viernes, 26 de octubre de 2012

CUANDO LA FUTUROLOGÍA DEJA DE SERLO


La futurología es una disciplina y un conjunto de metodologías orientadas a la previsión del futuro, imaginando escenarios posibles, para posteriormente planificar acciones destinadas a evitar o acelerar los sucesos previstos.

Aplicar la futurología al desenvolvimiento del sistema político argentino sería ocioso, no precisamente por la dinámica de la política en sí, sino por la existencia de un entramado legal en lo partidario y electoral, que posibilita que los cargos electivos de relevancia sean ocupados inevitablemente por las mismas personas desde hace veinte años. Para sustentar esta opinión, hagamos un ejercicio demostrativo hacia el futuro, que podrá ser verificado recién en el próximo año, cuando en octubre se realicen las elecciones nacionales legislativas para diputados, y en noviembre las provinciales para senadores. El punto de partida del análisis consiste en observar a quienes se les vencerá el mandato. Por el Frente Para la Victoria están Diana Conti, Kunkel, Recalde, Agustín Rossi, Jorge Yoma, y Depetri. Por la Unión Cívica Radical Alfonsín, Aguad y Gil Lavedra. Carrió por la Coalición Cívica y Gabriela Michetti por el PRO. Sigue un conjunto de agrupaciones menores que nunca se sabe como se sitúan en el espectro político: De Narváez, Amadeo y Solá por el Peronismo Federal; Sabatella por Nuevo Encuentro; Solanas por Proyecto Sur, y Stolbizer del GEN. Como senadores vencen los mandatos de Cabancich (se ignora a que partido pertenece); Pichetto y Filmus del FPV; Esstensoro por la Coalición Cívica; Romero por el Peronismo Federal y Pablo Verani por la UCR. A los señalados debemos agregarle la segura candidatura a legislador de Binner por Santa Fe, y los  intentos de regresar a la función legislativa de Alberto Fernández y Leopoldo Moreau, ignorándose en ambos casos al frente de que agrupaciones y con que propuestas distintivas lo harán.

Ninguno de los mencionados renunciará a sus expectativas de ocupar bancas legislativas. Como no existen partidos con participación directa de afiliados para la elección interna de los candidatos, la integración de listas será producto de un único elector a nivel del oficialismo; por autoproclamación en el caso de agrupaciones menores que adherirán luego al oficialismo para alcanzar una banca, y en el peor de los casos, como resultado de fervorosas discusiones entre pocos dirigentes acostumbrados a negociar la distribución de los espacios mejor rentados. Para muchos sin embargo, la tarea para lograrlo no será sencilla, cuando no humillante. Felipe Solá buscará un indisimulado retorno al calor oficial con el único objeto de ser incluído en la lista del FPV. Otros, como Jorge Yoma, que nunca se apartó del oficialismo, intentará en lo inmediato fijar posturas disidentes con el gobierno en algunos temas para negociar su nueva inclusión el próximo año. Diputados como Conti o Rossi pueden abandonar la prédica de “Cristina eterna” si no son nuevamente seleccionados como candidatos. Los ejemplos dados indican a las claras que ni aún la tarea de la Presidente en el armado de las listas será tarea fácil. Más aún, en muchos casos las soluciones serán costosas para el erario público. Es recordado el enojo de Luis D¨Elía cuando no se lo incluyó como candidato en las últimas elecciones. Solo se calmó cuando su esposa integró la lista de diputados del FPV en la provincia de Buenos Aires, y todos sus hijos fueron ubicados en cargos públicos con altísimos sueldos. 

El caso de las supuestas oposiciones, fundamentalmente para la sociedad argentina y la alternancia democrática, es mucho más grave. En la elección nacional legislativa de 2009 el oficialismo sufrió una inesperada derrota producto de la fragmentación del peronismo, obteniendo solo el 31,2 % de los votos. El dato impactante fue la derrota de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, ante Francisco De Narváez por Unión-Pro. Se festejó el triunfo opositor como un logro que evitaría las mayorías automáticas legislativas, y abriría una tibia alternativa opositora. El fracaso fue estruendoso, al punto que los opositores de entonces presentan hoy nuevos realineamientos en sus agrupaciones, mostrando un nivel de fragmentación que hizo eclosión en la última elección presidencial, en donde el dato relevante no fue el 54 % del Frente para la Victoria y el 46 % del conglomerado opositor, sino que la Presidente le sacó… 37 puntos al segundo candidato!!!  Cabe entonces preguntarse: cuál será la estrategia de las distintas variantes opositoras para que las voten en el 2013? 

Como se observará, la futurología respecto a las elecciones legislativas del próximo año no es tal, y más allá de los porcentajes que obtengan las expresiones políticas participantes, el panorama no es halagüeño, tanto en lo referido a la renovación política como al mejoramiento del sistema democrático de representación. La Presidente deberá lidiar mucho más con sus divergencias internas y adhesiones “al modelo” costosas, que con lo que ofrezca una oposición dispersa, carente de alternativas de gobierno, incoherente en sus votaciones legislativas,  y castradora de toda expresión política interna renovadora.

Luego de un diagnóstico ciertamente pesimista, es momento de generar optimismo recordando que toda crisis ofrece oportunidades. La forma de plasmarlas en realidades es conformar una oposición institucional coherente y estable a lo largo del tiempo, prácticamente desde sus cimientos. El hartazgo de los electores ante el permanente y oportunista cambio de los alineamientos políticos de quienes pretenden actuar como representantes de porciones del electorado, brinda a distintos estamentos de la sociedad civil una interesante posibilidad para reconstituir equilibrios en los sistemas de representación con la participación de nuevas figuras. A muchos de los políticos abonados permanentes de las listas para cargos legislativos, les cabe una sabia definición de Maquiavelo: “Quien cambia de bandos queda en ninguno”. 



viernes, 19 de octubre de 2012

EL FALSO CONCEPTO DE TRIUNFO


Recientemente se asistió a una puja entre sectores del oficialismo y la oposición respecto a la legitimidad del dr. Leandro Despouy para continuar presidiendo la Auditoría General de la Nación. Finalmente se resolvió su continuidad ante el abroquelamiento en su defensa de sectores supuestamente opositores, lo que fue considerado por determinados analistas políticos un éxito de la oposición. Una vez más, lo escenográfico oculta lo esencial.

La primera duda que genera el suceso, es porqué la firme actitud opositora en defensa de Despouy no se repite en la defensa de los informes de auditoría del organismo que señalan graves falencias cuando no corruptelas en distintas áreas del sector público nacional, los que reiteradamente buscan ser neutralizados por los Auditores Generales de la AGN, quienes necesariamente deben aprobarlos para su oficialización, y por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que debe controlar las actividades de la Auditoría General. Se justifica esta situación señalando que tanto en el Colegio de Auditores como en la Comisión Parlamentaria la mayoría de sus integrantes pertenecen al oficialismo, lo que da lugar a una segunda reflexión. Los organismos de control del sector público creados para evitar desmanejos y corrupciones, pomposamente presentados a la sociedad como de rango constitucional, descentralizados e independientes del poder político de turno, son licuados mediante el armado de estructuras jerárquicas de conducción en donde la mayoría de sus miembros son aportados por el oficialismo. Cabe preguntarnos entonces si esas mayorías justifican la impunidad. Por otra parte, las minorías existen en un gobierno democrático para actuar precisamente como control de legalidad de la circunstancial mayoría gobernante legitimada por los votos, evitando que se confunda el derecho de establecer políticas de gobierno con la arbitrariedad que concluye irremediablemente en negociados y prebendas. Para ello cuentan con fueros parlamentarios, estructura administrativa de apoyo y amplia capacidad comunicacional. A la sociedad argentina no le interesa si el presidente de la AGN es el dr. Despouy u otro prestigioso profesional propuesto por la primera minoría legislativa. Lo que interesa es que los organismos de control del Estado cumplan con su cometido. Cuando profesionales son designados en cargos de relevancia para proteger el patrimonio público, no interesa si son oficialistas u opositores. Su responsabilidad los iguala: combatir la corrupción o protegerla.

Una gran deuda pública que la política en general tiene con la sociedad es la absoluta ineficacia de los distintos organismos de contralor de los aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos del sector público nacional, que solo han servido para engrosar burocráticamente y con altos sueldos la planta de empleados con personas cercanas a distintos sectores políticos ingresadas sin concurso. La Auditoría General de la Nación es fundamental para cualquier Estado moderno; pero con el actual esquema de decisiones no sirve. Otro ejemplo mucho más grave es el de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que tiene como función investigar a los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, empresas en las que el Estado tenga participación, y toda institución o asociación que tenga como fuente principal de recursos el aporte estatal. Ante su manifiesta inacción, se ignora inclusive el nombre de su máximo responsable, el dr. Guillermo Noailles; la página web de la Fiscalía, por otra parte, no registra investigaciones en curso.

Las responsabilidades públicas no pueden escudarse ante el delito bajo el encuadre militar de la “obediencia debida”, por lo que si quienes asumen responsabilidades de evitar negociados a costa del patrimonio público son oficialistas u opositores es irrelevante. Por eso la sociedad debe conocer el nombre de quienes asumen esa responsabilidad. El Colegio de Auditores Generales de la AGN lo componen Leandro Despouy (presidente); los doctores Vicente Brusca; Francisco Fernández; Alejandro Nieva y Horacio Pernasetti; los contadores Vilma Castillo y Oscar Lamberto.

La Comisión Parlamentaria que debe controlar a la AGN y viabilizar sus auditorías, presidida por el diputado Fabián Ríos, la integran además los diputados Enrique Andrés Vaquie, Eric Calcagno, José María Bancalari, Manuel Garrido, Rodolfo Julio Solanas, y los senadores Gerardo Morales, José Miguel Mayans, Pablo González, Elena Mercedes Corregido, Nani María Parrilli y Ernesto Sanz.

No importa a que partido pertenecen, o quienes son oficialistas u opositores. Su obligación es proteger a la ciudadanía del empobrecimiento que genera la corrupción en el Estado, con activa colaboración de empresarios privados. De no ser así, la democracia pasa a ser una utopía, y quienes deben controlar a ser cómplices.

viernes, 12 de octubre de 2012

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA OCTUBRE 2012


Continuando con la agenda mensual que permita seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción que involucren a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, se detallan las novedades judiciales recientes.

1.- Coimas pagadas a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000
El juicio oral que se tramita ante el Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere, ofreció como novedad la declaración del ex vicepresidente Carlos Alvarez, que presidía el Senado al momento del pago de las supuestas coimas. Solo expresó que tenía la convicción de que las mismas existieron, pues así se lo manifestó el en ese entonces senador Antonio Caffiero, y lo publicó el periodista Morales Solá, sin aportar ningún elemento probatorio. Con este antecedente, se puede avizorar que de no autorizar la presidente  Cristina Kirchner la verificación contable que constate si los fondos de las supuestas coimas salieron efectivamente de la SIDE, el caso presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción concluirá con sobreseimientos generalizados.

2.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
Tramitada  por el juzgado de Claudio Bonadío, y prácticamente desactivada la estrategia de presentar al conductor del tren como único responsable de la catástrofe, la causa ingresó en el habitual letargo que precede a la impunidad. Lamentablemente para los familiares de las víctimas, y más allá de procesamientos menores, el destino de impunidad será irreversible, porque hay importantes incumplimientos de funcionarios públicos, empresarios y gremialistas, que suponen el pago de dádivas con fondos del Estado, conocidas como “retornos” (el privado paga coimas con dinero público)

3.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica
Reemplazados el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, no se produjeron avances en la causa, pese a que permanentemente surgen nuevas evidencias del entramado político y empresarial que dió lugar al negociado, conocidas solo a través de la prensa. Por el contrario, el juez Lijo dictó el sobreseimiento de todos los abogados acusados por Boudou de tráfico de influencias, lo que motivara la renuncia del jefe de fiscales Esteban Righi, y del presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi. El hecho que un vicepresidente de la Nación efectúe serias acusaciones a través de la cadena nacional, y no la sostenga con pruebas en sede judicial, muestra que ante la opinión pública el objetivo era el ocultamiento y no la sanción de los involucrados.

4.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social
Pese a que el fiscal Jorge Di Lello presentó un escrito al juez Norberto Oyarbide reclamándole  “no dilatar más la etapa de instrucción”, ante su lentitud y licuación de pruebas contables y societarias fundamentales, no quedan dudas que jamás habrá sanciones para quienes se enriquecieron a costa de fondos públicos, que el Estado jamás recuperará. Tampoco el titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, informó porque a más de tres meses de solicitada por el juez Martínez de Giorgi, no presentó la auditoría sobre la ruta de los 765 millones de pesos entregados a la Fundación para construir viviendas, fondos que debían controlar los funcionarios Bontempo y Fatala.

5.- Operación financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli
En junio del año 2007 personal de vigilancia del Ministerio de Economía encontró en el baño del despacho de quien era entonces Ministro de Economía, una bolsa conteniendo $ 100.000 y u$s 31.570, cuya procedencia no pudo justificar. Inicialmente declaró que el dinero le fué prestado por un hermano, pero luego se retractó.  La jueza Servini de Cubría, quien tramitó la causa, la elevó al Tribunal Oral Federal nº 2, que aún no estableció fecha de inicio del juicio oral.

6.- Contrabando de 944 kilos de cocaína transportada a España en un vuelo privado argentino.
El 02 de enero de 2011 la Guardia Civil española detuvo en el aeropuerto El Prat a los hermanos Juliá y a Matías Miret por transportar 944 kilos de cocaína en un jet privado que había partido de Ezeiza el 01 de enero, luego de haber estado estacionado casi dos meses en el aeródromo de Morón, en donde se produjo la carga. La investigación de la conexión local y actuación de los organismos de control, inicialmente a cargo del juez federal en lo penal económico Alejandro Catania, sustituído luego por el juez Rafael Caputo, no tuvo ningún avance. Por lo tanto los argentinos deberemos conocer detalles del caso por el juicio que próximamente se iniciará contra los hermanos Juliá y Matías Miret en España. Cabe recordar que en febrero de 2011 el juez Oyarbide intentó sin éxito trasladar a su juzgado la causa.

7.- Entrega de subsidios entregados por la ONCCA a feed-lots inexistentes
Dichos subsidios fueron entregados por el en ese entonces titular de la Oficina de Control Comercial Agropecuario Ricardo Echegaray, hoy a cargo de la AFIP. El juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, a horas de que la presidenta Cristina Kirchner firmara el decreto que lo designaba juez federal titular del Juzgado Federal Nº 8, sobreseyó a Echegaray.

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción a manera de agenda, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado.