ENTRE EL CINISMO Y LA HIPOCRESÍA

Desde que Sócrates identificó a la justicia como la más alta de las virtudes, se debate si es valorada por sí misma, o solo para mantener las apariencias sociales de probidad. Esta dualidad quedó reflejada en los diálogos que Platón mantuvo con Glaucón, transcriptos en su obra “La República”, escrita hace más de 2.500 años, y que mantienen plena vigencia. Entre estos extremos de virtud y apariencia oscila la hipocresía, representada por políticos que permanentemente claman por una justicia independiente solo para salvar las apariencias, y el cinismo ejercido por quienes legitiman la corrupción como modo de vida. Esta última actitud tiene una traducción criolla: “Roban pero hacen”.

Esta ambivalencia, que lamentablemente nuestro sistema democrático aún no pudo superar, gracias al Grupo Clarín acaba de estallar. Como primera observación debemos señalar que no es casual que el tema del acalorado debate sea estrictamente político-económico, y no relativo al saqueo de las arcas del Estado; o a las vidas sacrificadas como resultado de coimas entre empresarios y funcionarios públicos; o por el crecimiento del narcotráfico con cobertura política, o ante la trata de mujeres para abastecer prostíbulos clandestinos protegidos en las respectivas jurisdicciones por el poder político. A lo sumo, algunos ciudadanos afectados por estas corruptelas tendrán la gracia de ser recibidos por altas autoridades de gobierno, quienes comprometerán un “amplio apoyo para que se haga justicia”. Se distribuirán entre los medios de comunicación información del encuentro, y asunto terminado.

En el caso de la sra. Trimarco, madre de la desaparecida Marita Verón, sería una necedad discutir la validez del fallo del tribunal de Tucumán, que exculpó a la totalidad de los acusados, sin tener la adecuada formación jurídica y sin conocer el expediente. Pero sí se puede opinar con firmeza sobre dos realidades. En primer término, que es escandaloso que el juicio se halla llevado a cabo a diez años de la desaparición de Marita, lo que de por sí muestra el intento de impunidad. La segunda realidad será dolorosa para la sra. Trimarco: pasado el cimbronazo político (repito: político, no humano), los prostíbulos clandestinos seguirán gozando de buena salud.

El caso Clarín desnudó en solo quince días cinismos e hipocresías. Los dictámenes de la Corte Suprema, de los integrantes de la Sala I en lo Civil y Comercial Federal Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta, y recientemente del juez de dicho fuero Horacio Alfonso, respecto a la constitucionalidad del artículo de desinversión establecido en la Ley de Medios, provocó un cruce de agravios, descalificaciones y menoscabos ante los sucesivos dictámenes, intercambiados entre funcionarios de un gobierno ora revolucionario, ora autoritario, bajo el eslogan de su lucha contra los “monopolios”, y sectores políticos y sociales ora defensores de la independencia judicial y ora defensores de la libertad de expresión,  según los fallos se ajustaran o no a las pretensiones de las partes. No es objeto de esta reflexión opinar sobre razones y derechos en litigio, sino señalar una circunstancia mucho más grave: la situación del poder judicial llegó a un límite de legitimidad insostenible.

Hasta hace pocos días oficialistas y opositores coincidían en que uno de los logros de la actual gestión de gobierno era la conformación de una Corte Suprema prestigiosa. El caso Clarín arrasó con esta creencia. Uno de los portavoces del gobierno, el comentarista deportivo devenido en analista político Víctor Hugo Morales, con total desenfado señaló a los jueces supremos Lorenzetti y Maqueda, como responsables de una avanzada contra los intereses del gobierno. El juez Alfonso puede pasar de ser intrascendente, independiente o afín al gobierno en cuestión de horas. Un Jefe de Gabinete puede denominar públicamente “Cámara de mierda” a la que no falló de acuerdo a sus expectativas. Entrando ya al campo de lo fellinesco (sin la calidad de las películas de Fellini), los supuestos opositores vivan a los “independientes” y denostan a los “oficialistas”. Lo insólito es que este enfervorizado debate sobre la justicia se produce en el fuero Civil y Comercial federal, y no en el recurrentemente ineficaz fuero Penal federal, que entiende en las causas de defraudación contra el Estado y enriquecimiento ilícitos de funcionarios, responsable en gran medida del continuo desprestigio de la justicia argentina. Basta con citar un ejemplo: los jueces Oyarbide, Servini de Cubría, Bonadío y Canicoba Corral, acusados hasta el hartazgo por sectores políticos de ser funcionales al menemismo en la época del “neoliberalismo”, son sostenidos firmemente por los mismos críticos de otrora, reconvertidos hoy en “progresistas”. Es incoherente? De ningún modo; la política de impunidad en los delitos contra el Estado se mantiene invariable a lo largo del tiempo. Las lista de casos, aún siendo sintética, agobia: IBM-Banco Nación; IBM-DGI; contrabando de armas a Ecuador y Croacia; coimas pagadas a funcionarios por la empresa sueca Skanska; venta de la empresa Tandanor; dádivas al funcionario Ricardo Jaime; sobornos en la construcción de la presa Yacyretá; coimas pagadas por la empresa Siemens para confeccionar los DNI; defraudación de fondos públicos por la fundación Sueños Compartidos; pérdidas de vidas en estación Once producto de severos incumplimientos contractuales y distribución de coimas; negociado entre privados y el Estado a través de la ex Ciccone Calcográfica, estando involucrado el vicepresidente Boudou y un grupo de amigos; dádivas a la ex Ministra de Economía Felisa Miceli; falseamiento de drogas y sobrefacturaciones en obras sociales gremiales. Todos estos casos, y muchos otros, no merecieron enfervorizados debates, acusaciones de juicios políticos, ni amenazas de “democratizar” la justicia, ante la vergonzosa actuación de los funcionarios judiciales actuantes.

Es cierto que el debate irracional de hoy se centra en el ataque indisimulado a un fuerte grupo económico, que cabe aclarar, no es una condición que configure ningún delito por sí mismo. Cuál es la diferencia entonces entre los casos de corrupción mencionados anteriormente, en los que también intervinieron fuertes grupos económicos? Sencillamente en que existían acuerdos de beneficios mutuos entre dichos grupos y los funcionarios, y las dádivas otorgadas surgían de sobrecostos y ganancias desmedidas que los contratistas del Estado retornaban a los funcionarios. El acuerdo entre las partes no era difícil: los fondos salían y saldrán de los bolsillos de los ciudadanos, o sea, del presupuesto público.

Es hora de autocríticas: la justicia no supo proteger su independencia e integridad, ni juzgar a sus pares corruptos. Posiblemente tampoco nosotros los ciudadanos actuamos según declamamos; cuando salimos en masa a protestar contra la corrupción, o bien no tenemos en claro en que nos afecta realmente, o bien nos agotamos en el mero reclamo socialmente correcto.

Gracias al Grupo Clarín, el cinismo y la hipocresía alcanzó su máxima exposición.

TRASPASO DE SUBTES: LA PROPAGANDA SUPERARÁ A LA INFORMACIÓN?

El principio de la propaganda política, al igual que la publicidad, busca impresionar más que convencer; sugestionar más que explicar. En síntesis, lo visual y emocional prima sobre lo racional. Desde el punto de vista de manejo de masas, el uso de mensajes sustentados sobre estos principios es inevitable. En el campo de la publicidad un auto de alta gama significa la admiración de bellas mujeres; determinadas marcas de artículos deportivos no hacen hincapié en su calidad intrínseca, sino que son usados por Del Potro, Federer o Messi. En el campo de la política, a través de la propaganda los mismos actores políticos pueden promover privatizaciones porque significan “fuertes inversiones, creación de fuentes de trabajo y modernización tecnológica”, como propugnar tiempo después reestizaciones bajo la bandera de “recuperar el patrimonio nacional para beneficio de todos los argentinos”. Simples eslógans grandilocuentes, que coinciden en no dar a conocer públicamente lo más importante: los acuerdos y condiciones de explotación suscritos entre las partes privadas y estatales. Además, siempre existen “cláusulas reservadas” o aspectos sustanciales “a definir a futuro”.

Podría pensarse que así como la publicidad tiene como límite la satisfacción del usuario, porque no puede sostenerse en el tiempo un mal producto, el concepto mercantil de la oferta y demanda no puede aplicarse al campo de las decisiones políticas, en este caso a los servicios esenciales que hacen a la calidad de vida de los ciudadanos. En un sistema democrático las funciones de mediación entre lo complejo de un acto administrativo, y la capacidad de comprensión del usuario como destinatario final de dicho acto, la deben cumplir los funcionarios y legisladores involucrados. Lamentablemente ello no es habitual, transformando lo que debieran ser debates esclarecedores en competencias verbales en base a vaguedades tales como neoliberalismos, progresismos, macrismos o kirchnerismos.

Valga la introducción para reflexionar sobre la anunciada decisión del ing. Macri en su carácter de jefe del Gobierno de la Ciudad, de aceptar el traspaso y operación del Servicio de Transporte Subterráneo y Premetro por parte del Ejecutivo Nacional, a partir del 01 de enero de 2013. El punto de partida del análisis es el Acta Acuerdo suscrita el 03 de enero de este año en la que el Estado Nacional transfería al Gobierno de la Ciudad, y éste aceptaba, el manejo de los Servicios de Transporte Subterráneo de Buenos Aires y Premetro. Lo insólito de dicha Acta fue que la complejidad de la transferencia se resumía en dos páginas con solo cinco artículos. Los once meses transcurridos permitirán manejar con mayor seriedad el acto jurídico de transferencia?

Con ese fin destaquemos algunos aspectos esenciales que deberán ser definidos con claridad previo a la firma del convenio, y del mismo modo transmitidos a la sociedad, que es la que deberá soportar con su aporte monetario y condición de usuario los costos de mantenimiento y calidad del servicio.

1.- La concesión del servicio otorgada a Metrovías SA se inició el 1º de enero de 1994 por un plazo de 24 años, por lo que finalizará en diciembre de 2017.- El proyecto de convenio hace referencia a un período de emergencia de cinco años, que evidentemente coincide con los años de concesión faltante. Pero en ningún punto se aclara cuál es el alcance del término “emergencia”.

2.- El Artículo 7º señala que SBASE (organismo del Gobierno de la Ciudad), convocará en forma inmediata a la entrada en vigencia del proyecto de ley en tratamiento, a Metrovías SA, a fin de celebrar un acuerdo dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la notificación de la convocatoria, prorrogable en treinta (30) días, para contratar en forma directa la operación del servicio subte por un plazo inicial máximo de dos (2) años. Surgen las siguientes dudas: a) cuál es la situación legal de la explotación entre el 1º de enero de 2013 y la firma de la contratación directa?; b) Porqué el plazo inicial de contratación es de dos (2) años, y el llamado período de emergencia de cinco (5) años?.

3.- El artículo 11º señala que “durante el período de emergencia se determinará el estado de los activos y su inventario". Cabe entonces preguntarse: se firmaría la contratación directa sin tener esta información? Ello sería grave; el estado de activos e inventario deberá ser elaborado a lo sumo dentro de los 60 o 90 días previo a la firma del contrato, sino se licuarán todas las responsabilidades empresarias por los 19 años de explotación transcurridos. De hecho, la información debería estar ya disponible y firmada por profesionales responsables. Además, de no tener esta información, como se cumplimentará el objetivo declarado en el Artículo 27º que expresa que “el servicio subte será prestado a tarifas justas y razonables”?

4.- Por último, el Artículo 3º declara al subte “servicio público esencial”, lo que provocó inquietud gremial. Al respecto se debe señalar que respetando todos los derechos laborales que correspondan, se deberá tener presente que un gremio altamente politizado y conflictivo que produjo un salvaje paro de diez días corridos hace pocos meses en detrimento de millones de trabajadores, no pude invocar derechos de huelga indefinidos que colisionen con los de otros ciudadanos, ni utilizar a los paros como método de apriete para obtener condiciones salariales laborales excepcionales respectos a otros sectores de trabajadores. Asimismo no deben olvidar que fueron cómplices conjuntamente con la empresa en el manifiesto deterioro del servicio, como sucediera en el resto de los servicios de transporte subsidiados.

Es fácil observar que éste, como muchos otros, no son temas de debates falsamente ideológicos, sino de acuerdos esenciales que protejan la integridad física y calidad de vida de los ciudadanos. La corrupción ya se cobró 51 vidas inocentes en la tragedia de Once.

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL 8 N Y EL 20 N

Noviembre se caracterizó por dos movilizaciones masivas de la ciudadanía en protesta por políticas del gobierno nacional, que por compartir reclamos puede hacer suponer que comparten objetivos. Por lo tanto es oportuno reflexionar sobre sus diferencias y similitudes.

En primer término se debe destacar la pretensión de voceros gubernamentales de crear una antojadiza fragmentación social absolutamente inaceptable en sociedades democráticas, más acorde con anacrónicas divisiones poblacionales en castas, o las siempre vigentes conceptualizaciones dictatoriales. Según esta visión, la movilización del 08 de noviembre correspondió a la clase media, y la del 20 a los trabajadores, que según este reduccionismo conceptual no integran la mencionada clase media. Esta última, que en el imaginario político argentino se conforma por una amplia diversidad social que cometió el insalvable pecado de estar situada entre pobres y  ricos, fue estigmatizada como egoísta, golpista, reaccionaria, y para llevar sus culpas al paroxismo, la Presidente informó en su último mensaje por red nacional, que también la integran funcionarios multimillonarios que hicieron su fortuna trabajando en el Estado. El 20 de noviembre por su parte, registró un evento sindical promovido por los llamados gremios opositores al gobierno, en contraste con los hasta hoy oficialistas, por lo que según versión oficial, no fue un paro de trabajadores sino un acto de coacción gremial. Hasta aquí, la caracterización generalizada y simplista.

Destaquemos en primer término un aspecto instrumental. El 08 de noviembre presentó una masiva movilización convocada a través de redes sociales, con epicentro en la avenida 9 de Julio, una vez concluida la actividad laboral habitual, y sin generar medidas que afecten el derecho de quienes no asistieron. El paro gremial por su parte, implicó los ya reiterados cortes de las principales vías de circulación, que restan validez a toda estimación de adherencia, y peor aún, a la repetida invocación al derecho constitucional de huelga, cuando se omite otros elementales derechos como el de la libre circulación de los ciudadanos, o el de adhesión individual a un paro de actividades. Esta diferencia metodológica trasluce una diferencia de fondo.

La movilización de la “clase media” reunió a un amplio espectro social en términos laborales, económicos, culturales e ideológicos, que tuvo un carácter sanamente político porque sus reclamos se dirigieron al poder político. Insólitamente se criticó la falta de unidad en los reclamos, a la manera de las añoradas organizaciones corporativas, como si aspectos esenciales como la seguridad, corrupción, libertades individuales, entre otros, fueran cuestiones de número.

La movilización del 20 de noviembre tuvo un carácter de lucha interna de poder  dentro del gobierno, entre circunstanciales aliados políticos, gremiales y empresariales de una enorme diversidad ideológica y de intereses, que hace que el “todos unidos triunfaremos” sea una utopía. El reclamo gremial también pretendió tener un amplio temario que en algunos casos llegó al absurdo, como ver a ciudadanos que evidentemente estaban al límite de la subsistencia y posiblemente bajo planes sociales, reclamando por el mínimo no imponible de los salarios. Claramente, y a diferencia del 08 de septiembre, no se incluyó a la corrupción dentro de los reclamos. No olvidemos además que los gremios representan solo a los trabajadores activos legalizados; no a los desocupados, subocupados y trabajadores en negro, que obviamente son mayoría y los que más sufren las crisis políticas y económicas.

Analicemos el punto común más visible de ambos reclamos: el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Parece irónico que este sea la principal queja ante un gobierno autoproclamado como “nacional y popular”. Sin embargo el problema no reside en el infantilismo de analizar este y otros temas a través del exclusivo tamiz del “carácter y humor de la Presidente”. El ex mandatario norteamericano Clinton nos clarificaría el panorama, con su recordada frase en su campaña electoral: “es la economía, estúpido”. El enorme déficit fiscal e inflación estructural hace que los recursos sean escasos, pese al enorme crecimiento económico que el país tuvo en los últimos ocho años, y del que nadie duda. Entonces: enorme crecimiento económico con recursos escasos? Qué pasó y que está pasando?

Entre otros aspectos, se han tomado medidas con total beneplácito de los mal llamados “opositores”, bajo el eslogan de recuperar lo nuestro, que implicaron enormes negociados cuyos costos, aún hoy, no son mensurables. Tres ejemplos: las estatizaciones de las jubilaciones privadas; de Aerolíneas Argentinas y Repsol-YPF. Se destacan porque responden a sectores que es razonable que sean estatales, o al menos, operen bajo una estricta regulación y control del Estado. Los fondos jubilatorios reestatizados, engañosamente presentados como solidarios,  hoy son entregados a bajas tasas de interés a sectores empresarios favorecidos, bajo la figura de fideicomisos a través de instituciones financieras que también hacen su negocio de intermediación. Aerolíneas Argentinas fue recuperada una vez que sus activos, en especial aeronaves, fueran licuados, con un costo inaceptable para la sociedad, y por si fuera poco, sin definirse la indemnización al anterior operador. El caso YPF repite la matriz, y se expropia sin ningún recaudo legal de resarcimiento pese a que la Presidente públicamente informó que la empresa había sido vaciada, careciendo de capital de inversión, y aún hoy, de un cuadro de ingresos y egresos a mediano plazo. Recordemos que en todos los casos había funcionarios estatales en los directorios de las empresas, y todas estaban sometidas a los organismos de control del Estado.

El contexto es aún más grave de lo que parece. El gobierno tiene una feroz lucha interna de intereses, que va desde el legislador que desea continuar como tal el próximo año, desde luego puesto a dedo en la lista de candidatos, hasta importantes grupos empresarios y financieros que están haciendo enormes negocios con la marca “nacional y popular”. Quien desee opciones políticas  no las tiene. No hay partido de oposición, sino una suma de grupúsculos creados al único efecto de mantener a los mismos nombres y apellidos como legisladores. Y cuando aparecen temas trascendentes como las jubilaciones, Aerolíneas e YPF, radicales y socialistas (como excepción usaremos estas denominaciones arcaicas), aprueban las leyes a libro cerrado  manifestando que la estatización concuerda con su doctrina.

En este contexto, poner todos los reflectores en un único actor, si bien es el principal, crea el nocivo efecto de mantener en las sombras a sectores políticos, gremiales y empresarios igualmente responsables del momento político que se avecina.

COMO PASAR DE LA EMOCIÓN A LA RAZÓN

La multitudinaria convocatoria popular que abarcó todo el territorio nacional el pasado 08 de noviembre, con epicentro en la avenida 9 de Julio, inevitablemente será objeto de variadas interpretaciones por parte de analistas y políticos de diversas posturas ideológicas. Es razonable suponer que dichos análisis se moldearán en mayor o menor grado por las convicciones de quienes los formulan, predominando en general “lo que me gustaría que fuera”, en lugar de “lo que es”. Surge entonces un primer dilema: qué puntos de partida sólidos se pueden establecer para mensurar los reclamos fundamentales de un importante sector de la sociedad, que no fueron satisfechos por las organizaciones políticas? Establecerlos lo más fidedignamente posible permitirá que el reclamo social no se agote por el simple transcurso del tiempo, y se pueda pasar de la emoción de lo multitudinario a la razón de las acciones concretas, haciendo realidad lo que a los políticos profesionales les encanta declamar pero temen implementar: “atender los reclamos del pueblo”.

En tal sentido es oportuno utilizar el amplio campo de las redes sociales, para volcar a consideración pública de manera ordenada y amplia algunas opiniones y/o propuestas a ser debatidas e intercambiadas en el marco de alguna plataforma digital común adecuada y específica, que permita la participación interrelacionada de ciudadanos con diversos niveles sociales, ideológicos e institucionales,  con el objeto de viabilizar políticas esenciales que hacen a la calidad de vida de los ciudadanos, basadas en el interés común, la racionalidad, la adecuada elaboración jurídica y su factible instrumentación institucional. Es evidente que estos requisitos no tuvieron respuesta en niveles políticos cada vez menos representativos y más personalistas, dedicados casi en exclusividad a las coyunturas y al oportunismo político. No es casual que las principales figuras políticas se mantengan invariablemente en cargos públicos durante los últimos veinte años.

Para implementar esta propuesta con fines positivos y resultados coherentes en el tiempo y mayoritariamente compartidos, es necesario establecer hipótesis de trabajo igualmente compartidas. Aportemos algunas:

1)   En primer término, reconocer sin temor y orgullosamente que las masivas movilizaciones tienen un carácter político, porque todos los reclamos planteados necesitan de acciones políticas públicas. Su manifestación respetuosa y constructiva la convierte en “POLÍTICA” con mayúsculas, y no en política sectorial prebendaria, cuando no patoteril.

2)   Los partidos políticos como tales, que son los naturales mediadores entre la sociedad, gobierno e instituciones, han sido persistente y silenciosamente disueltos. Tanto en el oficialismo como en la oposición predomina tal variedad ideológica que convierte a la ideología en un mero recurso discursivo. Con absoluta naturalidad, un fervoroso liberal de ayer puede ser igualmente fervoroso progresista hoy. Cierta homogeneidad del oficialismo la brinda el usufructo del poder y distribución de cargos, mientras que la “oposición” como tal no existe. Su identificación adecuada debería ser “voces opositoras”.

3)    Este desequilibrio entre oficialismo y oposición permite implantar en la sociedad un concepto cuasi dictatorial: el que gana una elección puede hacer lo que quiera porque tuvo la mayoría del voto popular. Falso. El gobernante debe realizar lo comprometido en su plataforma de gobierno, y la oposición respetuosamente acompañar lo que la ciudadanía votó. Todo aquello que no fuera oportunamente planteado a la sociedad, debe ser consensuado y perfeccionado entre mayorías y minorías. En democracia no existen los cheques en blanco con vencimiento a cuatro años.

4)   Este cuadro de situación convierte a esta propuesta en una acción de emergencia coyuntural mediante la utilización de canales de comunicación existentes, útiles y democráticos. Pero un objetivo prioritario e ineludible deberá ser el de reconstituir el sistema de partidos políticos fuertes y representativos, que reiteramos, hoy no existen ni como oficialismo ni como oposición. Esto es lo peor que le puede suceder a un país que pretende ser considerado democrático.

Si acordamos estas y otras hipótesis de trabajo compartidas y debatidas a través de una plataforma específica que canalice diversas redes sociales y opiniones, se podrá transformar la emoción del 08 de noviembre en acción participativa y sanamente integradora, con propuestas concretas a debatirse posteriormente en los ámbitos legislativos. Y obviaremos las opiniones denigrantes vertidas por quienes hacen de la política una profesión permanente, cuando se refieren a expresiones populares que escapan a la posibilidad de su manejo y manipulación.

                                                                                              

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA NOVIEMBRE 2012

Se resume en la presente agenda mensual seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, con las novedades recientes.

1.- Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales

El juicio oral que se tramita ante el Tribunal Oral Federal nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Luego de las declaraciones del ex vicepresidente Carlos Alvarez, que presidía el Senado al momento del pago de las supuestas coimas, y del denunciante sindicalista Hugo Moyano, que no aportaron ningún elemento probatorio mas allá de mencionar lo que en su momento expresaran políticos y periodistas, con buen criterio la presidente  Cristina Kirchner mediante decreto relevó de la obligación de guardar secreto a los ex titulares de la SIDE Carlos Sergnese y Carlos Becerra, para que puedan declarar como testigos en el juicio oral, e informar en función de la contabilidad interna si el dinero para pagar los sobornos salió de ese organismo. Si de estas declaraciones no surgen elementos probatorios concretos, el caso presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción concluirá con sobreseimientos generalizados.

2.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

Tramitada  por el juzgado de Claudio Bonadío, la causa se centra actualmente en la disputa entre el juez y el fiscal Federico Delgado, que debieran representar unánimemente los intereses del Estado y de los afectados. El fiscal Delgado objeta el manejo discrecional del expediente, y la decisión de Bonadío de procesar entre otros a los ex Secretarios de Transporte Jaime y Schiavi solo por  abuso de autoridad e incumplimiento de sus funciones por no haber controlado intencionadamente el desarrollo de la concesión, en lugar de acusarlos por asociación ilícita, que supone el pago de dádivas con fondos del Estado conocidas como “retornos” (el privado paga coimas a quienes debieran controlarlo con los propios recursos públicos), delito éste que tiene una sanción penal mucho mayor. Tampoco se procesó a gremialistas mencionados por Bonadío en sus fundamentos como partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del servicio.

Indirectamente con este caso se relaciona el fallo del juez federal Luis Rodríguez, que juró en su cargo el pasado 13 de octubre, y de inmediato sobreseyó a Ricardo Jaime y empresarios ferroviarios que integran la empresa que gestiona las líneas Sarmiento y Mitre, por contrataciones para reparación de vagones realizadas por altos montos con otras empresas controladas por los mismos grupos empresarios. La eventual apelación la debe realizar el fiscal Carlos Stornelli, que integra la Comisión de Seguridad del club Boca Juniors.

3.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

Reemplazados el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, la causa entró en el letargo que anuncia que no se elevará a juicio oral y público para la sanción de los funcionarios públicos implicados.

4.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

Tampoco en este caso quedan dudas que pese a que transcurrieron  diecisiete meses del inicio de la instrucción, el juez Norberto Oyarbide no elevará la causa a juicio oral y público, por lo que el Estado no recuperará el dinero apropiado por integrantes de la Fundación. Por su parte el titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, no informó porque a más de tres meses de solicitada por el juez Martínez de Giorgi, no presentó la auditoría sobre la ruta de los 765 millones de pesos entregados a la Fundación para construir viviendas.  

5.- Operación financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli

Continúa desarrollándose en el Tribunal Oral Federal Nº 2 la causa seguida contra Felisa Miceli, por haberse encontrado en junio del año 2007 en el baño de su despacho de Ministra de Economía, una bolsa conteniendo $ 100.000 y u$s 31.570, cuya procedencia no solo no pudo justificar, sino que falseó y modificó su declaración inicial respecto a su origen. Se acusó a una testigo ofrecida por la defensa de Felisa Miceli de falso testimonio.

6.- Detención del Jefe de Policía de Santa Fe acusado de contactos con el narcotráfico

Con posterioridad a un artículo del medio gráfico “Página 12” denunciando la relación del narcotráfico con la cúpula policial de la provincia de Santa Fe, el Jefe de la repartición Hugo Tognoli fue detenido por el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros. El hecho desató un intercambio alienado de acusaciones entre autoridades nacionales y provinciales, paradójicamente todas ellas con responsabilidad directa en el control del narcotráfico en el país. Agotado el show mediático, el juez Vera Barros resolvió la libertad del comisario Tognoli por falta de pruebas. El conflicto confirmó que la sociedad se encuentra totalmente indefensa ante el narcotráfico, y solo podrá entrever los lazos políticos y judiciales que lo amparan, a través del juicio oral que se desarrollará en España contra los argentinos que transportaron desde Ezeiza 944 kilos de cocaína e intentaron desembarcar en el aeropuerto El Prat, el 02 de enero de 2011. En este caso no hay enfervorizados debates políticos acerca de porque no se avanzó en la investigación en la justicia federal de nuestro país.

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción a manera de agenda permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, y las causas se prolongan hasta que operen las prescripciones, o concluyan en escandalosos sobreseimientos generalizados.

LA POLÍTICA TAMBIÉN USA A LAS DROGAS

La reciente detención del jefe de la policía de la Provincia de Santa Fe Hugo Tognoli, por supuestos nexos con distribuidores de drogas, desencadenó un alienado cruce de acusaciones entre funcionarios dirigidas a obtener bajos réditos políticos, lo que transparenta una vez más que la población está absolutamente indefensa ante el accionar creciente del narcotráfico.

Cuando se plantea que toda sociedad debe tener políticas y acciones consensuadas mas allá de ideologías y partidismos en aspectos esenciales para su protección y desarrollo, con el fin de lograr continuidad en el tiempo, sin duda la seguridad en todas sus variantes, y el control del narcotráfico en particular, es uno de dichos aspectos. Coherentemente con esta afirmación, el caso Santa Fe no debe ser analizado en función de oficialismos o supuestas oposiciones, sino en las enormes dudas, por no decir certezas, que arrojan las distintas manifestaciones de representantes políticos de primera línea en relación al hecho.

En primer término, una vez más la ciudadanía se enteró de hechos de corrupción a través de la prensa, en este caso por el medio gráfico oficialista “Página 12”, que informó sobre las supuestas vinculaciones con el narcotráfico de Tognoli. Casi de inmediato el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, ordenó su detención. En lugar de profundizar la línea investigativa para determinar los contactos existentes de la cúpula policial con las organizaciones o carteles actuantes, y coberturas políticas y judiciales que posibilitan su creciente actividad para proceder a su definitiva desactivación, los más altos niveles políticos solo se preocuparon por intercambiar responsabilidades. Lo insólito del caso, es que en un tema de carácter federal con fuertes implicancias internacionales como es el narcotráfico, desde la Presidente hasta los gobernadores y sus niveles específicos subordinados, podrían tener responsabilidades no solo políticas, sino en muchos casos penales. Por lo tanto, que los involucrados se muestren azorados por la responsabilidad “del otro” y oculten las propias, resulta agraviante para la sociedad.

Si hay un tema que no puede transformarse en un show mediático plagado de grandilocuencias que oculten la enorme cobertura política que por acción u omisión (o por complicidad o ineficacia si se prefiere), es el narcotráfico. Solo dos ejemplos: 1) El 02 de enero de 2011 la policía española detectó en el aeropuerto El Prat un vuelo privado con 944 kilos de cocaína que había partido el día anterior de Ezeiza. El avión estuvo estacionado meses en el aeródromo de Morón, en donde se lo readecuó para llevar la carga. La investigación quedó a cargo del juez federal Catania primero, y Caputo posteriormente, sin que a la fecha se realizaran detenciones. Los argentinos deberemos esperar al juicio oral en tribunales españoles para saber que sucedió en Morón y en Ezeiza. 2) Hace cerca de dos meses el juez federal Oyarbide brindó una conferencia de prensa para anunciar que se había desactivado una importante organización narcotraficante. Ante una consulta obvia de una periodista sobre el nombre de los detenidos, Oyarbide expresó que no podía darlos porque la causa estaba bajo secreto de sumario. Cabe preguntarse entonces para que llamó a conferencia de prensa. A la fecha no solo no se conoce el nombre de los detenidos, sino se ignora si realmente los hubo.

En el caso de Santa Fe, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, el santafesino Agustín Rossi, se negó a mantener una reunión con el gobernador Bonfatti y exigió renuncias. El responsable de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), el ex canciller y también santafesino Rafael Bielsa, jamás aclaró que acciones conjuntas se realizaba con las provincias en el marco del Consejo Federal, y en este caso en particular con Santa Fe. Cabe recordar que entre las misiones del organismo, expresamente se señala la de “Identificar y perseguir a quienes trafican”. El ex candidato presidencial y ex gobernador de la provincia Binner, publica en todos los medios gráficos una solicitada insulsa que solo buscar evitar costos políticos, con planteos cuasi infantiles como decir que el funcionario policial “venía de antes”, lo que muestra que no se realizaba seguimiento de la actividad policial. Si algo le faltaba a la teatralización del discurso político, el diputado nacional oficialista Andrés Larroque en una intervención delirante, hizo mención a una variante de la ideología socialista: el narcosocialismo.

No debemos omitir una mención a los organismos de seguridad nacionales y provinciales, cuya misión específica es precisamente la de brindar seguridad a los habitantes y combatir el delito. Han pasado 28 años desde la recuperación de la democracia y ejercicio de gobiernos constitucionales. La generación de integrantes de los servicios de seguridad perteneciente a la dictadura fue reemplazada casi en su totalidad por quienes ingresaron, se formaron y desarrollaron sus funciones en democracia. Los esquemas organizativos y operacionales de la Policía Federal, policías provinciales, Gendarmería, Policía Aeroportuaria, Prefectura y servicios de inteligencia, están bajo la exclusiva responsabilidad de los poderes políticos, lo que se potencia en las estrategias de coordinación entre Nación y provincias en temas como el narcotráfico. El remanido recurso efectista de pedir “el descabezamiento de las cúpulas” semeja más a metodologías de encubrimiento del delito que a su combate efectivo, y hace recordar la conocida frase del Príncipe de Salina, personaje de la obra “Il Gatopardo” escrita por Giuseppe di Lampedusa, cuando comprende que el final de la supremacía de la aristocracia se acerca: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. La investigación acerca de la actuación del Jefe de Policía Tognoli debe ahondar en su culpabilidad efectiva; nombre de sus contactos; la matriz policial de protección del narcotráfico, y fundamentalmente, la protección de altos funcionarios nacionales y provinciales políticos y judiciales al creciente e indisimulado negocio de distribución y comercialización de drogas.

De no actuar de este modo se continuará “descabezando cúpulas” de organismos del Estado, sin penas judiciales obviamente, y  no cúpulas de bandas de narcotraficantes y funcionarios asociados.

CUANDO LA FUTUROLOGÍA DEJA DE SERLO

La futurología es una disciplina y un conjunto de metodologías orientadas a la previsión del futuro, imaginando escenarios posibles, para posteriormente planificar acciones destinadas a evitar o acelerar los sucesos previstos.

Aplicar la futurología al desenvolvimiento del sistema político argentino sería ocioso, no precisamente por la dinámica de la política en sí, sino por la existencia de un entramado legal en lo partidario y electoral, que posibilita que los cargos electivos de relevancia sean ocupados inevitablemente por las mismas personas desde hace veinte años. Para sustentar esta opinión, hagamos un ejercicio demostrativo hacia el futuro, que podrá ser verificado recién en el próximo año, cuando en octubre se realicen las elecciones nacionales legislativas para diputados, y en noviembre las provinciales para senadores. El punto de partida del análisis consiste en observar a quienes se les vencerá el mandato. Por el Frente Para la Victoria están Diana Conti, Kunkel, Recalde, Agustín Rossi, Jorge Yoma, y Depetri. Por la Unión Cívica Radical Alfonsín, Aguad y Gil Lavedra. Carrió por la Coalición Cívica y Gabriela Michetti por el PRO. Sigue un conjunto de agrupaciones menores que nunca se sabe como se sitúan en el espectro político: De Narváez, Amadeo y Solá por el Peronismo Federal; Sabatella por Nuevo Encuentro; Solanas por Proyecto Sur, y Stolbizer del GEN. Como senadores vencen los mandatos de Cabancich (se ignora a que partido pertenece); Pichetto y Filmus del FPV; Esstensoro por la Coalición Cívica; Romero por el Peronismo Federal y Pablo Verani por la UCR. A los señalados debemos agregarle la segura candidatura a legislador de Binner por Santa Fe, y los  intentos de regresar a la función legislativa de Alberto Fernández y Leopoldo Moreau, ignorándose en ambos casos al frente de que agrupaciones y con que propuestas distintivas lo harán.

Ninguno de los mencionados renunciará a sus expectativas de ocupar bancas legislativas. Como no existen partidos con participación directa de afiliados para la elección interna de los candidatos, la integración de listas será producto de un único elector a nivel del oficialismo; por autoproclamación en el caso de agrupaciones menores que adherirán luego al oficialismo para alcanzar una banca, y en el peor de los casos, como resultado de fervorosas discusiones entre pocos dirigentes acostumbrados a negociar la distribución de los espacios mejor rentados. Para muchos sin embargo, la tarea para lograrlo no será sencilla, cuando no humillante. Felipe Solá buscará un indisimulado retorno al calor oficial con el único objeto de ser incluído en la lista del FPV. Otros, como Jorge Yoma, que nunca se apartó del oficialismo, intentará en lo inmediato fijar posturas disidentes con el gobierno en algunos temas para negociar su nueva inclusión el próximo año. Diputados como Conti o Rossi pueden abandonar la prédica de “Cristina eterna” si no son nuevamente seleccionados como candidatos. Los ejemplos dados indican a las claras que ni aún la tarea de la Presidente en el armado de las listas será tarea fácil. Más aún, en muchos casos las soluciones serán costosas para el erario público. Es recordado el enojo de Luis D¨Elía cuando no se lo incluyó como candidato en las últimas elecciones. Solo se calmó cuando su esposa integró la lista de diputados del FPV en la provincia de Buenos Aires, y todos sus hijos fueron ubicados en cargos públicos con altísimos sueldos. 

El caso de las supuestas oposiciones, fundamentalmente para la sociedad argentina y la alternancia democrática, es mucho más grave. En la elección nacional legislativa de 2009 el oficialismo sufrió una inesperada derrota producto de la fragmentación del peronismo, obteniendo solo el 31,2 % de los votos. El dato impactante fue la derrota de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, ante Francisco De Narváez por Unión-Pro. Se festejó el triunfo opositor como un logro que evitaría las mayorías automáticas legislativas, y abriría una tibia alternativa opositora. El fracaso fue estruendoso, al punto que los opositores de entonces presentan hoy nuevos realineamientos en sus agrupaciones, mostrando un nivel de fragmentación que hizo eclosión en la última elección presidencial, en donde el dato relevante no fue el 54 % del Frente para la Victoria y el 46 % del conglomerado opositor, sino que la Presidente le sacó… 37 puntos al segundo candidato!!!  Cabe entonces preguntarse: cuál será la estrategia de las distintas variantes opositoras para que las voten en el 2013? 

Como se observará, la futurología respecto a las elecciones legislativas del próximo año no es tal, y más allá de los porcentajes que obtengan las expresiones políticas participantes, el panorama no es halagüeño, tanto en lo referido a la renovación política como al mejoramiento del sistema democrático de representación. La Presidente deberá lidiar mucho más con sus divergencias internas y adhesiones “al modelo” costosas, que con lo que ofrezca una oposición dispersa, carente de alternativas de gobierno, incoherente en sus votaciones legislativas,  y castradora de toda expresión política interna renovadora.

Luego de un diagnóstico ciertamente pesimista, es momento de generar optimismo recordando que toda crisis ofrece oportunidades. La forma de plasmarlas en realidades es conformar una oposición institucional coherente y estable a lo largo del tiempo, prácticamente desde sus cimientos. El hartazgo de los electores ante el permanente y oportunista cambio de los alineamientos políticos de quienes pretenden actuar como representantes de porciones del electorado, brinda a distintos estamentos de la sociedad civil una interesante posibilidad para reconstituir equilibrios en los sistemas de representación con la participación de nuevas figuras. A muchos de los políticos abonados permanentes de las listas para cargos legislativos, les cabe una sabia definición de Maquiavelo: “Quien cambia de bandos queda en ninguno”. 

EL FALSO CONCEPTO DE TRIUNFO

Recientemente se asistió a una puja entre sectores del oficialismo y la oposición respecto a la legitimidad del dr. Leandro Despouy para continuar presidiendo la Auditoría General de la Nación. Finalmente se resolvió su continuidad ante el abroquelamiento en su defensa de sectores supuestamente opositores, lo que fue considerado por determinados analistas políticos un éxito de la oposición. Una vez más, lo escenográfico oculta lo esencial.

La primera duda que genera el suceso, es porqué la firme actitud opositora en defensa de Despouy no se repite en la defensa de los informes de auditoría del organismo que señalan graves falencias cuando no corruptelas en distintas áreas del sector público nacional, los que reiteradamente buscan ser neutralizados por los Auditores Generales de la AGN, quienes necesariamente deben aprobarlos para su oficialización, y por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que debe controlar las actividades de la Auditoría General. Se justifica esta situación señalando que tanto en el Colegio de Auditores como en la Comisión Parlamentaria la mayoría de sus integrantes pertenecen al oficialismo, lo que da lugar a una segunda reflexión. Los organismos de control del sector público creados para evitar desmanejos y corrupciones, pomposamente presentados a la sociedad como de rango constitucional, descentralizados e independientes del poder político de turno, son licuados mediante el armado de estructuras jerárquicas de conducción en donde la mayoría de sus miembros son aportados por el oficialismo. Cabe preguntarnos entonces si esas mayorías justifican la impunidad. Por otra parte, las minorías existen en un gobierno democrático para actuar precisamente como control de legalidad de la circunstancial mayoría gobernante legitimada por los votos, evitando que se confunda el derecho de establecer políticas de gobierno con la arbitrariedad que concluye irremediablemente en negociados y prebendas. Para ello cuentan con fueros parlamentarios, estructura administrativa de apoyo y amplia capacidad comunicacional. A la sociedad argentina no le interesa si el presidente de la AGN es el dr. Despouy u otro prestigioso profesional propuesto por la primera minoría legislativa. Lo que interesa es que los organismos de control del Estado cumplan con su cometido. Cuando profesionales son designados en cargos de relevancia para proteger el patrimonio público, no interesa si son oficialistas u opositores. Su responsabilidad los iguala: combatir la corrupción o protegerla.

Una gran deuda pública que la política en general tiene con la sociedad es la absoluta ineficacia de los distintos organismos de contralor de los aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos del sector público nacional, que solo han servido para engrosar burocráticamente y con altos sueldos la planta de empleados con personas cercanas a distintos sectores políticos ingresadas sin concurso. La Auditoría General de la Nación es fundamental para cualquier Estado moderno; pero con el actual esquema de decisiones no sirve. Otro ejemplo mucho más grave es el de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que tiene como función investigar a los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, empresas en las que el Estado tenga participación, y toda institución o asociación que tenga como fuente principal de recursos el aporte estatal. Ante su manifiesta inacción, se ignora inclusive el nombre de su máximo responsable, el dr. Guillermo Noailles; la página web de la Fiscalía, por otra parte, no registra investigaciones en curso.

Las responsabilidades públicas no pueden escudarse ante el delito bajo el encuadre militar de la “obediencia debida”, por lo que si quienes asumen responsabilidades de evitar negociados a costa del patrimonio público son oficialistas u opositores es irrelevante. Por eso la sociedad debe conocer el nombre de quienes asumen esa responsabilidad. El Colegio de Auditores Generales de la AGN lo componen Leandro Despouy (presidente); los doctores Vicente Brusca; Francisco Fernández; Alejandro Nieva y Horacio Pernasetti; los contadores Vilma Castillo y Oscar Lamberto.

La Comisión Parlamentaria que debe controlar a la AGN y viabilizar sus auditorías, presidida por el diputado Fabián Ríos, la integran además los diputados Enrique Andrés Vaquie, Eric Calcagno, José María Bancalari, Manuel Garrido, Rodolfo Julio Solanas, y los senadores Gerardo Morales, José Miguel Mayans, Pablo González, Elena Mercedes Corregido, Nani María Parrilli y Ernesto Sanz.

No importa a que partido pertenecen, o quienes son oficialistas u opositores. Su obligación es proteger a la ciudadanía del empobrecimiento que genera la corrupción en el Estado, con activa colaboración de empresarios privados. De no ser así, la democracia pasa a ser una utopía, y quienes deben controlar a ser cómplices.

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA OCTUBRE 2012

Continuando con la agenda mensual que permita seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción que involucren a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, se detallan las novedades judiciales recientes.

1.- Coimas pagadas a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000

El juicio oral que se tramita ante el Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere, ofreció como novedad la declaración del ex vicepresidente Carlos Alvarez, que presidía el Senado al momento del pago de las supuestas coimas. Solo expresó que tenía la convicción de que las mismas existieron, pues así se lo manifestó el en ese entonces senador Antonio Caffiero, y lo publicó el periodista Morales Solá, sin aportar ningún elemento probatorio. Con este antecedente, se puede avizorar que de no autorizar la presidente  Cristina Kirchner la verificación contable que constate si los fondos de las supuestas coimas salieron efectivamente de la SIDE, el caso presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción concluirá con sobreseimientos generalizados.

2.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

Tramitada  por el juzgado de Claudio Bonadío, y prácticamente desactivada la estrategia de presentar al conductor del tren como único responsable de la catástrofe, la causa ingresó en el habitual letargo que precede a la impunidad. Lamentablemente para los familiares de las víctimas, y más allá de procesamientos menores, el destino de impunidad será irreversible, porque hay importantes incumplimientos de funcionarios públicos, empresarios y gremialistas, que suponen el pago de dádivas con fondos del Estado, conocidas como “retornos” (el privado paga coimas con dinero público)

3.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

Reemplazados el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, no se produjeron avances en la causa, pese a que permanentemente surgen nuevas evidencias del entramado político y empresarial que dió lugar al negociado, conocidas solo a través de la prensa. Por el contrario, el juez Lijo dictó el sobreseimiento de todos los abogados acusados por Boudou de tráfico de influencias, lo que motivara la renuncia del jefe de fiscales Esteban Righi, y del presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi. El hecho que un vicepresidente de la Nación efectúe serias acusaciones a través de la cadena nacional, y no la sostenga con pruebas en sede judicial, muestra que ante la opinión pública el objetivo era el ocultamiento y no la sanción de los involucrados.

4.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

Pese a que el fiscal Jorge Di Lello presentó un escrito al juez Norberto Oyarbide reclamándole  “no dilatar más la etapa de instrucción”, ante su lentitud y licuación de pruebas contables y societarias fundamentales, no quedan dudas que jamás habrá sanciones para quienes se enriquecieron a costa de fondos públicos, que el Estado jamás recuperará. Tampoco el titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, informó porque a más de tres meses de solicitada por el juez Martínez de Giorgi, no presentó la auditoría sobre la ruta de los 765 millones de pesos entregados a la Fundación para construir viviendas, fondos que debían controlar los funcionarios Bontempo y Fatala.

5.- Operación financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli

En junio del año 2007 personal de vigilancia del Ministerio de Economía encontró en el baño del despacho de quien era entonces Ministro de Economía, una bolsa conteniendo $ 100.000 y u$s 31.570, cuya procedencia no pudo justificar. Inicialmente declaró que el dinero le fué prestado por un hermano, pero luego se retractó.  La jueza Servini de Cubría, quien tramitó la causa, la elevó al Tribunal Oral Federal nº 2, que aún no estableció fecha de inicio del juicio oral.

6.- Contrabando de 944 kilos de cocaína transportada a España en un vuelo privado argentino.

El 02 de enero de 2011 la Guardia Civil española detuvo en el aeropuerto El Prat a los hermanos Juliá y a Matías Miret por transportar 944 kilos de cocaína en un jet privado que había partido de Ezeiza el 01 de enero, luego de haber estado estacionado casi dos meses en el aeródromo de Morón, en donde se produjo la carga. La investigación de la conexión local y actuación de los organismos de control, inicialmente a cargo del juez federal en lo penal económico Alejandro Catania, sustituído luego por el juez Rafael Caputo, no tuvo ningún avance. Por lo tanto los argentinos deberemos conocer detalles del caso por el juicio que próximamente se iniciará contra los hermanos Juliá y Matías Miret en España. Cabe recordar que en febrero de 2011 el juez Oyarbide intentó sin éxito trasladar a su juzgado la causa.

7.- Entrega de subsidios entregados por la ONCCA a feed-lots inexistentes

Dichos subsidios fueron entregados por el en ese entonces titular de la Oficina de Control Comercial Agropecuario Ricardo Echegaray, hoy a cargo de la AFIP. El juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, a horas de que la presidenta Cristina Kirchner firmara el decreto que lo designaba juez federal titular del Juzgado Federal Nº 8, sobreseyó a Echegaray.

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción a manera de agenda, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado.

CUANDO LAS REFORMAS SON CONSERVADORAS

Una peculiaridad del desarrollo político argentino de los últimos veinte años, es que ora neoliberales, ora progresistas, los representantes políticos, empresariales y gremiales son inevitablemente los mismos. El fenómeno no responde a una sorprendente incapacidad ciudadana en la utilización adecuada de los instrumentos que toda democracia debe brindar para elegir a sus representantes, sino en la manipulación ya habitual que ante la proximidad de elecciones nacionales se realiza de la Constitución Nacional y leyes electorales, con el único objeto de alcanzar el fin que caracterizó al llamado conservadorismo: precisamente el de conservar, en éste caso privilegios de la clase dirigente enquistada en el poder. Casi naturalmente el fenómeno deriva en oligarquías gobernantes, que en la ciencia política se entienden como forma de gobierno en la que el poder está en manos de pocas personas.

Este afán de conservar privilegios hace que quienes los usufructúan promuevan reformas en las que el interés particular prima sobre cualquier concepción ideológica con la que se intente enmascarar su implementación. Los discursos y metodologías empleados por los progresistas de hoy, no serán muy distintos de los proclamados por los neoliberales de ayer, durante la presidencia de Menem. La búsqueda de la perpetuación de los personalismos bajo la legitimación del voto, dado que las Constituciones no impiden la continuidad de los partidos políticos, concluye con la inevitable consecuencia del subdesarrollo y pérdida de libertades.  La historia está plagada de ejemplos al respecto. Las justificaciones de los portavoces reformistas son denigrantes para cualquier sociedad medianamente civilizada: “El líder es la única persona que puede gobernarnos; no hay otra opción”. Más grave aún es que quienes invocan engañosamente que el voto ciudadano habilita cualquier perpetuidad de mandatos, tras cartón implementan reformas al sistema electoral para distorsionar el voto de las mayorías, tales como la Ley de Lemas, por la que el candidato ganador no necesariamente debe ser el más votado; las Listas Colectoras, por las que dirigentes “todoterreno” alcanzan cargos legislativos al amparo de ir como adherentes de candidatos presidenciales que no pertenecen a su movimiento; o las escandalosas “candidaturas testimoniales”, por la que se integran listas para cargos legislativos con gobernadores  y funcionarios políticos que no asumirían en caso de ser votados. Todas estas burlas a la ciudadanía son amparadas, cuando no, por los jueces federales con competencia electoral. Valga un ejemplo: con motivo de las candidaturas testimoniales en la elección legislativa del 2009, el juez  electoral de la provincia de Buenos Aires Manuel Blanco expresó que hasta tanto no se concretara la irregularidad de que los elegidos no asumieran, no podía prejuzgar. La irregularidad se concretó, y el juez Blanco no actuó. Claro está que el entusiasmo reformista jamás alcanza a eliminar las llamadas “listas sábanas”, por las que se digita quienes encabezarán las listas para legisladores de los distintos partidos, restando al ciudadano el poder de elegir a sus candidatos preferidos.

Ante este cuadro de situación, debatir el sentido de incluir como votantes a los mayores de 16 años, o hacer hincapié en que la nueva reforma constitucional pretende habilitar nuevas reelecciones de quien gobierna, es distraer a la ciudadanía con frases altisonantes, en lugar de plantear temarios mucho más trascendentes. No podemos ser nuevamente engañados en las elecciones legislativas del próximo año por supuestos opositores que se presentarán como tales para alcanzar un escaño legislativo, y posteriormente negociarán con el gobierno habilitando la reforma. Ya nos pasó, y es un destino mucho más previsible en la actualidad, en donde la oposición como tal no existe, sino que está conformada por una suma de pequeños grupúsculos cerrados de supuestos dirigentes con escasa representación y con posturas amorfas y divergentes, como quedó demostrado en temas  trascendentes como la reforma del sistema jubilatorio, la estatización del paquete accionario mayoritario de Repsol-YPF, o la reciente estatización de la ex empresa Ciccone Calcográfica. Eso sí; como chicos juguetones de primaria, con rostros adustos informan a la sociedad con quienes podrían o no podrían “ir a tomar un café a la esquina”.

Más productivo sería establecer un amplio temario previo a un eventual debate de reforma constitucional, basado inicialmente en los manifiestos fracasos de la reforma de 1994, también plagada de grandilocuencias y resultados opuestos a los comprometidos. Citemos algunos ejemplos claramente demostrativos: se pretendió minimizar el fuerte presidencialismo con la creación de la Jefatura de Gabinete, que en la práctica es un cargo irrelevante que carece de autonomía y no cumple con sus obligaciones; se creó el Consejo de la Magistratura para despolitizar el mecanismo de selección de jueces, pero solo se generó un organismo inocuo e ineficiente dominado por los oficialismos de turno; se instauró la autonomía política, legislativa y de jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, que llevada a la práctica solo provocó que quienes viven y trabajan en la ciudad sean rehenes de conflictos políticos que le son ajenos entre el Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad; se otorgó jerarquía constitucional a la Auditoría General de la Nación para controlar las acciones administrativas del Ejecutivo, para que su titular Leandro Despouy, elegido por el radicalismo como primera minoría legislativa, manifieste que carece de potestad para actuar por sí mismo ante los reiterados casos de corrupción en el gobierno. Para concluir, se destaca el más grave incumplimiento de la Constitución de 1994, que alcanza más de 15 años al vencer el plazo en 1997: no se elaboró un nuevo régimen de coparticipación federal entre Nación y Provincias. Esta sola omisión indica que carece de sentido debatir sobre una reforma constitucional, cuando el nuevo régimen de coparticipación debe ser exigible previo a cualquier planteo en tal sentido.  

Durante este período preliminar de propuestas y análisis, deberá observarse sin surge una oposición que aunque incipiente, sea coherente en lo ideológico,  con legitimidad de representación, y un programa de gobierno alternativo con compromisos concretos. Porque si continúa la vigencia de los “mini líderes opositores” actuales, de extrema mediocridad y sin el respaldo numérico suficiente para ser considerados una alternativa seria de gobierno, a la sociedad solo le restará asistir una vez mas a una puja electoral entre sectores internos del actual gobierno, en donde varios de los principales personajes en pugna recuerdan la famosa frase del Príncipe de Salina, personaje de la obra “Il Gatopardo” escrita por Giuseppe di Lampedusa, cuando comprende que el final de la supremacía de la aristocracia se acerca: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Políticos, empresarios y gremialistas argentinos, han seguido este consejo con gran aplicación durante los últimos veinte años.

Próxima reflexión: viernes 12 de octubre

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA SEPTIEMBRE 2012

Continuando con la agenda mensual que permita seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción que involucren a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, con la consecuencia del empobrecimiento social y pérdidas de vidas humanas en casos extremos, publicamos las novedades judiciales recientes.

1.- Coimas pagadas a senadores para aprobar leyes laborales en el año 2000

Tras doce años, finalmente el 14 de agosto comenzó el juicio ante el Tribunal Oral Federal nº 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Las declaraciones efectuadas hasta el momento no agregan nueva información a lo públicamente conocido, en base a la denuncia de quien supuestamente intermedió para los pagos de las coimas, el ahora arrepentido Pontaquarto. Quedan pendientes dos declaraciones esenciales: la del ex vicepresidente Carlos Alvarez que presidía el Senado en ese entonces, y fue uno de los principales responsables de la crisis política del gobierno de la Alianza con su renuncia al cargo. En la actualidad Alvarez es funcionario del gobierno en el exterior. Respecto a la presidente Cristina Kirchner, más importante que su declaración como testigo, es su eventual decisión de autorizar se informe si los fondos de los sobornos salieron efectivamente de la SIDE. De no haber aportes probatorios concretos en ambas declaraciones, es de suponer que el caso,  presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción, concluirá con sobreseimientos generalizados.

2.- Causa por la tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

Tramitada  por el juzgado de Claudio Bonadío, y prácticamente desactivada la estrategia de presentar al conductor del tren como único responsable de la catástrofe, se ingresó en el habitual letargo de las causas que involucran a funcionarios y empresarios privados en casos de corrupción con dádivas y enriquecimientos ilícitos, a lo que se agrega la desaparición de documentación técnica y contable esencial. Comenzaron las habituales estrategias de las defensas de los involucrados de plantear impugnaciones y requerimientos insustanciales que son invariablemente aceptados por los jueces federales o sus instancias superiores, con el único objetivo de dilatar el avance de la causa hasta la dilución del impacto político. Lamentablemente para los familiares de las víctimas, y más allá de procesamientos menores, el destino de impunidad será irreversible.

3.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

La causa iniciada en febrero por el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo, sustituídos luego por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, investiga la participación de funcionarios públicos, entre los que se encuentran el vicepresidente Amado Boudou, en el atípico trámite de levantamiento de la quiebra de la imprenta Ciccone y posteriores negociados con el Estado. La investigación entró en el terreno de la lentitud habitual, pese a que las pruebas de conexiones entre funcionarios públicos y empresarios privados se acumulan. Es importante señalar que la reciente privatización de la ex imprenta Ciccone no implica, como erróneamente se pretendió confundir a la opinión pública, actuar como cobertura que asegure impunidad. Las pruebas, ya sea por existencia u omisión de la documentación solicitada judicialmente, se encuentra en su totalidad en el juzgado.

4.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

La causa a cargo del juez Norberto Oyarbide que se iniciara en mayo de 2011, y que  engañosamente se focalizara en Sergio Schocklender y su equipo de trabajo, cumplimentó la etapa de desaparición de pruebas contables y societarias fundamentales, por lo que también tiene un destino irreversible de impunidad, que seguramente a nadie sorprenderá.  Ello pese a que el fiscal actuante Jorge Di Lello presentó un escrito a Oyarbide advirtiendo sobre la necesidad de “no dilatar más la etapa de instrucción”. La impunidad alcanzará desde luego al mismo Schocklender, quien posee pruebas de desviación de los fondos públicos a distintos receptores políticos y particulares, que utilizará como salvoconducto. La responsabilidad por la entrega y contralor de los fondos a la Fundación por parte del arqto. Bontempo e ing. Fatala, insólitamente es investigada en otro juzgado, a cargo del juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, que solicitó hace más de dos meses una auditoría sobre la ruta del dinero a la Auditoría General de la Nación encabezada por Leandro Despouy, que como es habitual, a la fecha no presentó, sin explicitar las razones.

5.- Crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira

Prosigue el juicio oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21, integrado por los camaristas Diego Barroetaveña; Carlos Bossi y Horacio Días, por el asesinato a tiros del militante Ferreira el 20 de octubre de 2011. El matiz político lo conforman sindicalistas, con el titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza a la cabeza, barras bravas del fútbol y policías, aunados en defensa de negocios paralelos a través de empresas tercerizadas para prestar servicios a las distintas concesionarias de las líneas de  ferrocarril.

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción, permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado.

DE LA PERSECUCIÓN A LA JUSTICIA

La conferencia de prensa realizada por el titular de la AFIP Ricardo Echegaray el pasado viernes para referirse a las enormes evasiones impositivas detectadas en las transferencias de jugadores de fútbol, inicialmente debe dejar en claro que más allá de supuestas ideologías políticas, este accionar del gobierno es la actitud que cualquier ciudadano pretende de “sus representantes” ante los negociados. Si bien el funcionario dejó en claro que la responsabilidad de la AFIF se remite a evitar la evasión fiscal, no se puede eludir el reflexionar sobre las enseñanzas y consecuencias futuras del hecho.

Los argentinos estamos acostumbrados a las habituales grandilocuencias verbales de oficialistas y opositores respecto a la corrupción, que en los hechos se plasma en la total impunidad que el saqueo de los fondos públicos tienen en el ámbito del tercer poder “independiente” en un sistema democrático: el judicial, que es posible por la existencia de una fuerte cobertura política que excede a los oficialismos de turno. Toda impunidad tiene una primera etapa ineludible ante la opinión pública: desprestigiar y/o minimizar los hechos denunciados. Un ejemplo fue la defraudación de fondos públicos de la Fundación Sueños Compartidos encabezada por Hebe de Bonafini, que pretendió minimizarse con la consigna propagada por algunos políticos y periodistas de que las denuncias eran un ataque encubierto a las madres, como si miles de madres inocentes con hijos muertos o desaparecidos tuvieran que soportar además que se las utilice de pantalla para cubrir defraudaciones. Vale tener presente esta estrategia, porque en política la única condición humana que no existe es la de la ingenuidad. 

Por ello no ingresaremos en análisis secundarios respecto a porque ahora esta firmeza oficial, cuando las triangulaciones claramente ejemplificadas por Echegaray son públicas y notorias desde hace al menos quince años, y con los mismos clubes “pantalla” identificados en la conferencia de prensa. Las maniobras detectadas además de la evasión fiscal, permite intermediar las pertinentes coimas a dirigentes surgidas de tasaciones desmedidas de los jugadores, y como mayor cantidad de transferencias originan mayores negocios, se produce tal descontrol que los equipos se modifican sustancialmente cada seis meses, y aún en pleno desarrollo de los torneos se continúa comprando y vendiendo jugadores, existiendo casos en el que un mismo jugador llegó a integrar tres clubes distintos en un mismo año. La natural consecuencia de tanto dislate es la permanente renuncia de directores técnicos, que no pueden armar equipos coherentes si no es con intervención divina; clubes denominados grandes quebrados por no decir saqueados, y un nivel general futbolístico pobrísimo.

Inevitablemente se intentó enmascarar el fondo de la cuestión por sectores interesados, y surgieron sapiencias jurídicas de algunos periodistas que afirmaron que en realidad no hay “evasión” (no pagar impuestos violando lo establecido por ley), sino “elusión” (no pagar impuestos con maniobras que aprovechan vacíos de la ley), en cuyo caso no hay delito. Echegaray fue claro y firme: los impuestos se pagan o no se pagan, y los paraísos fiscales deportivos fueron creados para evadir. Esta afirmación rotunda obró a manera de revelación mística sobre los dirigentes de la AFA; presidentes de clubes de fútbol, y el presidente de Futbolistas Agremiados Sergio Marchi, quien ni siquiera insinuó la posibilidad de llamar a un paro en defensa de la libertad de trabajo de los jugadores afectados. Todos ellos expresaron su total apoyo a las medidas de la AFIP,  lo que demuestra que cuando quienes nos representan actúan conforme a la ley, se acaban los engañosos debates ideológicos que, consciente o inconscientemente, solo disimulan corrupciones estructurales. Pero el delito no descansa, por lo que hacemos una reserva. Extraña que ningún medio de comunicación diera la lista de los casi ciento cincuenta “empresarios del fútbol” involucrados y con su CUIT inhabilitado. Sorprende la rápida solución dada a los encuadramientos contractuales de los jugadores, que son engorrosos y con importantes pérdidas económicas para las partes. Es de esperar que Echegaray brinde una nueva conferencia de prensa para informar como evolucionó el tema.

El caso no debe concluir en el elogio, sino significar un paso inicial para que el Estado profundice esta línea de acción. La actividad futbolística profesional refleja mejor que ninguna otra la confluencia cada vez mayor de intereses políticos, empresariales y gremiales, por su repercusión popular. Por ello, en relación a la directa participación del Estado en el negocio del fútbol, las críticas no deben agotarse en el uso propagandístico de los millonarios fondos que entrega a la AFA a través de Fútbol para Todos, lo que es criticable, pero es un vicio aplicable a sucesivos gobiernos en todos los ámbitos del país. Lo importante es que el Estado asuma la responsabilidad de controlar el destino de esos fondos para evitar el continuo empobrecimiento de los clubes de fútbol producto de los negociados de “empresarios y dirigentes del fútbol”, que presentan resultados económicos falseados en sus balances anuales, y organizan los torneos y los cronogramas de mercados de pases para favorecer sus negocios, en lugar de mejorar los espectáculos. La AFIP deberá actuar más estrictamente en el control del pago de impuestos de cada uno de los clubes, controlando la veracidad de las deudas declaradas en los balances primero, y exigiendo su cancelación anual después, evitando que cuando los socios votan gestiones que intenten acabar con la impunidad de conducciones anteriores, los dirigentes votados se encuentren con enormes deudas inmanejables con organismos oficiales que no fueron reclamadas en tiempo y forma, como sucediera recientemente en Independiente.

La clara exposición de Echegaray no solo mencionó la maniobra del mercado de pases en el fútbol, sino destacó el enorme avance tecnológico de los sistemas de control, que posibilita obtener información contable-tributaria de cada ciudadano casi en tiempo real. De ello deberán tomar nota fiscales y jueces federales para sus investigaciones por ostentosos enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos, que invariablemente terminan impunes.

CONFUNDIR POLÍTICA CON SOBERANÍA

La reciente expropiación de la empresa gráfica ex Ciccone generó que tanto políticos oficialistas como supuestos opositores presentaran la ley aprobada como “un acto de soberanía”. Como éste concepto fuera utilizado en los casos de Aerolíneas Argentinas y Repsol-YPF, entre otros, queda la duda sobre si los legisladores carecen de adecuada formación intelectual, o bien intentan disimular decisiones concretas de impacto económico pasados y futuros con grandilocuencias verbales falsas. Ambas hipótesis son inaceptables, por lo que es momento de realizar una reflexión al respecto.

El concepto de “soberanía” contemporáneo surgió para fundamentar el surgimiento de nuevos estados nacionales en la Europa del siglo XVI, en donde predominaban las monarquías y el derecho divino y/o hereditario como legitimación de liderazgos, entendiéndose como tal al derecho de los pueblos de elegir a sus gobernantes, establecer sus leyes y mantener sus territorios. En un sistema republicano el soberano es la colectividad o pueblo, que traslada sus derechos a favor de la autoridad elegida a través del voto popular, con sistemas electivos que garanticen las decisiones de las mayorías. Los representantes del pueblo una vez instalados como “autoridad”, generan  “actos políticos”, los que también deben ser homologados por una mayoría, en este caso parlamentaria. Este concepto de Perogrullo cobra especial relevancia en nuestro país, cuando es la misma clase política que festeja como un acto de soberanía la implementación de políticas totalmente opuestas a las que los mismos políticos avalaron tiempo atrás. La rimbombante frase “acto de soberanía” debería tener su correlato opuesto en “pérdida de soberanía” como resultado de una traición, que en el ámbito del derecho y en el campo político es un delito  que se comete cuando se atenta gravemente contra la seguridad de la nación. En tal sentido, sería materia de debate establecer, por ejemplo, si la privatización del petróleo argentino puede considerarse una traición, así como su expropiación reciente se consideró un acto de soberanía. El hecho concreto es que en la actualidad el ex presidente Carlos Menem, que promovió la privatización, y los legisladores que la aprobaron, no sufrieron ningún tipo de sanciones. Por el contrario, la mayoría de ellos ocupan en la actualidad cargos relevantes en la administración pública.

Corrido el velo de la grandilocuencia de tono marketinero, y cumplidos los requisitos de delegación republicana del poder; organización jurídica y preservación del territorio, incursionemos en la enorme trascendencia que para un país tienen determinados actos políticos. La implementación de instrumentos legales y administrativos para promover políticas, indefectiblemente admite alternativas que comprenden múltiples estrategias de interacción entre sectores públicos y privados. El Estado posee lo que jamás poseerá el privado: la capacidad de dictar leyes y decidir políticas públicas de cumplimiento obligatorio. Si el privado avanza en éste campo, es por claudicación del funcionario público, generalmente asociada a la corrupción. El burócrata, por su parte, envidia la escenografía del empresario y añora sustituirlo y usufructuar sus bienes, sin poner en riesgo capital propio y careciendo por sí mismo de la creatividad del emprendedor. Minimizar riesgos y lograr ganancias fáciles también es un deseo de muchos empresarios, para lo cual conforman “fructíferas asociaciones” con funcionarios en detrimento de los fondos públicos. La ex empresa Ciccone Calcográfica es un excelente ejemplo de este tipo de asociaciones. Como el negociado fracasó parcialmente, varios legisladores tuvieron un ataque de “soberanía” al expropiarla, bastardeando el sentido de la palabra.

En estas circunstancias hasta se puede ser condescendiente con los legisladores oficialistas, considerando que existe un sistema electoral que mantiene férreamente las llamadas listas sábana para ser elegidos, y que acceder a ellas depende del gran elector, ya sea la presidente en el oficialismo, o de los pequeños grupúsculos que recurrentemente se autoeligen como candidatos a legisladores en las distintas versiones de las supuestas oposiciones, para solo entonces, depender todos ellos de los votos que obtengan en la elección general. Sin embargo la responsabilidad de las oposiciones es mayor a la del oficialismo, porque como tales tienen la fundamental obligación de legislar alternativas, controlar los actos públicos del Ejecutivo, e informar a la ciudadanía el resultado de tales controles. Sus desempeños los hará eventualmente acreedores a ser considerados por la ciudadanía como futura opción de gobierno. Lamentablemente  nuestra realidad política indica que no existe oposición, dado que sus referentes, conscientes de sus limitaciones, ni siquiera pretenden ser opción de gobierno, sino solo mantener sus privilegiados cargos legislativos el mayor tiempo posible. Por ello no plantean que aún no se cerró la expropiación de Aerolíneas Argentinas, desconociéndose el monto indemnizatorio que recaerá en los próximos presupuestos y gestiones de gobierno. Del mismo modo se ignoran montos indemnizatorios y cronograma de inversiones con su flujo de egresos-ingresos de YPF. Y en el caso más reciente, no se tiene la mínima idea del costo de la expropiación de la ex imprenta Ciccone, y menos aún se explica porque es un acto de soberanía expropiarla cuando existe la Casa de la Moneda para tal función.

Tengamos presentes una obviedad: el primer acto de soberanía económica y política es minimizar los actos de corrupción que asocia a funcionarios públicos con empresarios privados, ya sea nacionales o extranjeros, en detrimento del presupuesto público, con sus consecuencias en el desarrollo social, y muchas veces a costa de la vida de ciudadanos inocentes, como sucediera recientemente en la tragedia ferroviaria de la estación Once.