ELECCIÓN 2015: POLÍTICOS EN OFERTA.

“Coalición UNEN: que prime la racionalidad sobre la egolatría” (título de la Reflexión Política del pasado 24 de abril, un día después del lanzamiento del Frente). “Hablar de diversidad en la integración de UNEN es inicialmente una virtud, porque la esencia de la política es el debate entre distintas visiones, para confluir en proyectos y acciones positivas para la mayoría de la sociedad. Pero esto requiere organicidad y previos consensos dentro de UNEN. De no ser así, se caerá inevitablemente en la anomia, como se denomina en sociología a la falta de normas o incapacidad de conformar las estructuras necesarias para alcanzar una meta” (Reflexión Política del 08 de mayo de este año).

Recordar las reflexiones precedentes de quien sin vivir de la política, solo pretende hacer públicas opiniones relacionadas con una actividad que inevitablemente nos afecta a todos, no busca la autocomplacencia por supuestas predicciones sagaces, sino por el contrario, recordar la obviedad y simplismo de los conceptos oportunamente vertidos. Cabe preguntarse entonces, porqué políticos de largas trayectorias en altos cargos públicos, caen una y otra vez en el vicio de la necedad.

Analistas profesionales mejor formados e informados, apelando en algunos casos a sutiles ironías, son más concisos para describir escenarios políticos. Tal el caso de Jorge Asís, que al falso debate entre neoliberalismo y populismo, encabezados uno u otro por los mismos actores políticos, empresarios y gremiales, lo resumió en una frase: “Con el apoyo de la izquierda se roba más fácil”. Respecto a la conformación de UNEN, llamó piadosamente a sus autoproclamados representantes “los cinco latinos”, recordado grupo vocal de los 60.

La eclosión UNEN es un buen punto de partida para iniciar el seguimiento de la temporada de políticos en oferta para integrar algunos de los Frentes electorales en danza para el 2015, que podemos resumirlos en tres: 1) Vertiente justicialista: oficialismo; Massa; De la Sota; 2) Partido nuevo: PRO; 3) Frente UNEN: radicalismo y socialismo. Los parámetros de cotización en el mercado de pases no son sutiles: cargos públicos asegurados, preferentemente legislativos. En el caso de empresarios, prebendas del Estado. Para simular debates ideológicos, con la televisión basta y sobra.

 Arribar a conclusiones sólidas, exige explicitar previamente las hipótesis de análisis; caso contrario se puede discutir años sin arribar a un acuerdo. En este caso, planteamos que un correcto funcionamiento de un sistema democrático exige tres condiciones ineludibles:

1.- Partidos políticos sólidamente conformados, que tengan continuidad en el tiempo, presencia territorial, y capacidad fáctica de constituirse en opción de gobierno. De actuar como oposición, capacidad de control cierto y coherente de las acciones de gobierno por un lado, y formulación de propuestas por el otro.

 2.- Sistema electoral claro y ampliamente participativo, que no restrinja la capacidad de elegir, distorsionando y/o falseando el valor del voto individual. (listas sábana; candidaturas testimoniales; ley de lemas). Ello incluye establecer  claras limitaciones y obligaciones de los candidatos, para que una vez elegidos, aseguren la representatividad prometida a sus votantes.

3.- Organismos de control del Gobierno eficaces e independientes, entre los que se incluye la Justicia.

En la Argentina, lamentablemente no se cumple por lejos con ninguno de estos requisitos. Asumir esta realidad, permitirá no solo comprender el desarrollo político de los últimos veinte años, sino sospechar que a esta altura de los acontecimientos será casi imposible evitar que esta matriz de recurrentes fracasos se mantenga inmutable a partir de la elección del 2015. Por ello en las últimas reflexiones recordamos las peligrosísimas similitudes entre la crisis 2001-2002, y la que se proyecta para el 2015-2016, porque la estrategia de salvación de la élite dirigente será la misma. Apelar a un “gobierno de salvación nacional”, en donde políticos, empresarios y gremialistas se pondrán patrióticamente de acuerdo, para que la clase media, pequeños empresarios y ahorristas, empleados en general, jubilados, autónomos y desocupados, provean los recursos económicos necesarios para retomar el camino de sostener a esas dirigencias inviables, y al festival de enriquecimiento ilícitos impunes a costa del Estado. Dicho lo cual, analizaremos en la próxima reflexión el estallido de UNEN.

MANUAL POLÍTICO PARA LA SALVACIÓN NACIONAL

Hemos intentado en las últimas dos reflexiones destacar aspectos esenciales de la crisis económico-social del 2001-2002, en sus contextos políticos y económicos. En esta retrospectiva, incursionaremos en lo más doloroso para las pequeñas y medianas empresas, asalariados y  sectores sociales vulnerables: la etapa quirúrgica.

Recordar una crisis tan cercana y proyectarla al cambio de gobierno en diciembre de 2015, pretende que la ciudadanía preste especial atención de ahora en más a las declaraciones políticas en general e indicadores económicos, sabiendo que deberán absorber inevitablemente los costos de las impericias, negociados y corrupciones. Los círculos cercanos al poder, sean circunstancialmente oficialistas u opositores, confían en salir, una vez más, indemnes. Desde la recordada frase “hay que pasar el invierno”, pronunciada en 1959 por el Ministro de Economía Alvaro Alsogaray, hasta la promulgación de la intangibilidad de los depósitos votada por amplia mayoría legislativa en agosto de  2001, la mecánica del engaño se mantuvo inmutable. Pasar el invierno en 1959 significó una pérdida promedio del 24 % del salario real, a través del pago de salarios con Bonos 9 de Julio. La intangibilidad de los depósitos concluyó con su incautación total el 09 de enero de 2002, con el aval de los mismos legisladores. Esta es la primera señal de alarma. Los mismos dirigentes políticos, empresariales y gremiales de ese entonces, mantienen hoy sus espacios de poder, aunque pretendiendo mutar sus ropajes ideológicos y ocultar sus pasados.   

Ingresemos en el quirófano de la salvación nacional del 2001-2002. En octubre 2001, el influyente empresario Franco Macri expresó que “Cavallo debe analizar una medida para estatizar la deuda privada” (La Nación, día 25). Sus principales empresas (Socma; Sideco y Correo Argentino), debían 472 millones de dólares. Igual situación afrontaban entidades financieras y grandes empresas nacionales y extranjeras. El 20 de diciembre cayó De la Rúa. Asumió Rodrígues Saá, quien decretó el cese de pagos al exterior, en medio de la ovación de los legisladores. El 01 de enero, con acuerdo mayoritario de la corporación política, se designó como presidente a Duhalde, quien había perdido las elecciones presidenciales tan solo dos años atrás. De inmediato anunció el fin de la convertibilidad, y prometió que “el que depositó dólares recibirá dólares… el que depositó pesos recibirá pesos”. El radical Leopoldo Moreau reclamó “un gobierno de salvación nacional”, avalando la salida de la convertibilidad, que defendiera durante once años, como la mayoría de los legisladores. El 06 de enero el Parlamento aprobó un instrumento clásico para vulnerar derechos: Ley de Emergencia Económica.

La ciudadanía, empujada velozmente al quirófano, intentó retomar los cacerolazos y protestas, pero ya era tarde. La anestesia “salvación nacional” estaba actuando para dar comienzo a la operación, destinada a democratizar pérdidas y mantener prebendas. El 09 de enero de 2002 se promulgó el Decreto 71, que pesificaba todas las deudas en moneda extranjera a $ 1,40 por dólar, y reprogramaba los depósitos en plazos fijos, cajas de ahorro y cuentas corrientes, otrora intangibles. El dólar pasó de $ 1,40 a $ 3,00 en un par de meses. Se produjo un caos jurídico por inconstitucionalidades y amparos, con clientes pujando para ingresar a “su banco” para recuperar ahorros, y sus empleados obligados a actuar como personal de seguridad para impedirlo.  

Lo peor estaba por venir. Se aplicó la última frase célebre para encubrir negociados del Estado con privados: “Hay que cuidar las fuentes de trabajo de los argentinos”. Para tan noble objetivo, se implementó la correctamente llamada pesificación asimétrica, porque a la aplicable al ciudadano común, se le sumó otra más favorable para grandes empresas e instituciones financieras endeudadas en divisas extranjeras. La enorme licuación de sus pasivos fueron absorbidos en altos porcentajes por el Gobierno nacional. Los cacerolazos, el desempleo, los amparos judiciales, la inflación creciente, y bancos fugando al exterior depósitos de clientes privilegiados, mantenían plena vigencia. Pero el juego de sustituir un gobierno democrático por otro de salvación nacional había concluido.

La clase política descubrió entonces que para la defensa de sus privilegios, los partidos políticos tradicionales carecían de sentido. Ante tanta frivolidad y oportunismo, ser justicialista, radical o socialista, era una pesada carga difícil de sobrellevar.  Era más fácil ser neoliberal, nacional-popular, de izquierda, de derecha; renovador; radical K; concertador; frentista; o simplemente aliado, cuando se quería negociar votos en el parlamento. Estas etiquetas tienen una virtud insustituible: son fácilmente intercambiables.

En la próxima reflexión concluiremos esta reseña histórica, con el proceso pos operatorio del ciudadano común, tras la crisis 2001-2002.

RELATOS SALVAJES POLÍTICOS

“Relatos salvajes” es una exitosa película argentina dirigida por Damián Szifrón, que en formato de comedia dramática,  trata acerca del tenue límite que puede existir entre civilización y barbarie. La política ofrece un fértil campo para una segunda versión, cuyo límite oscile entre la grandilocuencia dialéctica ante los ciudadanos, y el oportunismo político para priorizar intereses personales y sectoriales.  Van algunas ideas.

1.- Milagro Papal

El Gobierno nunca tuvo relaciones amistosas con el cardenal Bergoglio y la iglesia en general, al extremo de evitar la presencia de funcionarios en el tradicional Tedeum en la Catedral de Buenos Aires los 25 de mayo. Pero su designación como Papa produjo una conversión religiosa casi mística, desde la Presidente a la totalidad de sus funcionarios y aliados. En busca de la redención, los otrora críticos desfilan incesantemente en el Vaticano ante su presencia. Con un premio adicional. A la Catedral se podía ir a pié o en colectivo. A Roma en cambio viajan con todos los gastos pagos con recursos públicos. El último acto de contrición lo protagonizó Estela de Carlotto, quien durante años acusó a Bergoglio de cómplice con la dictadura militar. En estado de beatitud, manifestó recientemente que “le habían informado mal”. Así de simple.

2.- Los controles democráticos de la oposición  

En un programa televisivo conducido por el periodista Gustavo Silvestre, se debatió acerca del informe de la Auditoría General de la Nación relacionado con el manejo y balances de Aerolíneas Argentinas, que fuera aprobado por 5 votos contra 2 de los auditores. La AGN es un organismo constitucional que asiste técnicamente al Congreso en el control de las cuentas del sector público. Silvestre presentó al auditor Vicente Brusca, justicialista que votara en contra, y aclaró que invitó al presidente del organismo, el radical Despouy, quien no quiso concurrir. Brusca mencionó entre las causas de su rechazo, que una página señalaba que había 33 pilotos por avión, y otra 22 pilotos. Insólitamente no pudo aclarar cual, según su opinión, era el número correcto. Pero tras cartón se descargó contra los radicales, siguiendo la línea del Jefe de Gabinete Capitanich, quien acusó a la Auditoría de ser una “usina opositora”. Tanta necedad, más que desacuerdos hacen sospechar aceitados acuerdos. Despouy concurre a un programa televisivo y Brusca a otro. Pero de clarificar ante la ciudadanía la realidad en forma conjunta y seria, ni hablar. Con seguridad, tampoco el Congreso tratará el informe. Todos los principales participantes de esta comedia dramática perciben un salario mensual superior a $ 70.000, sin considerar prebendas de sus cargos. Eso sí, la Auditoría tiene miles de empleados, la gran mayoría acomodados por todos los sectores políticos. Queda clara entonces cual es la necesidad de crear organismos de control.  

3.- La seguridad la arreglamos entre todos

Cuando un problema lo arreglamos “entre todos”, significa que los responsables de solucionarlo se hicieron a un lado. El delito en general, y los negociados en el fútbol y barras bravas en particular, son un excelente ejemplo. El partido de fútbol entre Lanús y Arsenal tuvo un final escandaloso, por una decisión arbitral inentendible. Finalizado el encuentro y en medio del caos, aparece en el campo de juego un civil con un arma en la cintura, a la vista de público, dirigentes y personal policial. Detectado y fotografiado por el periodismo, se constató que era un oficial de la Policía Federal. El hecho ratifica que las fuerzas de seguridad no solo atienden a la seguridad pública, sino participan de acciones privadas dentro de los clubes, con la anuencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires y sus funcionarios de seguridad. Felizmente el presidente de Lanús, dr. Alejandro Marón, transmitió tranquilidad a la sociedad. Aclaró que conocía al oficial armado, pero ”me aseguró que el arma estaba descargada”. Aquietadas las aguas, la lucha pertinaz de la provincia de Buenos Aires contra el delito continúa.

4.- Batallas heroicas contra los grupos económicos más concentrados

Hay frases políticamente inutilizables. “Salariazo y revolución productiva” es una marca de propiedad registrada. “Combatiremos la corrupción”, pronunciada por dirigencias que permanecen desde hace más de dos décadas en altos niveles de conducción, puede mover a la hilaridad, o más grave aún, a la indignación. Pero las épicas contra los grupos económicos más concentrados, aunque la encabecen multimillonarios, aún otorga réditos. Sin embargo, ante el riesgo que los enfervorizados mensajes provoquen arrebatos patrióticos desmesurados contra dichos grupos, es necesario que los funcionarios de gobierno y supuestos opositores los identifiquen claramente su condición de buenos o malos. Por ejemplo: 1) En comunicaciones, entre Clarín, Telefónica y Telecom; 2) En obras públicas, entre empresas rusas, chinas y de Lázaro Báez; 3) En explotaciones petroleras, entre Repsol y Chevrón; 4) En empresas de capitales mixtos como YPF, entre el 51% estatal y el 49% privado (incluídos Esquenazzi y buitres); 5) En industria y comercio, entre maniobras importadoras de autopartes de las automotrices, o de juegos de jardín, tazas de café y bombitas eléctricas chinas de los supermercados; 6) En la industria del juego, entre Casino Club de Cristobal López o Boldt de Tabanelli.

Esta clara discriminación entre buenos y malos no es necesaria para los funcionarios del Estado. Ellos saben que los retornos se pueden acordar tanto con unos como con otros.

AGENDA DE LA CORRUPCIÓN - noviembre 2014

El seguimiento regular de algunos de los innumerables casos judiciales de corrupción estatal que asocian a funcionarios públicos con empresarios privados, pretende visualizar la magnitud de un problema que explica la mayoría de las decisiones de sucesivos gobiernos, más allá de  engañosas fundamentaciones ideológicas. La cobertura judicial y de los mal llamados organismos de control, transparentan que el problema involucra a supuestos oficialismos y oposiciones, responsables por acción u omisión de la impunidad manifiesta. Explica también porque los precandidatos presidenciales, sin excepción, obvian explicitar acciones concretas respecto a una problemática que está desangrando al país desde hace décadas. Se detallan algunas causas.

1.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

En marzo, en el Tribunal Oral Federal n° 2, integrado por los jueces Giménez Uriburu, Tassara y Gorini, comenzó el juicio oral y público contra funcionarios públicos, empresarios privados y empleados, acusados de ser responsables de la tragedia que provocara 51 muertos y cientos de heridos. El caso es representativo de que “la corrupción mata”, en contraposición al arraigado concepto de apoyar a quienes “roban pero hacen”. El grupo Cirigliano, operador de la línea férrea y enriquecido con subsidios estatales, se declaró en quiebra para no hacerse cargo de los daños.   

2.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por  los dres. Jorge Ballestero y Eduardo Farah, muy tardíamente apartó al juez Oyarbide de la causa de defraudación de fondos públicas de la Fundación que encabeza Hebe de Bonafini, y anuló los procesamientos dictados. La causa recayó en el juez Martínez de Giorgi, quien la mantiene sin avances.  Un lamentable caso de utilización de los principios de derechos humanos, para lograr adhesión política y encubrir corrupción. La alta política hace suponer que no habrá responsables.  

3.- Causa de lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo empresarial de Lázaro Báez

La investigación, a cargo del responsable del Juzgado Federal Nª 7, Sebastián Casanello, intenta por todos los medios posibles no involucrar a su máximo responsable, el empresario patagónico Làzaro Bàez. Para ello no se teme caer en el ridículo. La justicia indagó a los fiscales antilavado Carlos Gonella y Omar Orsi, por excluir a Báez de la causa de lavado, que tiene como acusados a Elaskar, Fariña, y los empresarios Molinari y Erusalimsky. Ambos fiscales delegaron esta responsabilidad en el fiscal Ramiro González. Por su parte Echegaray, a cargo de la AFIP, anunció que la justicia suiza proveyó datos de 1.300 cuentas de argentinos en el exterior, y que acordó con Luxemburgo un intercambio de información fiscal. Pero nada dijo respecto a que la  misma justicia suiza congeló 22 millones de dólares del grupo empresario Báez. A su vez, en relación a este embargo, el juez Casanello pidió al director de Jurídicos de la Cancillería, Horacio Basabe, el estado del exhorto enviado (enviado?) el pasado 26 de junio a Suiza. Sbatella, a cargo del organismo de control de lavado, tampoco aportó datos. Los candidatos autoproclamados opositores, no tocan el tema. El operativo impunidad avanza.

4.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

A dos años de iniciada la causa, que involucra a altos funcionarios públicos y privados asociados en el negociado de intento de adquisición de la ex empresa Ciccone Calcográfica, el juez Ariel Lijo dictó los procesamientos del vicepresidente Boudou y otros involucrados. No se produjeron novedades determinantes. En este caso el Estado actuó con celeridad. La Inspección General de Personas Jurídicas nunca quiso informar quienes eran los titulares de la desconocida sociedad The Old Fund, que se hiciera cargo de la ex Ciccone. Finalmente el expediente fue robado del organismo, y está siendo reconstruido con menos hojas/información que el expediente original.  

5.- Coimas en el caso de la empresa Siemens.

Tras una investigación de quince años, en diciembre de 2013 el juez federal Ariel Lijo procesó a 17 personas  entre funcionarios de los gobiernos de Menem y De la Rúa, y directivos de las empresas Siemens e Itron, esta última del grupo Macri.  Siemens admitió en el 2009, ante la justicia de Estados Unidos y la Unión Europea, haber pagado millones de dólares en coimas para quedarse con el negocio de confección de pasaportes y DNI. No se dictaron prisiones preventivas, pero sí embargos por 500 millones de pesos. Las coimas se pagaron a través de intermediarios con contratos ficticios por servicios que jamás existieron.

6.- Sociales: sobreseimientos.

Los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, anularon en noviembre de 2013 el procesamiento de 24 funcionarios del menemismo acusados del cobro de sobresueldos, haciendo caer también los embargos. Utilizaron argumentos procesales habituales para hacer caer causas, beneficiando entre otros a Juan Schiaretti y Adelina Dalessio de Viola. Es habitual que los sobresueldos y altos viáticos sean invocados por los funcionarios, cuando deben justificar enriquecimientos durante su paso por la función pública, no relacionados con sus ingresos en blanco.

Hace más de 2.500 años, decía el legislador y filósofo griego Solón, que sentara las bases de la democracia ateniense: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

POSOPERATORIO 2001-2002: PACIENTES DÉBILES Y FUERTES

Finalizamos en esta reflexión la reseña de la crisis 2001-2002, tras haber recordado hitos relevantes previos a la caída del gobierno de De la Rúa. Contextos políticos y económicos, el caos político institucional subsiguiente, y las primeras acciones quirúrgicas adoptadas por el gobierno de “concordancia política” que a partir de enero 2002 encabezó el presidente Duhalde. Es momento de destacar aspectos del pos operatorio atravesado por la población.

La recuperación de los más débiles fue inevitablemente mucho más lenta. No solo por su vulnerabilidad natural, sino porque debían sostener una rápida alta médica de los más fuertes. La medicación fue tradicional y efectiva. A fin de “mantener y recuperar fuentes de trabajo”, se licuaron enormes pasivos de grandes empresas nacionales y extranjeras. Los negociados no saben de ideología pero sí de grandilocuencias demagógicas. Por ello, para disimular la aplicación de medidas expoliatorias de los ahorros de pequeños y medianos ahorristas, el titular de la bancada justicialista Humberto Roggero, ante la risa dificultosamente contenida por todos los diputados, anunció “la creación de una comisión para investigar la fuga de los capitales de los bancos”. (Clarín, lunes 7 de enero).

La Corte Suprema de ese entonces, en el marco de amenazas de juicio político a sus integrantes, declaró el 01 de febrero la inconstitucionalidad de la incautación de los depósitos. La acompañaron Cámaras Federales y jueces. Ante este fallo, adalides de la seguridad jurídica hoy, se rasgaron las vestiduras entonces. “Fallo jurídicamente sólido, políticamente muy grave”, escribió Eduardo Van Der Kooy en Clarín, el 02 de febrero. “Un intento de golpe de Estado judicial”, tituló su columna el mismo día en el diario La Nación Joaquín Morales Solá. Hasta ahora, nada que no sepamos: para nuestra eterna clase dirigente, la seguridad jurídica no es aplicable a los débiles. A lo sumo, éstos pueden tener la gracia del otorgamiento de algunos subsidios.

Recién el 02 de diciembre del 2002 se liberaron los depósitos incautados en pesos argentinos. Muchos fueron percibidos por sus herederos; los titulares habían fallecido. A los depositantes en plazos fijos en dólares se les ofreció alternativas que oscilaban entre aceptar conversiones a pesos amortizados en cuotas, o bonos en dólares a diez años. La última cuota de amortización del Boden 2013 en dólares fue en abril del año anterior. Doce años más tarde.

Los banqueros y grandes empresarios también golpearon puertas, pero no a la intemperie frente a los Bancos, sino las de los despachos oficiales. Los principales deudores del sector privado no financiero sumaban 5.764 millones de dólares (BCRA- septiembre 2001 / Página 12-5 de febrero). De este monto, solo 25 empresas extranjeras y nacionales, con excelentes facturaciones en sus balances, concentraban 4.000 millones de dólares. Entre otras, se encontraban Telecom, Telefónica, YPF, Disco, CTI, American Express, Metrogas, Iveco. Los Bancos extranjeros, que captaban ahorros publicitando respaldos de sus casas matrices, se “autonacionalizaron”. Informaron que sus sucursales eran autónomas. Respecto a los Bancos nacionales no hubo sorpresas: tenían sus carteras saturadas con créditos irrecuperables otorgados a empresarios amigos sin las debidas garantías. Para que la sociedad comprenda que implican los acuerdos políticos de “salvación nacional”, solo un dato: destacamos que 25 empresas concentraban 4.000 millones de dólares de deuda. Como contrapartida, 6.000 amparos concedidos a particulares sumaron solo 300 millones de dólares. (Laura Zommer – La Nación – 6 de abril de 2002 – Fuero contencioso administrativo).

Cerraremos este obituario con palabras de Horacio Verbitsky, en ese entonces no tan condescendiente con la corrupción estatal como en la actualidad: “Una vez obtenida la licuación de sus deudas  con el sistema financiero dentro del país, el poder más concentrado avanza sobre el Estado en una maniobra de pinzas. Por un lado, procura endosarle al conjunto de la sociedad parte de las deudas contraídas en el exterior, mediante la emisión de Obligaciones Negociables. Por el otro, intenta obtener nuevas ventajas en la renegociación contractual de los servicios públicos que algunas de esas empresas atienden” (Página 12 - 27 de febrero de 2002).

Con estos sucintos antecedentes,  preocupa que la misma dirigencia de entonces, sean oficialistas o supuestos opositores, entretengan hoy a la sociedad en un juego infantil “pro modelo” o “cambio de modelo” sin definir acciones y propuestas concretas, a la espera de diciembre 2015. Lamentablemente, una vez más la inmensa mayoría de la población no cobijada con prebendas del Estado, deberá pagar los costos. Parafraseando a Clinton, podríamos decir: “El problema no es derecha o izquierda, sino corrupto o no corrupto, estúpido”.