EL TRABAJO DESTRUYE TRABAJO?

El título pareciera claramente contradictorio, falaz. Pero no lo es. “Trabajo” define la ejecución de tareas que exigen esfuerzo físico y/o mental para producir bienes y servicios. Si bien el concepto no discrimina entre público y privado, dichos sectores se suelen cuantificar separadamente. Al momento de afrontar nuestras recurrentes crisis económicas, para disminuir déficits fiscales y aumentar la capacidad productiva se plantea exceso de empleo público, y un deseable incremento de empleo privado. Pero la realidad indica que el perjuicio fiscal puede originarse tanto en el sector público como el privado. En la última década inclusive, fue más perjudicial la creación de puestos de trabajo supuestamente privados, que en realidad encubrían enormes negociados entre funcionarios públicos, empresarios sin capital de riesgo y gremialistas, aunados en utilizar a miles de trabajadores bajo el subterfugio de “crear fuentes de trabajo”, transformando a las empresas en inviables para que una vez vaciadas, sea el Estado el que asuma en exclusividad los quebrantos y costos del desempleo. 

Este fenómeno repetido, sorprendentemente ha sido obviado por la clase política en su conjunto, y que en algunos casos participa del juego saturando cargos públicos innecesarios con familiares y amigos, pagados por la sociedad en su conjunto. Un punto de referencia para entender esta matriz destructiva de la economía de un país, es la quiebra y liquidación del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) en 1993, con una pérdida de 5.700 millones de dólares. Nada cambió desde entonces: créditos irrecuperables otorgados a empresarios amigos por bancos oficiales nacionales y provinciales; subsidios estatales a pérdida “para promover el desarrollo”, y deudas millonarias en impuestos y cargas sociales, que funcionarios y gremialistas nunca detectan en tiempo y forma. 

La crisis económica del Grupo de medios de comunicación Indalo en cabeza de Cristóbal López, motivó que el periodista Reinaldo Sietecase reclamara al gobierno que no se “haga el distraído” respecto a la situación de sus miles de trabajadores. Pero por investigaciones del propio periodismo, se conocía desde hace años la evasión de Indalo ante la AFIP por más de diez mil millones de pesos. Por ello Sietecase, que es un buen periodista, debería reclamarle a los que “se hicieron los distraídos” para facilitar el negociado, entre ellos periodistas políticos “estrella”, algunos de los cuales quedaron en la calle con millones de pesos en honorarios y altas indemnizaciones por despidos.

Esta matriz se replica con la Avícola Cresta Roja, con 3.300 empleados y deudas impositivas millonarias; la láctea Sancor con 4.000 empleados, deudas millonarias, y el gremialista Héctor Ponce “distraído”, y el correo privado OCA, con 7.000 empleados, y deudas fiscales, de cargas sociales y privadas, que superan los 2.000 millones de pesos. En este caso se “distrajeron” el presidente de OCA Patricio Farcuh, y la familia gremialista Moyano, que mantienen un conflicto de aprietes por la conducción de la empresa, donde empresarios y gremialistas se confunden. Sumemos las pérdidas millonarias causadas por las privatizaciones y reestatizaciones irresponsables de YPF, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Ciccone Calcográfica, entre otras, y se comprenderá el origen de la pobreza que dejaron políticos populares de izquierda asociados a empresarios prebendarios de derecha. Todos ellos expertos en el juego de la perinola vernácula: el Estado pone para “crear fuentes de trabajo”, y el Estado pone para “salvar fuentes de trabajo”.

El final de estas tramas carece de suspenso. Pese a la abundancia de políticos y gremialistas nacionales, populares y progresistas, los empresarios fallidos que succionan subsidios, evaden impuestos y quiebran empresas, jamás pierden su fortuna personal. A lo sumo transfieren parte de sus negativos paquetes accionarios a grupos que tampoco ofrecen garantías de capitales de riesgo propios. Ante esta realidad, Sietecase y otros periodistas políticos y de investigación serios, pueden aportar a una solución parcial del problema, promoviendo la aprobación de la ley de Extinción de Dominio paralizada desde hace más de un año en el Senado. De este modo se podrían recuperar parte de bienes sustraídos al Estado, y conformar un fondo de contingencia para crisis laborales por corrupción. 

Buenos Aires, 29 de noviembre 2017

EL ASESINO NO ES EL MAYORDOMO

La novela policial tiene dos escenarios básicos: 1) delitos penales cometidos en ámbitos privados. El desafío consiste en descubrir al o los asesinos, que suelen ser los menos sospechados. En círculos de clases altas, por ejemplo, el culpable solía ser el mayordomo. 2) delitos penales cometidos en el Estado en perjuicio de sus recursos. Los sospechosos son funcionarios que eventualmente cuentan con apoyo de estructuras de choque (corrupción estatal), o bien estructuras criminales con complicidades políticas (mafias). Nuestra novela refiere al campo estatal con corrupción política estructural, con complicidades judiciales, empresariales y sindicales. La precaución legal de dejar constancia que “cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad” es innecesaria, pues los personajes son públicamente reconocibles. El escritor griego Petros Márkaris, autor de la serie del policía Kostas Jaritos en una Grecia azotada por una grave crisis, señalaba: “El gran éxito de la novela policial en las últimas décadas, se debe a que es la novela social y política de nuestro tiempo”.

Descubrir a nuestros culpables entre un sinnúmero de sospechosos, implica partir de hipótesis investigativas claras, que establezcan motivo del delito, metodología para llevarlo a cabo, y técnicas de defensa de los implicados. En ámbitos privados el motivo puede ser el dinero, la venganza o la reacción pasional. Ejercido en forma individual o por bandas organizadas, suele ser violento y con víctimas fatales. En escenarios políticos el motivo es uno solo: dinero. El delito debe adecuarse a estructuras administrativas, que incluyen partícipes necesarios en los distintos circuitos de gestión, cuyo nivel jerárquico varía según la envergadura económica del robo.  Cuando la corrupción es estructural con consecuencias en el tejido social, intervienen altos niveles jerárquicos, organismos de control, sectores gremiales y empresas privadas asociadas y/o testaferros. Los delitos públicos también tiene víctimas fatales: pobreza y marginalidad. El rol del poder judicial cómplice es similar en ámbitos privados y públicos: asegurar impunidad.

La espectacularidad de actuaciones judiciales producidas a partir de la inolvidable filmación con el ex secretario de Obras Públicas José López ocultando bolsos con nueve millones de dólares en tierra santa, hace relevante analizar las técnicas de defensa pública de los sospechosos y/o culpables. Las diferencias entre involucrados privados y públicos no son de fondo, sino de léxico. En principio, unos y otros niegan culpabilidad. Pero en el caso estatal, ante la existencia de varios sospechosos en los circuitos burocráticos con distintos grados de vulnerabilidad, la invocación de inocencia se escuda tras un barniz institucional, denunciando persecución política. Ejemplo: el banquero Jorge Brito puede aducir inocencia; el ex vicepresidente Boudou persecución política. Como los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos son investigados y sancionados por otros órganos del Estado, la expresión “persecución política” podría aceptarse si se le agregara “de delitos comunes”. Pero en realidad, la frase pretende mantener el nivel de complicidad política que permitió ejecutar el delito primero, y lograr impunidad después. Por ejemplo, un acusado y/o detenido se plantea porqué los fiscales y jueces que lo protegieron antes, son los que lo encarcelan ahora.

Asimismo, los altos niveles políticos por sí o por allegados, emiten mensajes públicos usualmente crípticos, como se denominan a los destinados a pocas personas. Mezclan amenazas (tengo cosas para decir), con acusaciones (traición, falta de solidaridad), buscando recuperar la cobertura política perdida. Método que no difiere de los mensajes amenazantes de la delincuencia común. En este juego dialéctico, existe una característica habitual. Los “arrepentimientos” o quebrantos se inician con los integrantes más débiles de las tramas. Tal los casos de Fariña (Lázaro Báez), Vandenbroele (Ciccone y Formosa), y el lamentablemente suicidado Delhon (Fútbol para Todos).

Para concluir, un nuevo concepto de Petros Márkaris: “el Estado griego es la única mafia del mundo que consiguió quebrar”.

Buenos Aires, 22 de noviembre 2017

EL ENOJO DE SOLÁ

En el programa televisivo “Intratables” de la pasada semana, que conduce Santiago del Moro, el diputado Felipe Solá expresó en forma acalorada que los medios de comunicación eran muy “complacientes” con el actual gobierno. El escritor y periodista Ceferino Reato aceptó esta observación, justificándola en que la gente tenía miedo “que volviera Cristina”. Este contrapunto permite interesantes reflexiones alejada de interesadas “grietas” que inhiban todo análisis. Supongamos que ambos están convencidos de sus opiniones. Y que tienen razón.

Cambiemos, contra todos los pronósticos, triunfó en diciembre de 2015 sobre un justicialismo que gobernó ininterrumpidamente doce años, o catorce si incluimos el período Duhalde. Las transiciones entre gobiernos han sido invariablemente traumáticas: 1989, 2001, 2003 (Duhalde adelantó la entrega de mando), y 2015.  Esta última, producto quizás del triunfo de una expresión política nueva sobre un histórico justicialismo que no necesariamente es peronismo, incluyó la no entrega del bastón de mando de la presidente saliente al entrante. Se “heredan” hiperinflaciones, defaults de deudas, escasez de reservas, sistemas jubilatorios variados e inviables, desocupación, pobreza, corrupción. Los responsables, impertérritos, piden “no mirar atrás”. Asumido Macri, comenzó de    inmediato una campaña indisimuladamente golpista cuyo símbolo era “el helicóptero”, como si el golpe institucional del 2001y la crisis del 2002 fueran motivo de orgullo. Personajes como Bonafini, Espinosa, D Elía, Esteche, Carlotto, Cerruti, Mariotto y otros, eludieron sutilezas: “Macri (no dicen Cambiemos), es la dictadura”. A la campaña verbal se sumaron piqueteros del apriete, identificados por el uso de capuchas, remeras y palos.

Sería injusto involucrar al justicialismo con este colectivo demencial, porque los promotores estaban en gran parte más interesados en mantener prebendas, patrimonios y libertades, que en debates ideológicos. Pero lamentablemente opositores democráticos, como el propio Solá, Stolbizer, Solanas, entre muchos, jamás condenaron este accionar. El freno corrió por cuenta, una vez más, de una multitud silenciosa que se autoconvocó el 01 de abril en defensa de la democracia, sorprendiendo a propios y extraños. Muchos de los concurrentes posiblemente no habían votado a Macri, ni lo votarán. Miedo a Cristina diría Reato. Pero es suficiente fundamentar el resultado de una elección por un síndrome masivo de miedo? Y de ser así, este miedo alcanzaría a los medios de comunicación, cuya complacencia con el gobierno tanto preocupa a Solá?

Solá debiera recordar la similar condescendencia que los mismos medios tradicionales que hoy critica, tuvieron entre el 2003 y 2007 con el gobierno kirchnerista del que formó parte. Actitud que fue responsable, atento a la cercana crisis 2001-2002. En un contexto económico social complicado, y sin renunciar a la crítica y participación de todas las voces en los debates, no merece el actual gobierno similar comprensión?  La genérica “complacencia de la prensa” que molesta a Solá, además de suponer una manipulación informativa desde el poder que sería grave,  pretende ignorar la crítica pertinaz al gobierno de medios como C5N, Crónica, 360, Página 12, Ámbito Financiero, entre otros. Bienvenida entonces la diversidad.

Respecto a Reato, su idea relacionada con que mucha gente votó “con miedo a Cristina” tiene cierto asidero. Pero cuidado con instalarla como eslógan, que fuera utilizado cuando años atrás se votara “por miedo a Menem”, con los resultados conocidos: la trama de corrupción se amplió y perfeccionó; los neoliberales pasaron a ser progresistas; los menemistas transmutaron en kirchneristas; hay peronistas Cambiemos y radicales K, y como colofón de “un país de novela” como dijera Marcos Aguinis, Carlos Menem permanece como senador hasta con protección de la Corte, porque en Argentina aunque se esté condenado, toda persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario.

Cristina Kirchner deberá responder por su enriquecimiento patrimonial. Pero en el resto de las innumerables causas de corrupción, las responsabilidades deberán establecerse desde abajo hacia arriba: directores, secretarios, ministros, empresarios asociados, gremialistas, jueces, testaferros. No caigamos en la trampa de “Cristina presa” como símbolo que disimule la acción coordinada de múltiples saqueadores, y que dentro de veinte años Cristina permanezca en el Senado con condenas, pero inocente hasta que no se pruebe lo contrario.

Buenos Aires, 15 de noviembre 2017

INËDITO: DOS MÄS DOS ES CUATRO

Los políticos transformaron una frase en axioma, al considerarla tan evidente que no necesita demostración: “en política, dos más dos no es cuatro”. Pero como la matemática sigue siendo una ciencia exacta, sería más correcto expresar “lo que se legisla no necesariamente es lo que se hace”. Esta colisión entre lo numérico y lo dialéctico, causó recurrentes y traumáticas crisis económico sociales: el rodrigazo en 1975 (Isabel Perón); la hiperinflación de 1989 (Alfonsín) y la crisis del 2001-2002 (De la Rúa–Duhalde). Resultado de endeudamientos irresponsables, no pago de deudas o estatizaciones de deudas privadas, revalorizaciones y devaluaciones de la moneda argentina, y en la última década, una corrupción inédita en todos los niveles del Estado y sectores privados asociados.  

El reciente triunfo electoral de la coalición oficialista, tuvo un condimento poco habitual; se produjo en un contexto económico social extremadamente complicado. Los analistas coinciden en que se votó esperando cambios estructurales virtuosos y sostenidos, que permitan un crecimiento del país equitativo y sustentable. De no ser así, nos esperarán nuevos 1975, 1989 y 2001-2002. Lograr que las clases dirigentes estén a la altura de las circunstancias, implica desactivar falaces conceptos instalados desde hace décadas, con un único resultado: que los preocupados por los pobres sean cada vez más ricos. Inevitablemente el debate del ajuste debe comenzar por quienes tienen el poder de legislar, administrar justicia y gobernar, que en su conjunto forman el Estado, definido por Aristóteles como una asociación cuyo objeto comprende a todas las demás asociaciones que constituyen un país. Cumplido el requisito terrenal de lograr una administración pública eficaz y honesta, se tendrá autoridad para atender los “pataleos” de los privados, para que sacrifiquen parte de sus privilegios, o en el mejor de los casos, cedan parte de sus ganancias. Inicialmente los privilegiados apelarán a un añejo recurso para que nada cambie. Los estatales denunciarán que se quiere echar a miles de empleados públicos, y los privados amenazarán con la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Toda reforma de la estructura burocrática estatal debe comenzar desactivando la intencionada tergiversación del concepto autarquía, confundiendo la funcional con la financiera. El Estado es el único que tiene la atribución de recaudar, para luego determinar su distribución a través de los presupuestos, que no en vano se los llama “ley de leyes”. Por ello no pueden distintos organismos atribuirse autarquía financiera, con la capacidad incluso de establecer retribuciones salariales y condiciones laborales que vulneran principios de equidad y razonabilidad. La consecuencia son innumerables disparates, destacándose que gran número de funcionarios ganan más que el presidente de la Nación. Un vicio no menor es el ingreso indiscriminado de personal sin concursos públicos, por lo que los ciudadanos comunes no pueden acceder a un cargo si no cuentan con “padrinos”. Se estructuran de este modo oligarquías políticas sustentadas en nepotismos y amiguismos, que liberan el camino de la corrupción: o se es activo en la complicidad, o pasivo en el dejar hacer.

La transformación necesita de parámetros claros, no solo constitucionales, sino económicos. Un indicador es la diferencia entre los ingresos más altos y los más bajos. Demás está decir que en los países más pobres mayor es la diferencia entre los extremos. Un claro ejemplo de inequidad económica y social lo muestra el sector de jubilados, a los que demagógicamente actores políticos y gremiales dicen defender, incluso con simulada indignación: “con nuestros viejos no”. Pero la realidad concreta indica que mientras la jubilación mínima mensual vigente es de $ 7.246, hay jueces que perciben $ 362.000.  El diferencial es de 49,96 veces, que corresponde a países de muy bajos índices de desarrollo, pese a que al sistema previsional se lo presenta grandilocuentemente  financiado a través de un “sistema solidario de reparto”. En situaciones de déficits o riesgos de sustentabilidad los incrementos en la base son limitados, pero es una obligación fáctica y ética bajar sensiblemente las jubilaciones de privilegio que afectan el concepto de reparto. Salvo que nos retrotraigamos a fundamentos de los absolutismos monárquicos, en donde reyes y nobles que eran pocos, vivían de los tributos de sus gobernados, que eran muchos. Este es el primer desafío que afronta el debate político.

Buenos Aires, 08 de octubre 2017

100 AÑOS ES AYER

La historia de nuestro país está atravesada por epopeyas libertadoras, inmigraciones valiosas y exilios dolorosos, golpes militares e “institucionales”, decadencia sin freno, demagogias. Si partimos de la recuperación de la democracia en 1983, salvo los primeros años de Raúl Alfonsín, las frases “momentos históricos” o “acuerdos patrióticos” semejan a dolorosos sarcasmos. Hoy, tras un proceso electoral que plasmó una inédita reconfiguración de espacios políticos, es de esperar que viejos y nuevos dirigentes no repitan frustraciones, y consensos virtuosos hagan realidad la promesa pendiente desde 1983: con la democracia se educa, se cura y se come.

Lograrlo será arduo, porque no dependerá de invocaciones facilistas casi místicas. Expresaba Maquiavelo que “un príncipe prudente debe apoyarse en lo propio y no en lo ajeno…tratando siempre de evitar el odio”. En nuestro país aún permanecen demasiados “príncipes” que se han apoderado de lo ajeno bajo la máscara de la defensa de los pobres, el reaseguro de la impunidad, y el útil oscurantismo del odio. Inevitablemente dirigentes políticos bienintencionados deberán coexistir con príncipes conservadores de privilegios, que buscarán mantenerlos bajo la amenaza diabólica del “ajuste”. Muchos de los cuales estarán más preocupados en salvar patrimonios y libertades, que discutir reformas estructurales destinadas al bien común. En este contexto, el ciudadano alejado de “cúpulas” políticas, empresarias, gremiales y judiciales, deberá saber detectar verdades, falsedades y ocultamientos, propaladas por quienes “saben lo que dicen”. En cuanto a la corrupción, muchos mensajes públicos serán crípticos para ser entendidos solo por pocos, con tintes de amenaza para negociar impunidad.

El desafío de interpretar mensajes/opiniones es menos dificultoso de lo que pareciera, aplicando fundamentos de la propaganda y/o discurso político nacidos con los regímenes totalitarios del siglo XX, que fusionan manejo de masas con ideología y mantienen plena vigencia. Solo sufrió retoques de léxico: el concepto masa se reemplazó por opinión pública. Mencionemos dos ejemplos. Este año se cumplen 100 años de la revolución bolchevique. Su sagaz comunicador Lenin, explicaba que ante acontecimientos que afecten la vida de las masas o de sectores, se debía impedir debates superficiales, transformando las apariencias en una realidad que responda al ideario revolucionario. Jean-Marie Domenach ejemplificó este concepto. Si se cierran peluquerías, un cliente podrá pensar que son demasiado numerosas, fueron mal manejadas, o están de moda los cabellos largos. El propagandista rechazará este simplismo, y denunciará que cierran porque las personas carecen del dinero indispensable para sus necesidades vitales. Años más tarde Goebbels, Ministro de Propaganda nazi que perfeccionó la concepción lenilista, estableció las reglas de la propaganda moderna, como la de simplificación, el enemigo único, la exageración, desfiguración y orquestación, entre otras. Sin embargo, pese a lo que se supone, ningún de esos pioneros totalitarios priorizó la mentira como recurso permanente, sino la “interpretación” de los hechos. 

Por ello, considerar a un mensaje falso o verdadero solo guiados por adhesión política, factor emocional o preconceptos intelectuales, no es suficiente. La opción debe acompañarse de la evaluación de causales y consistencias del mensaje. Un fenómeno mundial aún no debidamente evaluado, producto de la acumulación masiva de mensajes contradictorios, provocó que el ciudadano común aunque sea subliminalmente, sea cada vez más analítico y menos emocional. Es un logro de las democracias, que aseguran la libertad de opinión. Por eso los totalitarismos o democracias imperfectas buscan con desesperación controlar y/o desprestigiar medios de comunicación no afines. Cuya calidad y/o veracidad informativa, cabe aclarar, no la otorga el simple hecho que se definan como oficialistas, opositores o independientes.

Para concluir, un ejemplo práctico reciente. Mensaje: “Nos hemos enfrentado a la mayor concentración de poder que se tenga memoria desde la restauración democrática”. En abstracto, puede ser verdadero o falso. Contexto: lo pronunció la ex presidente Cristina Kirchner, tras su derrota electoral el pasado 22 de octubre. Antecedentes: el matrimonio Kirchner gobernó al país durante doce años ininterrumpidos, con mayoría en ambas cámaras legislativas, y el apoyo y/o sumisión de la inmensa mayoría de los gobernadores. Virtudes: su intención de lograr la reelección indefinida fue desactivada por mayoría electoral, y existió libertad de prensa.

Buenos Aires, 01 de noviembre de 2017