PERONISMO...CUÁL DE ELLOS?

Concluyó el agotador calendario electoral nacional, con el triunfo de la Coalición Cambiemos, tras doce años de gobierno del Frente Para la Victoria. Es oportuno entonces reflexionar sobre el conformado político-partidario resultante, e intentar vislumbrar si será posible una consolidación definitiva de un sistema de partidos coherente en el tiempo, con extensión nacional. 

Según evolucionen los acontecimientos en el corto y mediano plazo, será posible alcanzar un verdadero sistema republicano, representativo y federal, o bien  continuaremos divagando entre grandilocuentes retóricas, y entusiastas prácticas demagógicas y autoritarias. Para disimular las anomias partidarias y programáticas, políticos y analistas continúan apelando a supuestas identidades justicialistas y radicales de vastos sectores de la sociedad, al solo fin de usufructuarlas para acumular votos. A partir de 1999 (PJ-UCD y UCR-FREPASO), justicialismo y radicalismo se mimetizaron en variadas e insólitas alianzas, guiadas más por objetivos coyunturales y de poder, antes que en políticas virtuosas consensuadas. No es casual que casi todos los actores intervinientes en dichas asociaciones estén hoy vigentes y gocen de buena salud. Por haber conducido el país en 24 de los 32 años de recuperada la democracia, plantearemos inicialmente las incógnitas que generan quienes se dicen peronistas, y pretenden ejercer su representación.

1.- En primer término, debemos destacar que la ciudadanía ha brindado sobradas muestras de independencia al momento de votar, buscando siempre la mejor opción electoral para su crecimiento o subsistencia. Por lo tanto el análisis se centra en las clases dirigentes, que pese adjudicarse incomprobables caudales electorales, son paradójicamente responsables de las más insólitas asociaciones electorales, y para obtener cargos se comercializan como “patas” peronista, radical o progresista. Ya en 1983, en donde las pertenencias eran claramente definidas y el PJ-UCR alcanzaron entre ambos el 91,90% del total de sufragios, Alfonsín superó a Luder por el 11,59%. Seguir especulando sobre  cantidades de votos “atados”, carece de sentido.

2.- Caracterizaciones como alfonsinista, delarruista, caffierista, menemista, kirchenirista o massista, deberían servir para una interna, pero no para exaltar personalismos que diluyan sus estructuras de apoyo y  antecedentes históricos. Cuando se habla de menemismo o kirchnerismo como sustitutos de peronismo, Perón queda minimizado a ser invocado solo como recurso electoralista o especulativo. No en vano en los últimos doce años, las figuras de Evita, e insólitamente la del gris y fiel Héctor Cámpora, predominaron por sobre la memoria de Perón.

3.- En la última elección, tres agrupaciones se asumieron de raíz peronista: el FPV (Scioli); UNA (Massa), y Compromiso Federal (Rodríguez Saá). Existiendo internas abiertas y obligatorias para elegir candidaturas, cabe preguntarse: existen entonces tres peronismos? Pareciera imposible. Entonces, lo son realmente, y continuarán existiendo como tales a futuro? Como relacionarán sus eventuales continuidades con la conducción del Partido Justicialista? Este es el gran dilema a resolver. Por su importancia en la reconstitución de representaciones políticas nacionales serias y coherentes, la expectativa excede al justicialismo.

4.- El radicalismo por su parte, sufrió similar fenómeno de dispersión. Muchos de sus dirigentes, con cargo bajo el brazo, se ofrecen como “pata radical”, para dar un barniz pluralista a regímenes personalistas. Por ello es destacable que Ernesto Sanz, tras una ejemplar convención democrática de casi cuatrocientos afiliados, insertara a la envejecida UCR en la coalición Cambiemos, junto con el Pro y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. En su diversidad, sus principales dirigentes exhiben más similitudes que supuestas diferencias ideológicas. Por bien del país, esperemos optimicen con responsabilidad, una coalición inicialmente virtuosa.

5.- El caso de Cambiemos podría señalar un camino al dilema justicialista. En pleno siglo XXI plantear un retorno al bipartidismo justicialista-radical sería anacrónico, y contrario a la necesidad de modernización institucional. Es más importante que las coaliciones consoliden identidades, políticas programáticas básicas, e interrelación partidaria territorial. Salvo la izquierda testimonial, no se justifica que existan en el país más de tres opciones con pretensiones y posibilidades de ser alternativas de gobierno.

La elección del 2015 no debería desembocar en el vicio reiterado de regresos mesiánicos y cultura del fracaso. Solo cabe actuar con inteligencia y grandeza para generar un cambio definitivo de matriz político-partidaria.

Próxima opinión política: miércoles 20 de enero 2016

TODO PASA ... PARA AVANZAR O RETROCEDER?

Dos instituciones aparentemente disímiles en importancia, Gobierno nacional y Asociación del Fútbol Argentino, transitan procesos de cambio en sus conducciones. Las diferencias parecieran diluirse cuando se analizan actores intervinientes; entrecruzamientos de intereses políticos, económicos y empresariales, y vicios de corrupción. El Gobierno proclama que el fútbol es gratuito “para todos”, sean multimillonarios o carenciados sin agua potable y cloacas, y destina cuantiosos recursos económicos sin control. La AFA por su parte, con clubes aún llamados “entidades sin fines de lucro” y  económicamente quebrados, apela al sentimiento que despierta el deporte más popular, para intermediar en escandalosos negociados.

En ambos casos cesaron liderazgos tras extensos períodos de conducción. El kirchnerismo justicialista, al no existir posibilidad de reelección, traspasa el poder tras doce años. La AFA, debido al fallecimiento de Julio Grondona, que la manejó férreamente durante 35 años. Ceder poder siempre ha sido traumático. Más aún en Argentina, donde la alternancia no es considerada una virtud, sino un fracaso. En este tipo de liderazgos, lo legal e institucional no son marcos referenciales, sino trabas a soslayar. El autoritarismo y sus variantes, abundan en la historia. Señalaba Maquiavelo que “en los Estados hereditarios, en los que el príncipe hereda derechos dinásticos, las dificultades para conservar el poder son menores que las que se dan en los principados que llamamos nuevos. Porque al príncipe que recibe el poder por herencia le basta no descuidar el orden establecido por sus antepasados, y contemporizar con los acontecimientos que se sucedan”.

Un símbolo criollo de este pensamiento, lo representa el famoso anillo de Don Julio, con la inscripción “Todo pasa”. Para un autoritario, el tránsito temporal que supone el mensaje es aplicable a circunstancias y entornos, pero nunca a su persona. Se ha dicho que nuestra Nación es aún joven, por lo que su corta historia está plagada de divisiones, contradicciones e interpretaciones maniqueas, resumidas en bueno o malo. Pero esta etapa se nos agotó. Países vecinos como Uruguay, Chile, Colombia, Brasil, entre otros, la superaron hace tiempo. 

Ante el nuevo ciclo institucional que se abre, es oportuno destacar ciertos aspectos que se irán desmenuzando a futuro.

1.- A partir de 1983 se cerró el ciclo de los golpes militares. Queda por confirmar que también se clausuró la etapa de los golpes mal llamados “institucionales”. En la crisis 2001-2002, la ciudadanía no reclamó “que vengan los que saben gobernar”, sino, enfáticamente, “que se vayan todos”.

2.- Para evitar los oscurantismos que dejan atrás los líderes, y posteriores discusiones banales, el nuevo Gobierno deberá informar a corto plazo indicadores reales a diciembre 2015, como punto de partida de la gestión. Entre ellos, reservas disponibles del Banco Central; deudas externas con entidades financieras y privados, e internas con organismos públicos; inflación; desempleo; pobreza (aclarando que se entiende como tal).  

3.- El peronismo deberá clarificar inicialmente el alcance del término, para luego establecer su verdadera y única representación partidaria. De este modo colaborará en la reconstrucción de partidos coherentes en el tiempo. Sería recomendable que durante esta catarsis utilice el término justicialismo, para evitar el manoseo oportunista del nombre de Perón. Lo sugiere quien nunca fue peronista.

4.- Se deberá evitar la trampa de utilizar los resultados electorales como prenda de negociación y/o presión de grupos políticos. Es un simplismo falso decir que el 51,3 % de los votos de Macri y 48,7 %  de Scioli, muestran un país dividido. La verdadera segmentación se transparentó en la primera vuelta electoral, entre seis agrupaciones políticas. En esta estrategia de simplificación se insertan análisis irónicos y capciosos que señalan que en las manifestaciones de Cambiemos se ven a “blanquitos”, y en las del FPV a “negritos”. Muchos “blanquitos” (sector financiero; supermercadismo; comunicaciones; juego; funcionarios públicos), tuvieron fenomenales ganancias durante la promocionada década ganada. Por el contrario, resultados electorales como los de Jujuy y conurbano bonaerense, mostraron que el ciudadano anónimo necesita hechos, en lugar de revolucionarios enriquecidos y segmentaciones oportunistas.

Según Maquiavelo, Macri deberá afrontar las dificultades de un principado que no hereda derechos dinásticos.

UN PAÍS NO ES UNA EMPRESA

En su obra El Príncipe, escrita en 1513 y dedicada al florentino Lorenzo de Médicis, aconsejaba Maquiavelo respecto a la elección de los ministros: “Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí; el segundo entiende los que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

En una democracia, esta sensata descripción de capacidades para elegir colaboradores en principados, debiera ser de aplicación para los ciudadanos que asumen la responsabilidad de elegir a sus gobernantes. Por ello debemos reflexionar sobre lo manifestado por la presidente Kirchner en un reciente acto en La Matanza, a días de abandonar el Ejecutivo: “un país no es una empresa”. Su aparente obviedad hace suponer que el mensaje encierra enigmas que intentaremos descifrar, para alcanzar al menos el nivel de “entender lo que otros disciernen”, planteado por Maquiavelo.

País es una delimitación geográfica del concepto político Estado- Nación, que define una forma de organización institucional, para regular la vida comunitaria de sus habitantes. Empresa, por su parte, es una organización dedicada a actividades que persiguen fines económicos, dedicadas a satisfacer demandas existentes o a crearse, y tener utilidades para subsistir. Con sus diferencias de origen, País y Empresa deben interrelacionarse.

En el marco de un País, el Estado debiera atender y regular el interés general. La Empresa por su parte, debiera concurrir a dicho interés general desde su actividad particular. El fracaso del Estado a nivel País, como el de las Empresas en escalas sectoriales, conducen al atraso, pobreza y desocupación. Como los resultados en uno y otro caso dependen inicialmente de los niveles de conducción, la afirmación presidencial pareciera estar dirigida al perfil de los funcionarios públicos. Al efecto existen legislaciones que los definen, emitidas bajo responsabilidad única del Estado. Actuar con eficacia y resultados virtuosos, implica poseer funcionarios (Estado) y gerentes (Estado y Empresas), con conocimientos específicos en su área de responsabilidad, capacidad intelectual y de gestión, y honestidad.

Como es verdad que los afectados por el fracaso del Estado son ciudadanos, y no ganancias empresarias o un limitado número de trabajadores en caso de las Empresas, las exigencias de selección de funcionarios públicos debieran ser más exigentes aún que la de las Empresas. Acá surge la primera contradicción entre la grandilocuencia y la realidad. No pueden reclamar por los perfiles de los funcionarios estatales, quienes desconocen carreras administrativas y méritos específicos, y utilizan al Estado como cotos laborales y de negocios para grupos familiares y de amigos, vicio conocido como nepotismo. Todo ello, bajo la vergonzosa complicidad de los dirigentes gremiales estatales, en el desprecio de las carreras administrativas de quienes aducen defender.

La deshonestidad interna en una Empresa, una vez detectada será castigada. Pero si se utiliza para obtener beneficios o prebendas que maximicen sus beneficios a través de dádivas o sobornos a funcionarios públicos, se la protege y premia. Por ello, la deshonestidad política es mucho más grave para un País que la empresaria, porque consiste en trasladar fondos públicos a empresas privadas enriquecidas injustificadamente, a costo del capital social.

Por lo tanto, el debate funcionario público-privado es falaz y capcioso. Que sería más beneficioso para el País?. Incorporar al gobierno argentinos con capacidad y antecedentes en exigentes ámbitos gerenciales, dispuestos a afrontar el desafío de incursionar en el Estado, o apelar a burócratas baratamente politizados sin capacidad de gestión, conformados por esposos, hijos, cuñadas, nueras, choferes, jardineros y amigos, para manejar organismos y empresas estatales vitales para el desarrollo y crecimiento? Funcionarios además, que al momento de justificar sus crecimientos patrimoniales ilícitos, dicen que tuvieron ganancias….con sus empresas.

Una País exige un serio control de incompatibilidades, mala praxis o actos de corrupción en el manejo del Estado. Esta tarea también es exclusivamente estatal. Está a cargo de organismos de control, poder legislativo y poder judicial. Cabe preguntarse: se decidirán a cumplir con sus obligaciones?

LEYES APROBADAS POR KILO

La aprobación a paquete cerrado de 96 leyes en la última sesión de diputados, debería motivar reflexiones más profundas que la mera catalogación de la sesión como escandalosa. En principio, quedó transparentada la necesidad de una profunda readecuación del marco político-institucional de nuestro país, que alcanza por igual a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Mal se puede exigir eficacia y honestidad a las nuevas autoridades gubernamentales, si las estructuras estatales que deben sustentarlas exhiben corrupción, complicidad y oportunismo.

Personajes marginales como Fariña nos ilustraron que en la corrupción estatal-privada, los montos involucrados alcanzan tal magnitud, que el dinero debe ser “pesado” antes que contado. Pudimos comprobar que con las leyes sucede lo mismo. Quizás con un mejor barniz: el apoyo de la “izquierda”.

Si bien el concepto de corrupción tiene matices que no modifican el daño irreversible que provoca en una sociedad, se coincide en definir que “el acto de corrupción es un término general que cubre el mal uso de la autoridad para la utilidad personal, que no necesita ser monetaria”. Utilizar la autoridad para que legisladores con dietas superiores a los $ 70.000 mensuales e innumerables prebendas adicionales, aprueben un paquete de leyes no debatidas; no conocidas; no entendidas, y menos aún informadas a la sociedad, es un acto de corrupción. El doctor Luis Moreno Ocampo recordaba la fórmula de Robert Kiergaard, experto en control de la corrupción: C=M+D-T (corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia).

Estamos muy acostumbrados a asimilar la corrupción del Estado únicamente con los delitos económicos, emergentes de la complicidad funcionarios públicos-empresarios privados. Pero la impunidad exige un soporte que la sostenga, con implicados en donde las prebendas predominan por sobre el dinero “físico”. Este soporte lo conforman organismos de control estatales inocuos o directamente cómplices; marcos legislativos que por acción u omisión sean laxos con el delito, o bien faciliten negociados; finalmente, un poder judicial que antes que sancionar, demore, diluya, absuelva.

El “quórum” de la triste sesión legislativa fue posible por el masivo aporte de la “izquierda”. La falta de identidades partidarias coherentes hace que nos preguntemos qué es izquierda. Inicialmente observamos que no se nuclea en una agrupación, sino en mini expresiones con rótulos grandilocuentes, pero irrelevantes en representatividad (Unión Popular; Libres del Sur, etc.). Tienen un solo objetivo: permitir que sus representantes casi hereditarios encabecen listas que, en elecciones, se cuelguen de otras agrupaciones competitivas, para seguir usufructuando el cargo de legisladores.

Tomemos dos ejemplos: Claudio Lozano y Victoria Donda. Participan de cuanto programa periodístico o de actualidad existe. Ambos, a grito pelado y con cara de enojados, justificaron su presencia en la sesión en la defensa de los trabajadores de Hotel Bauen. Pero algunas vez explicaron en sus múltiples apariciones públicas los antecedentes, fundamentos y consecuencias del proyecto de expropiación? Lo manifestaron en sus páginas web? Batallaron en el  2015 en pos de su tratamiento y aprobación?

Los actos de corrupción política siempre están envueltos en objetivos virtuosos: defensa de intereses populares; cuidar fuentes de trabajo; reconocer derechos, etc. Este recurso tiene en nuestro país un ejemplo recurrente que no diferencia entre épocas o ideologías: la estatización de deudas privadas. Pasó en el 82 y en el 2002; con las reestatizaciones de Aerolíneas Argentinas y Repsol-YPF; con deudores privados de entidades financieras estatales. Entre las leyes aprobadas por kilo, hay un “paquetito” sin abrir: la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales, para operar Río Turbio. Ningún diputado conoce el estudio de factibilidad. Pero la ciudadanía se hará cargo de los negociados y quebrantos del grupo privado Taselli, concesionario de dicha explotación hasta su cierre.

La sesión legislativa concluyó con un pedido de la diputada Di Tullio, que sorprendió por haber sido su práctica descartada desde hace 10 años: cantar la marcha peronista. Es oportuno recordar lo expresado recientemente por José Pampuro, que por  generación y conducta, puede exhibir legitimidad como peronista: “La verdad es que si se despierta el General, nos mata a todos”.

CAMBIOS DE ESTILO O ESTRUCTURALES?

El pasado domingo, 25 millones de ciudadanos eligieron una conducción política para los próximos cuatro años. De ese total, no más 10 mil tienen en mayor o menor grado acceso a niveles de decisión, o bien una inserción popular y/o comunicacional, con algún grado de influencia en la sociedad a través de sus opiniones. Pero como las elecciones las deciden millones de ciudadanos anónimos, para captarlos se emplean recursos multimillonarios, trasladándoles masivamente mensajes e imágenes encapsuladas, muchas veces falsas, centradas básicamente en lo emocional. Las campañas intentan “convencer”, no informar, para obtener el voto de “confianza” de la ciudadanía. Este es el punto. La política, o responde a esa confianza, o defrauda a los ciudadanos.

Sin embargo, pese a los recursos propagandísticos, el ejercicio continuo de la democracia ha permitido un aprendizaje paulatino de los ciudadanos, que les permite incrementar cada vez más el componente analítico, por sobre el puramente emocional. Esta evolución no prevista por políticos y analistas, hace que ante la realidad, intenten justificarse invocando “sorpresa”, o que “no lo vimos venir”. Mientras millones de votantes retornan a sus habituales anonimatos y expectativas, políticamente se están adoptando decisiones que marcarán los primeros pasos del nuevo gobierno. Por ello, postergaremos el análisis de las consecuencias políticas futuras por el resultado electoral, para incursionar en aspectos más concretos. Esta prioridad se sustenta en un consejo que Maquiavelo diera a su príncipe: “Los príncipes irresolutos, para evitar los peligros presentes, siguen la mayoría de las veces el camino de la neutralidad, y la mayoría de las veces fracasan”.

Resaltaremos conceptos que serán esenciales para establecer políticas exitosas.

1.- Los eslógans y segmentaciones sociales para justificar apoyos o rechazos son falsas. Si nos retrotraemos 25 años atrás a la fecha, no se observan “dos modelos de país”. Por el contrario, se visualiza una degradación del sistema político e institucional en cabeza de una misma dirigencia, con decisiones estructurales económicas basadas en lo recaudatorio: si es necesario privatizo; si es necesario estatizo. De ahí el absurdo que los mismos que avalaran determinadas políticas décadas atrás, hoy se vanaglorien de haber implementado lo contrario. Segmentar entre derechas, izquierdas, peronistas, radicales, neoliberalismo, progresismo, ricos, pobres, teniendo clases dirigentes oportunistas y fluctuantes, orilla el ridículo, y no es creíble. Tampoco existen “décadas ganadas o perdidas”. Unos ganan y otros pierden.  Los sectores económicos más beneficiados en los últimos 12 años, por ejemplo, han sido: 1) Financiero; 2) Supermercados; 3) Empresas de telecomunicaciones; 4) Actividad del juego.  Todos ellos, además, con fuerte presencia extranjera. Cada lector analizará si es verdadero o falso, y sacará sus conclusiones.

2.- La inclusión es válida como política de desarrollo social; no para encubrir víctimas colaterales de negociados político-empresariales. Las coberturas sociales exceden asignaciones circunstanciales. Se debe brindar también educación, salud y seguridad, para permitir el crecimiento del núcleo familiar. El subsidio no es necesariamente bueno; pueden favorecer enormes negociados, como se demostró en el área del transporte, con muertos inocentes incluidos.

3.- No existe independencia de poderes, sino interdependencia de poderes. La Constitución habla de atribuciones específicas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, muchas de ellas interrelacionadas. Ningún poder del Estado puede actuar en compartimentos estancos, sino con acciones y responsabilidades imbricadas para llegar a sus objetivos. Si un juez es corrupto, deber ser echado. Tampoco existe la autarquía financiera, cuando el origen de los recursos es común: los impuestos de los ciudadanos. El presupuesto nacional es uno solo.

4.- Imposible cambiar una matriz político-institucional, sin actuar concretamente contra la corrupción, y tener una estructura administrativa estatal acorde a necesidades reales, con conducciones y personal eficientes.  Este aspecto es clave, porque condiciona toda la política de un gobierno. Corrupción y estructura estatal son fuertemente interdependientes. Involucra al Poder Judicial, organismos de control, y a un principio de equidad sospechosamente abandonado: a igual función, igual remuneración.

Por último, recordar que los votos no se guardan en los bolsillos de los políticos. Decir “48,6% votaron un proyecto, y 51,4% otro proyecto”, caduca el 10 de diciembre. A partir de entonces, todos votamos por el objetivo de crecer como país.

MIEDO A VOLVER AL FUTURO

La campaña electoral, que tuvo un pico de interés en el debate entre Macri y Scioli, ofrece aspectos destacables que nos recuerdan la película de ciencia ficción “Volver al futuro”, producida hace 30 años por Steven Spielberg. Su trama relata las peripecias de un adolescente (Michael Fox), que en 1985 es transportado accidentalmente por medio de una máquina del tiempo a 1955. Al descubrir que sus futuros padres habían roto su noviazgo, se esfuerza para que se reúnan nuevamente y den lugar a su posterior nacimiento.

La versión argentina transportaría al adolescente a comienzos de la tenebrosa “década del 90”. Observaría que en 1989 comenzó la presidencia de Menem. Durante la campaña electoral previa, el menemista Guido Di Tella expresó que la economía del país necesitaba un dólar “recontra alto”. Sus afirmaciones causaron una feroz corrida cambiaria, que sepultó el Plan Primavera II de Alfonsín, y obligó a la entrega anticipada de su mandato. El adolescente se sorprendería entonces que 25 años más tarde se repita la irresponsabilidad, intentando asustar a la población con un dólar a 15 pesos, o con una mega devaluación.

Recién asumido, Menen indultó a las juntas militares, condenadas en el juicio histórico desarrollado por el gobierno de Alfonsín. La amnistía que el justicialismo había prometido en la campaña de 1983, la llevó a cabo en 1989. Tras superar un rebrote hiperinflacionario en el primer tramo de su gobierno, Menem comenzó una etapa conocida como “modernización del Estado”. El pilar fueron las privatizaciones de empresas estatales. La de YPF se concretó en 1992, con el apoyo entusiasta de gobernadores de las provincias petroleras, tanto justicialistas, radicales o provincialistas. La comunión ideológica se logró por el compromiso que con la venta, automáticamente se cancelarían las regalías petroleras adeudadas por la Nación a dichas provincias. Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, recibió 480 millones de dólares. El Estado se quedó con el 20% de las acciones, y la “acción de oro”, que le daba poder de veto ante determinadas decisiones privadas. Las acciones estatales fueron vendidas en su totalidad en 1999 a la española Repsol, previo a la asunción de De la Rúa y Carlos Alvarez. La acción de oro, subrepticiamente, desapareció. Con estos antecedentes, el adolescente una vez regresado a 2015, querría saber porque en la actualidad nadie habla del destino dado al 24,9 % de las acciones de Repsol, que en su reestatización parcial en 2012, se encontraban en poder del empresario argentino Eskenazi.  

En 1994 se realizó una reforma constitucional plagada de grandilocuencias, a la fecha incumplidas. Pero el objetivo final no admitía prosa florida: se aprobó la reelección presidencial. Transportado al pasado, el adolescente vería en 1997 el comienzo político de Scioli, asumiendo como diputado nacional por el menemismo. También se hubiera enterado que dos años antes, Macri asumía la presidencia de Boca Juniors, acusado por  su opositor Carlos Heller de querer privatizar el club. Hubiera detectado un clima de alegría y consumo. La gente viajaba a Miami, y exhibía su poder de compra: “deme dos”. Es cierto: había pobres. Pero pobres hay en todo el mundo. Por eso a su regreso al 2015, se sorprendería que la presidente Kirchner, repitiendo la historia que dice criticar,  se enorgullezca de la cantidad de dólares que los argentinos gastan en el exterior. Y que pese al crecimiento en la venta de pasajes aéreos, Aerolíneas continúe consumiendo subsidios por sumas millonarias, pagadas por ricos y pobres. Ya en esa época las denuncias por corrupción abundaban. Pero felizmente, estaban en funciones entre otros, los jueces Oyarbide, Canicoba Corral y Servini de Cubría.

Devuelto a la actualidad a través de la cápsula del tiempo, el adolescente observaría que la mayoría de los personajes de entonces mantienen plena vigencia. Incluso el patriarca Carlos Menem es senador. Pese a estar condenado por contrabando, se le permite legislar. Complicidad institucional, quizás producto de la melancolía que embargan a sus viejos amigos de correrías políticas.  

Queda una reflexión final. En épocas de elecciones se contratan los servicios de costosísimos consultores internacionales (norteamericanos, españoles, ecuatorianos, peruanos, brasileños), para fijar estrategias de campaña. En general, vienen con libretos “enlatados” que readaptan en corto tiempo a contextos locales. Recientemente el equipo de Scioli sumó de apuro a nuevos consultores, especialistas en la instalación de campañas “del miedo”. Vistos nuestros antecedentes políticos a partir de 1990, habrán venido para asesorar o para aprender? 

DEL DEBATE SURGIRÁN NOVEDADES?

Si la ONG Argentina Debate no plantea a los candidatos como primera pregunta, que expliciten las cifras de los principales indicadores económicos-sociales sobre los que basarán sus propuestas y estrategias de implementación, el debate se sustentará más en la imagen que en el esclarecimiento.

El debate tendrá cuatro módulos básicos: desarrollo económico, educación, seguridad y derechos humanos. El desarrollo político-institucional de las últimas décadas, hace presumir que una vez más, las grandilocuencias propagandísticas intentarán ocultar el verdadero cuadro económico-social que afrontará el próximo gobierno. No es nuevo que se intente disimularlo con estrategias basadas en absurdos cruces de acusaciones por supuestas pertenencias o retornos a los 90, y frivolidades similares. Estos recursos son trasladados a la sociedad en carácter de verdades “enlatadas”, presuponiendo que no merecerán mayores análisis, o bien provocarán discusiones irrelevantes. El discurso tendría cierta validez, si comparamos cifras de los 90 con las actuales. Si solo se pretende referirse a personas, sería de aplicación la frase de Jesucristo: “quien esté libre de culpa que arroje la primera piedra”.

En nuestro país el ocultamiento fue practicado por los mismos actores políticos, empresarios, gremiales y judiciales que nos gobiernan desde 1995. La crisis de la Alianza radical-justicialista-progresista, se produjo tras una década de gobierno de Menem, conocida como “revolución productiva y modernización del Estado”. El próximo gobierno asumirá tras doce años de gobierno kirchnerista-justicialista, promocionado como “década ganada y defensa del Estado”. En 1999 y 2001, con la convertibilidad, se hablaba del atraso del dólar. En 2015, con el cepo al dólar y múltiples valores cambiarios, se plantea lo mismo. La realidad indicaría que los políticos clientelistas cuando deben dejar casi a los empujones sus liderazgos, siempre dejan tierra arrasada. E impertérritos, sus principales responsables comienzan a flexionar las piernas, para saltar rápidamente al siguiente proceso político, declamando que con el pasado “no tuve nada que ver”. Hasta los publicistas oficialistas creen en este método del “enlatado” propagandístico: plantean que  Macri es el pasado, y Scioli es el futuro.

En homenaje a Perón, que en la presente campaña resurgió del olvido tras 12 años de haber sido intencionadamente ocultado tras Evita y Cámpora, comenzaremos el análisis con una de sus frases más repetidas: “la única verdad es la realidad”.

1) La Alianza recibió el gobierno de Menem con 27.831 millones de dólares de reservas; una deuda externa de 145.289 millones de dólares, y una desocupación del 13,80%. Todos datos oficiales. 2) Los comparativos actuales, dado que no existe información oficial confiable, deberán ser avalados o rectificados por los candidatos. Reservas de 25.000 millones de dólares (si se descuentan yuanes y pagos 2015 pendientes, el saldo es muy inferior); deuda externa-interna de 225.000 millones de dólares, y desocupación 11,70 % (índice UCA). 3) Por la convertibilidad, Menem y De la Rúa dejaron sus gobiernos con inflaciones negativas. La actual alcanza como mínimo el 25%. 4) No hay estadísticas de pobreza oficial actualizada. La UCA relevó 28,7 %.

La comparación de la deuda externa de Menem, con la suma de externa e interna actual, se debe a que las internas tendrán enorme incidencia en las políticas próximas. Por ejemplo, el 03 de enero vencerá un bono que el gobierno le endosó en 2006 al Banco Central por u$s 9.530 millones. Según se cancele o no, variará el tipo de perjuicio. Otro ejemplo es el reconocimiento del 82% móvil a jubilados. Previo a la elección del 25 de octubre, Bossio, responsable de la Anses, informó que era imposible. Tras los resultados electorales, Scioli lo incorporó como promesa, y Bossio la avaló. Cuál es la verdad? La legislación exige que los recursos jubilatorios se utilicen exclusivamente para pagar a sus beneficiarios. Pese a ello, la Anses prestó al gobierno dinero, financia planes sociales y vendió bonos para controlar al dólar, a tasas y valores muy inferiores a los del mercado, superando los 70.000 millones de pesos solo en 2015.

Tiene sentido discutir si el dólar valdrá $10 o $15 dentro de un mes, o si el 82% móvil a los jubilados será o no posible, sin conocer la situación económica real en que se entregará el gobierno a quien triunfe? El planteo es desolador? Al menos los argentinos ya estamos entrenados.

CLIENTELISMO DE PRIVILEGIADOS

El clientelismo político se define como un intercambio de favores ejercidos por altos funcionarios públicos a costa de recursos del Estado, para obtener apoyo electoral y permanecer en el ejercicio del poder. Suele identificarse con los niveles sociales más desprotegidos, pero el concepto no discrimina entre pobres y ricos. Sin embargo, suelen quedar fuera del debate dos tipos de clientelismos nefastos, que incrementan notoriamente el nivel de pobreza. Ellos son: 1) el nepotismo para cubrir cargos públicos y crear organismos; 2) la asociación prebendaría de funcionarios con grupos empresarios, que deriva en corrupción.

El nepotismo consiste en distribuir discrecionalmente entre familiares y amigos cargos altamente remunerados, muchas veces sin funciones, y sin concursos públicos para establecer méritos. El daño presupuestario y operativo se agrava y alcanza lo delictual, cuando dichos ingresos de “gente de confianza”, tienen por objeto construir tramas que aseguren la impunidad, como sucede con los mal llamados “organismos de control”. La necesidad de negociar favores e  intercambiar adhesiones, llegan al punto de crear irrelevantes organismos con nombres estrambóticos, sin atribuciones concretas, pero con altos salarios. Para ello se cuenta con la complicidad, entre otros, de gremialistas como el eterno dirigente de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, quien debiera defender la carrera administrativa de sus afiliados.

El clientelismo empresarial prebendario, por su parte, impacta directamente en la macroeconomía de un país. Se traduce en sobrecostos en las obras públicas y adquisición de bienes a proveedores, y ruinosas concesiones con baja calidad de prestaciones, y depreciación de bienes concesionados.  Sectores empresariales sólidos son imprescindibles, en tanto y en cuanto sean motor de desarrollo genuino y empleo, sin el costo de la corrupción. Es natural y aceptable que empresarios relacionados con el Estado, como Eurnekián, Brito, Bulgheroni, Wherthein, Chediak, Cristóbal Lopez, De Narváez, Cirigliano, Szpolski-Garfunkel, entre otros, prefieran y apoyen a Scioli. Del mismo modo, Macri cuenta con la adhesión de grupos económicos igualmente importantes. Pero es imprescindible que las Cámaras empresariales implementen Tribunales de Ética que sancionen y denuncien actos de corrupción de sus afiliados, que afecten la competencia y recursos del Estado, mediante maniobras para obtener contratos estatales con grandes sobrecostos, retribuyéndoles a los funcionarios involucrados con dádivas, y “retornos” conocidos como coimas.

    

Los resultados electorales del pasado 25 de octubre, especialmente en Jujuy y municipios del conurbano bonaerense, indicarían que un importante sector social vulnerable y dependiente del Estado para su subsistencia, votó por un cambio de matriz de gobierno. En Jujuy, donde los cargos públicos directos o indirectos (Milagro Sala), superan los puestos de trabajo privados, perdió el oficialismo tras 32 años de gobierno. En emblemáticos municipios del conurbano, desde hace décadas manejados por añejos caudillos, triunfaron otras alternativas. Esta realidad, que no fue detectada por analistas políticos, provocó tal cimbronazo, que por primera vez desde el retorno de la democracia, un oficialismo en campaña no recurrió a la manipulación de pobres, o a la intervención de gremialistas expertos en acciones directas, como los de subterráneos, para atacar adversarios. Este rol debió ser desempeñado de apuro por altas dirigencias políticas, universitarias, intelectuales y empresariales, para mantener sus privilegios. Surgen así las amenazas delirantes de un médico con cargo de ministro (Gollan); el decano de Ciencias Sociales de la UBA acusando a Macri de neoconservador (Postolosky); el rector de la universidad privada UADE (Orosco), acusado penalmente por entregar el título a un candidato fuera de las normativas; o el juez Reale y el fiscal Paolini, de la provincia de Buenos Aires, renunciando a sus obligaciones de investigar enriquecimientos ilícitos de funcionarios.

Los recursos públicos destinados a sectores vulnerables, que muchas veces confunden políticas de inclusión social con mantenerlos en la pobreza, deberán respetarse a rajatabla. Los pobres no solo son víctimas inocentes; tienen además la dignidad de no ejercer el fanatismo. Pero con urgencia se deberán “ajustar” las enormes transferencias presupuestarias públicas a privados privilegiados asociados a la corrupción del Estado, que enriquecen a los cercanos al poder, y generan desigualdades sociales. Un ejemplo de la magnitud económica del problema lo tenemos próximo y con cifras concretas: Brasil, con el caso Petrobras.

EL ESPIRITISMO INVADIÓ A LA POLÍTICA?

El espiritismo es una práctica que estudia la naturaleza y relación de los espíritus con el mundo corporal. Usualmente la intermediación con los humanos la realizan quienes aducen condiciones especiales para la tarea, llamados “médiums”. Tras el resultado electoral del pasado 25 de octubre, las elucubraciones de políticos, comunicadores y analistas, con vista al balotaje del próximo domingo 22, exhibieron extrañas distorsiones u omisiones. Ello hace sospechar la posibilidad que estén bajo el influjo de diversos espíritus. Citemos algunos ejemplos.

1.- Espíritus pesimistas. Scioli perdió

El candidato Scioli superó a Macri, ubicado en el segundo lugar, por casi el 3 % de los votos. Sin embargo fue el propio Scioli que, demudado y a horas del cierre del comicio, anunció que habría segunda vuelta. De inmediato, el maleficio se extendió a propios y extraños, que dijeron que Scioli perdió.

2.- Espíritus optimistas. Scioli no perdió

Un número igualmente importante de afectados, afirmaron que en realidad los que perdieron fueron Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, La Cámpora y Fellner, entre otros. Excluyeron a Scioli, pese a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires desde hace ocho años, y principal figura del gobierno.

3.- Espíritus tramposos. En Santa Cruz ganó Costa, y asumirá Alicia Kirchner.  

El candidato Costa, de Cambiemos, obtuvo 67.114 votos, y Alicia Kirchner del FPV 56.969. Pero Alicia acordó con su enemigo político y actual gobernador Peralta, implementar la Ley de Lemas, pese a la existencia de internas abiertas y obligatorias. Ello les permitió presentarse independientemente, y al momento del recuento sumar sus votos. Este engendro electoral fue legalizado por las juezas Paula Ludueña, Clara Zalazar y Alicia Mercau, invadidas por el espíritu identificado como tramposo.

4.- Espíritus traicioneros y espíritus religiosos

La pérdida de la gobernación de la provincia de Buenos Aires e  importantes municipios manejados desde hace décadas por el oficialismo, fue adjudicada a la acción perversa y coordinada de espíritus que promueven la traición, y cuyo accionar fue detectado por Aníbal Fernández. También actuaron espíritus religiosos, que provocaron por parte de algunos analistas la sospecha que el Papa, que es argentino y peronista, estuvo recorriendo el conurbano repartiendo boletas de María Eugenia Vidal. Pero el verdadero milagro lo protagonizó Scioli, al conseguir que los debates excluyeran la posibilidad que los votantes hayan castigado su gestión y la de añejos caudillajes, que sumergieron a vastos sectores sociales en el flagelo de la pobreza, inseguridad, narcotráfico y corrupción.

5.- Espíritus de los engañosos  buenos modales 

Para encubrir problemas de fondo, bienvenidas sean las obviedades. Tras años de enfrentamientos y autoritarismos,  espíritus engañosos promueven que el pueblo solo desea “buenos modales; diálogo; paz y amor”. Un oportuno ejemplo es un párrafo de un artículo del analista Alejandro Catterberg, publicado en La Nación: “Un sector muy importante de la sociedad argentina demanda un cambio. Cuando se investiga en profundidad, este reclamo está más asociado a un cambio en el estilo, las formas y los modales y no a políticas sociales y económicas que se han implementado en estos años”. Moraleja: de las reservas del Banco Central; deudas externas e internas; inflación; desempleo y pobreza, imprescindibles para mantener y mejorar las políticas sociales y económicas, no hablamos?

6.- Espíritus de la confusión

Es el espíritu más peligroso, porque sus efectos pueden permanecer un mínimo de cuatro años. Muy arraigado en Argentina, consiste en crear múltiples opciones que disimulen la incoherencia.  Los ciudadanos, durante la campaña, deberán interpretar que significa “Scioli será más Scioli que nunca”; si se votará a Scioli o al “modelo”; si el kirchnerismo es o no es peronismo; si Scioli es cambio o continuidad, y si el espíritu de Massa se posesionó del espíritu de Scioli. Dado que el “múltiple choice” de espíritus se refiere a Scioli, la opción “un poquito de cada cosa” no será aceptada. El examen final para obtener la categoría de médium o exorcista, será rendido por los votantes en el cuarto oscuro. Este es otro ejemplo de presencia espiritista; se los llaman cuartos oscuros, pese a estar iluminados.

SORPRESA O SUBESTIMACIÓN?

“Los votos no son de los políticos; son de la gente”. Si bien supone una obviedad, la frase es pronunciada por muchos políticos habituados al usufructo del poder, manipulando todos los instrumentos democráticos que posibiliten a los ciudadanos ejercer en plenitud sus derechos de información, participación, y elección de sus gobernantes.  

No sorprende entonces que, tras los recientes resultados electorales, una vez más esos mismos políticos intenten negociar “sus votos” poniendo precio a los rótulos “soy peronista”; “soy radical” o “soy progresista”. Pese a que, paradójicamente, sean responsables de haber retirado, a partir de 1999, al PJ y la UCR como ofertas electorales populares con presencia nacional. El  “progresismo” por su parte, solo atina a presentarse en cada turno electoral  bajo aglutinamientos y denominaciones diversas. El riesgo de tal anomia, es la perpetuación del Partido Único, integrado por “patas” peronistas, radicales, izquierdas, derechas, feudalismos, entidades de derechos humanos politizadas y servicios de inteligencia fascistoides. Todos generosamente sostenidos con fondos públicos.

En este contexto, politólogos, periodistas y encuestadores no atinan elaborar diagnósticos y análisis, que no se referencien en el ajado recurso de suponer cuantos peronistas, radicales o progresistas, integran o simpatizan con cada una de las expresiones políticas. Tamaña abstracción simplista y desactualizada, explica el estupor provocado por los recientes resultados electorales. Este encorsetamiento conceptual, llevó a que Aníbal Fernández sospeche que algunos intendentes, a los que supone con sus votos “atados”, lo traicionaron. Los votantes en general, y de las provincias de Buenos Aires y Jujuy en particular, no provocaron una revolución; simplemente pidieron un poco de oxígeno. Quienes gobiernan desde hace décadas, no pueden reiterar monocordemente que combatirán el narcotráfico, la inseguridad o la corrupción.  La mencionada desaparición del PJ y la UCR como expresiones unívocas de alternativas de gobierno, no tiene retorno. Pero ello no implica que el país se quede sin partidos políticos. Por ello las Coaliciones que intenten reemplazarlos,  deberán cumplir con mínimos requisitos de identidad, conducción participativa y representación territorial.

Los seis partidos que participaron en la elección presidencial presentan matices. El gobernante FPV, exhibe una dicotomía interna delirante: de ser elegido, tendremos un Scioli muy kirchnerista o poco kirchnerista? El Frente Renovador, por su parte, por muchos de sus integrantes y estrategias, hace suponer que sus disidencias con el FPV tendrían que haberse dirimido en las internas de las PASO. Rodríguez Saá se convirtió en un partícipe vitalicio en toda elección, que utiliza para promocionar las bondades de San Luis. La verdadera izquierda presenta un crecimiento saludable, que le permite obtener canales de expresión institucionales. No queda claro el rol del progresismo al momento de decidir alternativas concretas de gobierno. Más allá de la calidad de algunos de sus integrantes, sus inocuas prescindencias hacen suponer que sus líderes priorizan posicionamientos personales y renovación de bancas legislativas. Finalmente, Cambiemos deberá amalgamar cuidadosamente su actual composición, para adaptarla a las responsabilidades de gobernar la ciudad, la provincia de Buenos Aires, y posiblemente la Nación. La sociedad decidió que no haya fuertes respaldos electorales que incrementen recurrentes actitudes de soberbia, y provocó el balotaje. Pero también supo castigar arcaicos caudillismos, renovando  generacional y políticamente importantes municipios, y demandando métodos de gobernar más modernos, eficaces y éticos. O sea: mejor calidad de vida.

Macri y Massa, ante la posibilidad concreta de compartir espacios de poder, afrontan una muy delicada instancia negociadora, mucho más legítima ahora que previo a las PASO, como se reclamaba. Pero cualquier acuerdo deberá contener salvaguardas que aseguren no repetir la nefasta experiencia del Frente Grande en la Alianza, cuya cúpula tras la crisis, y con Carlos Alvarez a la cabeza, se reubicó en el actual gobierno con altos cargos. Por haber sido quien más sufriera el transfuguismo político, Massa entenderá esta necesidad. Finalmente, esperemos que no surjan denuncias oportunistas. Sin embargo, Macri correrá el riesgo de una operación en su contra nefasta: que Francisco de Narváez anuncie que lo votará en el balotaje.  

NUEVAMENTE LOS "PUNTITOS" A LAS URNAS

Rememoremos la escena de “El Tercer hombre”, clásico policial de 1949 desarrollado en la Viena de posguerra. Orson Welles, en el papel de Harry Lime, invita a un amigo de la infancia desocupado que vive en Estados Unidos, llamado Martins, a trabajar con él. Cuando llega a Viena, Martins se entera que pocas horas antes Lime murió atropellado por un auto. Avanzada la trama, es informado que Lime traficaba penicilina adulterada, causando centenares de víctimas, incluidos niños, y que había simulado su muerte. Martins consigue contactar a Lime, quien lo cita en el parque de diversiones Prater, el más antiguo de Europa. Suben a un carro de la Montaña Rusa, y Martins reprocha a su amigo las víctimas de su negocio. Lime, observando a 65 metros de altura a quienes transitaban por el parque, le responde: Víctimas? Mira ahí abajo; de verdad sentirías pena si un punto de esos dejara de moverse para siempre?

Esta escena es adecuada para ejemplificar la relación de las clases políticas (pocos y reconocibles), con los “puntitos” (millones de ciudadanos anónimos, que trabajan alejados del usufructo del Estado). En una democracia, los “puntitos” deben tener opciones que los representen, a través de organizaciones políticas consistentes, de extensión territorial y con capacidad de gobernar, posibilitando alternancias que eviten el peor riesgo que puede afrontar un país: el Partido Único, que corrompe y degrada personas e instituciones, con el único fin de permanecer.

Adaptemos la escena de “El Tercer Hombre” a nuestra realidad vernácula, y supongamos que se desarrolla en un barrio porteño. Orson Welles/Lime, terminado su encuentro con Martins, decide tomarse un café. En una mesa cercana, escucha un debate político entre cuatro “puntitos” amigos: un peronista, un radical, un izquierdista y un independiente. Para ordenar el debate y ejemplificar trayectorias e ideologías, acuerdan elaborar un listado con veinte nombres representativos en cada uno de los sectores político, gremial y empresario. Como condición necesaria, dichos nombres deben tener una vigencia mínima de 20 años relacionados con el poder, o sea, desde 1995. Cuando analizan los diversos alineamientos y oportunismos políticos de cada uno de ellos con distintos gobiernos y/o partidos, posiblemente los cuatro “puntitos” del café se hayan sentido decepcionados e indefensos. Welles/Lime por su parte, abandonaría el café pensando que, al fin y al cabo, las dirigencias argentinas compartirían su cínica opinión en cuanto a la irrelevancia del destino de los “puntitos” móviles de la sociedad que dicen representar.

Esta continuidad política ininterrumpida, que incluye parte del gobierno de Alianza, cuyos integrantes del Frente Grande ocupan en el kirchnerismo cargos relevantes, con Carlos “Chacho” Alvarez a la cabeza,  nos acerca al riesgo del Partido Único. La responsabilidad no puede recaer en el kirchnerismo exclusivamente, como se pretendiera hacerlo en su momento con el menemismo. Necesita de la participación de amplios sectores políticos supuestamente opositores, y de empresarios asociados en negocios lucrativos con el Estado. Esta disolución partidaria y anomia ideológica se refleja en la campaña electoral en dos síntomas: 1) superficialidad en los mensajes de los candidatos, con ausencia de indicadores económico-sociales y propuestas concretas; 2) fuerte resistencia de los sectores políticos beneficiarios, a todo intento de generar una opción de gobierno medianamente coherente  con posibilidades de alternar en el poder.

Esta realidad se pretende disimularla apelando al voto emocional, intentando manipular sentimientos peronistas, radicales o progresistas, considerándolos “puntitos” abstractos que pueden ser pesados en una balanza para ganar una elección. Ya instalados, políticos inescrupulosos se autoproclaman representantes de esos mismos “puntitos”, usándolos  como prenda de negociación con el oficialismo para obtener beneficios personales. Este proceso cada vez se transparenta más, inclusive en los habitualmente reservados grupos económicos. El canal C5N, del empresario Cristóbal López, con múltiples negocios con el Gobierno, se dedicó a denostar a Macri y Cambiemos. El grupo Clarín por su parte, enfrentado al gobierno y crítico implacable de Cristina Kirchner, actúa con una indisimulable complacencia con Scioli.

Con independencia del resultado de la elección del domingo, en la próxima reflexión analizaremos el rol desempeñado en el esquema Partido Único, por las seis agrupaciones que competiten en la categoría presidencial. A los “puntitos” nos queda el halago que nos dedican los candidatos: “estamos pensando en vos”. 

OLVIDO ELECTORAL: CORRUPCIÓN POLÍTICA

La corrupción política consiste en el mal uso del poder público, para obtener beneficios ilegítimos, personales y privados, habitualmente en forma secreta. Muchas de nuestras reflexiones hicieron hincapié en un aspecto esencial para convertirla en estructural: la permanencia de la misma dirigencia política, gremial y empresaria, desde al menos dos décadas. Esta continuidad facilita acuerdos para favorecer la impunidad, impulsando: 1) Sistemas electorales que limiten y/o distorsionen al máximo la representatividad del voto, y de no ser suficiente, ejercer el fraude electoral desembozado, como en Tucumán; 2) Reformas constitucionales que posibiliten reelecciones indefinidas en niveles nacionales y provinciales, y extenderlas a las municipales; 3) Tramas de impunidad estables (organismos de control; manejo de jueces y legisladores; asociaciones con empresarios involucrados); 4) Fuertes restricciones al acceso público de información sobre actos de gobierno y uso de fondos públicos.

Los casos de corrupción con repercusión mediática, se refieren a negociados con empresarios de obra pública; concesionarios de servicios; proveedores del Estado, y medios de comunicación privados sostenidos por el Gobierno. Generan ineludiblemente sobrecostos importantes, parte de los cuales son retornados a los funcionarios. Ello explica sus enriquecimientos ilícitos imposibles de justificar. Cuando la corrupción identifica objeto y actores, se define como “actos corruptos” (ejemplos: IBM-Banco Nación; contrabando de armas a Croacia y Ecuador; Sueños Compartidos; Ciccone; Hotesur). Pero cuando los casos se multiplican y se mantienen impunes en el tiempo, el país ingresa en el llamado “estado de corrupción”. La acción directa clásica de coima entre funcionarios y empresarios, incorpora también la indirecta, en donde el intercambio dinero-contraprestación no es condición necesaria. Es usualmente invisible a la opinión pública, pero no menos nociva. Comprenden el uso de información económica privilegiada (devaluaciones); prevaricato (funcionarios, jueces y fiscales con actuaciones intencionadamente arbitrarias y cómplices); clientelismo (captar opositores con prebendas); nepotismo (favorecer con cargos públicos a familiares y amigos, sin cumplir requisitos de necesidad, concurso y mérito, para asegurar lealtad); despotismo (tendencia al poder absoluto), etc. Siempre son afectados injustificadamente los fondos públicos, negociándose en base a la impunidad.

No es casual que dentro de la anodina frivolidad de la presente campaña, basada en grandilocuencias inconsistentes como “combatiré la corrupción”, o disparatadas como crear “una Conadep de la corrupción”, se hayan omitido propuestas concretas. Sin embargo, la hojarasca verbal permite algunas observaciones.

1.- Quienes gobiernan desde hace al menos doce años, prometen ser adalides de la lucha contra el narcotráfico. Pero las tibias propuestas esbozadas (ley de derribo de aviones sospechosos; intervención del Ejército), omiten lo imprescindible: el narcotráfico necesita de una importante cobertura política en altos niveles, extendida en el territorio. De no ser descabezada esa complicidad, carece de sentido enviar a combatir a soldados, policías o gendarmes, ofrendando vanamente sus vidas.

2.- Ningún oficialista u opositor informó si algunos de los innumerables servicios de inteligencia estatales, recibió la instrucción presidencial de detectar la trama política del narcotráfico, y en caso afirmativo, sus resultados.

3.- Las dudas continúan. Se puede luchar contra la corrupción, cuando un senador condenado puede legislar (Menem); un vicepresidente procesado continúa ejerciendo su cargo y conduce el Senado (Boudou), y un funcionario también procesado puede ser candidato a legislador (De Vido). No sería imprescindible una ley “de derribo” de estos disparates?

4.- Los múltiples casos de transfuguismo político, que cínicamente invocan peronismo, radicalismo o progresismo, provocando asombro, hilaridad o indignación, muestran impúdicamente ante la ciudadanía las negociaciones que, ya en función de gobierno y sin necesidad de llorar frente a una cámara, se realizan con legisladores, jueces, fiscales y responsables de organismos de control, para mantener la trama de impunidad.

Cuando se habla de corrupción política, para combatirla no sirve aumentar la dotación de policías, reformular servicios de inteligencia, o involucrar militares en tareas civiles. El mal está en la conducción, no en la tropa.

PERONISMO Y RADICALISMO USADOS COMO FETICHES

Hay un aspecto reiterativo en los discursos y análisis realizados en ámbitos políticos y mediáticos de nuestro país, común a oficialistas y opositores, que provoca asombro: seguir sosteniendo la existencia del justicialismo y el radicalismo como ideológicamente identificables, y por lo tanto, fieles representantes de sectores mayoritarios de la ciudadanía. 

Una posible explicación, es la pretensión de utilizar esta ficción como fetiches emocionales, especialmente en épocas preelectorales, para disimular ante la sociedad la sustitución de partidos coherentes por “espacios” híbridos y personalistas, que facilitan la continuidad de una numerosa dirigencia política, gremial y empresaria, enquistada desde hace más de veinte años en los distintos estamentos de poder. Esta realidad indisimulable, explicaría la pobreza creciente de las campañas electorales, que no logran superar lo banal, el análisis político liviano cercano al chisme, y demasiadas veces, la maliciosa falsedad de los mensajes. Con miras a cambiar el futuro, es hora que asumamos como inevitable, que desde hace al menos 15 años, el justicialismo y el radicalismo como expresiones históricas partidarias permanentes e ideológicamente coherentes, han dejado de existir. Manifestar identidad peronista o radical, solo es válido y creíble para ciudadanos que día a día con esfuerzo y honestidad trabajan para labrarse un futuro, alejados de prebendas solventadas con los presupuestos públicos.

Reconocer esta realidad, diluirá mitos tan repetidos como falsos. Por ejemplo, que el justicialismo es el único que sabe y/o puede gobernar. Los gobiernos de Isabel Perón, con hiperinflación; de Menem, con una deuda externa impagable y  escasas reservas en el Banco Central, y de Kirchner, dejando como herencia una deuda externa e interna creciente, escasas reservas y una inflación endémica del 25 %, lo desmienten claramente. Pero no es justo adjudicarle nuestra decadencia de las últimas décadas únicamente a quienes se autoproclaman justicialistas. Colaboraron entusiastamente (siempre con cargo público bajo el brazo), supuestos y circunstanciales opositores, que replican muchos de los vicios que critican al Gobierno. Entre ellos, la incapacidad de conectarse de manera permanente y confiable con la sociedad. Cuando decimos justicialismo y no peronismo, pretendemos no sumarnos al manoseo oportunista que del nombre Juan Perón, hacen los cazadores del poder permanente en la búsqueda de votos.

El PJ y la UCR, por sí mismos y sumados, alcanzaron en 1983 el 91,91 % de los votos; en 1989 el 79,94 %, y en 1995 el 66,69 %. Vale decir, su preeminencia electoral disminuyó el 25 % en tan solo 12 años. Pero en lugar de actualizarse y ampliar sus contactos con la sociedad, en 1999 dieron el puntapié inicial a la debacle partidaria. Concurrieron a elecciones las alianzas PJ-UCD y UCR-FREPASO, con los resultados conocidos. El posterior reclamo generalizado “que se vayan todos” en el 2001-2002, se respondió con el cierre definitivo de unidades básicas y comités, y la licuación del PJ y la UCR como partidos de extensión nacional.  Desde entonces, las políticas y cargos privilegiados, se deciden en domicilios particulares, lujosos barrios cerrados, o quinchos con  asado mediante.

Hoy es difícil entrever un futuro, aunque se apele a la “fe y esperanza”. Casos recientes de transfuguismo como el de Mónica López o Eduardo Buzzi ya no asombran, salvo por sus justificaciones: dicen que son peronistas. No lo son acaso, entre otros, Massa, De la Sota, Felipe Solá o Rodríguez Saá? Kirchner, Scioli, Zaninni o Boudou lo son? O bien, quiénes son más radicales: los que aceptaron la democrática decisión de la Convención de Gualeguaychú, los que se fueron al kirchnerismo, como Leopoldo Moreau, o los que están con Massa? No está exento de esta crítica el pretendido progresismo que encabeza Margarita Stolbizer, también dedicada a la triste pesca de radicales desencantados con la alianza UCR-PRO. En política, la honestidad es una condición plausible, pero no suficiente. El armado oportunista de nuevas agrupaciones en cada elección, con el solo objetivo de “posicionarse individualmente a futuro”, y que los primeros candidatos a legisladores renueven su cargo, no es precisamente progresismo.

Más allá del resultado de las próximas elecciones, la sociedad deberá presionar para lograr una reforma política en serio, que incluya una ley electoral que elimine el mercadeo entre infinitas boletas colgadas de un mismo candidato, instrumente el voto electrónico en todo el país, y reconstruya estructuras partidarias confiables. Quizás podamos evitar que la eterna dirigencia, repita hasta el hartazgo el vicio que hace más de 500 años describía Maquiavelo al príncipe: “No se puede llamar virtud el matar a los conciudadanos, el traicionar a los amigos y el carecer de fe, de piedad y de religión, con cuyos medios se puede alcanzar poder, pero no gloria”.

SE PUEDEN QUEMAR URNAS CON LEYES?

Aristóteles definía a las leyes como “el común consenso de los ciudadanos”. Para ello, quienes las redactan y aprueban deben responder a la generalidad abstracta del “bien común”, y no legislar para intereses particulares. Existen dos formas de burlar el espíritu de las leyes: que tengan vicios de origen (intereses particulares), o no cumplirlas (con interpretaciones u omisiones cómplices de la justicia).

El reciente fraude electoral en Tucumán, que se suma a otros no menos escandalosos en las últimas décadas, son consecuencia inevitable del entramado de sistemas electorales, ausencia de control y capciosos fallos judiciales. La quema o robo de urnas es una manifestación primaria y bárbara, que encubre estrategias feudales elaboradas en cenáculos del poder, posteriormente “legalizadas” con leyes agraviantes para una democracia. En la tarea colaboran circunstanciales oficialistas y opositores, dado que dichos roles son fácilmente intercambiables. El objetivo es limitar al máximo el derecho del ciudadano a elegir libremente, escamoteándole formación cívica e instrumentos claros. No debe sorprender entonces la existencia de anacrónicas gobernaciones e intendencias feudales, con su consecuente nepotismo. En este contexto y en el colmo del cinismo, se intenta depositar la culpa de la perdurabilidad de estas oligarquías políticas en los pobres, porque “no saben votar”.

Valga un ejemplo que explicite las estrategias elaboradas para vulnerar el principio democrático, que establece que la voluntad popular se expresa en cantidad de votos. La Ley de Lemas consiste en que un partido (lema A), puede concurrir a una elección general con varios candidatos del mismo partido (sublemas a1 + a2 + a3). A los efectos del resultado electoral, internamente gana el sublema más votado (por ejemplo a2), y para la general suma los votos de los sublemas derrotados, a1 y a3. Si esta suma supera a los de los otros partidos-lemas (ejemplo: B y C), a2 gana la elección, aunque individualmente haya obtenido menos votos que los candidatos de B y C. Esta ley fue utilizada en varias provincias, y ante las críticas unánimes, fueron derogadas. Ejemplifiquemos el engaño.  

En la elección de 1991 en Jujuy, se consagró gobernador el justicialista Domínguez con el 17,50% de votos propios, por pertenecer al lema más votado. De este modo, postergó al candidato radical, que había obtenido el 25 % de los votos. En Santiago del Estero el caso fue más patético. Pese a obtener el 28,60 % de votos propios contra el 41,90 % del candidato radical, triunfó el justicialista Iturre, por haber sumado los votos del sublema de su enemigo político Juárez, que además lo acusó de fraude.

El caso más claro de la trampa legalizada se dio en la provincia de Chubut, también en 1991. En la aprobación de la ley, se hizo valer que el artículo 139 de la Constitución provincial, indicaba que el Poder Ejecutivo sería desempeñado por el ciudadano elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios (lo que en democracia es una obviedad). En septiembre el lema justicialista, con dos sublemas, obtuvo 76.889 votos, contra 40.929 votos del lema radical, que fue con un único candidato: Carlos Maestro. Pero como éste superó individualmente al ing. Osvaldo Sala, ganador del lema del PJ, el 13 de octubre, a escasos 35 días de la primera elección, se realizó el ballotage. Dado la diferencia de 28 mil votos a favor del lema justicialista, podría suponerse que el ballotage era un mero formulismo. Sin embargo triunfó Maestro, que incrementó su caudal de votos del 32 al 53 %, mientras que Sala bajó del 53 al 45 %. Es indudable entonces que la obtención de una mayor cantidad de votos positivos otorgados a determinado candidato, configura el único parámetro de legitimidad.

Producto de las divergencias de poder entre el actual gobernador Peralta y quien pretende sucederlo, Alicia Kirchner, recientemente se reimplantó la ley en Santa Cruz, pese a la vigencia de las PASO, que obliga a que cada partido realice internas abiertas y simultáneas para elegir a su candidato. La trampa contó con el invalorable aporte de la Justicia, que es un actor imprescindible dentro de la trama. El Tribunal Superior provincial, ante los amparos presentados por inconstitucionalidad, avaló su reimplantación. Votaron a favor los jueces Paula Ludueña, Clara Zalazar y Alicia Mercau. Cabe preguntarse; seguiremos culpabilizando por los efectos de estas leyes a los pobres, porque “no saben votar?”.

CÓDIGO ENIGMA: LA ECONOMÍA

A un mes de las elecciones, la campaña presidencial alcanzó niveles enriquecedores para la ciudadanía. Acusaciones para establecer que gobierno gasta más en publicidad oficial; fraude electoral en Tucumán; pobreza clientelar en provincias del norte; Aníbal Fernández acusado de ser protector del narcotráfico; los medios oficialistas exhibiendo corrupción en los opositores, y los medios opositores exhibiendo corrupción en el oficialismo; el fiscal Gonella, quien nunca citó a Lázaro Báez por lavado de dinero, lo hizo de inmediato con el renunciado candidato del PRO Fernando Niembro; Scioli presentó su declaración jurada de bienes, que ratifica que altos funcionarios que trabajan a tiempo completo en el Gobierno, logran crecimientos patrimoniales imposibles de alcanzar por ciudadanos comunes, que trabajan también a tiempo completo. Solo exhiben coherencia en el tiempo camaristas, jueces y fiscales federales, en su política “contra la corrupción, tolerancia infinita”.

Tanta mediocridad e impunidad en busca de rédito político, es posible porque en muchos sectores sociales continúa vigente el justificativo “roban pero hacen”. Sin comprender que lo robado son fondos públicos, con un inevitable límite de “caja”, que se transparenta en las recurrentes crisis económicas de las últimas seis décadas. Las víctimas también son recurrentes: ciudadanos comunes alejados de las mieles del poder. En este contexto, pretender que Scioli, Macri y Massa presenten una plataforma económica concreta, resaltando las medidas a adoptar en los primeros 100 días de gobierno, sería una ingenuidad. Esta imposibilidad intenta disimularse con diagnósticos, metas y objetivos inconexos, que eluden lo importante: qué, cuándo y cómo. La recordada frase preelectoral de Menem, “prometo una revolución productiva”, no fue una mentira, sino simplemente una abstracción irrelevante.

Estos antecedentes no deben inhibirnos para exigir a los candidatos información concreta sobre indicadores económicos-sociales vigentes, que necesariamente delimitarán sus políticas a partir del 10 de diciembre próximo. Más aún, cuando en una circunstancia histórica inédita, han sido ocultados y/o distorsionados por el propio Gobierno. Para nuestro futuro inmediato, en economía lo importante no es establecer lo que el Gobierno “hizo”, sino lo que “deja”. Es oportuno tomar como base de comparación los indicadores de diciembre de 2001, por dos razones: 1) produjeron la caída de un gobierno constitucional; 2) derivaron en el llamado “acuerdo político patriótico” para salvar al país, en enero 2002, cuyos pilares fueron: fuerte devaluación; incautación de los ahorros de la clase media; no pago de la deuda externa, y estatización parcial de deudas en dólares de grandes grupos económicos. La ciudadanía quiso reaccionar, pero era tarde; el acuerdo político patriótico estaba sellado. Recordemos además, que la mayoría de los políticos, empresarios y gremialistas de entonces, están hoy vigentes.

Los indicadores de diciembre 2001 son todos de carácter oficial. Los estimados para la actualidad intentan establecer un punto de equilibrio entre fuentes oficiales y privadas.

1.- Reservas Banco Central (millones dólares)

2001: 19.425 - 2015: 24.350 (se descuentan swap en yuanes, y pagos a realizar en este año).

2.- Deuda externa (millones dólares)

2001: 166.272 - 2015: 225.000

3.- Tipo de cambio

2001: $1 x u$s1 (convertibilidad) – 2015: $ 9,40 (oficial) - $ 15,90 (paralelo)

4.- Inflación (Indec)

2001: -1,50 % (convertibilidad) - 2015: 11 % (Indec) – 25 % (promedio privadas)

5.- Desocupación (%)

2001: 18,30 % - 2015: 6,9 % (Indec) – 10,6 % (privadas)

6.- Pobreza (%)

2001: 11,8 millones de personas - 2015: 4,7 % (Indec – dato 2013) – 28,7 % (UCA – dato 2014, que equivale a 12 millones de personas)

Tanto Scioli, en su carácter de candidato oficialista, como Macri y Massa a través de sus consultores, deberían tener las cifras reales en cada caso. Plantear por ejemplo, “en un año bajaré la inflación a un dígito”, sin indicar su valor actual de referencia, no clarifica instrumentos para lograrlo. El recurso de, una vez asumido, quejarse que el panorama era peor que el esperado, en nuestro país a partir de la crisis 2001-2002, perdió credibilidad. Los candidatos tienen la palabra.