PUEDE SER EL PERONISMO OPOSICIÓN?

Más importante que el resultado final de las elecciones legislativas de octubre próximo, que no variará sustancialmente el cuadro de situación emergente de las primarias, es asumir que en los próximos dos años, antes que embarcarnos en prematuros debates acerca de posibles sucesiones presidenciales o reformas que intenten continuidades monárquicas antes que republicanas, se deberán implementar sustanciales  avances en el sistema institucional y económico desde lo jurídico e instrumental, para llegar de la mejor forma posible al cambio de gobierno en el 2015.

Por ejemplo reestructurar la estructura administrativa del Estado y empresas mixtas, lograr equidad salarial entre los salarios máximos y mínimos, y brindar posibilidades de acceso de los ciudadanos a los cargos públicos,  evitando la permanente aparición de organismos elefantiásicos e intencionadamente inoperantes , ajenos a la voluntad de sus empleados, porque las reglas del juego se basan en asumir que las decisiones son adoptadas con exclusividad en los más altos niveles del Poder Ejecutivo. Señalemos a modo de ejemplo  cuatro organismos: Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas; Inspección General de Justicia; Unidad de Información Financiera y Auditoría General de la Nación.

Si a ello sumamos la relación de poder entre gobernadores provinciales y Ejecutivo, es evidente que estamos ante una matriz de conducción política basada en el “unicato”, consistente en que el poder de decisión concentrado a nivel presidencial abarca no solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo, y parcialmente al Judicial, en especial el fuero Penal Federal, que investiga la corrupción contra el patrimonio público.  Para esta realidad no podemos desconocer que existe un consenso en niveles políticos e intelectuales que se traslada a gran parte de la ciudadanía, basado en que “los argentinos necesitamos gobiernos con líderes excluyentes”, y ante crisis extremas, “es necesario de inmediato reconstituir ese principio de autoridad”. Como colofón de esta línea de pensamiento, surge la ampliamente aceptada muletilla, de que “los únicos que pueden gobernar son los peronistas”.

Para mantener este criterio lindante en lo antidemocrático, en forma rutinaria y con especial intensidad durante la campaña electoral, son los mismos peronistas quienes instalan términos que se creían desterrados tras casi 35 años ininterrumpidos de democracia: conspiración; golpe institucional; intenciones destituyentes. El gobernador Scioli por ejemplo, se mostró preocupado “por cosas que se escuchan” (obviamente no aclaró cuales ni de quienes), y expresó sus deseos para que el Gobierno “termine de la mejor manera posible”, lo que es una obviedad. Estas expresiones en los máximos niveles de responsabilidad política instala una inquietud nociva para la posibilidad cierta de alternancia política. Pero cuando quien difunde versiones de golpes destituyentes es un gobierno que cuenta con mayoría en Diputados y Senadores; amplia mayoría de gobernadores adictos; manejo de todos los organismos que deberían ejercer el control del Ejecutivo; el monopolio lógico de servicios de inteligencia; complacencia de todas las Cámaras empresariales salvo la rural; militares totalmente sometidos al poder político, y finalmente un estado de beatitud religiosa con motivo de que el Papa es argentino, cabe preguntarse que le queda a cualquier oposición no peronista, que seguramente no contará con esta simultaneidad de mayorías y consensos.  La preocupación se incrementa cuando los depositarios de sospechas de golpes  son integrantes del mismo Gobierno y del mismo partido. Porque nadie podrá pensar que una oposición dispersa y con dirigentes en general anodinos, pueda tener un atisbo de poder destituyente.

El cinismo aplicado a la política del miedo para mantener el poder tiene ejemplos notables. Ante el apresurado debate de una eventual designación de un presidente opositor en la Cámara de Diputados, en el supuesto que el oficialismo pierda su mayoría parlamentaria en octubre próximo, cabe recordar que en el  2001, luego de las elecciones legislativas que perdió el Gobierno de la Alianza, la oposición triunfante, con el voto a favor de la en ese entonces senadora Kirchner, eligió al peronista Ramón Puerta como presidente del Senado. En esa instancia ya había renunciado el peronista “Chacho” Alvarez, hoy funcionario del gobierno. Como es conocido, pocos días después el radical De la Rúa renunció, y en sucesión directa, Puerta debió hacerse cargo del Ejecutivo.

Siguiendo el razonamiento de muchos funcionarios hoy: se produjo en ese entonces un golpe destituyente?  O será este recuerdo lo que inquieta a la Presidente y sus allegados?  Por ello a la muletilla “solo el peronismo puede gobernar”  tendríamos que oponerle a manera de hipótesis, la opción “se puede gobernar con el peronismo duro (determinados gobernadores, intendentes del conurbano y gremialistas), en la oposición?”

En la reciente primaria quedó demostrado que el voto en su conjunto puede mover a decisiones de gobierno en interés de la ciudadanía, aunque sea parcialmente, más allá de si los favorecidos son oficialistas u opositores. Ante los resultados electorales, el Gobierno decidió actualizar el mínimo no imponible que se aplica a los salarios, si bien no incorporó una cláusula de reajuste automático por índice de inflación. No todo es destituyente en la política.

CUANDO EL MENSAJE DEL VOTO NO BASTA

La instancia del voto es la que posibilita que el sistema democrático sea el gobierno de las mayorías a través de sus representantes . Sin embargo, el tránsito que la clase política ofrece para  este ejercicio popular, es muchas veces manipulado mediante legislaciones electorales oportunistas que minimizan el derecho a elegir,  como las listas sábana; ley de lemas; listas colectoras y candidaturas testimoniales, entre otras variantes creativas, dignas de mejores objetivos para el bien de una sociedad.

El ejercicio reiterado de la democracia desnuda cada vez más estos subterfugios, y forma al ciudadano en la detección de los mensajes superficiales, cuando no manifiestamente engañosos. Es oportuno entonces efectuar algunas reflexiones respecto de las recientes elecciones primarias para definir candidaturas a legisladores, no ya desde lo numérico, sino desde las expresiones excesivamente eufóricas o injustificadamente coléricas emitidas por los actores principales de la elección.

En primer término se debe destacar el falso mensaje, y por lo reiterado infantil, de que los triunfos provienen del pueblo, y las derrotas de sectores monopólicos destituyentes. Los grupos con poder económico existen en toda sociedad, y muchas veces intentan manipular las decisiones políticas conforme sus intereses y en detrimento del bien común. Pero para tener éxito necesitan de tres factores: funcionarios corruptos, jueces venales y leyes en permanente cambio. Por lo tanto es más importante concentrarnos en quienes pretenden representar a la sociedad en su conjunto y cuentan con la organización jurídico- institucional necesaria para defenderla, y utilizan al “poder económico” como recurso de engaño electoral.

Otro aspecto sobre el que reflexionar y muy relacionado con el anterior, es el referido al poder de los medios de comunicación. No descubriremos ahora su enorme influencia para crear opinión, especialmente en el campo de la propaganda política.   Pero cabe preguntarse: un gobierno que cuenta con los medios televisivos y escritos manejados por los grupos empresarios Spolski, Pierri, Vila-Manzano y Cristóbal López; diarios de distribución gratuita y  “Página 12”; el canal de televisión oficial, y la publicidad exclusiva del costoso “Fútbol para Todos” que incluye el armado de los horarios de los partidos según conveniencia, puede presentarse como víctima de operaciones de prensa, aún en los casos que estas existan?  Cuando felizmente existe diversidad de información, obsesionarse y poner como una causa de derrota a un tal señor Magnetto, por muy malo que sea, no es menospreciar al votante? 

  

Todos los analistas hablan de un fin de ciclo del kirchnerismo peronista como resultado de una elección, obviando que cuando la Presidente deje su cargo en el 2015, el kirchnerismo habrá cumplido un período ininterrumpido de 12 años de gobierno. Resulta difícil comprender entonces que la clase política necesite de ratificaciones electorales para impedir cambios constitucionales espúreos, que dañen las saludables alternancias en el ejercicio del poder que caracterizan a los sistemas democráticos. Vicio que, cabe recordar, caracterizan a muchos gobiernos provinciales, que semejan más a estilos caudillejos de colonia que a sistemas modernos de conducción.

Ante esta realidad, la ciudadanía, no solo para octubre próximo sino para el irreversible cambio presidencial que se producirá en el 2015, deberá concentrase inicialmente, en las clásicas volteretas   de los eternos oportunistas que se presentarán como “lo nuevo”  para permanecer en los envidiables y bien rentados cargos oficiales, llevando a la práctica la recordada frase del príncipe de Salina en la única novela de Giuseppe di Lampedusa “El Gatopardo”, cuando avizora el final de la época aristocrática ante la unificación italiana a mediados del siglo XIX: “Cambiar para que nada cambie”.

El fin del menemismo peronista significó un masivo trasvasamiento de supuestos neoliberales a supuestos progresismos. El fracaso de la Alianza produjo un reacomodamiento en tropel de los dirigentes peronistas que la integraron, para insertarse en el kirchnerismo. El ejemplo más patético es el del ex presidente Carlos Alvarez, que iniciara la crisis política con su renuncia, y desde hace tres años actúa como funcionario de éste gobierno ante organismos en el exterior.  Esta es la trampa que la ciudadanía, ya sea oficialista, opositora o indiferente, deberá evitar si pretende que la cultura de lo pragmático dé lugar a políticas de Estado consensuadas y consistentes en el tiempo. 

Una primera señal preocupante es el declarado fervor de todos los candidatos para encarar una “lucha frontal contra la corrupción”. Si más del 80 % de ellos son ya legisladores o bien ocupan cargos en distintos niveles ejecutivos o administrativos, porqué debemos creer que harán mañana lo que no hicieron hasta hoy?

El resultado de octubre definirá las ratificaciones y reemplazos en los niveles legislativos. Pero a partir de ese momento quienes pretendan conducir al país o revalidar títulos en el 2015, tendrán que demostrar en hechos concretos sus promesas. Dos años es excesivo tiempo para soportar declamaciones grandilocuentes y demagógicas, mientras camaristas, jueces y fiscales del fuero Penal Federal, día a día van desarmando las investigaciones sobre los casos, entre otros, de la estafa de la Fundación Sueños Compartidos ; venta de la ex Ciccone Calcográfica; degradación de la infraestructura de transporte como resultado del corrupto destino de los subsidios; manejo concentrado de la obra pública con casos como los del empresario Lázaro Báez, y los manifiestos enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos involucrados y empresarios asociados.  

Vencerá el voto popular al escepticismo de Lampedusa? Pensemos que sí, y actuemos en consecuencia.               

Colapso judicial y las PASO - agenda agosto 2013

La publicación regular de una agenda que sintetice las actuaciones  de la Justicia Penal Federal  en los casos de mayor repercusión que involucren a funcionarios públicos y empresarios privados asociados para afectar el patrimonio del Estado con destino  a sus enriquecimientos, aún a costa de la vida de ciudadanos inocentes, tiene como objeto visualizar  la magnitud de la impunidad de estos delitos.

El compromiso de los candidatos en campaña de “luchar contra la corrupción”, puede ser o bien declamatorio, o entender erróneamente que la lucha se agota con la denuncia, soslayando que el grado de complicidad para ocultar y/o proteger a los involucrados necesita de una red conformada no solo por altos funcionarios de gobierno, sino también por empresarios, gremialistas, jueces y oposiciones ineficaces cuando no cómplices. Casos como Skanska, Ciccone Calcográfica, Fundación Sueños Compartidos, entre otros tantos negociados, remiten a funcionarios y empresarios que cuentan con un invalorable salvoconducto: “si voy preso hablo”.

Por ello el debate sobre la “democratización de la justicia” instalado por el Gobierno,  y la defensa de la independencia del Poder Judicial como réplica de sectores opositores, es falso en términos abstractos: hay integrantes de la Justicia Federal manifiestamente complacientes y/o ineficaces con los delitos de corrupción pública que no exhiben independencia judicial; pero también existen  recursos legales e institucionales que evitan actitudes corporativas judiciales que impidan la remoción y sanción de los malos jueces, que no son utilizados por supuestas oposiciones, y menos aún por el oficialismo.  

En este contexto no es casual que en plena campaña electoral para elegir legisladores en octubre próximo, se hayan producido tres hechos judiciales que hablan por sí solos respecto a la protección brindada a quienes delinquen contra los recursos del Estado.

La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por  los dres. Jorge Ballestero y Eduardo Farah, anuló el procesamiento de los hermanos Schoklender y otros 42 imputados, por el desvío de fondos públicos otorgados para construir viviendas sociales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo que encabeza Hebe de Bonafini, y apartó al juez actuante Norberto Oyarbide de la causa, acusándolo de una investigación defectuosa, imprecisa, confusa, y violatoria del derecho de defensa y garantías de los acusados. Vale decir que a más de dos años de iniciada la causa, recién ahora la Cámara Federal señala lo que era una obviedad en función de los antecedentes conocidos del caso y el juez actuante, lo que permite demorar, por no decir diluir, el juicio oral y público.

Los mismos jueces Ballestero y Farah rechazaron el pedido del fiscal Di Lello para cerrar la causa contra el vicepresidente Amado Boudou por su participación en el negociado entre el Estado y privados en la adquisición de la ex empresa Ciccone Calcográfica, reclamando en términos muy duros al Juez Ariel Lijo agilizar y profundizar la investigación para esclarecerla rápidamente. Un detalle insólito: la Inspección General de Personas Jurídicas no sabe informar (obviamente oculta) a quien pertenece la sociedad The Old Fund, que se hiciera cargo de la ex Ciccone y cuya cara visible es Vanderbroele.

La Sala IV del mismo fuero con los votos de los dres. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky declararon nulo el llamado a juicio oral y público efectuada por el juez Julián Ercolini en la causa de dádivas  entregadas por empresarios a cargo de la explotación de las líneas de ferrocarril Mitre y Sarmiento al ex Secretario de Transportes Ricardo Jaime, funcionario que debía controlarlos.

Oyarbide, Lijo, Di Lello, Ballestero, Farah, entre muchos otros jueces y fiscales del fuero penal, han sido reiteradamente mencionados como ineficaces para juzgar y sancionar los delitos de corrupción pública, como lo muestran los antecedentes de sus fallos. Esta realidad intenta disimularse con escenográficos cruces de acusaciones entre ellos, que tiene un único e irremediable destino: disolución de pruebas; transcurso del tiempo; cierre de causas y/o prescripciones. O sea que estas supuestas “impericias judiciales” no son tales, sino meras estrategias.

Ante este escenario, el poder político que cuenta con los instrumentos necesarios para “democratizar la justicia” a través del Consejo de la Magistratura, no lo hace, y resta validez a los repetidos compromisos electorales de los candidatos de luchar contra la corrupción, tarea que entre paréntesis, compete fundamentalmente a fiscales y jueces, limitándose a formular denuncias mediáticas sustentadas en excelentes investigaciones periodísticas.

Las obligaciones de los legisladores son menos abstractas: 1) Sancionar a los jueces ineptos y/o cómplices a través del  Consejo de la Magistratura; 2) Controlar a los organismos del Estado que deben proveer documentación a la justicia: Fiscalía de Investigaciones Administrativas; Inspección General de Personas Jurídicas; AFIP y Auditoría General de la Nación; 3) Diseñar y aprobar leyes contra la corrupción más estrictas y eficaces en sus normativas, tiempos y sanciones.

Esta función, salvo honrosas excepciones, no fue asumida hasta el momento por los autoproclamados “luchadores contra la corrupción”.

NO SIEMPRE LOS ACUERDOS POLÍTICOS SON SALUDABLES

A priori la palabra “acuerdos políticos” se asimila a coincidencias virtuosas, en donde confluyen diversidades ideológicas en aras del beneficio común, que en esencia debiera ser el objetivo de la política. Pocos sin embargo se formulan la pregunta: qué tipo de acuerdo  y para qué? Las conclusiones pueden sorprender: los acuerdos existen y son mucho más extendidos que lo que políticos más reconocidos pretenden hacer creer a la sociedad.

En la presente campaña electoral para la primaria del próximo domingo podemos seleccionar algunas frases que todas las agrupaciones y sus representantes utilizaron sin excepción en sus discursos y propaganda:  “Hay cosas de éste gobierno buenas y malas”; “Es necesario terminar con la confrontación y dialogar”; “Lucharé contra la corrupción”, “Pongamos un límite a éste gobierno”, y finalmente un clásico del cine:  “He presentado un proyecto”. La clave para analizar estos mensajes es tener presente que más del 80 % de los candidatos a legisladores pretenden renovar su banca o bien ocupan cargos ejecutivos.  Las contradicciones comienzan por la ley que dio origen a las primarias.

El próximo domingo se realizará la segunda experiencia de las denominadas primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), instaladas en el año 2009 como resultado de la aprobación de la pomposamente denominada “Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”. Básicamente establece requisitos para ser considerado partido político, agrupación o alianza; número de afiliados y electores; conformación de listas; pautas electorales y condiciones de financiamiento. 

La primera observación es que la implementación de las primarias prácticamente no tiene primarias, salvo rarísimas excepciones (ejemplo UNEN en Capital Federal). Más grave aún, no existe por parte de la Justicia Electoral información pública de la habilitación de las distintas agrupaciones, especialmente las conformados en los últimos meses, y la Cámara Nacional Electoral no publicita el registro de afiliados de cada agrupación, como lo indica la ley. Los incumplimientos continúan: no se cumplen con los plazos de publicidad, y las autoridades electorales no verifican, aprueban o rechazan el origen de financiamiento en tiempo en forma. En síntesis: no hay democratización de la representación política; no hay transparencia, y no hay equidad electoral. Pese a ello, ninguna voz se alzó durante la campaña para señalar estas irregularidades, con excepción de la publicidad, que ningún oficialismo cumple. Tal unanimidad en omitir esta realidad, hace suponer un acuerdo político generalizado, quizás en disimular que durante un período no menor a cuatro meses cada dos años, las Cámaras de Diputados y Senadores entran en un virtual receso, generando un privilegio más para los legisladores que dicen “escuchar los reclamos de la gente”.

Preocupa además la reiteración de obviedades tales como “hay cosas buenas y malas”; “necesidad de dialogar”, o “poner un límite al gobierno”, sin explicar el cómo a nivel propuesta (proyectos comprometidos por cada agrupación), y factibilidad (que legisladores acompañan dichos proyectos), que en plena campaña puede contar con apoyos oficialistas y aún opositores, haciendo posible que los mismos se transformen en ley una vez elegidos por la ciudadanía. Un ejemplo clarísimo en el que todos los candidatos parecen coincidir, es la modificación del retrógrado impuesto a los salarios considerados como ganancia. Pero esto, que dejaría un beneficio concreto a la sociedad más allá del resultado electoral, no se hace.

Lo más grave, porque todos saben que es falaz, es la muletilla “lucharemos contra la corrupción”. Si con los explícitos y fundamentados casos de corrupción en perjuicio de los fondos del Estado, que incluso provocó catástrofes como la de la estación Once del ferrocarril Sarmiento, con los consecuentes enriquecimientos ilícitos de funcionarios, empresarios, jueces y gremialistas, los candidatos proclamen que es necesario “luchar” y no “actuar”, demuestran claramente que la corrupción, por acción u omisión, alcanzó a todos los estamentos estatales, no solo a  funcionarios del Poder Ejecutivo. El procedimiento de denuncia ha sido amplia y claramente cubierto por serias investigaciones periodísticas, complementadas con el aporte de informaciones bancarias, datos de constitución de empresas en el país y en el exterior, nombre de testaferros sin capacidad económica por un lado, y funcionarios con sus allegados sin justificación del monumental crecimiento de su patrimonio por el otro, ante lo cual jueces y fiscales federales simplemente deben constatar su autenticidad.  Pero el accionar judicial transformó el principio que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, en el justificada pregunta de los  ciudadanos:  alguna vez los saqueadores de los recursos públicos  y sus cómplices  serán condenados?

Como hecho novedoso, a último momento se sumó una imprevista  primaria cerrada y no obligatoria dentro del espacio oficialista, protagonizada por el candidato Sergio Massa y el Secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni. El debate se centró en determinar a cuál de los oficialismos respondía el integrante de Prefectura que ingresó a robar en el domicilio de Massa.