Desde el retorno de la democracia en 1983, no
existió una votación nacional en la que el ciudadano deba afrontar tal ausencia
de compromisos políticos partidarios y marcos referenciales informativos e institucionales
para decidir su voto con responsabilidad y esperanza de un futuro mejor, como
la que se realizará en octubre próximo. Llegar a este extremo no es culpa
exclusiva del oficialismo, sino también se contó con el necesario aporte de las
supuestas oposiciones.
Previo a intentar fundamentar este
diagnóstico es oportuno explicitar un convencimiento, dado que no puede
pretenderse reflexionar sobre la realidad política a partir de una asepsia
ideológica o una capacidad de análisis inmaculada, como base para desentrañar
los variados mensajes que distintos actores políticos pretenden imponernos.
Todo intento de perpetuación en el poder, cualquiera fuese el sistema político
vigente, lleva ineludiblemente a desvirtuaciones de la voluntad popular, personalismos
paternalistas en el ejercicio del gobierno, patéticos cultos a la personalidad
del líder, e inevitablemente, a niveles de corrupción en el manejo de los
fondos públicos mayores que lo habitual.
Dicho esto, parecería ser que más que una
elección legislativa, en octubre próximo se realizará un referéndum respecto a
la posibilidad de una reforma constitucional que habilite una nueva reelección
de la actual Presidente. Nada nuevo respecto a lo que reiteradamente viene
sucediendo en nuestro país, tanto a nivel nacional como provincial. Recordemos
sin ir más lejos, la última reforma contra reloj en la provincia de San Juan
para posibilitar la reelección del actual gobernador Gioja, que entre
paréntesis le ocasionó una pelea con su hermano, que entendía que era su turno
para disponer del juguete provincial. Surge entonces la primera duda: la no
reelección solo a nivel nacional es principista o simplemente oportunista?
No es una duda cínica ni menor. Si es
oportunista ningún supuesto opositor nos asegura que cambie su compromiso ante
la ciudadanía, y vote una reforma constitucional en el marco de “un gran
acuerdo para mejorar las instituciones democráticas”. De hecho sucedió con la
reforma constitucional de 1994, que para cumplimentar el objetivo de fondo que
era la reelección del en ese entonces presidente Carlos Menen, y más allá de
buenas intenciones de muchos constituyentes, la mayoría de los grandes
objetivos proclamados quedaron posteriormente desvirtuados por los propios
actores de la reforma, incumpliendo con la aprobación de un nuevo régimen de
coparticipación federal; acotando severamente la autonomía del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires; transformando al Jefe de Gabinete como nexo entre
Gobierno y legisladores en una mera figura decorativa; burocratizando al
Consejo de la
Magistratura para continuar manipulando la designación de
jueces federales, especialmente del fuero penal, y muchos ejemplos más.
Para peor, a diferencia de 1994, existe hoy el
agravante de la ausencia de partidos políticos, por lo que no hay ejercicio
político concreto de la ciudadanía entendida como inquietud cívica ejercida
conjuntamente con sus tareas laborales habituales, sin tener necesidad de vivir
de la política o ser adherentes rentados al poder de turno. No es casual entonces que los candidatos sean
sin excepción los mismos de los últimos años, queriendo permanecer los
legisladores actuales a los que se les vence el mandato, y retornar los
circunstancialmente ausentes en el último período legislativo.
La diferencia esencial entre oficialismo y
supuestos opositores es que el gobierno tiene una figura presidencial
excluyente y aglutinadora, contando para ello con los recursos públicos para
contener a los adherentes acostumbrados a subsistir bajo el calor de los poderes
de turno. En octubre los ciudadanos no tendrán propuestas. El oficialismo
señalará que se plesbicitará “el modelo”, pese a que sus sostenes iniciales
como el superávit fiscal y comercial ya no existen; las decisiones e
implementaciones económicas son cada vez más cambiantes y limitadas en el
tiempo, y los niveles de corrupción exceden largamente a las campañas
periodísticas supuestamente desestabilizadoras.
Por su parte, los circunstanciales opositores
se autoproclamarán defensores fervorosos de la Constitución ;
adalides en la defensa de la
República , y quejosos del nivel de confrontación del
Gobierno, sin explicar porque ellos, amantes del diálogo fructífero, no son
capaces de conformar acuerdos basados en políticas trascendentes para la
sociedad y avalarlas legislativamente, sin poner como condición ineludible para
el diálogo ser candidatos. Menos aún pueden explicitar como pueden asegurar a
la ciudadanía el cumplimiento de sus trascendentes compromisos, sin siquiera
tener cada uno de ellos partido definido; equipos de trabajo conocidos; una
sede a la que se pueda concurrir a informarse y
participar, o un simple mail de contacto.
Los ciudadanos tendremos que comenzar a
reflexionar, más allá de adhesiones políticas o ideologías, sobre formas de
participación política ciudadana más activas, ordenadas y permanentes,
tendientes a mejorar sensiblemente el sistema institucional de representación,
y no ser furgones de cola en el tren de las falsas opciones o fulgurantes
promesas.
