ARTIMAÑAS JUDICIALES

La artimaña consiste en actuar en forma maliciosa para engañar y conseguir un fin determinado. Concepto aplicable al poder judicial en las causas de corrupción estatal-privada, cuyos efectos entre otros, fue el de cerrar diciembre del 2015 con 29% de pobres. Los camaristas Ballestero y Farah, al cambiar la carátula de la causa Cristóbal López/Oil Combustibles, transformando el delito de defraudación al Estado en simple evasión, aportaron el último ejemplo. Que sirve para reflexionar si realmente el poder judicial está evolucionando, o entreteniendo a la sociedad con fuegos de artificio. Analizarlo implica partir de ciertos supuestos.

El imprevisto triunfo electoral de Cambiemos, al sustituir a un partido que gobernó a la Nación y provincia de Buenos Aires durante catorce años ininterrumpidos, si bien provocó un cimbronazo político que afectó tramas de impunidad sólidamente instaladas, estas intentan permanecer. Mantienen vigencia muchos políticos, jueces, empresarios y sindicalistas que fueron partícipes necesarios del saqueo. La degradación judicial no puede independizarse de su asociación con otros sectores de poder, enhebrada a través de nepotismos y amiguismos, que bien describiera el periodista Carlos Pagni en sus columnas de La Nación. Este “sembrado” de complicidades es necesario porque los poderes del Estado  no son independientes como se declama, sino interdependientes, pues deben controlarse mutuamente. El órgano constitucional Consejo de la Magistratura por ejemplo, que se encarga de la selección y remoción de magistrados, es burocráticamente costoso y sospechosamente inoperante.

El caso Cristóbal López/Oil Combustibles, si bien impacta por su volumen de deuda y relación con el matrimonio Kirchner, replica una mecánica de saqueo seguida con otras empresas, como el Correo OCA y el grupo de medios Spolzki/Garfunkel, entre otras. La mecánica consta de dos etapas: 1) la inicial, con el armado de grupos empresariales sobredimensionados sostenidos con dinero estatal, cuyas “ganancias” inexistentes se comparten entre empresarios y funcionarios cómplices. 2) la de crisis o quiebra una vez concluido el flujo estatal, que consiste en enmascarar el vaciamiento y diluir responsabilidades a través de falsos adquirentes y/o inversores sin solvencia económica, como Martínez Rojas con el grupo Spolzki/Garfunkel, o Rosner y De la Torre con Oil Combustibles/Indalo. De tal modo el Estado no solo no recupera lo que se le robó, sino bajo la argucia de cuidar “puestos de trabajo”, se le exige mantener  estructuras empresariales insustentables. Este circuito necesita de otros dos partícipes necesarios: funcionarios de la AFIP y sindicalistas. Los primeros consienten la defraudación. Los sindicalistas omiten cumplir con su obligación de controlar el depósito de los aportes patronales de sus afiliados.

En la etapa terminal de crisis, licuados los aportes estatales y ocultados los patrimonios particulares, entran en acción los “Ballesteros y Farahs”, que nos recuerdan que en el Poder Judicial nada cambió.

La supuesta aceleración de la dinámica judicial federal fue forzada por los recordados videos con el ex secretario de Obras Públicas José López arrojando un bolso con nueve millones de dólares en un convento, y días después, el grupo Báez contando millones de dólares arrastrados en bolsos. Hechos que obligaron a jueces y fiscales iniciar el juego de artificio, consistente en retomar denuncias o causas adormecidas desde hacía años, y sobreactuar con algunas detenciones. Pero en concreto, Ballestero y Farah dictaminan como siempre. Casanello, Servini de Cubría y Lijo entre otros, son tan lentos como siempre, y la Corte Suprema de Justicia anuncia grandilocuentes cambios que nunca concreta. En este marco de complicidades, el gobierno de Cambiemos solo consiguió la renuncia del ícono judicial Oyarbide, y con enormes dificultades, la remoción del camarista Freiler, quien integrara la Sala I junto con Ballestero y Farah.  

Los legisladores completan el capítulo político de la trama, buscando encubrir delitos económicos tras falsos debates ideológicos, cuando el problema, parafraseando a Clinton, “es el dinero, estúpido”. También participan del juego de coacciones, en el cual impúdicamente legisladores procesados por delitos comunes contra el Estado, pretenden juzgar a funcionarios por inobservancias éticas. Y por si fuera poco, congelan leyes claves contra la corrupción, como la de Extinción de Dominio en el Senado.

Buenos Aires, 28 de marzo 2018

DESIGUALDADES DE GÉNERO

El concepto de igualdad de género responde al principio establecido en el artículo 16 de la Constitución, que estipula que “todos los habitantes son iguales ante la ley”. Usos y costumbres en muchos casos ancestrales, reservó para la mujer un rol de maternidad y hogar, con limitaciones no explícitas de derechos cívicos, laborales y de oportunidades. El debate actual hace hincapié en la violencia ejercida por el hombre, para amenazar, dañar e incluso matar a mujeres por conflictos personales. En este contexto, es interesante destacar manifiestas desigualdades de género en los campos político y deportivo relacionadas con la corrupción, que no han sido resaltadas en el debate.

En lo político, quienes en las últimas décadas fueron perseverantes en la investigación seria, denuncia y seguimiento de casos de corrupción estatal-privada, han sido mujeres: Carrió, Ocaña, Stolbizer, Alonso, a las que, con responsabilidades ejecutivas de gobierno, se suma María Eugenia Vidal. La rama política masculina por el contrario, ejercita expresiones meramente declamatorias, o más grave aún, formula denuncias superficiales con el fin de coaccionar y/o desprestigiar para negociar impunidad. Esta falencia de género no se manifiesta en el periodismo de investigación, en el que se desempeñan eficazmente ambos sexos.

Pero la desigualdad mayor se presenta en el campo deportivo, en un sector en el que conviven como dirigentes representantes políticos, empresarios, sindicales, judiciales y delincuentes de armas tomar, con una amplitud partidaria, ideológica y social envidiable. Para mezclar negociados con honestas administraciones, cuentan con una cobertura jurídica ideal: los clubes de fútbol son organizaciones civiles no gubernamentales “sin fines de lucro”, cuyo objetivo es alcanzar el bien común.

Si las mujeres, en especial las comprometidas contra la corrupción, pudieran atravesar esta sólida coraza masculina, tendrían un excelente campo de experimentación no solo para visualizar la corrupción “en bruto”, sino constatar los entramados intersectoriales para lograr complicidad e impunidad. En lo económico, aprenderán de transacciones multimillonarias de jugadores realizadas a través de intermediarios; evasiones fiscales, balances manipulados aprobados con coacción de barras bravas; circuitos paralelos de comercialización de entradas, sobrefacturación de servicios, y todo tipo de irregularidades. No es casual que en muchos clubes, incluidos los llamados grandes, corran riesgos las verdaderas funciones sociales, como las recreativas y educativas.

En cuanto a las tramas de complicidad, los nexos entre las dirigencias de clubes y de la AFA, convierten en ridículas las clásicas elucubraciones para detectar a los misteriosos operadores judiciales, como en su momento Javier Fernández; hoy Daniel Angelici, Alfredo Lijo o el multifacético Alberto Fernández, autoproclamado consultor para defender “a los trabajadores” en la causa judicial de Indalo. El camarista Jorge Ballestero por ejemplo, integra desde hace años el tribunal de penas de la AFA. Las relaciones entre empresarios y sindicalistas, no necesitan de supuestos. La empresa OCA que preside Farcuh, también deudora de miles de millones de pesos al Estado, promociona la camiseta del glorioso club Independiente presidido por los representantes de sus trabajadores, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano. Los objetivos del “bien común” alcanza tal fervor, que muchos dirigentes participan en la conducción de dos o más clubes, poniendo en crisis el concepto basado en que lo único que no cambia en la vida es la fidelidad futbolera.

La tarea de las mujeres para ingresar al mundo “sin lucro” del fútbol, será mucho más compleja que obtener en el campo laboral igualdad de oportunidades y salariales.  

Buenos Aires, 21 de marzo 2018

SOMOS TODOS LADRONES

El delito a gran escala, presenta patrones universales en lo organizativo y psicológico. Los hampones de la década del 30 necesitaban para sus negocios ilícitos (prostitución, juego y contrabando), activas complicidades políticas, policíacas y judiciales. Para la pasividad de la población, utilizaban la resignación, el miedo o el crimen. Sus enormes ganancias contaban con eficaces estructuras administrativas que falseaban balances, lavaban dinero (de esa época surge el término), y abrían cuentas offshore.

Décadas más tarde, los delitos económicos estatales no presentan diferencias de fondo sino de matices. El dinero ilícito no surge de negocios privados, sino de recursos del Estado. Semánticamente, el duro término “delito” se dulcificó en el híbrido “corrupción”. Los “hampones” de entonces, mutaron en funcionarios políticos asociados a empresarios cómplices. Las antiguas crónicas policiales que relataban cinematográficos robos a bancos en medio de balaceras, se dedican hoy a los sofisticados saqueos de presupuestos públicos planificados en confortables oficinas o confiterías de moda. La única diferencia entre el ayer y el hoy, es el acelerado desarrollo tecnológico digital y de medios de comunicación, que hace cada vez más difícil la utilización invalorable “del secreto” para ocultar pruebas y complicidades. Ello obligó a que la clásica estrategia comunicacional de la lucha de “buenos contra malos”, se transformara en un discurso que por repetido no deja de mantener cierta eficacia: “no hay inocentes, somos todos ladrones”. O bien disimular culpabilidades con el recurso de la falsa proclamación ética que tan bien definiera el historiador Luis Alberto Romero: “quienes se sienten amenazados en sus intereses, se defienden empleando el mismo lenguaje de la virtud”.

Para evitar la mimetización entre culpables e inocentes, o entre procesados y denunciados, con el fin de confundir a la opinión pública para que nada cambie, se deben destacar cinco conceptos. 

1) Muchos de los responsables políticos, judiciales, empresariales y sindicales que por acción u omisión posibilitaron la corrupción en las últimas décadas, están en pleno ejercicio de sus roles. De ahí que una real acción contra la corrupción, se logrará solo manteniendo una fuerte y sostenida presión social.

2) Para evitar el engaño encubridor de “todo es lo mismo”, es necesario categorizar acciones y sus consecuencias políticas: a) rendición de cuentas por actos de gobierno que importaron sustracción ilegal de recursos del Estado (delito); b) cuentas y/o bienes en el exterior no declarados (evasión); c) cuentas y/o bienes en el exterior declarados (legítimo).

3) La justicia deberá investigar con igual celeridad denuncias sobre el gobierno anterior como del actual. Será esencial el aporte de organismos de control público, hasta hace poco facilitadores de la corrupción estatal-privada ( AFIP, Personas Jurídicas, Procelac, etc.). Si sus responsables ocultan y/o niegan la entrega de documentación en tiempo y forma, deberán ser denunciados y procesados.

4) Los legisladores deberán cumplir con su obligación indelegable de lograr leyes eficaces para combatir la corrupción. Y abandonar el intento de confundir a la sociedad con opinables debates éticos de carácter filosófico, dado que las inobservancias éticas no son penalmente punibles. Menos aún pueden incursionar en este campo quienes se autoprotegen interpretando capciosamente la ley de fueros, permitiendo que procesados y/o condenados por delitos comunes puedan ser candidatos y/o legisladores. 

5) Un ejemplo de la distancia política que existe entre lo discursivo ético y lo legislativo sancionatorio, es la ley de Extinción de Dominio, que permite decomisar bienes de la corrupción y reintegrarlos al presupuesto público. Aplicada con éxito en los países más avanzados, se encuentra congelada desde hace casi dos años en el Senado. Podrían decomisarse por ejemplo, los nueve millones de dólares de José López. Con un beneficio adicional; al actuar prestamente sobre el objeto del delito (dinero y bienes), perderá sentido “cajonear” causas judiciales, pues.los propios afectados serán los interesados en acelerarlas.

Buenos Aires, 14 de marzo 2018

CUADRO DE FAMILIA

Propagandística y comunicacionalmente, en las grandes concentraciones las pujas políticas se apoyan en tres elementos básicos: imagen, espectáculo y discurso. La imagen contiene un escenario emisor, en el que los oradores a manera de escenografía coral, son rodeados por dirigentes afines. El espectáculo lo aporta una multitud anónima pero con un rol cuantitativo y simbólico sustancial: legitimar la protesta y el poder y/o representatividad de los dirigentes convocantes. El discurso apela a la emoción por sobre la razón, y al eslogan por sobre la información veraz. Finalizada la representación, se ingresa en una etapa supuestamente más enriquecedora, que reemplaza la directa intermediación entre orador y multitud, por el diversificado ámbito del análisis y debate.   

Análisis y opinión son en esencia subjetivos, pues contienen posturas ideológicas y habitualmente intereses sectoriales. Por ello aún en la comparación de opiniones, continuamos dependiendo de los datos que suministran sectores en pugna. Sin embargo, los cambios generados por la velocidad de digitalización de datos, transformó la clásica vía unidireccional del emisor unívoco al receptor masivo, en un ida y vuelta entre ambos. La posibilidad de acceder a otras fuentes informativas alejados de intermediaciones interesadas, nos posibilita formular nuestras propias interpretaciones de imágenes y discursos, detectar contradicciones no planteadas, y transformarnos a su vez en emisores de interrogantes no aclarados. Esta novedad ha sobrepasado a políticos y formadores de opinión que al sentirse forzados a participar del mundo digital, han expuesto mediocridades u omisiones. Sirva como ejemplo, comparar la calidad expositiva de muchos ciudadanos comunes en las cartas de lectores publicadas en medios gráficos, con las insustanciales y monocordes frases de políticos tuiteros o panelistas en debates televisivos. Los empresarios, sindicalistas y ámbito judicial, amigos del “secreto”, intentan eludir el desafío digital.

La protesta encabezada por la familia Moyano el pasado 21 de febrero, es adecuada para intentar un análisis sin intermediación, utilizando las tres herramientas comunicacionales: imagen, espectáculo y discurso. Considerando las circunstancias que rodearon la convocatoria, irónicamente llamaremos a la imagen “Cuadro de familia”. Moyano en el estrado acompañado por sus hijos y el abogado defensor de la familia, el ex juez Llermanos. Si bien el discurso no soslayó su situación judicial, cabe preguntarse si aportó un mensaje relevante. En principio no, pues lo judicial avanzará por otra vía. Pero en el campo de la imagen, surge la incógnita sobre si el acompañamiento coral de dirigentes en el escenario/palco, podría significar un nuevo polo de oposición. Dado que actualmente no solo existe oposición, sino el gobierno tiene minoría legislativa y en las gobernaciones provinciales, el concepto distintivo clave sería el de “polo” (confluencia de objetivos). Para vislumbrar su factibilidad, se pueden resaltar tres aspectos para ser debatidos. Ellos son:

1) En el palco se encontraban Juan Grabois y Gustavo Vera, enigmáticamente considerados “amigos del Papa” por quienes transformaron al Papa en un emoticón, según sonría o no sonría (imagen). Pero lo importante no reside en relaciones de amistad personales, sino en transparentar roles. Grabois, Menéndez y Navarro son “intermediadores” entre recursos del Estado y sectores sociales necesitados. Esta intermediación está claramente definida y controlada? Es necesario explicitarlo. 2) Compartían el escenario los gremialistas Piumatto (judiciales), y Palazzo (bancarios), que representan a sectores bien remunerados, lo que es meritorio, pero que avalan y protegen prebendas que deben solventar toda la sociedad, como regímenes jubilatorios de privilegio, y en el caso de judiciales, el no pago de ganancias. Pueden coexistir desamparo con privilegios? 3) El gremialista y diputado Hugo Yasky fue ejemplo de síntesis cuando bramó: “los ladrones están en la casa Rosada”. Al unísono aplaudieron sectores de derecha y de izquierda. En el palco no había corruptos; los ladrones son los otros.   

              

En este contexto, qué unificaría al eventual polo opositor?

Buenos Aires, 07 de marzo 2018