ARENGA CLERICAL

Recientes discursos de clérigos como Lugones y Radrizzani, entrecruzando aspectos espirituales, materiales y políticos, merecen una breve reflexión preliminar que evite asociar sin más sus opiniones con las de la Iglesia, o más absurdo, con las del Papa. “Iglesia” proviene del vocablo griego que significa “asamblea”, pues la conforma un conjunto de personas que profesan la religión basada en las enseñanzas de Jesucristo. Entre las mismas se destaca “dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”, separando lo espiritual de lo material. Lo espiritual, la fe, fue lo que permitió a sus seguidores soportar sacrificios, persecuciones y martirios, posibilitando la supervivencia y consolidación del cristianismo. Transitada esta etapa y lentamente, se construyeron los templos y organizaron las jerarquías eclesiásticas, conformando un todo genéricamente llamado Iglesia. Con el devenir histórico, a lo que “es de Dios” se le incorporó también lo que “es del César”, desarrollando un poder e influencia política llamado clericalismo, basado en que el clero debe intervenir en temas políticos y profanos a fin de orientar actos de gobierno conforme postulados religiosos. 

Es así como a lo largo de la historia la “Iglesia” cumple roles espirituales y políticos, con variado éxito según épocas y actores. Maquiavelo por ejemplo, padre de la ciencia política moderna, elaboró su doctrina en una Italia fragmentada en Estados gobernados por aristócratas, que comprendía a Venecia, Milán, Pisa, Florencia, Nápoles… y el Vaticano. También sufrió ataques a su esencia doctrinaria y espiritual. El marxismo identifica a las religiones como órganos burgueses llamados a defender la explotación de la clase obrera. Esta interrelación entre roles espirituales y materiales, le permitió desarrollar una sutil capacidad universalmente reconocida: la diplomacia. 

Sirva esta breve reseña para reconocer a los clérigos su derecho a opinar no solo sobre lo espiritual y las enseñanzas de Cristo, sino también sobre los más ásperos temas materiales y políticos, en cuyo caso puede unir, proteger, pacificar, como también separar, confrontar, guerrear, e incluso cometer actos inmorales, situándose en un mismo plano con vulgares pecadores. En nuestro país el clero cobijó posturas institucionales disímiles, con posiciones firmes o complacientes según las coyunturas políticas (gobiernos constitucionales, dictaduras, conflictos diplomáticos, guerras), pero en el marco de su reconocida diplomacia. Por ello asombra que personajes intrascendentes como Gustavo Vera o Juan Grabois, diversos políticos oportunistas generadores de pobreza o gremialistas acumuladores de poder, fortunas inexplicables y patoterismos explícitos, se adjudiquen el privilegio de interpretar el pensamiento de la Iglesia y del Papa. La sutil diplomacia vaticana aconseja no entrar en el terreno de los desmentidos? Puede ser, y hasta es razonable. Pero distinto es cuando frente a la Basílica de Luján el arzobispo Agustín Radrizzani se presta concientemente a una escenografía de coacción al poder político y judicial, ofrendando una misa en cuyas primeras filas como príncipes medioevales, se ubicaron responsables activos o pasivos de una desaforada corrupción y de la pobreza de vastos sectores populares. Resulta sospechoso además, que en su homilía clamando por “pan, paz y trabajo”, Radrizzani haya omitido consolidar esta invocación recordando un mandamiento clave para políticos y gremialistas: “No robarás”. 

La inconsistencia del mitin político-religioso en Luján tardó pocos días en quedar al descubierto. Los rostros de circunspectos feligreses que exhibían justicialistas polivalentes próximos al kirchnerismo y eternos gremialistas con perfiles de derecha, sin presencia de la izquierda combativa, transmutaron tan solo cuatro días más tarde en un justicialismo kirchnerista asociado ahora sí a grupos de choque de la izquierda combativa, para producir violentos desmanes en proximidades del Congreso a fin de evitar que se tratara el presupuesto nacional. Esta manifiesta dicotomía genera recuerdos preocupantes, por lo que sería oportuno recurrir a viejas bibliografías que nos ilustren acerca de los actores y contextos del duro período político 1973-1975, inicialmente con Perón vivo, para no repetir los mismos errores. 

En relación a dicho período existen hoy dos agravantes Desde entonces el país tuvo una pobre evolución, y los conflictos actuales no son solo ideológicos como entonces, sino también para mantener patrimonios ilícitos e impunidad de muchos de sus promotores. 

Buenos Aires, 31 de octubre 2018

PERSEGUIR Y PROTEGER COMO SINÓNIMOS

Señalar que la desaforada corrupción estatal-privada explica la degradación del país desde hace décadas, sería un lamento inconducente. A futuro, el desafío estriba en desarmar la sólida trama de complicidad e impunidad, enquistada entre quienes dicen representarnos, entre quienes vociferan cuidar a los trabajadores, entre quienes deben impartir justicia, y entre quienes aducen aportar capital propio de riesgo para el crecimiento del país. Agrava el cuadro algunos Obispos, cuando en sus sermones omiten recordarles a esos políticos, gremialistas y empresarios reconvertidos en fervorosos feligreses, el mandamiento “No robarás”. 

Sin embargo el efecto “cuadernos de Centeno”, que dejaron como nunca antes expuesto cualitativa y cuantitativamente el saqueo de recursos públicos desde hace décadas, brinda a los ciudadanos comunes ajenos al poder, una alternativa contundente para promover cambios: reelaborar críticamente el repetido discurso político o mensaje, utilizado para comunicar y/o manipular a la opinión pública. Asumiendo que en esta coyuntura las pugnas no son ideológicas o principistas, sino por poder, dinero y privilegios. Hace 2.400 años Aristóteles planteaba a la política como un concepto que no debe separarse del realismo de los objetos. Maquiavelo hace casi 500 años, en su excepcional análisis del proceder de los hombres en las luchas por el poder, señalaba que “el príncipe cuyo gobierno descansa en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque son ambiciosos, desleales… no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres”. A éste perfil de quienes pujan por el poder, nuestro país como no podía ser de otro modo, le suma una peculiaridad no habitual en sistemas democráticos: desde hace décadas se mantienen los mismos dirigentes políticos y gremiales. Para lograr tal perdurabilidad, según convenga y con cargo público y/o privilegio bajo el brazo, un mismo personaje puede ser neoliberal o populista; de derecha o izquierda; racional o irracional. Y muchos de ellos, a la hora de justificar patrimonios, confiesan encarnar una trinidad casi mística: ser políticos, gremialistas y empresarios simultáneamente. 

Un primer intento de desmitificar frases clásicas del discurso político, partirá de la más usada en los procesos judiciales por los partícipes en actos de corrupción contra el Estado: denunciar “persecución política”, pretendiendo que subliminalmente, los actos delictivos se confundan con la persecución de ideas. Pero el concepto “política” implica una manera de ejercer el poder público, resolviendo entre los intereses encontrados que se producen en una sociedad. Los que lo ejercen asumen además la responsabilidad de administrar los recursos públicos en función de intereses comunes. Por ello cuando los delitos no se refieren al patrimonio privado sino al público (demagógicamente llamado de todos), ese delito además de penal es “político”, agravado por el perjuicio social que provoca. El Poder Judicial, según marca la Constitución, deberá perseguir justicia y sancionar a los culpables. Los conceptos se suelen clarifican si se los confronta con su opuesto. En este caso, persecución con protección. Si el delito cometido años y/o décadas atrás recién hoy se “persigue”, en general con los mismos jueces y fiscales de entonces, es de sospechar que antes existió “protección” para lograr impunidad. Se concluye entonces que cuando en el Estado la corrupción no es puntual sino estructural, “perseguir” y “proteger” actúan como sinónimos. Por otra parte la victimización que permite el término “persecución”, jamás es acompañada por parte del funcionario sospechado / investigado / acusado, aunque sea de modo falaz como en el caso de delincuentes comunes, por la expresión “soy inocente”. Si se presta atención, jamás. Ello debido a que decirlo, implicaría negar y/o explicar que los bienes, empresas, sociedades y cuentas en el exterior que les son adjudicadas, le pertenecen. 

Otro mensaje político de manual que la impúdica exhibición de corrupción ha mostrado como falaz, es el declamado “luchar contra los grupos económicos concentrados”. Décadas atrás, esta entusiasta invocación subliminalmente remitía a nombres paradigmáticos del empresariado: Fortabat, Bunge y Born, Rocca, Macri, Bulgheroni, Perez Companc, entre otros, con capacidad económica y de “lobby” ante el poder político. El escándalo Centeno transparentó que en las tramas de corrupción estatales de los últimos quince años, los grupos económicos dejaron de ser tan concentrados, para organizarse asociando a políticos, gremialistas, legisladores, jueces y testaferros en una misma trama. Sus fortunas injustificadas, que envidiarían apellidos emblemáticos de antaño, en lugar de representar un loable fenómeno de crecimiento social y económico, explican la pobreza de muchos. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2018

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 8)

En este último cuaderno, el 03 de noviembre del 2015 es la fecha en la que Centeno concluyó con la descripción de los circuitos recaudatorios de coimas. Diez días antes, el justicialismo había sido derrotado en la provincia de Buenos Aires, tras 25 años ininterrumpidos en el ejercicio del poder. Diecinueve días después, en la segunda vuelta para elegir presidente, la coalición Cambiemos derrotó al Frente encabezado por el justicialismo, que gobernara al país durante doce años consecutivos. Surge una primera hipótesis: una alternancia democrática evita y/o afecta las tramas delictivas público-privadas conformadas para asegurar impunidad en la sustracción de recursos públicos. Con vista a futuro, se debiera evitar análisis fundados en tramposas “grietas”, instaladas para que la insensatez y el fanatismo predomine sobre la racionalidad y reflexión. Por ello no se plantea que lo “bueno” sustituyó a lo “malo”, sino a un principio democrático esencial: los efectos saludables de alternancia política-institucional en el manejo de lo público. Requisito necesario pero no suficiente. 

En un sistema democrático de baja calidad como el argentino, desarmar la trama de corrupción tiene gran complejidad, porque muchos de sus actores partícipes directos e indirectos están enquistados en las estructuras institucionales tanto públicas como privadas, amparados por leyes y procedimientos que ellos mismos promulgan y aplican. Y que tras un barniz institucional, de ser necesario, coaccionan a través de grupos de choque de acción directa. Este sustrato se potenció con la desaparición de partidos políticos coherentes y consolidados, y con un amplio espectro de políticos que aceptan integrar cualquier espacio partidario, siempre y cuando sea con cargo asegurado. El crítico panorama cierra con lo más grave; un conjunto de figuras variopintas de supuesta opinión influyente, dedicadas a promover golpes institucionales cuya representación simbólica es el helicóptero, recordando a De la Rùa. Olvidando que esa imagen nos retrotrae también al golpe militar que eyectó del poder a la presidenta constitucional Isabel Perón. 

El mérito no deseado de los cuadernos de Centeno, hasta simbólico si se quiere, es haber barrido con rumores, supuestos, investigaciones periodísticas de corrupción con éxitos editoriales como único resultado, debates políticos estériles y sin costos, obscenas exhibiciones de riqueza impunes, para poner sobre el escenario a todos los actores cómplices de la trama, incluidos el mayordomo, el jardinero y el secretario, como en las viejas novelas policiales. Los cuadernos cierran un capítulo, y abren el más trascendente a futuro inmediato: como actuarán las fuerzas políticas, judiciales, legislativas, empresariales y laborales en esta instancia, en donde pujarán con similar peso de representación institucional probos y cómplices, justicia y encubrimiento? 

El seguimiento de los avances judiciales en las distintas causas de corrupción, en cabeza de la originada en los cuadernos de Centeno, debieran servir en paralelo para plantear interrogantes e intentar obtener respuestas, que erradiquen conceptos, leyes, léxicos, usos y costumbres, que son los que desde hace décadas, posibilitan un Estado ineficaz, débil y permeable a la corrupción. El pasado y el presente exigen castigo y resarcimiento. Pero el futuro, profundos cambios de paradigmas políticos. Citemos algunos interrogantes: 

1) Conceptual. En un sistema político presidencialista verticalista, o en organizaciones empresariales jerárquicas, qué relación existe entre las responsabilidades de conducción y/o mando, y las penales por corrupción? En estructuras delictivas permanentes y a gran escala, un Presidente puede ignorar lo que hace un Ministro, este lo que hace un Secretario, y así sucesivamente? Un presidente de empresa puede ignorar coimas pagadas por subordinados? 

2) Fàctico. En lugar de discutir por supuestos operadores judiciales que presionan a jueces y fiscales presionables, no sería más positivo que algún legislador del PRO, radical, justicialista racional o irracional, progresista y de izquierda blanda o dura, denunciara quiénes son los legisladores que están frenando fuertemente la ley de Extinción de Dominio, o intentando que se apruebe laxamente sin incluir los casos en trámite judicial? 

3) Linguistico. Puede ser que en términos de corrupción estatal, protección y persecución sean sinónimos? 

Comenzaremos a desarrollar intentos de respuesta. 

Buenos Aires, miércoles 17 de 2018 

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 7)

Los cuadernos de Centeno no contienen denuncias, carecen de adjetivaciones, su redacción es monocorde y rutinaria. Tres circunstancias aleatorias y concordantes produjeron su repercusión: un conflicto privado familiar de Centeno; obtención de los cuadernos por un periodista que priorizó la intervención judicial por sobre la primicia, y un juez y un fiscal de la vieja corporación judicial presuntamente arrepentidos que decidieron actuar conforme a sus obligaciones constitucionales, con el necesario sigilo para evitar las usuales estrategias comunicacionales destinadas a deslegitimar pruebas y denunciantes. Coronó el circuito la aprobación en 2016 de la ley que incorporó la figura del imputado colaborador o “arrepentido”, que parecía más declamatoria que eficaz. Esta suma de factores produjo un desmadre que pareciera afectar como nunca antes la resistente trama de impunidad, transparentando en un mismo escenario a partícipes políticos, empresarios, gremiales, corporativos, judiciales y periodísticos, aunados en complicidades, montos millonarios y arrepentimientos que no son de origen religioso. 

Pero para que este hito no se diluya una vez más en lo escenográfico en lugar de lo sancionatorio y resarcitorio, es oportuno analizar recientes fallos judiciales que explican la enorme permeabilidad institucional que hizo posible los desaforados enriquecimientos ilícitos resultantes, con líderes providenciales sostenidos en malas leyes e instituciones públicas y privadas débiles. En este contexto, el “´líder” de turno para lograr supuestas y vocingleras adhesiones ideológicas y enriquecerse, debe comprar complicidades, flexibilizar controles, asociar a los poderes legislativos y judicial, e ignorar corrupciones complementarias. El procedimiento recuerda un principio económico paradójicamente liberal: dejar hacer y dejar pasar. Esta fuerte interdependencia se transparentó en tres fallos judiciales recientes. 

A comienzo de octubre, la Cámara de Casación Penal integrada por los jueces Catucci, Riggi y Mahiques, anuló la condena a 7 años del ex presidente Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, decidida años atrás por otra Cámara de Casación. Ello no se justificó en la inocencia del ex presidente, sino en que se habían excedido todos los plazos razonables para poder administrar justicia, a 23 años de iniciada la causa. El camarista Mahiques agregó una opinión a tener presente para establecer responsabilidades de líderes políticos y empresarios, al señalar “que no estaba probado que Menem y quien fuera titular de Fabricaciones Militares hubieran sabido de los negocios que se estaban haciendo por debajo de su estructura”. Para cerrar la trama, se debe recordar que en el año 2015 la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión de la Cámara Nacional Electoral de inhabilitar la candidatura de Menem como senador nacional por carecer de idoneidad para ejercer un cargo público según el artículo 16 de la Constituciòn Nacional, aduciendo que solo una condena firme puede impedir a un ciudadano postularse a un cargo público. En un caso, la Cámara de Casación no aclaró cuáles son los plazos legales razonables en un juicio (no hay un Código Procesal?); en el otro, la Corte nos informa que la ley electoral votada por los legisladores no impide que procesados por delitos comunes puedan ser candidatos o ejercer cargos públicos.

Casi en simultáneo la misma Cámara decretó la nulidad de la causa de escuchas telefónicas iniciada hace más de 10 años en el juzgado del juez Oyarbide por la hija de Sergio Burnstein, familiar de una de las víctimas del ataque a la AMIA, que con intervención de los fiscales Di Lello primero y el fallecido Nisman luego, dio lugar en el 2010 al procesamiento entre otros, del presidente Macri. Se fundamentó en que el expediente estuvo plagado de errores procesales desde la primera hoja, dado que por ser un delito de acción privada, la denunciante Burnstein debió haber presentado una querella ante la Cámara para designar al juez por sorteo. El cuadro se completa con la decisión el pasado 08 de octubre, de la Sala I de la Cámara Federal (jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi), que anuló los sobreseimientos de los funcionarios implicados en la causa de coimas de Skanska iniciada hace 10 años, por haberse rechazado como prueba las grabaciones internas de Skanska que mencionaban el pago de las coimas.

Estos sucintos antecedentes indican que mientras viejos políticos intentan entretenernos con viejas y oportunistas polémicas, los ciudadanos debemos poner foco en las inconsistencias y omisiones de las leyes penales y electorales que aprueban los legisladores, y en la ineficacia del Consejo de la Magistratura para actuar contra jueces y fiscales incapaces y/o corruptos. Parafraseando a Clinton: “El problema no son los operadores judiciales, estúpido, sino los jueces que se dejan operar”.

Buenos Aires, 11 de octubre 2018

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 6)

En el cuaderno 6, Centeno manifiesta que tras el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner en octubre del 2010, los traslados de dinero se reiniciaron a tan solo siete días de su deceso, si bien fueron menos frecuentes y con montos menores. En el próximo cuaderno 7, asentará que el 21 de diciembre interrumpió sus anotaciones hasta mayo del 2013, “por temor que me descubran y quede sin trabajo”. Este período en blanco es oportuno para comenzar a desentrañar la matriz político-institucional que posibilitó tamaño saqueo al Estado, partiendo de un interrogante simple: cómo es posible que en un sistema democrático la trama delictiva conformada por políticos, empresarios, sindicalistas, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y delincuentes comunes, haya permanecido indemne durante tantos años? 

El análisis debe comenzar por el Presidente de la Nación, quien “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país” (artículo 99 de la Constitución Nacional). A esta definición viejas prácticas políticas adosaron al cargo la condición de ser ejercido por líderes providenciales, y de ser posible de carácter sucesorio como en las añejas monarquías. Este requisito se transparenta en provincias como San Luis, Formosa, Santiago del Estero y Santa Cruz, conducidas por anacrónicos y eternos caudillajes. Lo que genera esta condición en las democracias imperfectas, es que el presidencialismo verticalista deja de ser una condición de gobernabilidad republicana, para cobijar elites prebendarias de carácter celular pero interrelacionadas entre sí. Por ello, una continuidad delictiva temporal en perjuicio del Estado, exige igualmente una continuidad política temporal en la conducción del mismo, con perspectivas de eternización. En estas circunstancias, los actos corruptos dejan de ser puntuales y anecdóticos (Skanska, IBM, Aduana), para transformarse en “estado de corrupción” permanente, que entrecruzan nombres de distintos sectores de poder público y privado. No es casual entonces que las causas de corrupción no se agoten en los funcionarios responsables enriquecidos, sino se extiendan a los poderes judicial y legislativo, asociados a grupos empresarios, sindicales, fuerzas de seguridad y delincuencia común, que en conjunto hacen viable el saqueo y aseguran su impunidad. Esta mecánica que nace de una cúpula política, tiene un efecto multiplicador indetenible, que se extiende a secretarios privados, mayordomos, jardineros, jueces, fiscales, sindicalistas, jefes de departamentales policiales, universidades, organizaciones intermedias, periodistas y actores. El poder mesiánico del líder en un sistema corrupto no dictatorial, no puede establecer límites; debe negociar, expandir el negocio. 

Entenderlo implica establecer tres niveles de participación en la corrupción estatal-privada: 1) funcionarios públicos y actores privados activos; 2) funcionarios o legisladores pasivos que “dejan hacer” o simulan “no ver nada”, pero exigen como compensación prebendas estatales; 3) millones de ciudadanos víctimas a los que solo les resta subsistir, y muchas veces, someterse a la adhesión forzada a líderes enriquecidos. Para producir un cambio debemos evitar el debate distractivo sobre si “Cristina debe ir o no presa”. Esta trampa ya se vivió con Menem, quien hoy con dos condenas, ejerce como senador con protección política y judicial. También debemos evitar los engaños de los eternos responsables de los fracasos, cuando intentan mimetizarse tras casi místicas referencias al peronismo, radicalismo o socialismo, para terminar ofreciéndose finalmente al mejor postor para obtener cargos. Todos los volátiles espacios partidarios que se conforman cada cuatro años para presentarse a elecciones bajo siglas cuasi comerciales, están plagados de quienes se dicen peronistas, radicales o socialistas. 

Es revelador que ninguna de las principales dirigencias políticas se pronunciaran taxativamente contra los hechos de corrupción, salvo en términos genéricos, o como recurso de coacción para atacar al adversario. Por el contrario, muchos políticos penalmente “honestos”, están dedicados a ubicarse en alguna lista para la próxima elección, gestionar un privilegiado cargo judicial para su pareja, o vencido su mandato como legislador, obtener un cargo de asesor en el Consejo de la Magistratura. Los escasísimos ejemplos de persistencia contra la corrupción pertenecen exclusivamente a mujeres. Pero los acuerdos políticos existen. Resulta imposible aprobar una ley de Extinción de Dominio eficaz, que permita recuperar parte de lo sustraído al Estado. Más aún, visto sus consecuencias, muchos legisladores estarán arrepentidos de haber aprobado hace dos años la ley conocida como la del “imputado arrepentido”. 

Buenos Aires, 03 de octubre 2018