LA CONFESIÓN DE VÍCTOR HUGO

En la última reflexión, señalábamos que la política de saturar con personal innecesario a diversos organismos públicos, tiene como consecuencia restarles eficacia en su accionar, para favorecer la corrupción. El denominado “clientelismo político” genera extendidas tramas familiares, de amistad y favores debidos, que anula toda pretensión de los funcionarios y empleados honestos y capacitados, de vulnerar las tramas de impunidad. Quienes lo intentaron, fueron desalojados de sus cargos sin miramientos, carentes de todo apoyo sindical.

Más graves aún, son las tramas destinadas a “triangular” recursos del Estado a través de sectores privados asociados, con enormes impactos económicos y sociales, que en la mayoría de los casos incursionan en responsabilidades penales. Para no entrar en debates estériles y encubridores, aclaremos que no es un fenómeno exclusivamente kirchnerista, sino practicado desde hace décadas.

Un ejemplo del intento de encubrir estas “triangulaciones” públicas-privadas con invocaciones patrióticas y revolucionarias, nos la brindó recientemente la confesión de un excelente comunicador social: Víctor Hugo Morales. Tras ser despedido en diciembre pasado de radio Continental, lo que parecía un hecho contractual privado, Víctor Hugo lo convirtió en una acusación contra el “gobierno fascista de Macri”, por persecución política. Pero cuando se lo consultó acerca de los dueños de radio Continental, Víctor Hugo perdió efervescencia, y expresó: “Yo no sé si es de Prisa o de un señor González de México o de un señor Lorefice”. Cabe preguntarse: no se le ocurrió consultar al infatigable Sabatella en su lucha contra los monopolios, quiénes eran los dueños? Por otra parte, con quien firmó el contrato? Esta “triangulación” se repitió hasta el hartazgo en otros medios de comunicación. Los panelistas de “678”, por ejemplo, no eran contratados por el canal oficial, sino por la productora PPR de Diego Gvirtz. De este modo, funcionarios, empresarios y periodistas “progresistas”, hacían brillantes negocios con productos de bajos niveles de audiencia y discutibles calidades profesionales, pero con adhesión política unidireccional irrestricta. 

Fue el gobierno de Macri responsable de estas bajas contractuales? Lamentablemente sí, al triunfar en la elección presidencial. Pero no fueron necesarios llamados telefónicos desde el poder político. Los empresarios acostumbrados a prebendas y evitar “el capital de riesgo”, jamás solventarán programas a pérdida, y actuarán acorde a los nuevos tiempos. Muchos de ellos, apelarán incluso al recurso de “vender” sus activos casi inexistentes a empresarios menos conocidos en el mercado, para diluir las responsabilidades público-privadas de origen. Bajo el aura virginal de nuevos dueños, los compradores reclamarán nuevos aportes del Gobierno, y de no lograrlo, concretarán la desaparición de las empresas. Esta metodología se extendió a otros campos no tan visibles como el de los medios de comunicación. Al momento, se conocen los casos de las empresas constructoras de Lázaro Báez; la avícola Rasic, y Sol Líneas Aéreas.

Lo indignante de estas operatorias, es pretender encubrir estos negociados entre funcionarios y empresarios, bajo la invocación de “crear y/o salvar fuentes de trabajo”. Para desactivarlas a futuro, lo que no será fácil, será oportuno que ante el “eslógan encapsulado”, la sociedad comience a plantearse los siguientes interrogantes:

1) Quiénes son los dueños de las empresas, y que garantías patrimoniales brindaron al Estado para responder por sus empleados y por los aportes estatales recibidos?

2) Qué control ejerció el Estado (Personas Jurídicas, AFIP, instituciones crediticias, etc.), respecto a constituciones societarias, situaciones patrimoniales y cumplimiento de balances por parte de las empresas?  

3) Porqué razón los dirigentes gremiales actúan tardíamente ante las crisis, y cuando lo hacen, exigen respuestas solo del Estado, y nunca exponen públicamente a los empresarios responsables?

En la columna de opinión del próximo miércoles expondremos algunos casos históricos de esta circulación corrupta de fondos públicos, que para muchos resultará sorprendente.

ESTADO POPULAR, BOBO O CÓMPLICE?

Es posible en un mundo con sobreabundancia informativa, mantener el oscurantismo de la impunidad? La respuesta es afirmativa. Existen técnicas específicas para ello. Si el o los sospechosos de delitos pierden la preciada cobertura del anonimato, se apela al recurso de la confusión, mediante acumulación  intencionada o inocente de falsedades o supuestos. Es lo que Jean Marie-Domenach, refiriéndose a la propaganda política fascista-comunista de la última guerra, cuyos principios continúan plenamente vigentes hoy, denominara “El mito. La mentira. El hecho”.

La distancia inevitable entre sucesos y conocimiento popular, no es un fenómeno moderno. En la relación con sus súbditos,  le recordaba Maquiavelo al príncipe: “Los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”.

En nuestra condición de ciudadanos comunes, el desafío pasa por intentar procesar la abundante información relacionada con hechos políticos. Una alternativa sería enfocar el análisis a partir de tres aspectos: 1) resaltar los puntos básicos del caso en debate; 2) encontrar similitudes con otros casos aparentemente distintos; 3) concentrarnos en detalles no clarificados, o de validez no constatada. El 2015 nos presentó tres ejemplos oportunos para este ejercicio: a) la muerte del fiscal Nisman; b) la fuga de tres condenados por narcotráfico del penal de General Alvear; c) las incorporaciones masivas de miles de empleados públicos en todo el país, a escasos meses o semanas del cambio de gobierno.  

Aunque parezca una redundancia, vale recordar que las irregularidades y/o complicidades se originan ineludiblemente con el nacimiento del hecho que las posibilita. Tanto en la muerte de Nisman como en la fuga del penal de General Alvear, se repitieron dos circunstancias: 1) los custodios (Nisman), y guardiacárceles (fuga del penal), con responsabilidades de máxima seguridad, actuaron con una ineficacia notable. Las respuestas sancionatorias se limitaron a “poner en comisión” o “separar del cargo” a los sospechosos, o muy tardíamente detenerlos. 2) En lo tecnológico, en ambos casos las cámaras de circuito cerrado de TV no funcionaban, y/o no grababan.

Tema no menor por lo reiterado, es el accionar de la justicia. La investigación del caso Nisman, de cuya muerte se cumplió un año, la encabezó la fiscal Fein. Pese a contar con la intervención de los más reconocidos peritos, increíblemente a la fecha siquiera pudo dictaminar si fue suicidio o asesinato. Observada su ineptitud, cabe preguntarse: que formación adicional a la jurídica brindada por las universidades, tienen los abogados para conducir investigaciones criminales? Los principales actores, además, pertenecen al Estado: funcionarios políticos; Poder judicial; fuerzas de seguridad e inteligencia.

Esto ejemplifica más claramente el desprecio por el Estado y los ciudadanos, que significó la demencial incorporación masiva de personal en distintas esferas de los organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, a escasas semanas del reemplazo de autoridades. Tal locura se realizó sin distinción de banderías políticas; recibieron este insoportable legado y sus posteriores conflictos, aún gobernadores e intendentes que reemplazaron a quienes integraban su misma agrupación política. Todo ello, con la total y recurrente complicidad de los dirigentes gremiales, más preocupados en incrementar los aportes en sus gremios e incorporar a sus propios privilegiados, que en defender carreras administrativas, condiciones laborales y retribuciones salariales, de quienes realmente dignifican la tarea de empleado y/o funcionario público.

Usar al Estado para subvencionar amigos y familiares sin perfiles adecuados, sin espacios físicos de trabajo, sin horarios ni obligaciones, tiene un objetivo subyacente mucho más peligroso que el declamado “clientelismo político”. Es el de paralizar por saturación a los organismos públicos, para restarles eficacia en su accionar y favorecer la corrupción. De este modo se intenta disimular los enormes negociados del Estado con sectores privados asociados, nacidos bajo la más cínica de las justificaciones: crear puestos de trabajo. Analizaremos próximamente lamentables ejemplos vigentes.

Buenos Aires, 20 de enero 2016