SINDICALISTAS O VOCEROS DE EMPRESAS?

Un cambio de gobierno, en reemplazo de quien ejerció el poder durante doce años ininterrumpidos, es momento oportuno para reflexionar sobre vicios recurrentes en los diversos ámbitos sectoriales de poder, para que alejados de grandilocuencias dialécticas, encontremos un rumbo institucional que posibilite un desarrollo sostenible del país. Especial interés reviste el sector empresarial, por su propensión a las evasivas respecto al funcionamiento de las empresas, y a las opiniones políticas públicas. Estas últimas se difuminan tras misteriosos “círculos rojos”, o en trascendidos periodísticos enmascarados en el “off the record” (opino pero no me expongo). Por ejemplo el pasado viernes, resaltaba en su columna del diario Clarín Marcelo Bonelli: “Los empresarios reclaman señales más claras”. En el desarrollo de la nota, no se detallaban cuáles eran las señales pretendidas, y menos aún, que ofrecían los empresarios como contrapartida.

En este contexto habitualmente monacal del mundo empresario, el cambio de gobierno en condiciones económico-sociales difíciles, presenta un fenómeno particular: sindicalistas actuando como voceros de empresarios. Los sindicatos son organizaciones colectivas de trabajadores aunados a partir de actividades específicas, para defender sus intereses comunes ante empleadores y gobiernos. El sindicalista conoce acabadamente el desenvolvimiento de su empresa en particular, y del sector en general. Es sabido también que muchos de ellos amplían su rol específico para incursionar en actividades políticas, siendo habituales participantes en mesas públicas de debate.

Destacamos oportunamente la necesidad de desactivar la vieja  práctica de iniciar negociados y/o maximizar ganancias empresarias, bajo el reiterado señuelo de “crear puestos de trabajo y/o salvar puestos de trabajo”. Por ello llama la atención la frecuencia con la que dirigentes sindicales de sectores privados o mixtos, encabezan reclamos ante el Estado, que debieran ser formulados inicialmente por los empresarios responsables. No hay ingenuidad en este planteo. Debiera quedar públicamente aclarado, primero si la empresa es viable, y luego si la amenaza de despidos buscan evitar quebrantos, o mantener prebendas con ganancias injustificadas, a costa de los recursos públicos. Citemos ejemplos cercanos:

Empresa avícola Cresta Roja. La crisis latente desde años atrás, explotó con el resultado electoral. Solo por información periodística se supo que pertenecía a los hermanos Rasic, y funcionaba con distintos subsidios del Estado. En los cortes de ruta los gremialistas no reclamaban a Rasic, sino al Estado. La justicia también se desperezó con las elecciones, y decretó su quiebra (se embargaron bienes a Rasic?). Actualmente las plantas de Cresta Roja en Ezeiza y Tristán Suárez, están explotadas por un consorcio de capitales argentinos (Ovopror), hasta que se concrete su venta. De sus 5.000 operarios, en esta etapa trabajan 500.

Sol Líneas Aéreas. Nuevamente vía periodística se supo que pertenecía a un consorcio argentino (Horacio Angeli)-español (Air Nostrum), sostenido por un extraño convenio con Aerolíneas Argentinas, que otorgaba al “capital de riesgo” empresario, ganancias aseguradas.

Correo OCA. Pertenece al grupo RHUO, cuyo presidente es Patricio Farcuh. Encabezados por Pablo Moyano, sus empleados reclamaron ante el Banco Central, aduciendo que la no distribución en papel de los resúmenes bancarios, implicaba la pérdida de 4.000 puestos de trabajo. Surgen dudas: esta cantidad de empleados implica distribuir solo los resúmenes?. Hay empleados tercerizados?

Petroleras YPF-PAE-Tecpetrol. Ante la baja internacional del precio del barril de petróleo, las empresas YPF, PAE (grupo Bulgheroni y la china Cnooc), y Tecpetrol (grupo Techint), amenazaron con despidos de personal. Dichas empresas explotan el yacimiento Cerro Dragón, en Chubut, que es el más importante de Argentina. Al frente de los reclamos estuvo el sindicalista Jorge Ávila. El gobierno nacional y del Chubut, hicieron un importante esfuerzo fiscal para aportar nuevos subsidios, reconociéndo un mayor precio del barril. Los empresarios por su parte, no formularon declaraciones, y se desconocen sus aportes en el acuerdo. 

En la intención de desactivar recurrentes eslóganes falsos para posibilitar un verdadero cambio, nos referiremos en la próxima reflexión al rol de los sindicalistas estatales, para desentrañar posteriormente, la absurda y elitista estructura burocrática estatal.  

Buenos Aires, 24 de febrero de 2016

LOS EMPRESARIOS...DÓNDE ESTÁN?

“Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo” (Juan Carlos Pugliese, ministro de economía radical, refiriéndose a sectores industriales y financieros durante la crisis económica de 1989). “Libre juego de la oferta y la demanda” (modelo económico que establece la relación entre el precio de un bien y las ventas del mismo, suponiendo un mercado de competencia perfecta).  “Combatiremos a los grupos económicos concentrados” (frase populista, que deriva en grupos concentrados saludables, y funcionarios patriotas enriquecidos).

Las recurrentes crisis económico-sociales de nuestro país, exhiben la inutilidad y/o falsedad de invocaciones basadas en factores emocionales, conceptos asépticos de carácter universitario, o vocinglerías pretendidamente revolucionarias. Las verdades absolutas no existen. No se convence a empresarios con el corazón; no existen mercados perfectos, ni los países se desarrollan con administraciones elefantiásicas y funcionarios corruptos. Declamar que “la inflación la sufren los que menos tienen”, puede servir como laxante intelectual. Pero se elude decir que con la inflación también se obtienen enormes ganancias, al destruirse los valores de referencia. A la hora de los debates clarificadores, los empresarios no son afectos a la exposición pública, y menos aún, a las precisiones numéricas. La Unión Industrial Argentina, por ejemplo, con Juan Carlos Lascurain a la cabeza, negó públicamente durante los primeros cuatro años de intervención del Indec en el 2007, que se distorsionaran los índices de inflación.

Reflexionemos sobre lo más preocupante en lo inmediato: los precios de artículos de primera necesidad. En la “década ganada” existieron cuatro sectores cuasi-monopólicos con crecimientos económicos exponenciales, claramente verificables a través de sus balances y multiplicación de sucursales: el juego; las telefónicas; el sector financiero y las cadenas de supermercados. Nótese que este crecimiento se mantuvo incluso, con una inflación que en los últimos cuatro años no bajó del 25% anual. El pasado miércoles 10, en un acto con la presencia del presidente Macri, el supermercadista Alfredo Coto anunció inversiones por 3.500 millones de pesos,  y manifestó: “no somos formadores de precios”. Es así?

Los grupos Día (capitales españoles con 781 locales); Carrefour (capitales franceses con 583 locales); Walmart /Changomás (capitales norteamericanos con 174 locales); Coto (capitales nacionales con 120 locales); y Jumbo/ Disco / Vea (capitales chilenos del grupo Cencosud, con más de 43 locales), a los que deben sumarse los híbridos “supermercados chinos”, en Capital Federal y el conurbano bonaerense concentran su máximo poder de decisión para establecer el precio de los productos. Con el agravante que, mientras en la última década el debate se centraba en la oligarquía rural, se les permitía la apertura de locales urbanos de pequeña escala llamados “de cercanía”, que extinguieron los almacenes barriales independientes.  Otro aspecto fundamental que no es mencionado, es su asociación con el sector financiero, a través de las costosamente publicitadas, rutinarias y voluminosas ofertas, atadas al uso de diversas tarjetas de crédito y/o débito, cuyos costos son volcados a los precios. Con tarjeta se puede tener un descuento del 20%, 30% o más. Si se paga en efectivo, no hay descuento. Es claro el ejemplo?

Es entonces evidente que los supermercados son formadores de precios. Compran a los proveedores que desean, les imponen fuertes descuentos por cantidad, e invocan su capacidad de asegurarles flujos de compra regulares. La próxima publicación de listados de precios comparativos, que debiera excluir a las distorsivas “ofertas”, no favorecerá la competencia. Las diferencias en más/menos entre productos iguales serán irrelevantes, porque de no ser así, quedaría descolocado el proveedor de la marca. Si se hiciera una canasta de productos básicos con iguales marcas y envases, se verificará que el valor de las sumatorias entre supermercados no presentará grandes variaciones. Esto se llama “cartelización”.

A los funcionarios públicos la sociedad debe exigirles conocimiento en las áreas de su responsabilidad, capacidad de gestión y honestidad. La buena noticia es que el actual gobierno, cubrió altos cargos con quienes los burócratas todo terreno llaman despreciativamente “gerentes de empresas privadas”. Cumplido el requisito inicial de idoneidad, deberán certificar los de gestión y honestidad. En sus tratativas con las líderes supermercadistas, basadas en la racionalidad y no en inútiles imposiciones, los funcionarios podrían readaptar una conocida publicidad de Coto, y decirles a los empresarios: “Muchachos, nosotros también los conocemos”.

AGENDA DE CORRUPCIÓN

Concluida la feria judicial, retomamos el seguimiento regular de algunos de los innumerables casos de corrupción estatal que asocian a funcionarios públicos con empresarios privados. De este modo, se podrá visualizar la gravedad de una problemática que desangra desde hace décadas los presupuestos públicos. Sus principales patologías, como la cleptomanía dirigencial; organismos de control inoperantes, y justicia lenta y cómplice, no reconocen ideologías. Citemos algunos casos.

1.- Tragedia ferroviaria en estación Once, en febrero de 2012

En diciembre pasado, el Tribunal Oral n° 2, integrado por Giménez Uriburu, Tassara y Gorini, dictó 21 condenas, que incluyen prisión para Ricardo Jaime y Juan Schiavi (funcionarios públicos), y Sergio Cirigliano y Marcelo Calderón (empresarios privados), entre otros. Se destacan dos aspectos: 1) Plantear que la Justicia es lenta como realidad irreversible, es falso. La constancia y participación de familiares de las innumerables víctimas durante el desarrollo de la causa, como sucediera con Cromañón, muestra que juicios complejos se pueden desarrollar en tiempos razonables. 2) Es la primera vez que reciben condenas empresarios asociados a la corrupción. En este caso, como concesionarios de servicios públicos.

2.- Lavado de dinero a través del grupo empresarial de Lázaro Báez

La sala II de la Cámara Federal, integrada por Martín Irurzum, Hoaracio Cattani y Eduardo Farah, ya a fines de 2014 ordenó al juez Sebastián Casanello, del Juzgado Federal n° 7, que centralizara su investigación sobre Báez, y no en protagonistas menores como Elaskar y Fariña. Casanello lo citó el 13 de marzo de 2015, solo para indagarlo por la compra de un campo en Mendoza. Ante sus dilaciones, el juez federal Martínez de Giorgi acusó por prevaricato a Casanello y al fiscal Omar Orsi, integrantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, por perjudicar deliberadamente la investigación.

3.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos, para construir viviendas

Causa iniciada en mayo de 2011, con motivo del desvío de 765 millones de pesos entregados por el Gobierno a la Fundación de Hebe de Bonafini. Luego que el juez federal Oyarbide licuara los elementos de prueba, tardíamente los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah lo apartaron de la causa por mal desempeño. El expediente recayó a principios de 2014 en el juez Martínez de Giorgi, quien lo mantiene sin avances, a la espera de la prescripción.

4.- Quiebra de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

Causa iniciada en febrero de 2012. El juez federal Ariel Lijo procesó al ex vicepresidente Boudou, sospechado de quedarse con el 70% de las acciones de la empresa, y otros implicados, que alcanzan a organismos de control estatal; banqueros; empresarios y testaferros. No hay fecha de inicio del juicio oral.

5.- Causa por posible lavado de dinero en la empresa Hotesur

Empresa perteneciente a la familia Kirchner, propietaria entre otros del hotel Alto Calafate, es sospechada de haberse utilizado para lavado de dinero, a través de empresas beneficiarias de recursos del Estado. Entre otras, las constructoras de obras públicas de Lázaro Báez, y Aerolíneas Argentinas. Se investiga también la intervención de organismos como AFIP y Personas Jurídicas. Tras un allanamiento y retiro de documentación en sedes comerciales situadas en la Patagonia, ordenados por el juez Claudio Bonadío en el 2015, este fue apartado de la causa por los integrantes de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. En su reemplazo asumió el juez Daniel Rafecas, con antecedentes de recusaciones y pedidos de juicio político por sus controvertidas actuaciones en las causas sobornos en el Senado; venta de la ex Ciccone Calcográfica, y desestimación sin mayor análisis, de la denuncia del fallecido fiscal Nisman.

Decía el estadista ateniense Solón, hace más de 2.500 años: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 10 de febrero 2016

CUANDO EL TRABAJO EMPOBRECE

El recambio de gobierno, tras doce años de gestión presidencial del matrimonio Kirchner encabezando el Frente Para la Victoria, es oportuno para evaluar aspectos políticos-institucionales que muestran vicios estructurales lesivos para el país, sólidamente arraigados desde hace décadas. Quizás el más relevante, sea el pertinaz y planificado usufructo y desprecio por el Estado. La invocación para esta degradación, debería indignar por su cinismo: “crear puestos de trabajo; salvar puestos de trabajo”.

La oleada de designaciones y contrataciones de empleados públicos durante los últimos meses de la gestión del gobierno anterior, que afectó a los ámbitos nacionales, provinciales y municipales, con la indisimulable complacencia de los dirigentes gremiales, debería despertarnos inquietudes superadoras del debate circunstancial. Por ejemplo, formularnos preguntas que hoy no tienen claras respuestas: cuáles son las estructuras administrativas del Estado? Cuáles son sus ordenamientos jerárquicos, pirámides salariales y atribuciones específicas? Qué alcance real tienen conceptos como autarquía financiera y salarial; autonomía operativa; atribuciones administrativas; sociedades del Estado o mixtas?

Comentamos anteriormente dos políticas de empobrecimiento del Estado: 1) saturarlo de empleados públicos, paralizándolo; 2) “triangular” recursos públicos entre funcionarios y empresarios asociados, en negocios público-privados específicos. Comentaremos hoy la tercera y más nociva alternativa, vista desde sus impactos económicos. Es la que interrelaciona políticas económicas de carácter general, con beneficios prebendarios a grandes grupos empresarios. No identificaremos responsables, porque en cada caso se produjeron amplios debates, sean acusatorios o exculpatorios, al estilo “yo no fui”, o “no tuve alternativa”. De todos modos, existe amplia bibliografía al respecto, y a través de Internet puede obtenerse buena información. Se destacan tres ejemplos:

1.- Estatización deuda privada en dólares – 1982

En 1982 el Banco Central, tras una fuerte devaluación, vinculó a las empresas endeudadas en dólares en el exterior, con un seguro de cambio basado en una “tasa de variación de precios” local. Sintetizando: cuando el dólar subía, el Estado absorbía de las deudas empresarias, la diferencia entre el incremento del dólar y la variación de precios local. Resultaron favorecidas entre otras, IBM, Esso, Renault, Bridas, Aluar, Banco Río, Banco Francés.

2.- Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) – 1993

Creado en 1944 como Banco de Crédito Industrial, y transformado en BANADE en 1970, tenía el objeto de financiar proyectos productivos a través de créditos “blandos”, preferentemente a pymes. Pero comenzaron a financiarse proyectos de grandes empresas, con aval del Tesoro nacional. Por la altísima morosidad se declaró su proceso de liquidación en 1993. Pero no fue fundido por las pymes. El 60% de la cartera crediticia se concentraba en grandes empresas, tales como Massuh, Alpargatas, Celulosa, Pérez Companc.

3.- Pesificación asimétrica para deudores privados en dólares - 2002

La salida de la convertibilidad a comienzos de 2002, significó una fuerte devaluación. Las obligaciones en dólares se pesificaron a $1,40 por dólar, pese a que el oficial cotizaba a $2,20 por dólar. A los ahorristas particulares se les entregó un bono a 10 años (Boden 2012). Pero a grandes empresas y banqueros se les licuó y estatizó parte de sus deudas, con el procedimiento conocido como pesificación asimétrica. Consistía en compensarles la diferencia entre el dólar de pesificación ($ 1,40), y el oficial ($ 2,20), con la entrega de Bonos del Estado. Entre otras, licuaron parte de sus pasivos Repsol-YPF, Telecom, Telefónica, Aguas Argentinas, Edenor, Edesur, Metrogas.

Valga el recuerdo para asumir que la eficacia del Estado no se mide por escenográficos debates ideológicos, o por saqueadores de recursos públicos disfrazados de revolucionarios. De persistir en grandilocuencias sin resultados, el Estado para salvar “puestos de trabajo”, deberá seguir financiando a multimillonarios. Lidiar con los grandes grupos empresarios, exige una alta profesionalidad por parte de los funcionarios de cada área específica, y una  irrenunciable honestidad. Se logrará?

Buenos Aires, 03 de febrero 2016