TRASPASO DE SUBTES: LA PROPAGANDA SUPERARÁ A LA INFORMACIÓN?

El principio de la propaganda política, al igual que la publicidad, busca impresionar más que convencer; sugestionar más que explicar. En síntesis, lo visual y emocional prima sobre lo racional. Desde el punto de vista de manejo de masas, el uso de mensajes sustentados sobre estos principios es inevitable. En el campo de la publicidad un auto de alta gama significa la admiración de bellas mujeres; determinadas marcas de artículos deportivos no hacen hincapié en su calidad intrínseca, sino que son usados por Del Potro, Federer o Messi. En el campo de la política, a través de la propaganda los mismos actores políticos pueden promover privatizaciones porque significan “fuertes inversiones, creación de fuentes de trabajo y modernización tecnológica”, como propugnar tiempo después reestizaciones bajo la bandera de “recuperar el patrimonio nacional para beneficio de todos los argentinos”. Simples eslógans grandilocuentes, que coinciden en no dar a conocer públicamente lo más importante: los acuerdos y condiciones de explotación suscritos entre las partes privadas y estatales. Además, siempre existen “cláusulas reservadas” o aspectos sustanciales “a definir a futuro”.

Podría pensarse que así como la publicidad tiene como límite la satisfacción del usuario, porque no puede sostenerse en el tiempo un mal producto, el concepto mercantil de la oferta y demanda no puede aplicarse al campo de las decisiones políticas, en este caso a los servicios esenciales que hacen a la calidad de vida de los ciudadanos. En un sistema democrático las funciones de mediación entre lo complejo de un acto administrativo, y la capacidad de comprensión del usuario como destinatario final de dicho acto, la deben cumplir los funcionarios y legisladores involucrados. Lamentablemente ello no es habitual, transformando lo que debieran ser debates esclarecedores en competencias verbales en base a vaguedades tales como neoliberalismos, progresismos, macrismos o kirchnerismos.

Valga la introducción para reflexionar sobre la anunciada decisión del ing. Macri en su carácter de jefe del Gobierno de la Ciudad, de aceptar el traspaso y operación del Servicio de Transporte Subterráneo y Premetro por parte del Ejecutivo Nacional, a partir del 01 de enero de 2013. El punto de partida del análisis es el Acta Acuerdo suscrita el 03 de enero de este año en la que el Estado Nacional transfería al Gobierno de la Ciudad, y éste aceptaba, el manejo de los Servicios de Transporte Subterráneo de Buenos Aires y Premetro. Lo insólito de dicha Acta fue que la complejidad de la transferencia se resumía en dos páginas con solo cinco artículos. Los once meses transcurridos permitirán manejar con mayor seriedad el acto jurídico de transferencia?

Con ese fin destaquemos algunos aspectos esenciales que deberán ser definidos con claridad previo a la firma del convenio, y del mismo modo transmitidos a la sociedad, que es la que deberá soportar con su aporte monetario y condición de usuario los costos de mantenimiento y calidad del servicio.

1.- La concesión del servicio otorgada a Metrovías SA se inició el 1º de enero de 1994 por un plazo de 24 años, por lo que finalizará en diciembre de 2017.- El proyecto de convenio hace referencia a un período de emergencia de cinco años, que evidentemente coincide con los años de concesión faltante. Pero en ningún punto se aclara cuál es el alcance del término “emergencia”.

2.- El Artículo 7º señala que SBASE (organismo del Gobierno de la Ciudad), convocará en forma inmediata a la entrada en vigencia del proyecto de ley en tratamiento, a Metrovías SA, a fin de celebrar un acuerdo dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la notificación de la convocatoria, prorrogable en treinta (30) días, para contratar en forma directa la operación del servicio subte por un plazo inicial máximo de dos (2) años. Surgen las siguientes dudas: a) cuál es la situación legal de la explotación entre el 1º de enero de 2013 y la firma de la contratación directa?; b) Porqué el plazo inicial de contratación es de dos (2) años, y el llamado período de emergencia de cinco (5) años?.

3.- El artículo 11º señala que “durante el período de emergencia se determinará el estado de los activos y su inventario". Cabe entonces preguntarse: se firmaría la contratación directa sin tener esta información? Ello sería grave; el estado de activos e inventario deberá ser elaborado a lo sumo dentro de los 60 o 90 días previo a la firma del contrato, sino se licuarán todas las responsabilidades empresarias por los 19 años de explotación transcurridos. De hecho, la información debería estar ya disponible y firmada por profesionales responsables. Además, de no tener esta información, como se cumplimentará el objetivo declarado en el Artículo 27º que expresa que “el servicio subte será prestado a tarifas justas y razonables”?

4.- Por último, el Artículo 3º declara al subte “servicio público esencial”, lo que provocó inquietud gremial. Al respecto se debe señalar que respetando todos los derechos laborales que correspondan, se deberá tener presente que un gremio altamente politizado y conflictivo que produjo un salvaje paro de diez días corridos hace pocos meses en detrimento de millones de trabajadores, no pude invocar derechos de huelga indefinidos que colisionen con los de otros ciudadanos, ni utilizar a los paros como método de apriete para obtener condiciones salariales laborales excepcionales respectos a otros sectores de trabajadores. Asimismo no deben olvidar que fueron cómplices conjuntamente con la empresa en el manifiesto deterioro del servicio, como sucediera en el resto de los servicios de transporte subsidiados.

Es fácil observar que éste, como muchos otros, no son temas de debates falsamente ideológicos, sino de acuerdos esenciales que protejan la integridad física y calidad de vida de los ciudadanos. La corrupción ya se cobró 51 vidas inocentes en la tragedia de Once.

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL 8 N Y EL 20 N

Noviembre se caracterizó por dos movilizaciones masivas de la ciudadanía en protesta por políticas del gobierno nacional, que por compartir reclamos puede hacer suponer que comparten objetivos. Por lo tanto es oportuno reflexionar sobre sus diferencias y similitudes.

En primer término se debe destacar la pretensión de voceros gubernamentales de crear una antojadiza fragmentación social absolutamente inaceptable en sociedades democráticas, más acorde con anacrónicas divisiones poblacionales en castas, o las siempre vigentes conceptualizaciones dictatoriales. Según esta visión, la movilización del 08 de noviembre correspondió a la clase media, y la del 20 a los trabajadores, que según este reduccionismo conceptual no integran la mencionada clase media. Esta última, que en el imaginario político argentino se conforma por una amplia diversidad social que cometió el insalvable pecado de estar situada entre pobres y  ricos, fue estigmatizada como egoísta, golpista, reaccionaria, y para llevar sus culpas al paroxismo, la Presidente informó en su último mensaje por red nacional, que también la integran funcionarios multimillonarios que hicieron su fortuna trabajando en el Estado. El 20 de noviembre por su parte, registró un evento sindical promovido por los llamados gremios opositores al gobierno, en contraste con los hasta hoy oficialistas, por lo que según versión oficial, no fue un paro de trabajadores sino un acto de coacción gremial. Hasta aquí, la caracterización generalizada y simplista.

Destaquemos en primer término un aspecto instrumental. El 08 de noviembre presentó una masiva movilización convocada a través de redes sociales, con epicentro en la avenida 9 de Julio, una vez concluida la actividad laboral habitual, y sin generar medidas que afecten el derecho de quienes no asistieron. El paro gremial por su parte, implicó los ya reiterados cortes de las principales vías de circulación, que restan validez a toda estimación de adherencia, y peor aún, a la repetida invocación al derecho constitucional de huelga, cuando se omite otros elementales derechos como el de la libre circulación de los ciudadanos, o el de adhesión individual a un paro de actividades. Esta diferencia metodológica trasluce una diferencia de fondo.

La movilización de la “clase media” reunió a un amplio espectro social en términos laborales, económicos, culturales e ideológicos, que tuvo un carácter sanamente político porque sus reclamos se dirigieron al poder político. Insólitamente se criticó la falta de unidad en los reclamos, a la manera de las añoradas organizaciones corporativas, como si aspectos esenciales como la seguridad, corrupción, libertades individuales, entre otros, fueran cuestiones de número.

La movilización del 20 de noviembre tuvo un carácter de lucha interna de poder  dentro del gobierno, entre circunstanciales aliados políticos, gremiales y empresariales de una enorme diversidad ideológica y de intereses, que hace que el “todos unidos triunfaremos” sea una utopía. El reclamo gremial también pretendió tener un amplio temario que en algunos casos llegó al absurdo, como ver a ciudadanos que evidentemente estaban al límite de la subsistencia y posiblemente bajo planes sociales, reclamando por el mínimo no imponible de los salarios. Claramente, y a diferencia del 08 de septiembre, no se incluyó a la corrupción dentro de los reclamos. No olvidemos además que los gremios representan solo a los trabajadores activos legalizados; no a los desocupados, subocupados y trabajadores en negro, que obviamente son mayoría y los que más sufren las crisis políticas y económicas.

Analicemos el punto común más visible de ambos reclamos: el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Parece irónico que este sea la principal queja ante un gobierno autoproclamado como “nacional y popular”. Sin embargo el problema no reside en el infantilismo de analizar este y otros temas a través del exclusivo tamiz del “carácter y humor de la Presidente”. El ex mandatario norteamericano Clinton nos clarificaría el panorama, con su recordada frase en su campaña electoral: “es la economía, estúpido”. El enorme déficit fiscal e inflación estructural hace que los recursos sean escasos, pese al enorme crecimiento económico que el país tuvo en los últimos ocho años, y del que nadie duda. Entonces: enorme crecimiento económico con recursos escasos? Qué pasó y que está pasando?

Entre otros aspectos, se han tomado medidas con total beneplácito de los mal llamados “opositores”, bajo el eslogan de recuperar lo nuestro, que implicaron enormes negociados cuyos costos, aún hoy, no son mensurables. Tres ejemplos: las estatizaciones de las jubilaciones privadas; de Aerolíneas Argentinas y Repsol-YPF. Se destacan porque responden a sectores que es razonable que sean estatales, o al menos, operen bajo una estricta regulación y control del Estado. Los fondos jubilatorios reestatizados, engañosamente presentados como solidarios,  hoy son entregados a bajas tasas de interés a sectores empresarios favorecidos, bajo la figura de fideicomisos a través de instituciones financieras que también hacen su negocio de intermediación. Aerolíneas Argentinas fue recuperada una vez que sus activos, en especial aeronaves, fueran licuados, con un costo inaceptable para la sociedad, y por si fuera poco, sin definirse la indemnización al anterior operador. El caso YPF repite la matriz, y se expropia sin ningún recaudo legal de resarcimiento pese a que la Presidente públicamente informó que la empresa había sido vaciada, careciendo de capital de inversión, y aún hoy, de un cuadro de ingresos y egresos a mediano plazo. Recordemos que en todos los casos había funcionarios estatales en los directorios de las empresas, y todas estaban sometidas a los organismos de control del Estado.

El contexto es aún más grave de lo que parece. El gobierno tiene una feroz lucha interna de intereses, que va desde el legislador que desea continuar como tal el próximo año, desde luego puesto a dedo en la lista de candidatos, hasta importantes grupos empresarios y financieros que están haciendo enormes negocios con la marca “nacional y popular”. Quien desee opciones políticas  no las tiene. No hay partido de oposición, sino una suma de grupúsculos creados al único efecto de mantener a los mismos nombres y apellidos como legisladores. Y cuando aparecen temas trascendentes como las jubilaciones, Aerolíneas e YPF, radicales y socialistas (como excepción usaremos estas denominaciones arcaicas), aprueban las leyes a libro cerrado  manifestando que la estatización concuerda con su doctrina.

En este contexto, poner todos los reflectores en un único actor, si bien es el principal, crea el nocivo efecto de mantener en las sombras a sectores políticos, gremiales y empresarios igualmente responsables del momento político que se avecina.

COMO PASAR DE LA EMOCIÓN A LA RAZÓN

La multitudinaria convocatoria popular que abarcó todo el territorio nacional el pasado 08 de noviembre, con epicentro en la avenida 9 de Julio, inevitablemente será objeto de variadas interpretaciones por parte de analistas y políticos de diversas posturas ideológicas. Es razonable suponer que dichos análisis se moldearán en mayor o menor grado por las convicciones de quienes los formulan, predominando en general “lo que me gustaría que fuera”, en lugar de “lo que es”. Surge entonces un primer dilema: qué puntos de partida sólidos se pueden establecer para mensurar los reclamos fundamentales de un importante sector de la sociedad, que no fueron satisfechos por las organizaciones políticas? Establecerlos lo más fidedignamente posible permitirá que el reclamo social no se agote por el simple transcurso del tiempo, y se pueda pasar de la emoción de lo multitudinario a la razón de las acciones concretas, haciendo realidad lo que a los políticos profesionales les encanta declamar pero temen implementar: “atender los reclamos del pueblo”.

En tal sentido es oportuno utilizar el amplio campo de las redes sociales, para volcar a consideración pública de manera ordenada y amplia algunas opiniones y/o propuestas a ser debatidas e intercambiadas en el marco de alguna plataforma digital común adecuada y específica, que permita la participación interrelacionada de ciudadanos con diversos niveles sociales, ideológicos e institucionales,  con el objeto de viabilizar políticas esenciales que hacen a la calidad de vida de los ciudadanos, basadas en el interés común, la racionalidad, la adecuada elaboración jurídica y su factible instrumentación institucional. Es evidente que estos requisitos no tuvieron respuesta en niveles políticos cada vez menos representativos y más personalistas, dedicados casi en exclusividad a las coyunturas y al oportunismo político. No es casual que las principales figuras políticas se mantengan invariablemente en cargos públicos durante los últimos veinte años.

Para implementar esta propuesta con fines positivos y resultados coherentes en el tiempo y mayoritariamente compartidos, es necesario establecer hipótesis de trabajo igualmente compartidas. Aportemos algunas:

1)   En primer término, reconocer sin temor y orgullosamente que las masivas movilizaciones tienen un carácter político, porque todos los reclamos planteados necesitan de acciones políticas públicas. Su manifestación respetuosa y constructiva la convierte en “POLÍTICA” con mayúsculas, y no en política sectorial prebendaria, cuando no patoteril.

2)   Los partidos políticos como tales, que son los naturales mediadores entre la sociedad, gobierno e instituciones, han sido persistente y silenciosamente disueltos. Tanto en el oficialismo como en la oposición predomina tal variedad ideológica que convierte a la ideología en un mero recurso discursivo. Con absoluta naturalidad, un fervoroso liberal de ayer puede ser igualmente fervoroso progresista hoy. Cierta homogeneidad del oficialismo la brinda el usufructo del poder y distribución de cargos, mientras que la “oposición” como tal no existe. Su identificación adecuada debería ser “voces opositoras”.

3)    Este desequilibrio entre oficialismo y oposición permite implantar en la sociedad un concepto cuasi dictatorial: el que gana una elección puede hacer lo que quiera porque tuvo la mayoría del voto popular. Falso. El gobernante debe realizar lo comprometido en su plataforma de gobierno, y la oposición respetuosamente acompañar lo que la ciudadanía votó. Todo aquello que no fuera oportunamente planteado a la sociedad, debe ser consensuado y perfeccionado entre mayorías y minorías. En democracia no existen los cheques en blanco con vencimiento a cuatro años.

4)   Este cuadro de situación convierte a esta propuesta en una acción de emergencia coyuntural mediante la utilización de canales de comunicación existentes, útiles y democráticos. Pero un objetivo prioritario e ineludible deberá ser el de reconstituir el sistema de partidos políticos fuertes y representativos, que reiteramos, hoy no existen ni como oficialismo ni como oposición. Esto es lo peor que le puede suceder a un país que pretende ser considerado democrático.

Si acordamos estas y otras hipótesis de trabajo compartidas y debatidas a través de una plataforma específica que canalice diversas redes sociales y opiniones, se podrá transformar la emoción del 08 de noviembre en acción participativa y sanamente integradora, con propuestas concretas a debatirse posteriormente en los ámbitos legislativos. Y obviaremos las opiniones denigrantes vertidas por quienes hacen de la política una profesión permanente, cuando se refieren a expresiones populares que escapan a la posibilidad de su manejo y manipulación.

                                                                                              

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA NOVIEMBRE 2012

Se resume en la presente agenda mensual seguimientos rutinarios de casos judiciales de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado, con las novedades recientes.

1.- Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales

El juicio oral que se tramita ante el Tribunal Oral Federal nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Eduardo Larrembere. Luego de las declaraciones del ex vicepresidente Carlos Alvarez, que presidía el Senado al momento del pago de las supuestas coimas, y del denunciante sindicalista Hugo Moyano, que no aportaron ningún elemento probatorio mas allá de mencionar lo que en su momento expresaran políticos y periodistas, con buen criterio la presidente  Cristina Kirchner mediante decreto relevó de la obligación de guardar secreto a los ex titulares de la SIDE Carlos Sergnese y Carlos Becerra, para que puedan declarar como testigos en el juicio oral, e informar en función de la contabilidad interna si el dinero para pagar los sobornos salió de ese organismo. Si de estas declaraciones no surgen elementos probatorios concretos, el caso presentado durante más de una década como un hecho emblemático de corrupción concluirá con sobreseimientos generalizados.

2.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

Tramitada  por el juzgado de Claudio Bonadío, la causa se centra actualmente en la disputa entre el juez y el fiscal Federico Delgado, que debieran representar unánimemente los intereses del Estado y de los afectados. El fiscal Delgado objeta el manejo discrecional del expediente, y la decisión de Bonadío de procesar entre otros a los ex Secretarios de Transporte Jaime y Schiavi solo por  abuso de autoridad e incumplimiento de sus funciones por no haber controlado intencionadamente el desarrollo de la concesión, en lugar de acusarlos por asociación ilícita, que supone el pago de dádivas con fondos del Estado conocidas como “retornos” (el privado paga coimas a quienes debieran controlarlo con los propios recursos públicos), delito éste que tiene una sanción penal mucho mayor. Tampoco se procesó a gremialistas mencionados por Bonadío en sus fundamentos como partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del servicio.

Indirectamente con este caso se relaciona el fallo del juez federal Luis Rodríguez, que juró en su cargo el pasado 13 de octubre, y de inmediato sobreseyó a Ricardo Jaime y empresarios ferroviarios que integran la empresa que gestiona las líneas Sarmiento y Mitre, por contrataciones para reparación de vagones realizadas por altos montos con otras empresas controladas por los mismos grupos empresarios. La eventual apelación la debe realizar el fiscal Carlos Stornelli, que integra la Comisión de Seguridad del club Boca Juniors.

3.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

Reemplazados el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, la causa entró en el letargo que anuncia que no se elevará a juicio oral y público para la sanción de los funcionarios públicos implicados.

4.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

Tampoco en este caso quedan dudas que pese a que transcurrieron  diecisiete meses del inicio de la instrucción, el juez Norberto Oyarbide no elevará la causa a juicio oral y público, por lo que el Estado no recuperará el dinero apropiado por integrantes de la Fundación. Por su parte el titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, no informó porque a más de tres meses de solicitada por el juez Martínez de Giorgi, no presentó la auditoría sobre la ruta de los 765 millones de pesos entregados a la Fundación para construir viviendas.  

5.- Operación financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli

Continúa desarrollándose en el Tribunal Oral Federal Nº 2 la causa seguida contra Felisa Miceli, por haberse encontrado en junio del año 2007 en el baño de su despacho de Ministra de Economía, una bolsa conteniendo $ 100.000 y u$s 31.570, cuya procedencia no solo no pudo justificar, sino que falseó y modificó su declaración inicial respecto a su origen. Se acusó a una testigo ofrecida por la defensa de Felisa Miceli de falso testimonio.

6.- Detención del Jefe de Policía de Santa Fe acusado de contactos con el narcotráfico

Con posterioridad a un artículo del medio gráfico “Página 12” denunciando la relación del narcotráfico con la cúpula policial de la provincia de Santa Fe, el Jefe de la repartición Hugo Tognoli fue detenido por el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros. El hecho desató un intercambio alienado de acusaciones entre autoridades nacionales y provinciales, paradójicamente todas ellas con responsabilidad directa en el control del narcotráfico en el país. Agotado el show mediático, el juez Vera Barros resolvió la libertad del comisario Tognoli por falta de pruebas. El conflicto confirmó que la sociedad se encuentra totalmente indefensa ante el narcotráfico, y solo podrá entrever los lazos políticos y judiciales que lo amparan, a través del juicio oral que se desarrollará en España contra los argentinos que transportaron desde Ezeiza 944 kilos de cocaína e intentaron desembarcar en el aeropuerto El Prat, el 02 de enero de 2011. En este caso no hay enfervorizados debates políticos acerca de porque no se avanzó en la investigación en la justicia federal de nuestro país.

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción a manera de agenda permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, y las causas se prolongan hasta que operen las prescripciones, o concluyan en escandalosos sobreseimientos generalizados.

LA POLÍTICA TAMBIÉN USA A LAS DROGAS

La reciente detención del jefe de la policía de la Provincia de Santa Fe Hugo Tognoli, por supuestos nexos con distribuidores de drogas, desencadenó un alienado cruce de acusaciones entre funcionarios dirigidas a obtener bajos réditos políticos, lo que transparenta una vez más que la población está absolutamente indefensa ante el accionar creciente del narcotráfico.

Cuando se plantea que toda sociedad debe tener políticas y acciones consensuadas mas allá de ideologías y partidismos en aspectos esenciales para su protección y desarrollo, con el fin de lograr continuidad en el tiempo, sin duda la seguridad en todas sus variantes, y el control del narcotráfico en particular, es uno de dichos aspectos. Coherentemente con esta afirmación, el caso Santa Fe no debe ser analizado en función de oficialismos o supuestas oposiciones, sino en las enormes dudas, por no decir certezas, que arrojan las distintas manifestaciones de representantes políticos de primera línea en relación al hecho.

En primer término, una vez más la ciudadanía se enteró de hechos de corrupción a través de la prensa, en este caso por el medio gráfico oficialista “Página 12”, que informó sobre las supuestas vinculaciones con el narcotráfico de Tognoli. Casi de inmediato el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, ordenó su detención. En lugar de profundizar la línea investigativa para determinar los contactos existentes de la cúpula policial con las organizaciones o carteles actuantes, y coberturas políticas y judiciales que posibilitan su creciente actividad para proceder a su definitiva desactivación, los más altos niveles políticos solo se preocuparon por intercambiar responsabilidades. Lo insólito del caso, es que en un tema de carácter federal con fuertes implicancias internacionales como es el narcotráfico, desde la Presidente hasta los gobernadores y sus niveles específicos subordinados, podrían tener responsabilidades no solo políticas, sino en muchos casos penales. Por lo tanto, que los involucrados se muestren azorados por la responsabilidad “del otro” y oculten las propias, resulta agraviante para la sociedad.

Si hay un tema que no puede transformarse en un show mediático plagado de grandilocuencias que oculten la enorme cobertura política que por acción u omisión (o por complicidad o ineficacia si se prefiere), es el narcotráfico. Solo dos ejemplos: 1) El 02 de enero de 2011 la policía española detectó en el aeropuerto El Prat un vuelo privado con 944 kilos de cocaína que había partido el día anterior de Ezeiza. El avión estuvo estacionado meses en el aeródromo de Morón, en donde se lo readecuó para llevar la carga. La investigación quedó a cargo del juez federal Catania primero, y Caputo posteriormente, sin que a la fecha se realizaran detenciones. Los argentinos deberemos esperar al juicio oral en tribunales españoles para saber que sucedió en Morón y en Ezeiza. 2) Hace cerca de dos meses el juez federal Oyarbide brindó una conferencia de prensa para anunciar que se había desactivado una importante organización narcotraficante. Ante una consulta obvia de una periodista sobre el nombre de los detenidos, Oyarbide expresó que no podía darlos porque la causa estaba bajo secreto de sumario. Cabe preguntarse entonces para que llamó a conferencia de prensa. A la fecha no solo no se conoce el nombre de los detenidos, sino se ignora si realmente los hubo.

En el caso de Santa Fe, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, el santafesino Agustín Rossi, se negó a mantener una reunión con el gobernador Bonfatti y exigió renuncias. El responsable de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), el ex canciller y también santafesino Rafael Bielsa, jamás aclaró que acciones conjuntas se realizaba con las provincias en el marco del Consejo Federal, y en este caso en particular con Santa Fe. Cabe recordar que entre las misiones del organismo, expresamente se señala la de “Identificar y perseguir a quienes trafican”. El ex candidato presidencial y ex gobernador de la provincia Binner, publica en todos los medios gráficos una solicitada insulsa que solo buscar evitar costos políticos, con planteos cuasi infantiles como decir que el funcionario policial “venía de antes”, lo que muestra que no se realizaba seguimiento de la actividad policial. Si algo le faltaba a la teatralización del discurso político, el diputado nacional oficialista Andrés Larroque en una intervención delirante, hizo mención a una variante de la ideología socialista: el narcosocialismo.

No debemos omitir una mención a los organismos de seguridad nacionales y provinciales, cuya misión específica es precisamente la de brindar seguridad a los habitantes y combatir el delito. Han pasado 28 años desde la recuperación de la democracia y ejercicio de gobiernos constitucionales. La generación de integrantes de los servicios de seguridad perteneciente a la dictadura fue reemplazada casi en su totalidad por quienes ingresaron, se formaron y desarrollaron sus funciones en democracia. Los esquemas organizativos y operacionales de la Policía Federal, policías provinciales, Gendarmería, Policía Aeroportuaria, Prefectura y servicios de inteligencia, están bajo la exclusiva responsabilidad de los poderes políticos, lo que se potencia en las estrategias de coordinación entre Nación y provincias en temas como el narcotráfico. El remanido recurso efectista de pedir “el descabezamiento de las cúpulas” semeja más a metodologías de encubrimiento del delito que a su combate efectivo, y hace recordar la conocida frase del Príncipe de Salina, personaje de la obra “Il Gatopardo” escrita por Giuseppe di Lampedusa, cuando comprende que el final de la supremacía de la aristocracia se acerca: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. La investigación acerca de la actuación del Jefe de Policía Tognoli debe ahondar en su culpabilidad efectiva; nombre de sus contactos; la matriz policial de protección del narcotráfico, y fundamentalmente, la protección de altos funcionarios nacionales y provinciales políticos y judiciales al creciente e indisimulado negocio de distribución y comercialización de drogas.

De no actuar de este modo se continuará “descabezando cúpulas” de organismos del Estado, sin penas judiciales obviamente, y  no cúpulas de bandas de narcotraficantes y funcionarios asociados.