LA CONADEP NO DEBE USARSE COMO RECURSO PUBLICITARIO

Cuando se ingresa en la difícil etapa de tratar de entender algunos rimbombantes mensajes que con enorme superficialidad diversos políticos, sean oficialistas u opositores, lanzan a la ciudadanía, queda la duda si se propagan producto del desconocimiento, la intención de engañar, o bajo los dictados de costosos publicistas en la búsqueda de impactar. Esta realidad se exacerba durante las campañas electorales, que en nuestro país, más allá de los plazos fijados por la ley, ya comenzaron. Es el caso del nuevo afrodisíaco que se intenta vender a la sociedad, sin acompañarlo de propuestas concretas e integrales: crear una CONADEP de la corrupción.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, a tan solo cinco días de haber asumido la presidencia. Tuvo el carácter de asesora, para investigar violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar del período 1976-1983, e indagar sobre la suerte corrida por los desaparecidos. Sus funciones eran claras y taxativas, destacándose la de recibir denuncias y pruebas sobre los hechos encomendados, para luego trasladarlas a la Justicia. Un aspecto no menor, es que fue integrada por personalidades reconocidas en diversos campos de acción, e intachables desde lo ético. Establecido sucintamente el fin de la CONADEP y sus diferencias con la vigente necesidad disminuir al menos la desaforada corrupción existente, esbocemos propuestas concretas.

1.- La CONADEP debió actuar en un marco de ausencia de información institucional registrada respecto a detenciones y/o desapariciones, debiendo reconstituirla a partir de testimonios y elementos de prueba imposibles de obtener durante la dictadura. Hoy, tras 30 años de democracia, pese al secreto que aplican cada vez más frecuentemente los poderes del Estado a sus actos de gobierno como recurso de impunidad, existen innumerables expedientes judiciales en trámite, con intervención de camaristas, jueces, fiscales y peritos.

2.- Ello implica que lo que debe instrumentarse es una instancia analítica procesal de dichos expedientes, a través de profesionales del derecho externos al Poder Judicial (Universidades, Asociaciones), que tomando ejemplo de la CONADEP, sean  de reconocida formación jurídica y ética. Complementariamente, se designará un equipo específico de apoyo administrativo y de peritos.

3.- La condición de juristas externos supone la no participación de legisladores o funcionarios del Ejecutivo, porque sería retrotraernos a las negociaciones mal denominadas “ políticas” que de hecho se producen hoy, en donde la impunidad es un valor de cambio. Además, la presencia de políticos en la Comisión designados por el nuevo gobierno, se interpretaría como una venganza hacia el actual, facilitando las obvias estrategias de desprestigio bajo el rótulo de “persecución política”.  Esto se evitó con la irreprochable designación y actuación de los integrantes de la CONADEP.

4.- De seguirse esta línea de acción, se hace evidente la necesidad de poner a los integrantes del Fuero Penal Federal Penal en comisión, con la obligación de sus integrantes de aportar la documentación y opiniones que la Comisión Investigadora les requiera, en términos perentorios.

5.- Como resultado de las pruebas y conclusiones que emita la Comisión, los camaristas, jueces, fiscales y peritos sospechados de demoras intencionadas, mala praxis y/o corrupción, con posibles enriquecimientos ilícitos consecuentes, serán juzgados en principio por el Consejo de la Magistratura, el que, en una segunda etapa y conjuntamente con los mal llamados “Organismos de control”, deberán ser reformulados. Se hará expresa reserva que durante el proceso investigativo de la Comisión y su dictamen final, no se admitirán solicitudes de jubilación por parte de jueces y fiscales.

Esta propuesta pude ser obviamente mejorada. Pero queda claro que en lugar de distraer al ciudadano con meros ejercicios dialécticos, las agrupaciones políticas que deseen gobernar deberán formular acciones concretas contra la corrupción, que comprendan su instrumentación y prolijo sustento jurídico, basadas en principios de excepcionalidad,  que tantas veces fuera aplicado al ciudadano común para afectar sus derechos y patrimonio. Una vez asumido el nuevo gobierno, la puesta en marcha del compromiso electoral deberá ser inmediata, como hizo Alfonsín con la CONADEP.

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA MAYO 2014

Ante planteos nada claros de políticos ya en campaña, referidos a crear una inicialmente mal denominada Conadep que releve antecedentes de los casos de corrupción relacionados con el fuerte entramado político-judicial-empresario que afectaron enormes recursos del Estado, incluso a costa de vidas inocentes, es oportuno definir propuestas concretas y su adecuado sustento legal, para dar lugar a su rápida instrumentación. En tal sentido esta agenda mensual pretende aportar  a dicha tarea, resaltando el desarrollo de algunas de las innumerables causas en trámite, y la actuación de camaristas, jueces, fiscales y peritos judiciales intervinientes. Recordemos algunas de las causas.

1.- Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales

Tras la decisión tomada en diciembre pasado  por el Tribunal Oral Federal Nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez, que absolvió con fundamentos sólidos asentados en casi 3.000 páginas a todos los acusados de los presuntos sobornos a senadores, por indicación del mismo Tribunal, el fiscal Eduardo Taiano  investiga la actuación como testigos del ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández; el ex intendente Aníbal Ibarra y el hijo del fallecido dirigente  socialista Alfredo Bravo llamado Daniel, especialista en descubrir anónimos para iniciar causas. La razón son las declaraciones contradictorias y sospechadas de falsas de todos ellos. El caso es relevante, porque muestra como la Justicia Federal (el fallo hace mención a serias irregularidades del juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado), además de sospechada de encubrimiento, ha pasado a ser parte de juegos políticos de desprestigio.

2.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

Luego de que la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por  los dres. Jorge Ballestero y Eduardo Farah, tardíamente apartara al juez Oyarbide de la causa de defraudación de fondos públicas de la Fundación que encabeza Hebe de Bonafini, y anulara los procesamientos dictados, la causa se derivó al juez Martínez de Giorgi, quien la mantiene sin avances.  El tiempo transcurrido posibilitó la disolución de empresas involucradas, cierres de cuentas y reformulación de facturas, por lo que la impunidad de la defraudación prácticamente es un hecho. Resultaba una obviedad que no se podía hacer responsable solo a Sergio Schoklender, sin involucrar a Bonafini, y los funcionarios nacionales, provinciales y del Gobierno de la Ciudad intervinientes en la operatoria de las viviendas.

3.- Causa de lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo empresarial de Lázaro Báez

El responsable del Juzgado Federal Nª 7 Sebastián Casanello, a cargo de la causa, procesó a los intermediarios financieros Federico Elaskar y Leonardo Fariña, eludiendo llamar a declarar para su eventual acusación, al principal sospechado como propietario del dinero, el empresario Làzaro Bàez.

4.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

A dos años de iniciada la causa, y pese a los reclamos muy duros de los camaristas Ballestero y Farah al juez Ariel Lijo y el fiscal Di Lello para agilizar, profundizar y cerrar la investigación sobre el negociado entre el Estado y privados para adquirir la ex empresa Ciccone Calcográfica, que involucra entre otros al vicepresidente Boudou,  el juez continúa sin decisiones relevantes.

 5.- Incendio de los archivos de la empresa extranjera Iron Mountain en Barracas.

El  5 de febrero pasado un incendio en los archivos de la reconocida empresa internacional, provocó la muerte de ocho bomberos y dos rescatistas. La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 18, a cargo del juez Pablo Ormaechea, con la investigación de la fiscal Marcela Sánchez (Fiscalía n° 37). Transcurridos más de tres meses del hecho, llama la atención que no haya cerrado la etapa de peritajes, o bien que no se los haya dado a conocer.  El caso no debe caer en el olvido, ante la sospecha que en el depósito se guardaban documentos del Estado que podrían tener relación con negociados y enriquecimientos ilícitos, por lo que el inexplicable incendio desde lo técnico, podría ser intencional.

Proponer a futuro una denominada “Conadep”  a manera de promesa electoral, no exime a los políticos de cumplir aquí y ahora con las funciones de control y representatividad ciudadana de acuerdo a sus responsabilidades en cuanto a la corrupción, con independencia que se presenten como oficialistas u opositores. 

UNEN: TRANSFORMAR LA ACUMULACIÓN EN CONCORDANCIA

Señalábamos en la última reflexión que el surgimiento del Frente Popular UNEN en el escenario político argentino, con expectativas de consolidarse y ser alternativa seria y posible de gobierno, que fue monopolizado por el justicialismo desde hace casi 25 años, con la experiencia “mixta” de la Alianza durante dos años, es auspicioso para la salud del sistema democrático. Pero el escaso tiempo a las primarias de octubre de 2014 para definir los candidatos a presidente, en el análisis de UNEN se hace necesario priorizar exigencias por sobre los halagos, para no sufrir nuevas frustraciones.

En primer término, es imprescindible definir una formulación estratégica nacional que a partir de un adecuado diagnóstico, derive en objetivos políticos y programáticos claros, para luego plasmarlos en equipos y organización eficaces e interaccionados a nivel nacional. Las figuras representativas de UNEN, con sus mas y sus menos a lo largo de las últimas décadas, en lo personal revisten una aceptable actuación política, aunque no siempre coherente. Es entonces urgente constituir una mesa de Acción Política representativa y de arduo trabajo futuro, para consolidar en brevísimo plazo el marco referencial estratégico del Frente, evitando que la diversidad de opiniones no trasmuten en posiciones personales y caprichosas que generen confusión. El absurdo debate reciente de “Macri sí o Macri no” es un excelente ejemplo del riesgo.

Dos ejemplos a mirarse para convertir a UNEN en un partido estable, son el Frente Amplio de Uruguay, y la Nueva Mayoría de Chile. En el caso de Uruguay, el Frente nació en 1971, y recorrió un largo camino hasta su consolidación. En Chile, el antecedente es la Convergencia, que nació en 1979 como resultado de la división del Partido Socialista en dos fracciones, hasta llegar a la Nueva Mayoría que llevó nuevamente a Bachelet a la conducción del gobierno. A favor de ambos países, sus calidades democráticas e institucionales son muy superiores a las nuestras, que abundan en reformulación de sistemas constitucionales y electorales inéditos en el mundo, al solo efecto de mantener el poder a lo largo del tiempo, minimizando el voto popular. Justo es decir que no fue el justicialismo el único responsable, sino que contó con el inestimable apoyo de muchos supuestos opositores con intereses personales ajenos a su condición de representantes del ciudadanos, para también perpetuarse en ámbitos de poder.

Un paradigma a seguir por UNEN es la reciente campaña electoral en Chile: Bachelet ganó con una propuesta de 50 medidas concretas y transformadores a llevar a cabo en sus primeros 100 días de gobierno. Repitamos: medidas concretas, no declamatorias y genéricas, al estilo “combatiremos la corrupción”. Alfonsín ya lo había implementado en 1983 con sus recordados 100 puntos de acción de gobierno, que se iban tildando a manera de agenda según se cumplimentaban.

Una realidad insoslayable es que dentro del Frente las únicas estructuras que abarcan todo el territorio nacional y aún subsisten pese a todo, son las de la Unión Cívica Radical, y en menor medida, del Partido Socialista. Deberán actuar en consecuencia en su propio beneficio y en el de todos los integrantes del Frente, para que UNEN no quede sometido o afectado ante el eventual riesgo de pretensiones personalistas y hasta ególatras de algunos de sus integrantes. Hecha la salvedad, bienvenidas sean las nuevas agrupaciones y figuras surgidas en los años recientes, tanto en lo referido a los aportes enriquecedores que puedan realizar en lo programático, como en el trabajo de campo. 

El desafío está planteado. Sabrá el Frente UNEN afrontarlo con inteligencia?

CUANDO LA DIVERSIDAD SE PUEDE CONVERTIR EN ANOMIA

La reciente conformación del Frente UNEN despertó la expectativa de reconstituir una alternativa electoral a la que viene monopolizando el justicialismo desde hace más de dos décadas, exhibiendo una asombrosa capacidad de  aplicar políticas supuestamente neoliberales o progresistas con los mismos dirigentes.

Un efecto colateral positivo ante la atomización de representatividad que generó la licuación del propio justicialismo y el radicalismo en su condición de partidos, es que el surgimiento de UNEN inicialmente clarifica las opciones electorales para el 2015, resumiéndolas en tres: la continuidad justicialista representada entre otros por Massa; Scioli y De la Sota; el PRO, con base en la ciudad de Buenos Aires, y el recientemente conformado UNEN.

Para que la expectativa no sea nuevamente defraudada, debemos ser particularmente exigentes con UNEN. Los primeros mensajes de sus máximos representantes no son buenos. Instalar ante la opinión pública como tema sustancial un supuesto acuerdo electoral con Macri, para de inmediato debatir en el propio seno del Frente su conveniencia, raya en un absurdo preocupante y alejado de las verdaderas necesidades y urgencias de la sociedad. Es oportuno entonces destacar cuatro aspectos a tener en cuenta, planteados desde quien considera que un país que no tenga al menos dos alternativas de gobierno sólidas y diferenciadas, no es plenamente democrático.

1.- La total versatilidad ideológica exhibida por el justicialismo para establecer políticas de gobierno en las últimas décadas, cobijando en su seno desde derechas a izquierdas con naturalidad, ha sido posible por su fuerte identificación con el poder. En política esto no es una crítica, sino una virtud. Ello implica que las variantes justicialistas tienen y tendrán importante apoyo tanto de grupos económicos empresariales y gremiales favorecidos por políticas que los enriquecieron, como de sectores adherentes medios o necesitados que fueron clientelizados. La concentración de poder polìtico ineludiblemente conlleva concentración de poder econòmico. Por ende las propuestas de sus candidatos plantearán cambios cosméticos para que nada cambie.  No es casual, por ejemplo, que medios de comunicación fuertemente críticos con la presidente Kirchner, sean increíblemente condescendientes con la administración del gobernador Scioli.  

2.- La fortaleza inicial que otorga al justicialismo el usufructo del poder debiera ser paradójicamente su debilidad, porque brinda a UNEN la oportunidad de plantear desde la acción legislativa inmediata y luego como gobierno, profundas cambios de la estructura del Estado y sus implicancias sociales, que cuenten con consenso mayoritario. Primera duda: están dispuestos a ello?

3.- UNEN debiera tener presente que a diferencia de una elección legislativa, en donde las campañas de candidatos para obtener el limitado número de votos necesarios que les permita acceder a una banca pueden realizarse cómodamente desde diversos programas de televisión de señal abierta, en una elección nacional presidencial es imprescindible una sólida estructura y estrategia extendida a todas las localidades del país, en un permanente ida y vuelta entre un centro de conducción política y miles de ciudadanos que deberán trabajar desde el llano sin dádivas, sino guiados por el convencimiento y el fervor cívico.

4.- Por ello hablar de diversidad en la integración de UNEN es inicialmente una virtud, porque la esencia de la política es el debate entre distintas visiones, para confluir en proyectos y acciones positivas para la mayoría de la sociedad. Pero esto requiere   organicidad y previos consensos dentro de UNEN. De no ser así, se caerá inevitablemente en la anomia, como se denomina en sociología a la falta de normas o incapacidad de conformar las estructuras necesarias para alcanzar una meta.

El desafío a corto plazo de UNEN es resolver el marco de acción nacional que viabilice propuestas, sustente su pretensión de gobernar, y posibilite su ejercicio en caso de ser elegidos. Habrá tiempo para ello? Lo analizaremos en la próxima reflexión.