OPERACIÓN, ESPIONAJE O CHANTAJE?

El ingreso de la causa “de los cuadernos” a instancias judiciales definitorias, obligó a los involucrados en la mayor corrupción estatal-privada de la historia argentina, pasar de la habitual victimización invocando persecución política mientras en paralelo procuran complicidades encubiertas en busca de impunidad, al más áspero terreno de los acciones directas, en las que a cara descubierta interactúan servicios mal llamados de inteligencia, jueces con poder de daño y apoyos comunicacionales. Dando inicio a lo que el vaticanólogo Eduardo Valdez denominara operativo “puff-puff” de la causa, en cabeza de un particular agente secreto que se ufana públicamente de serlo, llamado Marcelo D`Alessio. 

La situación recuerda a una famosa serie televisiva de la década del 60 llamada “Súper agente 86”, en la que Maxwell Smart era un torpe y no muy inteligente agente secreto que trabajaba en una agencia norteamericana llamada Control (parodia de la CIA), en permanente enfrentamiento con la maléfica organización internacional llamada Kaos (parodia de la rusa KGB). De esta inolvidable serie se pueden rescatar tres aspectos aplicables a nuestra realidad: 1) el mal se identificaba con el caos (confundir, desinformar); 2) el mal operaba maliciosamente desde otros países (conspiraciones internacionales); 3) para que las conversaciones entre el súper agente y su Jefe no pudieran ser oídas, hablaban dentro de una enorme campana de vidrio llamada cono de silencio, que les impedía entenderse entre ellos (evitar las escuchas clandestinas). Aquí concluyen las similitudes y el humor. 

D`Alessio, pese a algunas ironías sobre su persona, no es el torpe y humorístico súper agente 86; tampoco un sagaz servicio de inteligencia, ni un “topo” infiltrado que actúa solo. Es un “todo terreno” habitual en las corrupciones estatales, que necesita de contextos y contactos con funcionarios, empresarios, jueces, periodistas. Él se encargará de las puestas en escena encomendadas. Para entender los próximos acontecimientos se deberá eludir la trampa oscurantista de la “grieta”, planteada hace un siglo por el politólogo alemán Carl Schmidt con la distinción “amigo/enemigo”, como forma de manipular políticamente a las masas y opinión pública. Es irrelevante distraernos con encuestas que transmitan como evalúan anónimos ciudadanos a la corrupción, sino detenernos en verificar como actúan políticos, jueces y empresarios ante la corrupción. Más aún cuando los avances judiciales coexisten con una etapa preelectoral en la que viejos y más bisoños políticos luchan ferozmente por alcanzar privilegiados cargos electivos bajo cualquier tipo de acuerdos, sin que la corrupción sea un límite o tema de debate. 

Arribar a conclusiones propias sólidas exige analizar informaciones y discursos divergentes planteados en medios de comunicación. Sean televisivos (ejemplo Gustavo Sylvestre en C5N y Luis Majul en A24); escritos (ejemplo Clarín y Página 12), y radiales. En la diversidad analizaremos como ciudadanos inteligentes, y no como agentes de inteligencia dedicados a la coacción y encubrimiento. Teniendo presente que las “grietas”, que buscan simplificar la propaganda de masas, no son aplicables a los volubles, interesados y recoletos acuerdos políticos en las pujas por el poder, que en nuestro país cínicamente suelen caratularse como “patrióticos”. 

En esta línea de pensamiento, contrariamente a ciertas opiniones, por el momento no hay “grieta” entre Gobierno y Justicia, sino acciones valederas y complementarias. El Ministerio de Justicia solicitó el juicio político de Ramos Padilla por procedimientos legales y de competencia no usuales, con tristes antecedentes en años anteriores por causas armadas e iniciadas con fines políticos o económicos en juzgados federales no naturales, como Mercedes y Campana (casos Cóppola y De Narváez). La Corte Suprema por su parte, brindó los recursos requeridos por el juez para que éste actúe en base a pruebas consistentes, e identifique partícipes necesarios y sus objetivos. 

Esta investigación podría ser inestimable para que la clase política desactive el acuerdo multipartidario que desde hace décadas y sin “grietas”, avalan servicios incompetentes y corruptos a través de la inutilidad y complacencia de las sucesivas Bicamerales de Control. Solo resta esperar que esta loable investigación no sea una fachada para afectar la causa de los “cuadernos”, lo que provocaría un derrumbe institucional irreparable. 

Buenos Aires, 27 de marzo 2019

PADRINOS, PANDILLEROS Y SUPERAGENTES

Para analizar objetivamente las actuales instancias judiciales y políticas destinadas a desarmar y/o proteger los circuitos de corrupción estatal-privada vigentes desde hace décadas, es oportuno recordar antecedentes de organizaciones delictivas, sus campos de acción y métodos de coacción o seducción utilizados para lograr complicidades, complacencias e impunidades. 

El concepto de mafia nace a fin del siglo XIX en el sur de Italia, cuando los campesinos, sin protección gubernamental ante la explotación a los que los sometían los terratenientes en regímenes feudales rurales, se agruparon en clanes familiares para protegerse. Sus integrantes se declararon mafiosos (hombres de honor), y establecieron sus propios códigos, siendo el más conocido el del silencio (omertá). Los jefes, llamados “padrinos”, eran respetados y/o temidos. El paulatino aumento del poder de las “familias” las llevó a los rentables negocios del crimen organizado, basados en el contrabando, prostitución, juego ilegal y en menor escala drogas. Este esquema se internacionalizó, y en la década del 20 los inmigrantes lo transportaron a Estados Unidos, mutando de rural a urbano. Era la época de famosos pandilleros como Al Capone, entre otros. Las pujas entre bandas por los negocios se dirimían en forma sangrienta. Las complicidades políticas, policiales y judiciales se obtenían mediante sobornos o amenazas. Muchos padrinos o pandilleros socialmente eran protectores y cariñosos con sus familias, religiosos y benefactores. Los medios de comunicación de entonces, prensa y radio, daban amplio espacio a los hampones y sus crímenes, sin profundizar en sus negocios, por razones obvias. 

Las multimillonarias ganancias ilícitas privadas exigieron eficaces administraciones contables, buscando insertarlas en negocios legales u ocultarlas. Surgieron entonces las prácticas de “lavado de dinero” e inversiones “offshore”. La simbiosis con las estructuras estatales comienza con la participación de empresas mafiosas privadas en contratos de obra pública y servicios como proveedores del Estado, lo que facilitaba el blanqueo del dinero espúreo, e incrementaban las ganancias fáciles. En lugar de coimear a determinados funcionarios públicos para que no afecten sus negocios privados ilícitos, interactuaban con ellos para actuar en detrimento de los recursos públicos. La última etapa del derrotero descripto, consistió en que fueran los propios atildados funcionarios estatales de escritorio quienes encabezaran las tramas de pillaje, en reemplazo de los viejos padrinos y pandilleros que defendían a sangre y fuego sus lucrativos negocios ilícitos privados, quienes pasaron a cumplir el rol de socios privados complementarios externos, como empresarios, sindicalistas y testaferros. 

Por ello el amplio tema de la corrupción estatal conceptualmente carece de “grietas”, pues va más allá de a quien se vote, se teorice sobre cuánto le interesa al ciudadano común la corrupción, o que ideologías encubridoras se invoquen. Tampoco debiera sorprender que políticos corruptos tengan consenso social y fuertes defensas institucionales. Famosos padrinos y pandilleros las tenían; incluso de la Iglesia. Pero voten como voten, piensen como piensen, los pueblos serán las víctimas ineludibles del saqueo al Estado. 

Este fenómeno de corrupción estatal en sociedades democráticas, que se potencia en países con dictaduras o pobre calidad institucional, fue acompañado por un exponencial desarrollo de los medios de comunicación y sistemas digitales para procesar información, que dificultan el ocultamiento y delinquir con impunidad. Para sortear este escollo se recurrió a dos recursos también perfeccionados a mediados del siglo XX: la propaganda política y los servicios de inteligencia. Ambos confluyen en generar en la opinión pública escenarios similares al de los enfrentamientos bélicos, en los que pugnan información y desinformación; verdades, deformaciones y falsedades; eslógans y explicaciones. El escenario público son los medios de comunicación, que exhiben convicciones, profesionalidad, intereses sectoriales y transacciones económicas. En este contexto los servicios de inteligencia, más allá de sus objetivos, instrumentalmente apelan a las mismas técnicas de la propaganda política, pero en un marco de anonimato. La diferencia es que en el ámbito comunicacional podemos comparar y elegir; en el de la acción secreta no.

Retomando nuestra novelesca actualidad, cabe reflexionar sobre qué sucede cuando comunicación y servicios de inteligencia se exponen simultáneamente a la luz pública, y los agentes secretos no son secretos. Indicaría impericia, acto fallido u objetivo táctico? 

Buenos Aires, 20 de marzo 2019

ESLABONES ROTOS

En 2016 se produjeron una secuencia de hechos que transparentaron como nunca antes el circuito estatal-privado dedicado al pillaje de dineros públicos. En marzo se exhibió un video mostrando a un hijo del empresario Báez contando millones de dólares en una financiera. En junio fue detenido el ex secretario José López intentando ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento; el juez Ercolini ordenó abrir dos cajas de seguridad bancarias de Florencia Kirchner que contenían 4,6 millones de dólares. Ante la presión social, los legisladores aprobaron la ley del imputado colaborador en causas de corrupción. Finalmente, en el 2018 salieron a la luz pública ocho cuadernos del chofer del ex funcionario Baratta, detallando circuitos recaudatorios de coimas. La contundencia comunicacional de los hechos en la opinión pública se debió a que pudieron ser vistos, y que la existencia de bolsos repletos de dólares en un país con años de cepo cambiario no eran una ficción. El círculo cerró con los cuadernos de Centeno, que expusieron a todos los eslabones de la cadena de corrupción estatal-privada: funcionarios, empresarios, financistas, integrantes del poder judicial y testaferros. 

Porqué estas constataciones surgieron en el 2016 y no antes? El grupo Báez fue filmado en el 2013; López concurrió al convento de madrugada y armado; la apertura de las cajas de seguridad de la hija de la ex presidenta provinieron de denuncias de años anteriores; la ley del arrepentido se aprobó con una velocidad legislativa inédita, y las anotaciones en los cuadernos habían concluido el 03 de noviembre de 2015. La razón tiene origen institucional; en diciembre de 2015 asumió un gobierno de distinto signo político, con el consecuente reemplazo de muchos de los eslabones en las cadenas de poder que aseguraban impunidad, especialmente los insertados en organismos de control. Esta realidad no debe utilizarse para fomentar la oscurantista grieta “Macri reemplazó a Kirchner”, sino para valorar las alternancias en el ejercicio del poder público, que son necesarias pero no suficientes. Aún permanecen sólidas castas políticas, judiciales, empresariales y gremiales, que resistirán fuertemente cambios estructurales y saneamientos institucionales, pujarán para mantener complicidades e impunidades. La resistencia para aprobar una ley de Extinción de Dominio eficaz es clara muestra de ello. 

En el actual contexto, la mayor responsabilidad recae sobre el poder judicial, que deberá recuperar tres valores irrenunciables: honestidad, justicia e independencia, abandonando la práctica de “cajonear” causas de corrupción estatal, o dictar sobreseimientos cómplices. Jueces y fiscales deberán reemplazar el descrédito social, afrontando las campañas de amenazas y descrédito a la que los someterán los beneficiarios del saqueo al Estado. Dos casos ejemplifican la necesidad de cambiar los paradigmas judiciales. En mayo de 2015 estalló en Estados Unidos el mayor caso de corrupción mundial en el fútbol (Fifagate), y tiene a máximos dirigentes internacionales y argentinos condenados y presos. Por el contrario, en la causa “Fútbol para Todos” a cargo de la jueza Servini de Cubría e iniciada también en 2015, aún no se determinó el destino de 760 millones de pesos desaparecidos de los 5.600 millones pagados por el gobierno a la AFA entre el 2009 y 2015. La causa Lava-Jato (lava autos), que se hiciera pública en Brasil en mayo de 2014, ya tiene juzgados y condenados al ex presidente Lula y altos funcionarios y empresarios. En contraposición, en nuestro país los jueces federales Martínez de Giorgi, Casanello y Rafecas que investigan las ramificaciones locales, aún no requirieron a Brasil el envío de la información judicial que involucra a funcionarios y empresarios locales.

La causa Lava Jato es útil además para avizorar lo difícil que será desmontar definitivamente el circuito de corrupción estatal y su logística de complicidad. Se originó en un simple correo electrónico que la policía brasileña encontrara en 2013, allanando una estación de servicio en Brasilia, sospechada de actuar como cueva financiera y lavadora de dinero. En nuestro país por el contrario, pese a las confesiones y pruebas recolectadas, diversos operadores intentan desactivar la causa llamada “de los cuadernos”, aduciendo que se basa en fotocopias de los mismos. 

En esta difícil etapa de lucha entre justicia e impunidad, vale recordar lo que el legislador ateniense Solón expresaba 600 años a.C.: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar". 

Buenos Aires, 13 de marzo 2019

DINERO FÁCIL; CASTIGO DIFÍCIL

La corrupción estatal es un fenómeno mundial, asentado en una paradoja: la afirmación popular “el dinero público es nuestro” es una verdad simbólica, porque para quienes lo manejan no tiene dueños. Esta realidad genera un interrogante: si en los actos de corrupción privados las pujas pueden ser controladas y castigadas por el Estado, quién controla y castiga al Estado? La respuesta se asociará con la calidad institucional y político-social de cada país. En sociedades democráticas desarrolladas existen “actos corruptos” puntuales entre intereses privados y públicos. En regímenes dictatoriales o autoritarios en países subdesarrollados, predomina un “estado de corrupción” permanente, pues es el propio Estado quien encabeza la trama de corrupción para depredar recursos públicos. En este caso la secuencia es: dinero del Estado fácil, con castigo a cargo del Estado difícil. 

Desde hace décadas nuestro país presenta tres causales interrelacionadas óptimas para la corrupción: 1) institucionales: posee un sistema democrático pero de baja calidad; 2) económicas: no califica como desarrollado o subdesarrollado, sino híbridamente en vías de desarrollo; 3) políticas: sin ser una dictadura vive en estado de corrupción. Debido a esta simultaneidad, la corrupción estatal no debe analizarse exclusivamente bajo la óptica de los aspectos delictivos. Las causales políticas se agravan en nuestro país ante peculiaridad no usual en democracias: una asombrosa subsistencia de dirigentes, debido a leyes electorales y nepotismos que permiten la continuidad de linajes familiares, como en las viejas monarquías. Citar nombres sería discrecional e injusto, pero cualquier ciudadano podría armar su propio listado de ejemplos partiendo desde 1983, pasando por los actores involucrados en la reforma constitucional de 1995 y en la crisis 2001/02. Esta perdurabilidad es imprescindible para armar sólidas tramas delictivas estatales, extendidas a organizaciones y actividades no gubernamentales, a través de la figura del “militante” que no milita, sino factura. Este fenómeno queda expuesto en la presente etapa preelectoral, con políticos históricos y bisoños pujando para integrar listas de cargos electivos, sin que partidos, viejos agravios o la corrupción sean limitantes. 

Planteado el diagnóstico, cabe preguntarse si en este contexto será posible desactivar el estado de corrupción permanente. Para lograr una respuesta se deberá eludir la trampa comunicacional de las “grietas”, recurso apropiado para influenciar en la opinión pública invocando genéricas ideologías, pero no para combatir la corrupción. Si bien los entramados estatales a gran escala nacen en las cúpulas de poder político, necesitan luego de complicidades activas y pasivas en sectores institucionales y privados. Actualmente, a diferencia de históricos casos de corrupción de alto impacto político y económico que quedaron impunes, pareciera haber surgido hechos cuyas características peculiares abren una posibilidad de éxito en el combate contra la corrupción estatal-privada, con la siguiente cronología: 

Marzo de 2016.- Canal 13 exhibe videos de una cámara de seguridad que muestran a los hijos de Báez contando millones de dólares en el 2012, en oficinas de una financiera en Puerto Madero. 

Junio de 2016.- En la madrugada es detenido el ex secretario de Obras Públicas José López, intentando ocultar bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Casi de inmediato, Diputados aprobó el proyecto de ley de Extinción de Dominio, y la trasladó al Senado. 

Julio de 2016.- Por orden del juez Ercolini a cargo de la causa Hotesur, ordena abrir dos cajas de seguridad en el Banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner, conteniendo 4,6 millones de dólares. 

Octubre de 2016.- Se aprueba la ley 27.304, que incorpora en el Código Penal la figura del imputado colaborador, conocida como la del arrepentido. 

Enero de 2018.- Llega a manos del periodista Diego Cabot una caja conteniendo ocho cuadernos del chofer del Secretario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, con detalladas anotaciones del circuito recaudatorio de coimas entre marzo del 2005 hasta noviembre del 2015. 

Cabe analizar porque dichos sucesos fueron posibles, que características inéditas presentan, y que feroz lucha política de encubrimiento se aproxima. 

Buenos Aires, 07 de marzo 2019