ÁRBOL NAVIDEÑO POLÍTICO

Los regalos navideños del año que concluye despertaron en los políticos una especial expectativa. Presurosos fueron los primeros en abrir los paquetes con su nombre, para comprobar si contenían la respuesta al motivo de tanta ansiedad: sus destinos políticos a partir del 2015. Quieren seguir perteneciendo a la más privilegiada y codiciada jerarquía laboral de nuestro país: la que Jorge Asís, con su habitual ironía, llamó la Planta Permanente de los altos cargos públicos. Los beneficiarios no son egoístas en el usufructo, sino que lo extienden a familiares directos y amigos.  

La sustitución de partidos políticos tradicionales consolidados por agrupaciones circunstanciales y amorfas bajo nombres rimbombantes como Victoria, Renovación y Unión, hace más compleja la estrategia de permanecer. Pero además genera una consecuencia nociva para la sociedad, que debe mantener con sus impuestos la estructura administrativa-institucional imperante; la multiplicación desmesurada de organismos y asesorías sin responsabilidades específicas, algunos de nombres estrafalarios, o más grave aún, designación de funcionarios en atractivos cargos con la misión de omitir, paralizar, ocultar. El mejor ejemplo son los mal llamados Organismos de Control. Esta desmesura se debe a la cobertura que la cofradía política, circunstancialmente oficialista u opositora, brinda a quienes deben dejar la Planta Permanente, sea por vencimiento de mandato, pérdida de elección, o compromisos políticos. La alternativa de bajar al llano para trabajar como un ciudadano más no está prevista.

Con un sistema al menos bipartidista consolidado, el esquema se clarifica. Dentro de los partidos A y B se generaban las disputas, los debates, las selecciones, hasta concluir en el candidato presidencial, equipo y propuesta. Pero desde hace más de una década, se ofrece a la sociedad agrupaciones sin identidad, cuyos objetivos casi exclusivos son alcanzar y/o mantener el poder. Las ofertas electorales se particionan en escasos y supuestos 25%, que obligan a permanentes negociaciones entre ellas, en transacciones al estilo de “escucho ofertas”. Obviamente, todo atisbo de plan de gobierno está ausente. Ya no sorprende que gobiernos autoproclamados progresistas se apoyen en rancios gobiernos provinciales; que una emblemática madre de Plaza de Mayo se abrace a un jefe de Ejército sospechado de la desaparición de un soldado conscripto; o que un dirigente radical diga que “Macri es mi límite” y haya ido a elecciones integrando lista con De Narváez.  

En nuestro carácter de ciudadanos comunes intentaremos transitar esta etapa veraniega lo más relajados posible, dejando que nuestros políticos resuelvan como se ubican entre las alternativas A, B, C y D. Los traspasos, obviamente, se darán con cargo bajo el brazo. Promesas vanas abstenerse. No será tarea fácil. Vencen los cargos legislativos de, entre otros, Víctor De Gennaro, Díaz Bancalari, Julían Domínguez, Roberto Feletti, Claudio Lozano, Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Carlos Raimundi, Eugenio Artaza, Rubén Giustiniani, Luis Juez, Roxana Latorre, Graciela Giannettasio, Mario Negri, Miguel Bazze, Andrés Larroque, Carlos Reutemann, Rotjés de Alperovich, Ernesto Sanz, Carlos Verna, Facundo Moyano. Sumemos a los que pujarán por ingresar a la Planta Permanente. El ex radical Leopoldo Moreau, por ejemplo, intentará ser premiado por su reciente adhesión al proyecto kirchnerista, a costa de usufructuar la memoria de Raúl Alfonsín, utilizándolo para comparar sus objetivos de gobierno con los de Néstor Kirchner. Felizmente, para no saturar el mercado, muchos de los que juegan a ser presidente o gobernador tienen cargo legislativo por dos años más.

Diría Bill Clinton, uno de cuyos asesores trabaja para Daniel Scioli: el problema no es perder ahora el tiempo con encuestas de adhesión interesadas e inútiles, sino acordar los candidatos a gobernador y armar las listas sábana de legisladores, estúpido!

En política, como en la vida, nada es permanente, aunque muchos lo deseen. Como ciudadanos poseemos un instrumento temido por asesores, publicistas y políticos: el voto. Sin prejuicios ni adhesiones previas irrestrictas, pongamos a todos los candidatos, sus discursos y propagandas, bajo la lupa.

Continuaremos reflexionando a partir de febrero próximo.

POLÍTICA MÁS ESPIONAJE, SUPONE INTELIGENCIA?

El reciente descabezamiento de la cúpula de la Secretaria de Inteligencia, creada por Ley 25.520 sancionada el 27 de septiembre de 2001, en reemplazo del hasta entonces llamado Servicio de Informaciones del Estado (SIDE), mueve a formular reflexiones en carácter de simple ciudadano, carente obviamente de toda información privilegiada. Las fuentes de análisis son dos: 1) los medios de comunicación, que poseen fuentes válidas bien informadas y no necesariamente confiables, que según el caso pueden actuar bajo reserva de identidad; 2) la ley que regula el funcionamiento del organismo, de la que poco se habla.

Lo que surge claramente cuando se descabeza una conducción completa de un organismo, es que no se juzga idoneidad, sino los resultados políticos de su accionar. Surge entonces la primera preocupación. Si el malestar surgió por frivolidades como la no previsión en su momento de la candidatura de Massa en las últimas elecciones legislativas, o por acciones antidemocráticas, como la de no mantener el acuerdo con los jueces federales para posibilitar cobertura de impunidad en los casos de corrupción contra bienes del Estado, no hemos avanzado nada en cuanto al manejo profesional del servicio de inteligencia del Estado, tras 31 años de democracia.

Esta duda queda absolutamente develada con la simple y atenta lectura de la mencionada Ley 25.520. El artículo 1° expresa que la ley “tiene por finalidad establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia de la Nación”. El acápite 1 del artículo 2° señala que la tarea de Inteligencia “consiste en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”. Préstese atención: seguridad exterior e interior de la Nación. Finalmente, al solo efecto de esta síntesis, se destaca el artículo 12: “El Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. Cabe preguntarse: cumplió la Presidencia de la Nación con ésta obligación? En caso afirmativo, cuáles fueron los lineamientos estratégicos?

El primer escepticismo lo genera un vicio recurrente de la clase política argentina en general, y que este gobierno llevó a un clímax: poner al frente de Organismos a funcionarios que no tienen el conocimiento y experiencia para conducirlos, siendo el único requisito a valorar el de la “amistad y fidelidad” al líder. Cualquiera puede ser Canciller, presidente de Aerolíneas Argentinas o Ministro de Defensa. Pero aplicar este proceder a los Servicios de Inteligencia es demencial. Por ello, antes que presuponer hasta el hartazgo que los espías tienen una estructura ingobernable, es imprescindible evaluar previamente a los niveles de conducción políticos y los lineamientos específicos dados a la Secretaría de Inteligencia. Que sucedería por ejemplo, si las instrucciones impartidas, en lugar de brindar al país seguridad exterior e interior, como el de volcar esfuerzos prioritarios en desarticular el desarrollo creciente del narcotráfico y detectar sus complicidades locales, se direccionaran a investigar los puntos flacos del juez Bonadío, o cual será la próxima conquista mediática de Redrado? La planta de espías sería responsable de estos objetivos?

Quedarnos en las atribuciones indelegables de la Presidente, sería no solo oportunista, sino falaz. El artículo 31° de la Ley 25.520 crea una Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, con amplias facultades para controlar e investigar de oficio, además de evaluar el Informe Anual de las Actividades de Inteligencia, de carácter secreto. Cumplieron los legisladores que la integran con sus responsabilidades?

Confirmarlo es obligación de los legisladores involucrados, porque no viola ningún secreto. Recordemos sus nombres: María García, Marcelo Fuentes, Eric Calcagno, Juliana Di Tullio, Pedro Guastavino, Juan Irrazábal, Angel Pichetto y Gladys Soto (Frente Para la Victoria); Miguel Bazze, Carlos Marino y Adolfo Valdés (UCR); Silvia Magdalani (PRO); Oscar Castillo (Frente Cívico y Social); Gustavo Basualdo (Producción y Trabajo, de la provincia de San Juan).

En  caso de no funcionamiento de la Comisión, la mayor responsabilidad recae en los representantes de los partidos supuestamente opositores. En una democracia, cuando las mayorías hacen valer el peso de sus votos para incumplir leyes y normativas, el inexcusable rol de las minorías es informarlo de inmediato a la sociedad, y no cejar en su empeño para lograr su aplicación. Caso contrario, sus ineptitudes pueden ser interpretadas como complicidades.

VOLVER AL FUTURO: COMISIÓN INVESTIGADORA 2001

En  la reflexión de la semana anterior dejamos planteado un interrogante: existió en el 2001 una comisión legislativa con el mismo cometido que la que se implementará para investigar la fuga de divisas canalizadas por el Banco HSBC, a través de 4.040 cuentas en el exterior supuestamente no declaradas? Existió, con similitud de objetivos, obtención de documentación y actores políticos intervinientes, que a esta altura de nuestra evolución política trece años más tarde, no debiera sorprender. Este antecedente muestra que estas Comisiones, sea desde la intencionalidad o la ingenuidad, solo buscan hacer creer a través de acalorados debates que pretenden sancionar la corrupción, cuando en realidad buscan ocultar a sus máximos responsables.

Si bien los personajes políticos permanecen, lo que se desarrolló manifiestamente en los últimos trece años es la legislación internacional y normativas bancarias contra las prácticas de fuga y lavado de dinero, y los recursos tecnológicos necesarios para detectarlas. La preocupación inicial, fue combatir el financiamiento del terrorismo y el narcotráfico internacional. Por ello, antes que a cada una de las 4.040 cuentas, se debería investigar lo actuado por los responsables del Banco Central, AFIP, Unidad de Información Financiera, y obviamente, a la institución financiera involucrada, respecto a su complicidad con los ilícitos. Pero como se sabe que el objetivo político es otro, ni siquiera el HSBC se tomó el trabajo de emitir un comunicado respecto a sus responsabilidades.

En abril de 2001 en la Cámara de Diputados de la Nación, Elisa Carrió presentó junto al demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez, un proyecto de creación de una Comisión Investigadora sobre hechos ilícitos vinculados con lavado de dinero. Una vez aprobada, se conformó con Elisa Carrió y Graciela Ocaña (ARI); el mencionado Gutiérrez (Partido Demócrata); José Vitar (Frepaso); Margarita Stolbizer y Horacio Pernasetti (UCR); Cristina Kirchner y el fallecido Carlos Soria (PJ), y Daniel Scioli, si bien del PJ, incluido como representante del menemismo.

La documentación de base provino de una investigación realizada por una subcomisión del Senado de Estados Unidos, presidida por el senador demócrata Carl Levin, que logró el levantamiento del secreto bancario en dicho país, a partir del testimonio de un testigo reservado que había trabajado con el banquero argentino Raúl Moneta. En los antecedentes que fueron entregados a la Comisión argentina en 18 cajas, figuraban políticos,  empresarios y empresas argentinas privatizadas, entre otras, Edenor; Edesur; Telecom; Telefónica; YPF y Banco Santander. Se describían las llamadas “ruta del dinero”, con participación de reconocidas instituciones financieras, en ese entonces con base de traslado de fondos en Uruguay y Panamá, consultoras, estudios jurídicos, contables, y por supuesto, organismos de control del Estado argentino. Muchos de los sospechados entonces, aparecen involucrados en casos de corrupción actuales, como es el caso de Ciccone.

El trabajo de análisis comenzó en el mes de mayo, y las conclusiones se dieron a conocer en agosto del 2001. Previamente se requirió el asesoramiento y auditoría de un pre informe a Inside Co., organización no gubernamental suiza especializada en el estudio de redes criminales. En su dictamen, Nicolás Giannakopoulos, director de la ONG, destacó que la confiabilidad de las fuentes utilizadas era de un 70 %, que sin ser excepcionalmente alta, es de muy buen nivel para esta clase de informe de uso político. Agregó que si bien la Comisión tenía valiosa información, no era profesional en el análisis y en el procesamiento del material, y criticó duramente “la falta de homogeneidad y de consenso del informe”. Pese a su experiencia, ignoraba que en nuestro país no consensuar un informe final, era un recurso político de manual para licuar su efectividad. Los nueve legisladores, tras duros enfrentamientos entre ellos, increíblemente presentaron cuatro informes distintos: 1) Carrió, Ocaña, Gutiérrez y Vitar; 2) Cristina Kirchner y Soria; 3) Stolbizer y Pernasetti; 4) Scioli.

Evidentemente, a nuestros investigadores les resultó muy difícil acordar como combatir a los “grupos económicos concentrados”. Soria falleció, y de Gutiérrez se desconoce actividad política. El resto de los integrantes continúan cumpliendo relevantes actividades públicas, y pretenden seguir haciéndolo. Lo peor, sin embargo, estaba por venir. En el marco del acuerdo de la clase política en enero de 2002, bajo el paraguas de “un gobierno de salvación nacional” encabezado por Duhalde, en mayo del mismo año el Senado, con el voto mayoritario peronista, derogó la Ley de Subversión Económica vigente. De este modo, se quitó a la Justicia la principal herramienta para sancionar los delitos financieros revelados en la investigación. Resultado del espectáculo: impunidad. La salvación nacional no se detuvo: meses más tarde, el Estado nacional absorbió gran parte de todos los pasivos de los bancos.

Apagar la videocasetera, y retornar a diciembre de 2014.

CRUZADA DE MORALIDAD O PROTECCIÓN DE IMPUNIDAD?

Hace más de 500 años, en su tratado “El Príncipe”, aconsejaba Maquiavelo en cuanto a la fidelidad del poderoso a sus súbditos: “Ante todo es necesario saber disfrazar bien el propio carácter y ser gran disimulador. Son tan simples los hombres y tan sumisos a la necesidad de cada momento, que quien engaña encuentra siempre alguien que se deja engañar”. Expresa más adelante: “Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”. En 1950, Jean- Marie Domenach publicó en París un estudio de las reglas básicas de la propaganda política, desarrollada eficazmente por el hitlerismo y el stalinismo en la segunda Guerra Mundial. Todas ellas confluían en un principio ineludible para el manejo de masas: el predominio de la imagen frente a la explicación, de la emoción frente a lo racional.

Nada cambió en cuanto a estos lúcidos análisis del comportamiento humano para alcanzar y mantener el poder político a lo largo de la historia. En la modernidad, estos principios solo se vieron potenciados por el avance de sofisticadas tecnologías de comunicación. Que explican los costosos presupuestos en asesores de imagen de los candidatos, y en consultoras de medición de imagen. Ni unos ni otras sugieren o miden propuestas concretas de gobierno. No les pagan para eso. Consecuentemente, durante los próximos meses la ciudadanía se verá aturdida por mensajes  en donde rostros sonrientes acompañados por eslógans tales como “estamos con vos”; “el cambio que se avecina”, y otras hibridices similares, pretenderán convencernos que no pertenecen a quienes hacen más de veinte años nos gobiernan bajo circunstanciales ropajes de oficialistas u opositores, sino a virginales templarios que nos conducirán a un futuro de paz y prosperidad. Muchos de ellos son familiares directos de viejos templarios.

Hoy plantear cinco propuestas diferenciadoras de fondo, por ejemplo entre Scioli y Macri, es imposible. Pero algo está claro: Scioli es naranja y Macri amarillo. Más complejo es diferenciar a los integrantes de UNEN: en sus debates abarcan el círculo cromático completo. Dejando de lado cierto humor resignado, queda para los ciudadanos a quienes les interesa informarse políticamente más allá de sus preferencias, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, un ejercicio que no deja de ser desafiante y atractivo: descifrar el sentido subyacente de acciones, mensajes y propagandas, sean oficialistas u opositoras, y cotejarlas con la realidad.

El primer caso a desarrollar no podía ser otro que el de la corrupción, que alcanzó límites de desarrollo e impunidad desconocidos en otro país latinoamericano. Es un juego de alto riesgo político: un halo de moralidad rinde frutos electorales, pero la multiplicidad de casos y personajes políticos, judiciales, empresarios y gremiales involucrados, con plena vigencia hoy, exige que la sangre no llegue al río. A lo sumo alguna condena colateral, como María Julia Alsogaray en representación del menemismo, pero no mucho más. En este contexto, la sociedad asiste resignada a entusiastas acusaciones cruzadas entre funcionarios, jueces y políticos: determinar quién es más corrupto.

El punto de definitiva ebullición y desborde de pasiones pareciera ser la investigación sobre la empresa hotelera Hotesur, perteneciente a la familia presidencial, sospechada de haber recibido retornos de una empresa favorecida con obras públicas en Santa Cruz, y acciones de lavado de ese dinero. En realidad, el caso Hotesur es conocido desde hace más de tres años. Fue el origen de la crítica de Víctor Hugo Morales al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, por haber adquirido dos millones de dólares usando información privilegiada. Citado por Kirchner, este le explicó que los utilizó para comprar precisamente el Hotel Alto Calafate, centro de la polémica. A partir de ese encuentro, Morales entró en el nirvana de la militancia, masajeado con el bálsamo de contratos con fondos públicos. Detectado el elefante, difícil de ocultar por su tamaño, se incorporaron febrilmente una manada de nuevos elefantes, en una clásica maniobra de confusión y encubrimiento, y también de falsos moralismos. Previo a comenzar el ejercicio de reflexión, aclaremos que a diferencia de los clásicos policiales, en Argentina no se debe buscar a los culpables (son demasiados), sino establecer si hay inocentes.

Inicia el juego Echegaray, conductor de la AFIP. Informa que se detectaron vía de documentación de un “arrepentido”, 4.040 cuentas bancarias de argentinos en Suiza supuestamente no declaradas, canalizadas a través del Banco HSBC. Se dejan trascender algunos nombres, cuidando aclarar que en el listado no figuran Lázaro Báez ni funcionario público alguno. Seguidamente entra en el ruedo el diputado del FPV Roberto Feletti, que fuera presidente del Banco Ciudad en época de la Alianza. Promueve una comisión legislativa para investigar dicha fuga de divisas.  Extrañamente, la comisión no investigará a las autoridades de la propia AFIP, del Banco Central y de la Unidad de Información Financiera, que son los organismos de control para estas operaciones.

Tarea para el hogar: se conformó en el 2001 una comisión legislativa con el mismo cometido? Quiénes la integraban y qué resultado tuvo? Continuaremos en la próxima semana.

UNEN: UNA INCONSISTENCIA MÁS EN EL ESCENARIO POLÍTICO

La eclosión de UNEN producto de las inconsistencias de sus protagonistas, sirve como espejo para reflejar la preocupante superficialidad de la clase política en general, abocada a la puja de candidaturas para sobrevivir a la elección presidencial de octubre de 2015. El surgimiento de UNEN hace tan solo ocho meses, despertó una tímida esperanza para lograr una alternativa electoral de quienes hace 25 años ejercen el monopolio del poder. Lamentablemente tal posibilidad quedó totalmente desactivada, dejando a la sociedad limitada a elegir el mal menor, entre ofertas de conveniencias personales. Triunfe quien triunfe, las dirigencias políticas, empresarias y gremiales serán inevitablemente las mismas de hace más de dos décadas. Pero con problemas económicos-sociales cada vez más graves, que trasladarán a la población.

Es importante recordar el contexto en el que surge UNEN. Como ya viene siendo costumbre por falta de una oposición sólida y coherente, los resabios del antiguo justicialismo dirimen sus internas en elecciones generales. En este caso, entre el gobernante Frente Para la Victoria (FPV) y el recientemente cogobernante Frente Renovador (FR). Las otras alternativas son el PRO, partido con base excluyente en Capital Federal, y el Frente UNEN, con resabios del radicalismo y socialismo. El FPV, el FR y el PRO, se caracterizan por el unicato como forma de conducción. En el FPV, la presidente Kirchner ungirá al candidato, ya sea en forma directa, o con un simulacro de campaña, como sucediera risueñamente entre Boudou, Tomada y Filmus  en el 2011, para la candidatura a Jefe de Gobierno de Buenos Aires. El FR presentará a Massa, y el PRO a Macri.

La diferencia entre estas tres agrupaciones surge en un aspecto no menor: su extensión territorial. El Frente gobernante la posee, pudiendo utilizar  según convenga, tradicionales estructuras justicialistas. Por ser gobierno, cuenta además con cuantiosos recursos económicos públicos y privados. Massa depende del armado que logre en cada distrito, inicialmente dentro del propio justicialismo, en un cambiante juego debe-haber: si capta gobernadores e intendentes justicialistas, su ganancia es doble, porque los resta del oficialismo. El PRO, que aparece como alternativa política nueva, es el que más dificultades tendrá para lograr consolidación territorial. Su principal y única carta es Macri, que busca insertarse en las provincias a través de figuras de reconocimiento público en ámbitos artísticos, deportivos y políticos.

UNEN por su parte, nace con dos absurdos: presentar a cinco figuras autoproclamadas presidenciables, y colocarse un partido centenario con extensión territorial como la UCR, en pié de igualdad con expresiones minoritarias porteñas, que ni siquiera triunfaron en su distrito. Dicho esto sin desmérito para Elisa Carrió y Pino Solanas. En los Frentes de raíz justicialista, este error jamás se comete: en busca de un tinte pluralista aceptan a cuanto partido menor los apoyen, premiando a sus dirigentes y familiares con cotizados cargos públicos. Pero la estrategia política y las decisiones las maneja el justicialismo.

Cabría esperar que para minimizar estas falencias orgánicas-conceptuales iniciales, Cobos, Binner, Sanz, Carrió y Solanas, con sus equipos si los tienen, acordaran en el corto plazo una estrategia de conducción y proyección proselitista nacional. No sucedió, y pasó lo inevitable: Carrió, una vez más, generó disolución y caos, confundiendo estrategia con vocinglería. De Carrió se debe resaltar su honestidad y capacidad intelectual, que supera largamente a la mayoría de nuestros políticos. Pero quizás por estas mismas razones, su egolatría alcanzó niveles nocivos para conformar consensos. La capacidad intelectual no asegura sutileza, y menos aún, aptitud política.

Sin embargo, la mayor confusión la generan los radicales con sus medias palabras, o peor aún, con frases completas. No son capaces Cobos, Sanz, Alfonsín, Morales, Aguad, Cano; Mestre, Quiroga, y otros dirigentes, acordar una estrategia común y coherente? Cuando Alfonsín  expresa con cierta jactancia “Macri es mi límite”, cabe preguntarse: para él y sus correligionarios Scioli y Massa no son límites? De no serlo, podrían dignarse a explicar a la sociedad que diferencias encuentran entre unos y otros? Cuando Morales se promociona junto a Massa porque quiere ser gobernador de Jujuy, aclarando que apoyará al candidato presidencial de UNEN, alguien de buena voluntad podría explicar que ganaría Massa entonces? O esta es una pregunta muy ingenua?

Acotación final, por si fuera necesario: en este festival de cotizaciones de egoísmos personales, las propuestas de políticas públicas concretas y transformadoras, están ausentes.