AGENDA DE LA CORRUPCIÓN - abril 2015

Retomamos la agenda mensual con el seguimiento de algunas de las innumerables causas judiciales de corrupción, que interrelaciona a funcionarios del Ejecutivo, del Poder Judicial,  grupos empresarios asociados y testaferros, con el fin de favorecerse con manifiestos y desmesurados enriquecimientos ilícitos a costa de los recursos públicos. Las consecuencias tangibles para la sociedad son  el incremento de la pobreza, y la disminución de la calidad de vida por mala prestación de servicios. La actual tensión político-judicial es producto de acelerados y extemporáneos reformismos a escasos meses de las elecciones nacionales, que pretenden asegurar la continuidad de la matriz de impunidad, vigente desde hace más de 25 años. Como jamás antes, se transparentó la lucha entre jueces y fiscales que promueven investigaciones y son acusados de opositores bajo el rótulo de Partido Judicial, y los sospechados de oficialistas que intentan neutralizarlas, aunados en Justicia Legítima. La mejor manera de tomar conciencia de la magnitud de la corrupción, es el seguimiento regular de algunas de las causas.

1- Lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo empresarial de Lázaro Báez

La sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, a fines de diciembre ordenó al juez Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Federal N° 7, que centralice su investigación de lavado dinero sobre el empresario Lázaro Báez, y no exclusivamente en protagonistas menores como Elaskar y Fariña. Recién el pasado 13 de marzo Casanello citó a Báez, pero solo para indagarlo por la compra de un campo en Mendoza. Por la misma causa, el juez federal Martínez de Giorgi acusó a los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi de prevaricato, por perjudicar deliberadamente la investigación, en su condición de integrantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.     

2.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

A dos años de iniciada la causa, el juez federal Ariel Lijo procesó al vicepresidente Boudou (acusado de quedarse con el 70% de las acciones), y otros implicados, por el intento de apropiación fraudulenta de la imprenta, que se pretendió disimular con una veloz estatización. Actualmente los imputados intentan apartar al juez Lijo de la causa mediante las clásicas recusaciones, tal como hicieran cuando lograron el desplazamiento del fiscal Rívolo, quien actuara inicialmente para obtener documentación probatoria esencial.

3.- Defraudación de la Fundación Sueños Compartidos en la construcción de viviendas de interés social

Luego que el juez Oyarbide licuara los elementos de prueba de la defraudación de parte de los 765 millones de pesos entregados a la Fundación de Hebe de Bonafini, y tardíamente los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah lo apartaran de la causa por mal desempeño, la misma recayó hace más de un año en el juez federal Martínez de Giorgi. El destino final pareciera ser la impunidad y prescripción.

4.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

Continúa el juicio en el Tribunal Oral n° 2, integrado por los jueces Giménez Uriburu, Tassara y Gorini, contra los empresarios concesionarios y funcionarios responsables de la muerte de 51 pasajeros en la tragedia. Los hermanos Cirigliano, concesionarios del servicio, se declararon en quiebra para no afrontar indemnizaciones. Aclaremos: la quiebra es empresaria, no del patrimonio personal. Es un viejo recurso que a ningún legislador se le ocurrió desactivar.

5.- Sociales: sobreseimientos y prescripciones.

En agosto de 2007 se decomisó en Aeroparque una valija con 790.000 dólares en poder del venezolano Antonini Wilson, que viajaba en un vuelo privado de funcionarios argentinos y venezolanos. La Sala II de la Cámara de Casación (Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David), demoró dos años para finalmente dictaminar el 02 de febrero pasado, inadmisible un planteo del fuero penal para impedir la prescripción de la causa. El expediente está a consideración de la Corte Suprema.

La ineficacia cuando no manifiesta complicidad de la justicia federal para no sancionar los delitos económicos en perjuicio del Estado, salvo honrosas excepciones, dificulta tomar partido entre “buenos y malos”. Está claro que una reforma profunda de leyes y procedimientos es imprescindible. La harán los viejos  políticos de Planta Permanente, que nos dicen “que lo mejor está por venir”?

NISMAN ES UN CASO CERRADO

A más de tres meses de la aparición sin vida del fiscal Nisman, dictaminar si lo asesinaron o se suicidó pareciera ser irrelevante. La verdad quedó definitivamente borrada. En lugar de brindar esclarecimiento, el entramado político-judicial sometió a la ciudadanía a un alúd de acciones, operaciones públicas y opiniones, que oscilaron entre la necedad, la impericia, el engaño y la obscenidad.

Pero la muerte de Nisman, más allá de virtudes y vicios personales, tuvo como efecto no deseado trasladar a la luz pública la enorme corrupción político- judicial, que desde hace más de 25 años se mantiene inmutable en nuestro país. Con la complicidad, por acción u omisión y bajo la falsa excusa de mayorías automáticas, del Poder Legislativo, en la tarea de brindar barniz legal a cualquier instrumento y/o procedimiento que concentre poder, desvirtúe instituciones democráticas, y licúe negociados. Este sólido y perenne entramado de impunidad, no distingue entre neoliberalismos o progresismos, derechas o izquierdas.

En el caso Nisman todos los actores intervinientes pertenecen o son financiados por el Estado: el propio Nisman; los principales acusados por su denuncia; el servicio de seguridad que debía cuidarlo, encabezado por Berni; los que pisotearon en patota la escena de su muerte; la fiscal Fein a cargo de la investigación; la jueza querellante Arroyo Salgado; los servicios de inteligencia, determinados canales de televisión propagando información enlatada por encubridores; y finalmente, un tropel de funcionarios y legisladores que se cansaron de formular declaraciones superficiales y contradictorias, suponiendo motivos, evaluando actuaciones judiciales, aconsejando detenciones. El viejo recurso de desprestigiar al denunciante, vivo o muerto, se aplicó sin piedad. A Nisman se lo atacó desde su presunta homosexualidad hasta una supuesta condición de tigre con las mujeres; de ser “un turro” a tener nexos con los fondos buitres. Entre tanto dislate, los expertos peritos de la Corte y no los menos reconocidos peritos de la querella, disienten absolutamente acerca de si Nisman se suicidó o lo mataron. La sociedad nunca sabrá que sucedió con Nisman; pero asistió a un ejercicio de encubrimiento coordinado de corto plazo de tal eficacia, que debería ser atentamente estudiado en los cursos de los servicios de inteligencia.

A esta altura de los acontecimientos pareciera insostenible pensar que tal pandemónium se pudiera originar en el convenio  que el Senado aprobara el 21 de febrero de 2013 por 39 votos a favor y 31 en contra, para crear conjuntamente con Irán una Comisión de la Verdad no prevista en las leyes argentinas, destinada a definir responsabilidades por el atentado contra la Amia en julio de 1994. Era obvio que el interés principal de los iraníes era el levantamiento de las alertas rojas que pesaban sobre sus altos funcionarios, pero ello no se concretó. Supuestos acuerdos comerciales podrían haberse manejado por otras vías, sin mayores problemas. Por último, una posible investigación judicial tendría que haber comenzado por el Canciller Timmerman y por los antecedentes entregados por el Ejecutivo a los legisladores. Tampoco las víctimas de la Amia, para nueva decepción de sus familiares, parecieran ser la principal preocupación. Llama la atención que al agente de inteligencia Stiuso se lo haya jubilado sin pedirle previamente detalles de lo actuado en el caso, y tardíamente Parrilli anuncie su búsqueda para interrogarlo. Más insólito aún es que no se solicite información a Canicoba Corral, el juez a cargo de la causa. Irresponsablemente se desentendió del avance judicial, o hay algo más?

Todo lo expuesto hace suponer que el caso Nisman se inserta dentro de la  despiadada lucha a cara descubierta y explícita iniciada hace más de un año, entre intereses corporativos políticos, judiciales y empresarios asociados, para mantener a futuro la trama de impunidad que proteja los enormes negociados y enriquecimientos ilícitos desmesurados a costa de los recursos del Estado. Increíblemente, nada distinto con lo que se especulara durante el primer juicio por el atentado encabezado por el juez Galeano, hace más de 10 años. Al respecto, los candidatos Macri, Massa y Scioli guardan un piadoso silencio, y siguiendo la estrategia de sus asesores extranjeros, auguran que “lo mejor está por venir”.

EL USUFRUCTO DE RAÚL ALFONSÍN

En derecho usufructo significa utilizar una cosa ajena, con consentimiento de su dueño. En política se aplica al uso de la memoria de personalidades trascendentes que no pueden brindar su consentimiento, involucrándolos en intereses muy terrenales y espúreos. Pasa desde hace años con Perón y Eva. Para minimizar a Perón, por ejemplo, se pretende otorgar a la figura gris y obediente de Cámpora una histórica trascendencia. Recientemente, como resultado del acuerdo interpartidario PRO-UCR-Coalición Cívica, en el radicalismo le llegó el turno a Raúl Alfonsín.

En procesos preelectorales, producto de la desaparición de los Partidos Justicialista y Radical como intermediadores entre política y sociedad en todo el territorio nacional, estos usufructos se potencian, pretendiendo encubrir la falta de compromisos programáticos concretos y grandilocuencias vacías de contenido (liberal; progresista; derecha; izquierda). Reemplazados como centros de debate las unidades básicas y comités por reuniones en quinchos para una Clase Política Privilegiada, se hizo habitual un grosero e indisimulado mercadeo para definir espacios de poder, candidaturas para gobernaciones y cargos legislativos.

Este contexto explica porque en el centenario partido radical, que pretende exhibir como mayor mérito la “defensa irrenunciable de la institucionalidad”, un grupo de legisladores “indignados”, con una enjundia digna de mejor causa, pretenden sabotear lo resuelto en la Convención partidaria de Gualeguaychú, ejemplo casi prehistórico de un debate abierto y participativo entre 350 representantes de todos los distritos del país. Paradójicamente, el sabotaje intenta sustentarse invocando inexistentes marcos ideológicos y la memoria de Raúl Alfonsín.

Se destacaron en el embate Ricardo Alfonsín, Cobos, Gerardo Morales (Jujuy), Cano (Tucumán) y Naidenoff (Formosa), quienes más allá de los resultados electorales mantendrán sus mandatos como legisladores hasta el año 2017. Sus objeciones oscilaron entre la resistencia al PRO, y la postura de extender el acuerdo al Frente Renovador de Massa, con quien los tres últimos negociaron apoyos a sus candidaturas para gobernador en sus provincias, cediendo en compensación legisladores al justicialismo. Especial mención merecen dos de los indignados, que recorrieron todos los medios de comunicación para boicotear lo decidido en Gualeguaychú: el senador correntino Nito Artaza, y un señor de 36 años que hablaba en nombre de un nucleamiento ignoto  de jóvenes radicales. El senador Artaza, que concluye su mandato en el Senado este año,  tenía acordada con Massa su precandidatura para renovarlo. Su actitud no difiere con lo que sucede actualmente entre políticos de distintas agrupaciones, y que analizaremos cuando cierre el libro de pases.

Distinto es el caso del “maduro joven” desconocido. Resultó ser el yerno de Leopoldo Moreau, que a principio de este mes percibió los honorarios por su prédica para socavar desde las entrañas del Partido Radical todo intento de generar ante la sociedad una alternativa posible de Gobierno. Fue designado al frente de una Subsecretaría por el gobierno justicialista-kirchnerista.

Los radicales, que no volvieron a tener dirigentes de la talla de Raúl Alfonsín, están lejos de ser opción por sí mismos. Pero es inadmisible que muchos de sus eternos dirigentes comercialicen en su interés personal la sigla de radical, el nombre de Alfonsín y una supuesta representatividad en votos, para con cargo en mano  cruzar cualquier frontera en nombre de una falsa comunión de ideas. Cabe preguntarse hasta cuándo estos  dirigentes sufrirán el “síndrome Estocolmo”, que solo les permite aliarse con rancios justicialistas que los desprecian, los acusan de no saber gobernar, o los sabotean como hizo Carlos Alvarez, funcionario de este gobierno desde hace años (secretario general de la Aladi), cuando renunció como vicepresidente de la Alianza.

Para quienes se resistan a identificar a la izquierda con funcionarios escandalosamente enriquecidos en la función pública o empresarios asociados al Estado en fructíferos negociados, vaya un recuerdo  para un verdadero símbolo de la izquierda latinoamericana recientemente fallecido: Eduardo Galeano. Admirado y cuestionado, polémico, que sufrió el exilio, fue un intelectual pensante, escritor, periodista, conviviente con lo popular y lo futbolero, cuyas convicciones no admitían fanatismos ni sobornos prebendarios. 

EL ENGAÑO COMO MENSAJE POLÍTICO

En las dos últimas reflexiones tituladas “Veladas amenazas preelectorales”, analizamos los contextos políticos y económicos que produjeron la crisis de los años 2001-2002. Recordarlo es imprescindible, ante mensajes nada ingenuos que pretenden asimilar el acuerdo PRO-UCR-Coalición Cívica con la Alianza. En la propaganda política, los mensajes breves carentes de fundamentación, son uno de los instrumentos utilizados para direccionar la opinión pública, influenciándola para votar por determinada agrupación o candidato. Los sustentados en los rótulos “derecha e izquierda” han perdido fuerza en la política argentina. La realidad indica que al calor del poder gobernante, conviven supuestas derechas recalcitrantes, supuestas izquierdas impolutas, y supuestos opositores listos para transformarse en oficialistas. Los instrumentos ineludibles para tamaña confraternidad ideológica, son los cargos y prebendas del Estado.

Pero utilizar el fantasma de la Alianza para perjudicar todo atisbo de opción electoral al Partido Justicialista merece ser evaluado, por las preocupantes similitudes que presenta el contexto actual con el del 2001-2002. Ello explicaría la ausencia de propuestas concretas de los tres candidatos a la presidencia mejor posicionados (Macri, Massa y Scioli), como la de sus voceros. Saben que las consignas publicitarias “lo mejor está por venir” del oficialismo, o “ante un cambio de gobierno vendrán inversiones”, esgrimido por la oposición, es mera retórica sin previa aplicación de medidas de ajuste. Comparemos diversos indicadores.

Situaciones políticas

Año 1999: la Alianza asumió tras 10 años de gobierno justicialista, con minoría legislativa y fuerte oposición. Año 2015: el próximo gobierno asumirá tras 15 años de gobierno justicialista, seguramemente con minoría legislativa, y fuerte presencia opositora del FPV.

Año 2003: el PJ no concurrió a elecciones unificado, sino diluído en tres candidatos: Menem, Kirchner y Rodríguez Saá. Año 2015: el justicialismo concurrirá con el FPV y el Partido Renovador de Massa, y quizás una tercera alternativa, integrada por De la Sota y Rodríguez Saá. El PJ y la UCR perdieron identidad como partidos políticos.

Situaciones económicas

Año 1999 (diciembre): la Alianza recibe el Gobierno con una deuda externa de 145.289 millones de dólares; reservas Banco Central de 27.831 millones de dólares; inflación 1,80 % (negativa); desempleo 13,80 %.

Año 2014 (diciembre): deuda externa de 140.366 millones de dólares; reservas Banco Central de 31.443 millones de dólares; inflación 23,90 %; desempleo 7,50 %. A la deuda externa se le suma la deuda interna (el Tesoro con el Banco Central; Ansés; Pami): 21.500 millones de dólares.

Salvo la Deuda Interna a diciembre de 2014, la totalidad de los datos SON OFICIALES, por lo que se parte de la base más optimista.

Crisis años 2001(diciembre)-2002

Golpe duro: la Alianza abandonó el gobierno el 20 de diciembre con los siguientes indicadores: deuda externa 166.272 millones de dólares; reservas Banco Central 19.425 millones de dólares; inflación 1,50 % (negativa); desempleo 18,30 %. En el mismo mes se había implementado el llamado “corralito”, que para evitar corridas bancarias limitaba la libre disposición de dinero en plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. Se produjo una gran reacción social.

Acuerdo político interpartidario: tras la renuncia de De la Rúa, las medidas más resonantes fueron el no pago de la deuda externa (Rodríguez Saá), y salir de la convertibilidad vigente desde marzo de 1991 (Duhalde). Esta medida produjo una fuerte devaluación, que a diciembre 2002 alcanzó $ 3,09 por dólar, y una inflación de 41,00%. El “corralito” se transformó en “corralón”, y todas las obligaciones en dólares se pesificaron a $ 1,40 por dólar, pese a que el dólar oficial cotizaba a $ 2,20 pesos por dólar. A los ahorristas se les entregó un Bono a 10 años (Boden 2012), embargando y licuando sus ahorros. Por el contrario, a los grandes empresarios y banqueros se les licuó y estatizó parte de sus deudas, a través del escandaloso procedimiento conocido como pesificación asimétrica, por el que se los compensaba por la diferencia entre el dólar de pesificación y el oficial, entregándoles por la diferencia Bonos del Estado. Por añadidura, estos Bonos significaron un enorme negocio a mediano plazo para diversos Fondos de Inversión. Los pequeños y medianos ahorristas, por su parte, obligados por sus necesidades, debieron vender con grandes pérdidas parte de sus Bonos a 10 años.

Con estos antecedentes, y más allá de preferencias electorales, la ciudadanía debería exigir a los candidatos que expliciten si estos datos son ciertos, o bien dar a conocer los que manejan para elaborar sus propuestas. Deberemos estar precavidos para evitar que en enero de 2016 no se repita lo que en enero  2002, el entonces diputado radical Leopoldo Moreau bautizara grandilocuentemente como “acuerdo político interpartidario de salvación nacional”.

VELADAS AMENAZAS PREELECTORALES (nota II)

En la anterior reflexión recordamos el contexto político con el que se encontró la Alianza cuando asumió en diciembre de 1999. Analizaremos hoy el económico, en base a un cuadro comparativo estructurado sobre dos coordenadas: económicas (horizontal), con datos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 2003, y temporales (vertical), indicando años claves de gobierno. Partiremos desde diciembre de 1999 (venció el mandato de Menem y asumió De la Rúa), hasta diciembre 2014 (gestión Cristina Kirchner).

PERÍODOS	INDICADORES ECONÓMICOS
	Deuda externa en millones de dólares	Deuda interna en millones de dólares	Reservas BCRA en millones de dólares	Tipo de cambio    pesos x dólar	Inflación (IPC) %	Desocupación %
Diciembre 1999 (Menem)	145.289	no se indica	27.831	1,00	-1,80	13,80
Diciembre 2001        (De la Rúa)	166.272	no se indica	19.425	1,00	-1,50	18,30
Diciembre   2002 (Duhalde)	156.748	no se indica	10.485	3,09	41,00	17,80
Diciembre 2003 (Kirchner)	164.645	no se indica	14.119	2,96	3,70	17,30
Diciembre 2014 (Kirchner)	140.000	21.500	31.443	8,58	23,90	7,50
Junio 2015	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente	pendiente

Deuda externa a junio 2014 (Ministerio de Economía – último dato oficial) = u$s 161.500 millones.

Se restaron u$s 21.500 identificados como deuda interna (préstamos del BCRA y Anses durante 2014)

Reiteramos que los datos son oficiales, incluyendo el año 2014, pese a supuestos falseamientos y/o ocultamientos de indicadores económico-sociales por parte del Indec y Banco Central, iniciados hace seis años. Aún así, sorprenden ciertas similitudes con la crisis 2001-2002. Históricamente, el desencadenante al menos explícito de las crisis internacionales fueron  “deudas externas impagables” (recordemos México; Rusia y Grecia hoy), que inevitablemente se originan en enormes corrupciones políticas sustentadas en acciones mancomunadas entre buitres vernáculos (pueden ser de izquierda o de derecha) y buitres foráneos (también con amplitud ideológica). Unos y otros no están para perder tiempo en debates acerca si los corruptos son de derecha o izquierda.

La diferencia con el 2002 reside en la actual solidez financiera de los Bancos, que han sido uno de los grandes ganadores del llamado modelo, sin necesidad de arriesgar capital en créditos. Como contrapartida, en el 2014 se destaca un indicador no relevante en el 2002, como consecuencia de la captación por parte del Tesoro (Gobierno), de fondos del Banco Central, Anses, y en menor medida Lotería Nacional y Pami: la deuda pública interna (21.500 millones de dólares). Dichos Organismos recibieron en garantía Bonos y Letras emitidas por el Estado, mayormente con vencimientos de corto plazo (entre 12 y 16 meses). Es como prestar dinero recibiendo en garantía pagarés. Al acreedor le quedan dos opciones: rezar que al vencimiento le paguen, o contratar barras bravas para cobrar por las malas. (dudamos que Anses opte por la segunda alternativa). La deuda interna tiene un beneficio adicional. En caso de “default”, ningún Organismo internacional se quejará. Por ello los candidatos, sean oficialistas u opositores, antes que realizar promesas aisladas e inconsistentes, deberán explicitar ante la ciudadanía los reales indicadores macroeconómicos y sociales vigentes. 

En la próxima reflexión cerraremos “Veladas amenazas preelectorales” con conclusiones comparativas entre la crisis 2001-2002 y la situación actual. El objetivo es que no se utilicen pasadas crisis como engañosos recursos publicitarios preelectorales, sino para que la clase política no repita los lamentables acuerdos llamados de “salvación nacional” de ese entonces.