UNA VEZ MÁS, LOS BUITRES NOS ATACAN

Los argentinos estamos siendo atacados nuevamente por los buitres. Tan claro es el mensaje, que no hacen falta mayores explicaciones ni agregar mucho más a la voz de alarma. La angustia cubre tanto al ciudadano común como a sofisticados ámbitos financieros. Solo nos resta la épica de la resistencia. Una pintada en un paredón de Buenos Aires resumía con precisión la gravedad de la situación: “Patria o buitres”. Nada más ni nada menos.

Cabe preguntarnos qué son y cómo actúan los buitres, para minimizar daños hoy, y protegernos en el futuro. Los buitres son aves rapaces que suelen alimentarse casi exclusivamente de animales muertos, transformados por descomposición en carroña. Se encuentran distribuidos en todos los continentes, excepto la Antártida y Oceanía. Por estas características, y a modo de metáfora, damos el nombre de buitres a grupos financieros, que se aprovechan de desgracias o bienes ajenos para obtener ganancias económicas desmesuradas. En nuestro caso, con el agravante que cuentan con el apoyo “cómplice” de las más altas esferas judiciales de Estados Unidos. Dado que nuestro país también posee buitres con objetivos similares, es oportuno profundizar sobre las aves rapaces criollas.

En mayo de 1962, siendo Alvaro Alsogaray Ministro de Economía, se realizó un severo ajuste fiscal, que incluyó la emisión de los “Bonos del Empréstito 9 de Julio” amortizables a 25 años, con los que se pagaron gran parte o la totalidad de los sueldos de estatales y jubilados. La emisión fue tan grande en cantidad y plazo, que fueron considerados bonos-basura, con bajísimo valor de reventa. Ello provocó que no fueran aceptados en transacciones comerciales, o bien recibidos con una fuerte quita de su monto nominal. Desesperados, muchos tenedores debieron venderlos a usureros o financistas (hoy no existe diferencia entre ambos), a valor de remate, para hacerse con dinero en efectivo. Poco tiempo después, el gobierno redujo el plazo de pago a 10 años, con lo que los bonos se recuperaron, y los “buitrecillos” vernáculos los canjearon a sus valores de emisión más intereses, obteniendo ganancias  desproporcionadas a costa de los más débiles.

En enero de 1990, en el marco de una coyuntura hiperinflacionaria, el gobierno de Menem implementó el Plan Bonex, por el que los plazos fijos en moneda nacional de pequeños y medianos ahorristas fueron confiscados, para ser devueltos en bonos públicos amortizables a 10 años. Los “buitrecillos” compraron éstos bonos a los desesperados, haciendo un negocio brillante pocos años después.

El 25 de septiembre de 2001, ante la aceleración de retiro de depósitos provocada por la intranquilidad de los ahorristas debido a una nueva crisis fiscal y de deuda, se promulgó la Ley 25.466, que declaraba en su artículo 2° que “el Estado nacional en ningún caso podrá alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y las entidades financieras, esto significa canjearlos por títulos de la deuda pública nacional…” . Tan solo dos meses más tarde, el ministro Cavallo anunció limitaciones en el retiro del dinero de los titulares de cuenta (corralito); tras la caída de De la Rúa, asume Adolfo Rodríguez Saá y anuncia el “default” de la deuda externa en medio de una ovación de legisladores y aplaudidores; el 03 de enero de 2002 asume como presidente interino Eduardo Duhalde, quien anuncia el 09 de enero la confiscación y pesificación de depósitos en dólares (corralón). El mensaje político, peligrosamente repetido hoy, apelaba “al esfuerzo patriótico de todos los argentinos”, que se plasmó en el salvataje de grandes empresas y grupos financieros a través de la llamada “pesificación asimétrica”. Este “esfuerzo patriótico” fue aprobado por los mismos legisladores que votaran tres meses antes la “intangibilidad de los depósitos”.

Estos sucintos ejemplos, consecuencia de enormes corrupciones estatales-empresarias, presentan una matriz preocupante por su reiteración. Dijimos que los buitres se alimentan de carroña. Pasando al campo político-financiero, es importante entender la mecánica de quienes recurrentemente dejan en condición de carroña a los ciudadanos de nuestro país. De lo contrario, los buitres de Wall Street, una vez satisfechos, pondrán nuevamente en acción a nuestros buitres criollos, en sus especies neoliberales o nacionales y populares. El dato no menor es que siguen haciendo política casi todos los buitres del  2001/2002, quienes además tuvieron notables incrementos patrimoniales personales durante la década ganada.

CORRUPCIÓN: DE LO VISIBLE A LO SUBTERRÁNEO

La visualización de los témpanos de hielo en el mar es de solo una octava parte de su volumen total. De ahí su mortal peligro para la navegación. La imagen es adecuada para entender el andamiaje que posibilita que en un país democrático, la corrupción sea sistemática, consentida, protegida y/o ejercida por los mismos políticos, empresarios, gremialistas y jueces, durante los últimos veinte años o más. Ello requiere de un complejo entramado de impunidad, con participación por acción u omisión, de múltiples estructuras institucionales y sectoriales a niveles de decisión, que hace necesario superen largamente los tiempos de alternancia política que supone el propio sistema democrático. Tal es así, que a nadie puede sorprender que ya sea en la década de Menen, presentada como neoliberal, o del matrimonio Kirchner, exhibida como progresista, el saqueo de los fondos públicos y su impunidad se mantuviera inmutable en actores y estrategias. La diferencia, sutil quizás, la aporta el escritor y analista político Jorge  Asís, con su habitual ironía: “Con el apoyo de la izquierda se roba más fácil”.

En el actual contexto preelectoral, se observa que la prioritaria preocupación de gobernadores, legisladores, funcionarios, empresarios y jueces, es la de continuar manteniendo sus espacios de poder durante el próximo gobierno, sea cual fuere. Los escenográficos debates ideológicos mediáticos solo actúan como instrumento de propaganda política disfrazada de intelectualidad, moralidad o futurología, haciéndonos creer que para que la nueva revolución tenga lugar tendremos que esperar nada más ni nada menos que 19 meses. Se elude utilizar el período faltante hasta el próximo recambio de gobierno, para promover, discutir e intentar aprobar leyes verdaderamente transformadoras, que permitan asumir en condiciones medianamente manejables lo económico, político y social. No existe mejor campaña que proponer leyes, y que la ciudadanía evalúe cómo las viabilizan o bloquean los representantes de las distintas agrupaciones políticas con expectativas de triunfo.

Sin embargo, lo razonable se manifiesta hoy como imposible. El obstáculo es precisamente la corrupción, que no solo es delictiva, sino también suele protegerse con la túnica de “la legalidad”. Por ello es necesario profundizar ya no sobre su parte visible, sino en la base del témpano que nadie menciona. Existen tres condiciones básicas que exigen consensos intersectoriales para mantener su continuidad, más allá de circunstanciales oficialismos u oposiciones: 1) implementación de sistemas electorales restrictivos y/o tramposos (limitar el derecho de elegir); 2) posibilidad de otorgar prebendas desde el Estado (compra de voluntades o adhesiones con cargos públicos y contratos); 3) negociados con empresarios asociados (saqueos delictivos de de recursos públicos). Vivir en una democracia, aunque sea débil, nos evita afrontar la cuarta condición: la amenaza y el terror.

Profundizar estas condiciones nos evitará caer en el engaño de presentar a la corrupción solo como hechos consumados a resolverse en el campo judicial, e intentar minimizar los costos de la opinión pública mediante estrategias mediáticas de propaganda y contra propaganda. Nuestra historia reciente abunda en ejemplos para trabajar sobre una hipótesis de trabajo sustentada en los siguientes aspectos:

1.- Restructuración del sistema judicial y Consejo de la Magistratura, previa investigación del estado de las causas más impactantes y demoradas.

2.- Modificación del sistema electoral.

3.- Reestructuración de los Organismos de control.

4.- Representaciones parlamentarias. Requisitos y responsabilidades.

5.- Estructuras administrativas e ingresos a la administración pública.

6.- Transparencia de los actos públicos. Acciones inmediatas.

La seriedad del análisis debe eludir dos trampas que por reiteradas, sorprenden que aún tengan éxito: adjudicar responsabilidades políticas según sean oficialismos u oposiciones; mayorías o minorías. Es de esperar que los equipos de trabajo de agrupaciones políticas, analistas especializados  y organizaciones no gubernamentales los desarrollen y profundicen, pues cuentan con las infraestructuras para ello. Por nuestra parte, incursionaremos en futuras reflexiones en cada uno de los aspectos indicados.

SEMEJANZAS ENTRE SCHOCKLENDER Y BOUDOU

Antes que sumergirnos en el fárrago de opiniones referidas a los escándalos económicos de la Fundación Sueños Compartidos que encabeza Hebe de Bonafini, y el intento de compra y posterior estatización de Ciccone Calcográfica, es importante analizar las similitudes de ambos casos, a fin de comprender la matriz de la corrupción originada en la asociación del Estado con sectores privados y/o figuras públicas emblemáticas. 

El caso Sueños Compartidos centra la culpabilidad de la estafa en un asesor  ajeno a la política, Sergio Schocklender, para encubrir las directas responsabilidades de quien conduce la Fundación, y funcionarios públicos de  alto nivel que debían controlar el manejo y destino del dinero. En el caso Ciccone sobresale la figura de Boudou, hoy vicepresidente, por haber tenido una participación supuestamente clave en el negociado para lograr la propiedad forzada de Ciccone, para luego lograr refinanciación de pasivos y obtener contratos con el Estado, que transformaran a la empresa quebrada en un negocio brillante.

Las similitudes comienzan en las expresiones públicas de los imputados. Tanto Boudou como Schocklender adoptaron un estilo amenazante, patoteril y degradante hacia la Justicia, sin exhibir pruebas de sus afirmaciones, porque el objetivo encubierto es el habitual en las cadenas de corrupción: “Si caigo yo, importantes funcionarios y empresarios caerán conmigo”. El objetivo no es aportar a la verdad, sino lograr la impunidad cómplice.

Schocklender incluso pasó del mensaje mediático al escrito. En su libro “Sueños postergados” (año 2011), en donde mezcla a Néstor Kirchner, el abogado Barcesat, Fidel Castro, Raúl Castell, las FARC, entre otros ingredientes de la ensalada, expresa textual: “La caja del gobierno podría dividirse en tres áreas básicas. La primera sustentada por la necesidad real de fondos para sostener a funcionarios cuyos verdaderos sueldos no se blanquean. La segunda es corrupción lisa y llana, caja para que se enriquezcan los De Vido, los Jaime, los Lòpez, los Bontempo y toda esa clase de personajes. La tercera es la destinada al mantenimiento de las enormes estructuras de las organizaciones sociales que Néstor Kirchner ordenó financiar para poder construir una base social propia”.

Llegado su momento, Boudou tampoco se quedó atrás. En una recordada exposición televisiva, denunció pactos, convivencia y lobbys de todo tipo, con la participación del   agente secreto Magnetto incluída, provocando el apartamiento del juez y fiscal originales de la causa, Rafecas y Rívolo, y la renuncia del Procurador Righi.

Las similitudes incursionan también en el ámbito judicial. Para tranquilidad de los innumerables involucrados en el caso de la Fundación, en mayo de 2011 la causa recayó en el juzgado de Oyarbide, quien fluctuó entre la inacción y licuación y/o desaparición de pruebas.  Concluído el encubrimiento, recién entonces la Cámara Federal integrada por Farah, Ballestero y Freiler, muy enojada y con duros términos hacia el accionar de Oyarbide, anuló todo lo actuado y lo apartó de la causa. Los despojos del expediente duermen hoy en el juzgado federal de Martínez de Giorgi.

No tuvo esa suerte el expediente Ciccone hasta el momento. Designados el juez Lijo y el fiscal Di Lello en lugar de Rafecas y Rívolo, los camaristas Ballestero, Farah y Freiler intentaron repetir la estrategia seguida con Oyarbide, y hace escasos meses reprendieron severamente a Lijo y a Di Lello, conminándolos a acelerar y cerrar la etapa de instrucción. Para sorpresa de muchos, Lijo actuó en consecuencia y comenzó con las indagatorias. Su citación a declarar obligó a Boudou retomar sus ataques patéticos y acusaciones variadas, que van desde el juez, a empresarios que no identifica, y obviamente, a la prensa monopólica y destituyente. Nuevamente, sin aportar pruebas.

Un párrafo final para el chupete acaramelado de todo debate político/ideológico supuestamente esclarecedor: el rol de los medios de comunicación. Su subsistencia depende de ingresos económicos, sean privados o públicos. Las líneas editoriales e intencionalidades políticas existen tanto en unos como en otros. El desafío que afronta cada periodista es el de no caer en el fanatismo; la obsecuencia o el ridículo, sea oficialista u opositor. Solo un ejemplo: previo a la pelea de Maravilla Martínez en el Madison Square Garden el pasado sábado, el periodista Víctor Hugo Morales  durante la transmisión por la Televisión Pública, asimiló rebuscadamente la sacrificada carrera boxística de Martínez fuera del país desde hace diez años, con el eslógan “Década ganada” del actual gobierno. Más allá de adhesiones políticas, es necesario tirar la profesionalidad periodística por importantes contratos con el Estado?   

Obviamente que el caso no es Boudou. Es Boudou y muchos más. Esto se llama entramado.

PODRÁN COMBATIR LA CORRUPCIÓN QUIENES FRACASARON?

En períodos preelectorales, agrupaciones políticas y precandidatos se sumergen en un compromiso tan repetido como incumplido: luchar contra el flagelo de la corrupción. No explicitan propuestas, o peor aún, formulan anuncios inconducentes como crear una CONADEP de la corrupción. Por ello es necesario que, más allá de ideologías y preferencias partidarias, la ciudadanía exija a los candidatos, en especial a los que ocuparon cargos políticos relevantes desde hace dos décadas, que nos convenzan porqué harán a partir de diciembre de 2015 lo que no hicieron hasta hoy. La honestidad personal inclusive, es necesaria pero  no suficiente. Para una correcta evaluación de la problemática, es oportuno reflexionar  una vez más acerca de los aspectos que  caracterizan a la corrupción, y las causas que la convirtieron en sistemática.

Una constante que exhibe el vacío institucional, ya sean de organismos de control o poderes legislativo y judicial, es que casi con exclusividad, los hechos de corrupción se conocen públicamente a través de investigaciones periodísticas. Solo a partir entonces surgen las reacciones y polémicas mediáticas entre políticos oficialistas y opositores, que al momento de las necesarias acciones,  reparaciones y/o sanciones, se escudan bajo la funesta frase digna de un libro de Mario Gianluigi Puzo, autor de El Padrino: “el caso está en manos de la Justicia”. O sea, pasemos a otro tema. Cabe preguntarse: las sanciones administrativas dejaron de existir?

Decir corrupción en nuestro país, dada su habitualidad y crecimiento, supone que todos sabemos de que se trata, asimilándola a funcionarios públicos injustificadamente enriquecidos, asociados a empresarios y gremialistas cómplices en la trama de negocios, con fiscales y jueces venales. Pero si se analiza el origen etimológico del término, veremos que el concepto es mucho más amplio.

Corrupción proviene de la palabra latina “corruptio”, conformada con el prefijo “con” (junto); el verbo “rumpere” (hacer pedazos), y el sufijo “tio” (acción y efecto). O sea, significa sobornar, pervertir, dañar, traficar influencias. Aplicado a la acción de Gobierno, se manifiesta en el abuso de poder para producir negociados destinados a lograr beneficios ilegítimos privados, a costa del erario público (relación funcionarios públicos – empresas privadas asociadas - testaferros). Pero también corresponde a generar actos administrativos con el fin de obtener beneficios personales y/o de parientes y amigos, sean oficialistas u opositores, bajo el enigmático paraguas de las “negociaciones políticas”. Las contrapartidas son, entre otras, la de callar u ocultar irregularidades en organismos de control que integran, facilitar su voto en el recinto para aprobar leyes nocivas al interés general, cambiar de partido político burlando a sus electores, entre otras.  

Está claro que la corrupción exige un entramado de complicidades entre un sinnúmero de personajes pertenecientes a sectores diversos, con el objetivo común del beneficio económico personal. Visualicemos su complejidad y multiplicidad de actores, tomando el caso de la ex Calcográfica Ciccone, que hoy ocupa el centro de la información.

CICCONE + BOUDOU + ECHEGARAY + MONETA + VANDENBROELE +LONDON SUPPLY + THE OLD FUND +  FORMOSA + INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA + UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA + RESNICK BRENNER + CAPDEVILA + NUÑEZ CARMONA +  LIJO + DI LELLO.. .. y muchos otros.

El ejemplo intenta señalar que la corrupción en el Estado ineludiblemente encadena a altos funcionarios públicos, empresarios asociados al poder, empresas conocidas o de constitución jurídica dudosa, organismos de control, testaferros, asesores administrativo de planta, fiscales, jueces, camaristas y operadores políticos en ámbitos judiciales especialistas en lograr impunidad. Si en el circuito alguien es un obstáculo para concretar el ilícito, es barrido de sus funciones.  

La asombrosa repetición de casos impunes hace que nuestro país exceda largamente  el nivel de “actos corruptos”, característicos de países desarrollados y circunscriptos a niveles dirigenciales, para posicionarnos como “estado de corrupción”, presente en países de escasos niveles institucionales, en donde la corrupción es permanente y extendida a todos los sectores. Ya no sorprende que se enriquezcan escandalosamente altos niveles políticos y empresarios, sino que también lo hagan sus secretarios, choferes y jardineros.

Lograr que la compleja trama se mantenga a lo largo del tiempo necesita, entre otros instrumentos, de sistemas electorales restrictivos que la faciliten, como listas cerradas de legisladores conformadas a dedo con gente de confianza;  reelecciones generalmente indefinidas; sucesiones políticas entre familiares; restricción del acceso a la información pública, al límite del secreto; colonización de los mal llamados organismos de control con familiares y amigos de políticos tanto oficialistas como de opositores. Por eso cuesta creer que se presentarán propuestas electorales transformadoras para evitar la corrupción, más allá de anuncios cosméticos. Pero quien sea capaz de formularla con sustento y credibilidad, incrementará notablemente sus posibilidades electorales.