REGALOS NAVIDEÑOS POLÍTICOS

Diciembre, otrora mes de balances personales, encuentros familiares, espíritus navideños festivos y planificación del período de descanso, era el mes indicado para emitir los fallos judiciales más controvertidos que permitían la impunidad de la corrupción estatal-privada; aprobar un sinnúmero de leyes sin mayores análisis, acumuladas como resultado de la ociosidad legislativa a lo largo del año, y dar el mayor ejemplo de acuerdo político sin falsos debates ideológicos: acordar el incremento de las dietas de diputados y senadores.

Sin embargo, desde hace años y de forma crecientemente violenta, diciembre mutó en receptáculo de tensiones políticas acumuladas a lo largo del año, exhibiendo lo peor de la dirigencia política y de una sociedad frustrada. El sutil accionar al estilo “que el pueblo no se entere de que se trata”, fue barrido por reacciones populares masivas coléricas, en las que confluyen necesidades sociales, aprietes, delitos, reclamos legítimos por medios ilegítimos, frustraciones en quienes dependen de su trabajo y esfuerzo diario, con el consecuente hartazgo social. Todo ello en el marco de polémicas entre los responsables directos y quienes pretenden representar opiniones opositoras de enorme frivolidad, cuando no capciosas o lisa y llanamente falsas, tales como “el Estado no tiene nada que ver; es culpa de las empresas privadas”. Gremialistas demagógicos no se quedan atrás para crear malestar: “si los empresarios no nos pagan un bono especial aparte del aguinaldo, vamos al paro” (no confundirse; esta propuesta gremial democrática no tiene como destino a los jubilados, que ganan bastante).  Observar como autoridades de distintas aéreas gubernamentales, ya sean nacionales, de la ciudad o provinciales, intercambian diagnósticos y soluciones oportunistas y de emergencia por los medios de comunicación, indigna.

Muchos dirigentes y ciudadanos poseen la información y el conocimiento necesario para detectar la mentira o la frivolidad, según el caso. Pero no sufren los efectos: solo los comentan. Por el contrario, la inmensa mayoría de la población, aquéllos que supuestamente conforman lo que las encuestadoras llaman formadores de la “imagen del político y/o candidato en la sociedad”, que ven amenazada su seguridad; su capacidad de progresar honestamente; su calidad de vida, la sufren en carne propia. Esta realidad es la que da lugar al insostenible divorcio entre la clase dirigente y la sociedad. Las víctimas de Cromagnon producto de coimas entre funcionarios y privados; las coimas que dieron lugar a los muertos de estación Once; las inundaciones que arrasaron viviendas en la ciudad y provincia de Buenos Aires a comienzo de año; los comerciantes minoristas y medianos que vieron saqueadas su fuentes de trabajo, no fueron discriminados por sus inclinaciones políticas. Las víctimas de la corrupción o la ineficacia de gestión a nivel de trabajadores sin privilegios, afecta por igual a peronistas, radicales, socialistas, neoliberales,  progresistas o independientes.

Para cerrar el año era oportuno esbozar una reflexión alejada del simplista “creo o no creo en su existencia”, relativa al sobreseimiento generalizado de los acusados en la causa conocida como “coimas en el Senado”. Pero tratar este o cualquier otro tema político cuando miles de ciudadanos no tienen agua y luz durante días o semanas, y muchos otros han perdido en los conflictos sociales a familiares, o sus fuentes de trabajo fueron saqueadas, es irrespetuoso. Solo cabe esperar que las situaciones traumáticas se superen cuanto antes, y enero nos permita disminuir tensiones. De ser así, nuestros políticos podrán retomar en los centros de veraneo su “contacto con la gente”, mediante espectáculos musicales; partiditos de fútbol con figuras conocidas, y el alegre cotillón amarillo, naranja, verde o azul y blanco, según la ocasión.

ACCIONES DESTITUYENTES + SAQUEOS + SALARIOS

Los graves conflictos sociales que estallaron en distintos puntos del país merecieron variadas interpretaciones políticas, que como ya es habitual, oscilaron entre la obviedad y el ocultamiento de los problemas de fondo. Intentaremos establecer una matriz de los hechos, en base a los términos más utilizados para esbozar excusas antes que diagnósticos convincentes. Ellos son: acciones destituyentes; saqueos y reclamos salariales.

Acciones destituyentes.- El oficialismo una vez más relacionó las acciones violentas con acciones destituyentes. Se entiende como tales pretender debilitar a un gobierno elegido democráticamente a través de movilizaciones civiles que desafían su legitimidad. Pueden iniciarse de forma pacífica, legítima y masiva (cacerolazos), pero aprovechadas luego por los verdaderos sectores destituyentes para el golpe final, a través de acciones violentas. Si consideramos que la cúpula dirigencial justicialista cumplió un rol preponderante en eyectar con solo dos años en ejercicio del poder al gobierno a la Alianza en el 2001, que tenía minoría en el Senado, Diputados y Gobernaciones, debemos partir de la base que estas acciones existen. Avala la presunción que toda la dirigencia del Frente Grande, incluído su máximo representante y responsable del vacío de poder de la Alianza, Carlos “Chacho” Alvarez, fue adecuadamente recompensada e integra casi sin excepción el actual gobierno. Ello explica también porque las masivas protestas de ese entonces no avalaron que la Alianza fuera única responsable de una crisis terminal incubada desde varios años atrás, dando lugar a la frase más temida por la clase política aún hoy: “Que se vayan todos”. Surgen dos reflexiones: por un lado, que nunca más se interrumpan los períodos democráticos de gobierno, utilizando las crisis para proyectos sectoriales de poder. Por el otro, respetar hoy este principio permitirá una experiencia enriquecedora a futuro: por primera vez en su historia, el justicialismo deberá afrontar las consecuencias de su ejercicio ininterrumpido del poder durante diez años.

Saqueos.- Se entiende como saqueo o pillaje al apoderamiento ilegítimo e indiscriminado de bienes ajenos. Ante tan clara definición, asombra que desde siempre, y ahora en un gobierno autoproclamado progresista, nacional y popular, se llame saqueadores únicamente a pobres y/o delincuentes robando electrodomésticos, y no a funcionarios públicos y empresarios privados escandalosamente enriquecidos, asociados para vaciar presupuestos públicos a costa de la calidad de servicios y aún de vidas de ciudadanos. Desde luego, con protección judicial. Está claro entonces que urge reconstituir la obligación moral e institucional de todo Estado, de proteger a sus ciudadanos de todo tipo de saqueadores, pobres o ricos a costa del propio Estado. Empezando por estos últimos, aunque duela más.

Salarios.- El salario o sueldo es la suma de dinero y eventuales pagos en especie que recibe en forma periódica un trabajador de su empleador, como contraprestación del trabajo realizado. El salario debe ser equitativo ante trabajos similares, y posibilitar en todos los casos una vida mínimamente digna. Aplicado este concepto a los salarios del Estado, que motivaran entre otros conflictos el policial, sorprende que ningún sector político haya mencionado la enorme y creciente distorsión salarial y destrucción del principio de equidad de los salarios públicos durante los últimos veinte años, ya sean de la administración central u organismos descentralizados, falazmente denominados desde lo financiero “autárquicos”. La situación alcanzó tal descalabro, que funcionarios o representantes públicos designados, por ejemplo, en Aerolíneas, YPF, Anses, organismos de control, poder legislativo, entre muchos otros, pueden fijarse alegremente sus salarios sin seguir ningún tipo de política estructural, al punto que en general no son dados a conocimiento público, e inclusive se incrementan con fondos en negro.

Internacionalmente, el nivel de equidad salarial de un país se mide no en valores absolutos, sino de relación piramidal, o sea, el ingreso máximo es tantas veces el ingreso oficial mínimo. Un país desarrollado puede tener una relación 1/15 o 1/20. Un país pobre alcanza valores 1/50, y aún mucho más. En nuestro país, mientras no establezcamos claramente esta relación en base a sueldo presidencial y salario mínimo, por ejemplo, y que todos los salarios públicos estén dentro de la pirámide, los problemas salariales de policías, docentes, médicos, entre otros, serán insolubles. La crisis policial fue un excelente ejemplo: ante el reclamo, los gobernadores en tropel dieron irresponsablemente aumentos entre el 50 % y 100 %, que horas antes no podían dar. Son salarios justos? No se sabe, porque no hay pirámide salarial, asociada a función y formación. Hoy, cualquier funcionario designado a dedo en una empresa estatal, en donde no aporta capital, no absorbe pérdidas por su accionar, y generalmente carece de conocimientos para la tarea encomendada, juega a ser CEO de la empresa, y se fija salarios desproporcionados. Estos temas de fondo para pretender gobernar, tampoco los plantean las supuestas oposiciones.

DE LA LEVEDAD DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS

En esta semana se oficializa el recambio legislativo de diputados y senadores nacionales, provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, como resultado de las elecciones del pasado mes de octubre. Es oportuno recordar las dos funciones perfectamente diferenciadas que la Constitución Nacional otorga al Poder Legislativo: la específicamente legislativa (dictar leyes), y la de naturaleza parlamentaria (control sobre los actos del Poder Ejecutivo). No se puede obviar por su parte, el pobrísimo funcionamiento legislativo de los últimos años, incluyendo el incumplimiento de muchos legisladores de las obligaciones básicas de representación y trabajo por las que fueron votados.

Sin embargo es de gran importancia destacar una circunstancia particular: desactivada la posibilidad de reelección de la Presidente, el ámbito legislativo será el vehículo que posibilitará a la ciudadanía evaluar de manera concreta la personalidad, voluntad de acción, calidad de propuestas y gestión para transformarlas en leyes, de quienes pretenden ser elegidos en el 2015 para conducir los destinos del país. Ello es aplicable tanto para las supuestas oposiciones como para el oficialismo gobernante. Incluye a Cobos, Binner, Sanz, o las variantes justicialistas Massa, Capitanich, De la Sota, Scioli, o quienes surjan a futuro. En cuanto a los gobernadores con pretensión de candidatos, será relevante la actuación de sus representantes nacionales en las Cámaras. Tanto o más importante que centrar los análisis políticos en Cristina Kirchner, será considerar la real consistencia de cada uno de los candidatos, tanto en lo personal como la de las agrupaciones que le brindan soporte. La etapa de las sonrisas marketineras, las promesas lisonjeras o análisis más propios de comentaristas que de legisladores, concluyó. Remedando a Ortega y Gasset, es momento de decir: legisladores en general, y candidatos en particular, a las cosas.

Las minorías no podrán escudarse en su condición de tal. Si bien no podrá pedírseles aprobación de leyes por no reunir los votos necesarios, si deberán cumplir con su obligación de informar con claridad a la ciudadanía sobre las virtudes de sus proyectos, y lo que considere falencias de los aprobados. También deberán informar acerca del funcionamiento de todos los sectores que constituyen la administración pública, con datos precisos. Para ello las minorías están representadas en las distintas comisiones legislativas, y su condición de legisladores les brinda instrumentos y atribuciones para estar perfectamente informados, y a su vez, informar a la sociedad. De negárseles información, deberán denunciarlo públicamente, con sustento y seriedad. No es posible que los casos de corrupción, por ejemplo, sean conocidos casi exclusivamente a través de los medios de comunicación, y no por los legisladores.

Esta etapa legislativa ofrece a partidos y candidatos que pretenden ser opción de gobierno, una invalorable oportunidad. Comenzar por un acto de transparencia que depende de sus voluntades individuales, y no de las corporativas: volcar al conocimiento público a través de la página de Internet sus estructuras administrativas y de asesores, actividades personales como viajes al exterior y sus motivos, y actividad de sus bloques políticos y de los ajenos. Modificar en lo inmediato un vicio recurrente y de complicidad unánime, mostrando que los grandes acuerdos políticos existen, como es el de ocultar incrementos y montos de las dietas, viáticos y pasajes, parcialmente conocidos por la comunidad, una vez más, solo por investigaciones periodísticas.

Este requerimiento no es superficial. Un problema cada vez más creciente y grave es la inacción, obviamente provocada, de todos los organismos de control estatal (Auditoría General de la Nación, que si bien por rango constitucional es el máximo órgano de control a cargo de la oposición, tiene mayoría oficialista; Sindicatura General de la Nación; Inspección General de Justicia; Unidad de Información Financiera; Fiscalía de Investigaciones Administrativas), en donde no solo cunde la inoperancia y ocultamiento, sino que se retacea documentación a la propia justicia, cuando le es requerida en conocidos casos de corrupción contra el Estado. Lo saben los legisladores, pero no denuncian a los responsables jerárquicos. Para quienes se dicen opositores y deben controlar al oficialismo, esta tarea es inexcusable. Pero mal puede ejercerla quien no es claro y explícito para brindar a la comunidad información sobre sí mismo en su rol público

Quiénes sean capaces de modificar paradigmas basados en que lo público es paradójicamente secreto, podrán intentar presentarse como transformador de viejas, excesivamente viejas políticas. Podrán hacerlo, por ejemplo, Cobos; Binner; Solanas; Michetti o Carrió a nivel nacional? Massa;  Stolbizer, o un real representante de la izquierda como Néstor Pitrola en la provincia de Buenos Aires? Los próximos dos años serán particularmente difíciles para los argentinos. La sociedad en general se debatirá entre la indigencia, la subsistencia o el crecimiento. Los legisladores deberán decidir si se mantendrán en el discurso halagador o protesta insustancial de campaña, o incursionarán definitivamente en la acción esforzada y fecunda para la que fueron designados. Hace ya más de 500 años, expresaba Maquiavelo: “Una cosa se dice en la plaza; otra en el palacio”.