, radical o socialista, era una pesada carga difícil de sobrellevar.  Era más fácil ser neoliberal, nacional-popular, de izquierda, de derecha; renovador; radical K; concertador; frentista; o simplemente aliado, cuando se quería negociar votos en el parlamento. Estas etiquetas tienen una virtud insustituible: son fácilmente intercambiables.

En la próxima reflexión concluiremos esta reseña histórica, con el proceso pos operatorio del ciudadano común, tras la crisis 2001-2002.

RELATOS SALVAJES POLÍTICOS

“Relatos salvajes” es una exitosa película argentina dirigida por Damián Szifrón, que en formato de comedia dramática,  trata acerca del tenue límite que puede existir entre civilización y barbarie. La política ofrece un fértil campo para una segunda versión, cuyo límite oscile entre la grandilocuencia dialéctica ante los ciudadanos, y el oportunismo político para priorizar intereses personales y sectoriales.  Van algunas ideas.

1.- Milagro Papal

El Gobierno nunca tuvo relaciones amistosas con el cardenal Bergoglio y la iglesia en general, al extremo de evitar la presencia de funcionarios en el tradicional Tedeum en la Catedral de Buenos Aires los 25 de mayo. Pero su designación como Papa produjo una conversión religiosa casi mística, desde la Presidente a la totalidad de sus funcionarios y aliados. En busca de la redención, los otrora críticos desfilan incesantemente en el Vaticano ante su presencia. Con un premio adicional. A la Catedral se podía ir a pié o en colectivo. A Roma en cambio viajan con todos los gastos pagos con recursos públicos. El último acto de contrición lo protagonizó Estela de Carlotto, quien durante años acusó a Bergoglio de cómplice con la dictadura militar. En estado de beatitud, manifestó recientemente que “le habían informado mal”. Así de simple.

2.- Los controles democráticos de la oposición  

En un programa televisivo conducido por el periodista Gustavo Silvestre, se debatió acerca del informe de la Auditoría General de la Nación relacionado con el manejo y balances de Aerolíneas Argentinas, que fuera aprobado por 5 votos contra 2 de los auditores. La AGN es un organismo constitucional que asiste técnicamente al Congreso en el control de las cuentas del sector público. Silvestre presentó al auditor Vicente Brusca, justicialista que votara en contra, y aclaró que invitó al presidente del organismo, el radical Despouy, quien no quiso concurrir. Brusca mencionó entre las causas de su rechazo, que una página señalaba que había 33 pilotos por avión, y otra 22 pilotos. Insólitamente no pudo aclarar cual, según su opinión, era el número correcto. Pero tras cartón se descargó contra los radicales, siguiendo la línea del Jefe de Gabinete Capitanich, quien acusó a la Auditoría de ser una “usina opositora”. Tanta necedad, más que desacuerdos hacen sospechar aceitados acuerdos. Despouy concurre a un programa televisivo y Brusca a otro. Pero de clarificar ante la ciudadanía la realidad en forma conjunta y seria, ni hablar. Con seguridad, tampoco el Congreso tratará el informe. Todos los principales participantes de esta comedia dramática perciben un salario mensual superior a $ 70.000, sin considerar prebendas de sus cargos. Eso sí, la Auditoría tiene miles de empleados, la gran mayoría acomodados por todos los sectores políticos. Queda clara entonces cual es la necesidad de crear organismos de control.  

3.- La seguridad la arreglamos entre todos

Cuando un problema lo arreglamos “entre todos”, significa que los responsables de solucionarlo se hicieron a un lado. El delito en general, y los negociados en el fútbol y barras bravas en particular, son un excelente ejemplo. El partido de fútbol entre Lanús y Arsenal tuvo un final escandaloso, por una decisión arbitral inentendible. Finalizado el encuentro y en medio del caos, aparece en el campo de juego un civil con un arma en la cintura, a la vista de público, dirigentes y personal policial. Detectado y fotografiado por el periodismo, se constató que era un oficial de la Policía Federal. El hecho ratifica que las fuerzas de seguridad no solo atienden a la seguridad pública, sino participan de acciones privadas dentro de los clubes, con la anuencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires y sus funcionarios de seguridad. Felizmente el presidente de Lanús, dr. Alejandro Marón, transmitió tranquilidad a la sociedad. Aclaró que conocía al oficial armado, pero ”me aseguró que el arma estaba descargada”. Aquietadas las aguas, la lucha pertinaz de la provincia de Buenos Aires contra el delito continúa.

4.- Batallas heroicas contra los grupos económicos más concentrados

Hay frases políticamente inutilizables. “Salariazo y revolución productiva” es una marca de propiedad registrada. “Combatiremos la corrupción”, pronunciada por dirigencias que permanecen desde hace más de dos décadas en altos niveles de conducción, puede mover a la hilaridad, o más grave aún, a la indignación. Pero las épicas contra los grupos económicos más concentrados, aunque la encabecen multimillonarios, aún otorga réditos. Sin embargo, ante el riesgo que los enfervorizados mensajes provoquen arrebatos patrióticos desmesurados contra dichos grupos, es necesario que los funcionarios de gobierno y supuestos opositores los identifiquen claramente su condición de buenos o malos. Por ejemplo: 1) En comunicaciones, entre Clarín, Telefónica y Telecom; 2) En obras públicas, entre empresas rusas, chinas y de Lázaro Báez; 3) En explotaciones petroleras, entre Repsol y Chevrón; 4) En empresas de capitales mixtos como YPF, entre el 51% estatal y el 49% privado (incluídos Esquenazzi y buitres); 5) En industria y comercio, entre maniobras importadoras de autopartes de las automotrices, o de juegos de jardín, tazas de café y bombitas eléctricas chinas de los supermercados; 6) En la industria del juego, entre Casino Club de Cristobal López o Boldt de Tabanelli.

Esta clara discriminación entre buenos y malos no es necesaria para los funcionarios del Estado. Ellos saben que los retornos se pueden acordar tanto con unos como con otros.

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN - noviembre 2014

El seguimiento regular de algunos de los innumerables casos judiciales de corrupción estatal que asocian a funcionarios públicos con empresarios privados, pretende visualizar la magnitud de un problema que explica la mayoría de las decisiones de sucesivos gobiernos, más allá de  engañosas fundamentaciones ideológicas. La cobertura judicial y de los mal llamados organismos de control, transparentan que el problema involucra a supuestos oficialismos y oposiciones, responsables por acción u omisión de la impunidad manifiesta. Explica también porque los precandidatos presidenciales, sin excepción, obvian explicitar acciones concretas respecto a una problemática que está desangrando al país desde hace décadas. Se detallan algunas causas.

1.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

En marzo, en el Tribunal Oral Federal n° 2, integrado por los jueces Giménez Uriburu, Tassara y Gorini, comenzó el juicio oral y público contra funcionarios públicos, empresarios privados y empleados, acusados de ser responsables de la tragedia que provocara 51 muertos y cientos de heridos. El caso es representativo de que “la corrupción mata”, en contraposición al arraigado concepto de apoyar a quienes “roban pero hacen”. El grupo Cirigliano, operador de la línea férrea y enriquecido con subsidios estatales, se declaró en quiebra para no hacerse cargo de los daños.   

2.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por  los dres. Jorge Ballestero y Eduardo Farah, muy tardíamente apartó al juez Oyarbide de la causa de defraudación de fondos públicas de la Fundación que encabeza Hebe de Bonafini, y anuló los procesamientos dictados. La causa recayó en el juez Martínez de Giorgi, quien la mantiene sin avances.  Un lamentable caso de utilización de los principios de derechos humanos, para lograr adhesión política y encubrir corrupción. La alta política hace suponer que no habrá responsables.  

3.- Causa de lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo empresarial de Lázaro Báez

La investigación, a cargo del responsable del Juzgado Federal Nª 7, Sebastián Casanello, intenta por todos los medios posibles no involucrar a su máximo responsable, el empresario patagónico Làzaro Bàez. Para ello no se teme caer en el ridículo. La justicia indagó a los fiscales antilavado Carlos Gonella y Omar Orsi, por excluir a Báez de la causa de lavado, que tiene como acusados a Elaskar, Fariña, y los empresarios Molinari y Erusalimsky. Ambos fiscales delegaron esta responsabilidad en el fiscal Ramiro González. Por su parte Echegaray, a cargo de la AFIP, anunció que la justicia suiza proveyó datos de 1.300 cuentas de argentinos en el exterior, y que acordó con Luxemburgo un intercambio de información fiscal. Pero nada dijo respecto a que la  misma justicia suiza congeló 22 millones de dólares del grupo empresario Báez. A su vez, en relación a este embargo, el juez Casanello pidió al director de Jurídicos de la Cancillería, Horacio Basabe, el estado del exhorto enviado (enviado?) el pasado 26 de junio a Suiza. Sbatella, a cargo del organismo de control de lavado, tampoco aportó datos. Los candidatos autoproclamados opositores, no tocan el tema. El operativo impunidad avanza.

4.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

A dos años de iniciada la causa, que involucra a altos funcionarios públicos y privados asociados en el negociado de intento de adquisición de la ex empresa Ciccone Calcográfica, el juez Ariel Lijo dictó los procesamientos del vicepresidente Boudou y otros involucrados. No se produjeron novedades determinantes. En este caso el Estado actuó con celeridad. La Inspección General de Personas Jurídicas nunca quiso informar quienes eran los titulares de la desconocida sociedad The Old Fund, que se hiciera cargo de la ex Ciccone. Finalmente el expediente fue robado del organismo, y está siendo reconstruido con menos hojas/información que el expediente original.  

5.- Coimas en el caso de la empresa Siemens.

Tras una investigación de quince años, en diciembre de 2013 el juez federal Ariel Lijo procesó a 17 personas  entre funcionarios de los gobiernos de Menem y De la Rúa, y directivos de las empresas Siemens e Itron, esta última del grupo Macri.  Siemens admitió en el 2009, ante la justicia de Estados Unidos y la Unión Europea, haber pagado millones de dólares en coimas para quedarse con el negocio de confección de pasaportes y DNI. No se dictaron prisiones preventivas, pero sí embargos por 500 millones de pesos. Las coimas se pagaron a través de intermediarios con contratos ficticios por servicios que jamás existieron.

6.- Sociales: sobreseimientos.

Los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, anularon en noviembre de 2013 el procesamiento de 24 funcionarios del menemismo acusados del cobro de sobresueldos, haciendo caer también los embargos. Utilizaron argumentos procesales habituales para hacer caer causas, beneficiando entre otros a Juan Schiaretti y Adelina Dalessio de Viola. Es habitual que los sobresueldos y altos viáticos sean invocados por los funcionarios, cuando deben justificar enriquecimientos durante su paso por la función pública, no relacionados con sus ingresos en blanco.

Hace más de 2.500 años, decía el legislador y filósofo griego Solón, que sentara las bases de la democracia ateniense: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

POSOPERATORIO 2001-2002: PACIENTES DÉBILES Y FUERTES

Finalizamos en esta reflexión la reseña de la crisis 2001-2002, tras haber recordado hitos relevantes previos a la caída del gobierno de De la Rúa. Contextos políticos y económicos, el caos político institucional subsiguiente, y las primeras acciones quirúrgicas adoptadas por el gobierno de “concordancia política” que a partir de enero 2002 encabezó el presidente Duhalde. Es momento de destacar aspectos del pos operatorio atravesado por la población.

La recuperación de los más débiles fue inevitablemente mucho más lenta. No solo por su vulnerabilidad natural, sino porque debían sostener una rápida alta médica de los más fuertes. La medicación fue tradicional y efectiva. A fin de “mantener y recuperar fuentes de trabajo”, se licuaron enormes pasivos de grandes empresas nacionales y extranjeras. Los negociados no saben de ideología pero sí de grandilocuencias demagógicas. Por ello, para disimular la aplicación de medidas expoliatorias de los ahorros de pequeños y medianos ahorristas, el titular de la bancada justicialista Humberto Roggero, ante la risa dificultosamente contenida por todos los diputados, anunció “la creación de una comisión para investigar la fuga de los capitales de los bancos”. (Clarín, lunes 7 de enero).

La Corte Suprema de ese entonces, en el marco de amenazas de juicio político a sus integrantes, declaró el 01 de febrero la inconstitucionalidad de la incautación de los depósitos. La acompañaron Cámaras Federales y jueces. Ante este fallo, adalides de la seguridad jurídica hoy, se rasgaron las vestiduras entonces. “Fallo jurídicamente sólido, políticamente muy grave”, escribió Eduardo Van Der Kooy en Clarín, el 02 de febrero. “Un intento de golpe de Estado judicial”, tituló su columna el mismo día en el diario La Nación Joaquín Morales Solá. Hasta ahora, nada que no sepamos: para nuestra eterna clase dirigente, la seguridad jurídica no es aplicable a los débiles. A lo sumo, éstos pueden tener la gracia del otorgamiento de algunos subsidios.

Recién el 02 de diciembre del 2002 se liberaron los depósitos incautados en pesos argentinos. Muchos fueron percibidos por sus herederos; los titulares habían fallecido. A los depositantes en plazos fijos en dólares se les ofreció alternativas que oscilaban entre aceptar conversiones a pesos amortizados en cuotas, o bonos en dólares a diez años. La última cuota de amortización del Boden 2013 en dólares fue en abril del año anterior. Doce años más tarde.

Los banqueros y grandes empresarios también golpearon puertas, pero no a la intemperie frente a los Bancos, sino las de los despachos oficiales. Los principales deudores del sector privado no financiero sumaban 5.764 millones de dólares (BCRA- septiembre 2001 / Página 12-5 de febrero). De este monto, solo 25 empresas extranjeras y nacionales, con excelentes facturaciones en sus balances, concentraban 4.000 millones de dólares. Entre otras, se encontraban Telecom, Telefónica, YPF, Disco, CTI, American Express, Metrogas, Iveco. Los Bancos extranjeros, que captaban ahorros publicitando respaldos de sus casas matrices, se “autonacionalizaron”. Informaron que sus sucursales eran autónomas. Respecto a los Bancos nacionales no hubo sorpresas: tenían sus carteras saturadas con créditos irrecuperables otorgados a empresarios amigos sin las debidas garantías. Para que la sociedad comprenda que implican los acuerdos políticos de “salvación nacional”, solo un dato: destacamos que 25 empresas concentraban 4.000 millones de dólares de deuda. Como contrapartida, 6.000 amparos concedidos a particulares sumaron solo 300 millones de dólares. (Laura Zommer – La Nación – 6 de abril de 2002 – Fuero contencioso administrativo).

Cerraremos este obituario con palabras de Horacio Verbitsky, en ese entonces no tan condescendiente con la corrupción estatal como en la actualidad: “Una vez obtenida la licuación de sus deudas  con el sistema financiero dentro del país, el poder más concentrado avanza sobre el Estado en una maniobra de pinzas. Por un lado, procura endosarle al conjunto de la sociedad parte de las deudas contraídas en el exterior, mediante la emisión de Obligaciones Negociables. Por el otro, intenta obtener nuevas ventajas en la renegociación contractual de los servicios públicos que algunas de esas empresas atienden” (Página 12 - 27 de febrero de 2002).

Con estos sucintos antecedentes,  preocupa que la misma dirigencia de entonces, sean oficialistas o supuestos opositores, entretengan hoy a la sociedad en un juego infantil “pro modelo” o “cambio de modelo” sin definir acciones y propuestas concretas, a la espera de diciembre 2015. Lamentablemente, una vez más la inmensa mayoría de la población no cobijada con prebendas del Estado, deberá pagar los costos. Parafraseando a Clinton, podríamos decir: “El problema no es derecha o izquierda, sino corrupto o no corrupto, estúpido”.

FANTASMAS DEL PASADO: ECONOMÍA 2001-2002

En el análisis de similitudes y diferencias entre el período 2001/02 y el actual, tratamos en la última reflexión el contexto político. Para incursionar en lo económico, es necesario establecer indicadores relevantes, con valores estadísticos comparables a lo largo del tiempo, para luego interrelacionarlos y proyectar evoluciones futuras. Para ello se adoptaron datos oficiales, según los Organismos específicos, hasta el 2013 inclusive. Se incluye al INDEC, pese a la adulteración de  datos estadísticos a partir de su intervención en el 2007.

Entre la multiplicidad de factores que origina una crisis terminal, dos son inevitables: pésimas conducciones políticas y alta corrupción. En el caso de nuestro país, desde hace décadas se sigue un mismo patrón: el Estado no genera riqueza para luego gastar y/o invertir, sino consume riqueza hasta límites de insolvencia, para luego reconstituir la caja estatal bajo el paraguas de emergencias económicas. Los recursos para volver a recaudar tampoco son novedosos: morosidad con los acreedores; confiscación de depósitos a pequeños y medianos ahorristas; congelamiento de salarios; privatizaciones y/o estatizaciones de las cajas de jubilaciones y empresas estatales. Bajo falsos debates ideológicos, se intenta disimular los objetivos: recuperar recursos públicos y seguir gastando irresponsablemente, con enriquecimientos desmedidos de funcionarios y empresarios.

Lo más preocupante de la crisis actual, aún dificultosamente manejable, es el discurso público de los por ahora oficialistas y supuestos opositores, coincidente en plantear que la ciudadanía tendrá que esperar 14 meses,  hasta diciembre del 2015, ya sea para perseverar en el “modelo” o para modificarlo. Aclaran, temerosos, que la crisis actual “nada tiene que ver con el 2001”. La afirmación es intencionadamente falaz; si no se toman decisiones de corto plazo que modifiquen el rumbo económico-social, se replicará  a fines del 2015 la estrategia de concordancia política para aplicar un feroz ajuste en “nombre de la salvación nacional”, utilizada en el 2002. Y para que no quepan dudas, con las mismas dirigencias, beneficiarios y víctimas de ese entonces.

Vayamos a los números. En un intento de enriquecer los reiterativos debates económicos, y a modo de mojón de partida para encarrilarlos y pasar de los diagnósticos a las propuestas, se propone un marco referencial con los siguientes indicadores económicos e hitos políticos claves:

INDICADORES ECONÓMICOS: 1) Deuda externa;  2) Reservas Banco Central;  3) Tipo de cambio ($/U$S);  4) Precios al Consumidor (inflación);  5) Tasa de desempleo.

HITOS POLÍTICOS: 1) diciembre 1999 (vence mandato de Menem);  2) diciembre 2001 (renuncia De la Rúa);  3) diciembre 2002 (asume Duhalde en enero);  4) diciembre 2003 (asume Kirchner en mayo);  5) diciembre 2014 (estimado).

Al respecto se elaboró un cuadro, inserto al pié, que visualizado en su globalidad y no en comparaciones interesadamente parcializadas, puede exhibir sorpresas. Por ejemplo, relacionar deuda externa y reservas del Banco Central en diciembre 2009 contra diciembre 2013. O ver el impacto que tuvo en tan solo dos años, entre 1999 y 2001,  la pérdida de 8.000 millones de dólares de reservas y el incremento del desempleo en 4,5%. Las recurrentes crisis en nuestro país, a partir de la célebre frase “hay que pasar el invierno”, pronunciada en 1962 por el Ministro de Economía Alvaro Alsogaray, tiene matices distintivos según la época: el que apuesta al dólar pierde; los depósitos de los argentinos son intangibles; los buitres nos atacan. Donde no hubo ni habrá matices diferenciales, lamentablemente, será en las soluciones: las ganancias se concentran y las pérdidas se diversifican. Y para la corrupción, garantismo. Observar el cuadro, e imaginar conclusiones.

Año	Deuda externa (u$s)	Reservas Banco Central (u$s)	Tipo de cambio      u$s x $	Precios consumidor (inflación)	Desempleo
Diciembre 1999 (cierre ciclo Menem)	145.289	27.831	1,00	-1,8	13,8
Diciembre 2001 (cae De la Rúa)	166.272	19.425	1,00	-1,5	18,3
Diciembre 2002 (en enero asumió Duhalde)	156.748	10.485	3,09	41	17,8
Diciembre 2003 (en mayo asumió Kirchner)	164.645	14.119	3,00	3,7	17,3
Diciembre 2013 (gestión Cristina Kirchner)	137.613	30.529	5,46	10,8	7,1
Diciembre 2014 (estimado)	sin datos serios	25.500	9,10	30	10

Fuente hasta diciembre 2013: Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina

Para concluir con esta secuencia 2001-2002-2013, e ir avizorando nuestro destino en las postrimerías del 2015 y comienzo del 2016, en la próxima reflexión recordaremos parcialmente quiénes ganaron y quienes perdieron en la crisis 2001-2002. El método aplicado no fue neoliberal y/o nacional-popular, sino genérico. Se llama clase dirigente argentina.

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE 2001 Y 2002

Los ciudadanos alejados de prebendas y/o negocios con el Estado, se aproximan peligrosamente al reclamo político de “Necesitamos del esfuerzo de todos los argentinos”. La consecuencia irremediable será que los más débiles deberán subsidiar a los responsables de las recurrentes crisis económicas, ya sea con indigencia, desempleo o pérdida de ahorros. Señalamos en la última reflexión similitudes y diferencias con la crisis que estalló en diciembre del 2001, en lo referido a lo político. Intentaremos hacerlo en el presente comentario en lo económico.

Se supone que apoyarse en números no debiera admitir grises: son ciertos o son falsos. Sin embargo es más fácil manipular a la opinión pública con números que con palabras. Cómo encarar un análisis entonces? En primer término, transparentando las fuentes de información. En este caso, se utilizó lo publicado en los principales medios de comunicación, entre septiembre de 2001 y abril de 2002, con opinión de analistas económicos, políticos, y datos de organismos oficiales y privados. Vale una aclaración que no debiera sorprender: la casi totalidad de los actores intervinientes en ese entonces, sean públicos, privados o gremiales, tienen vigencia hoy.

El siguiente paso sería establecer indicadores económicos y sociales relevantes, interrelacionándolos a lo largo de períodos claves. Es lo que se conoce como serie estadística comparable. Según sean las metodologías de relevamiento u objetivos sectoriales, siempre existirán diferencias entre fuentes estatales y privadas. Pero quien está obligado a ser técnicamente impecable y creíble es el Estado, no solo por abarcar el interés común de todos los argentinos, sino porque sus indicadores debieran determinar políticas de gobierno posibles. El manifiesto falseamiento de datos del INDEC trastoca de manera irresponsable la precisión en los análisis estadísticos secuenciales, y más grave aún, distorsiona predicciones económicas futuras. Para los sectores sociales más vulnerables, como les gusta denominarlos a los políticos, discutir si la inflación es del 25, 30 o 40 % es, sin exageración, criminal. Recordemos, para evitar que los empresarios se escondan tras la Presidente, que la cúpula de la Unión Industrial Argentina, entre otros sectores privados, avaló, consintió o ignoró la distorsión de datos del INDEC, por lo menos durante los tres primeros años.

Datos ciertos no son suficientes para informar a la población. Es necesario establecer una misma base de partida para todos los indicadores (base 100), y no saltar de mes en mes según nos convenga. Por ejemplo, supuestos éxitos actuales tienen valores muy distintos, según la base sea noviembre de 2001 o enero 2002. La razón es simple; la salida de la convertibilidad en enero con la fuerte devaluación, inicialmente con una paridad de 1,40 pesos por dólar, y que solo dos meses después alcanzara un valor de 4 pesos, redujo violentamente el poder adquisitivo y el empleo.  No fue en el gobierno de la Alianza, sino en el justicialista de Duhalde.

La primera enseñanza, es que la expresión de políticos y economistas planteándonos que hay que esperar hasta diciembre de 2015 para “que cambien las expectativas”, peca de necedad o de engaño. En el 2001 los problemas subyacentes de años atrás se desencadenaron en pocos meses. Diciembre 2015 queda muy lejos para esperar que las decisiones impopulares las tome el próximo gobierno, con el apoyo de la gran mayoría del actual espectro político, incluido el kirchnerista. Pasó en el 2001. El apoyo mancomunado que se le negó a De la Rúa, lo obtuvo Duhalde pocos días más tarde, con la adhesión del radicalismo incluida. Previamente se asistió a despiadadas internas justicialistas que dieron lugar a tres presidentes en diez días (Puerta, Rodriguez Saá y Caamaño). Una ironía típica de nuestra clase dirigente: el candidato de consenso elegido, Duhalde, había perdido las elecciones presidenciales tan solo dos años antes. El hartazgo llevó al recordado clamor popular: “Que se vayan todos”.

Tanto candidatos oficialistas por ahora, como opositores por ahora, todos ellos expertos en diagnósticos y paladines del canto “yo tengo fe”, debieran proponer acciones de corto plazo, y mediano plazo a partir de diciembre de 2015. La acción legislativa oficial y opositora, debe posibilitar adoptar decisiones en lo económico a ser mantenidas por el próximo gobierno, para no afectar una vez más al país. Y las propuestas divergentes, plasmarlas en lo que nuestros abuelos llamaban plataforma electoral. Solo una salvedad: que los consensos no incluyan mantener vigente la protección de la corrupción estatal/privada, que es la que origina, por otra parte, las recurrentes crisis económicas.

Con esta reseña preliminar, en la próxima reflexión daremos cifras comparativas entre el 2001/2002 y la actualidad. No menos interesante,  recordaremos sacrificios realizados por fuertes grupos económicos, ante el reclamo político de contar con “el esfuerzo de todos los argentinos”.