COIMAS EN EL SENADO: FALLO PARA LEER Y RECORDAR (conclusión)

En la última reflexión recordábamos a los actores más importantes que dieron lugar al caso conocido durante más de una década como “coimas en el Senado”, para mensurar más adecuadamente el reciente fallo judicial con la absolución de todos los acusados. Un aspecto que no debiera sorprender, es que todos los funcionarios mencionados en el fallo se encuentran hoy vigentes, hayan sido aliancista ayer y kirchnerista hoy, o kirchnerista  ayer y renovador hoy.

Transcribiremos aspectos sustanciales de las precisiones preliminares emitidas en diciembre pasado por el Tribunal Oral Federal Nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez (que reemplazó a Gerardo Larrambebere), y cuya entrega de fundamentos se hará el próximo 31 de marzo. Cierto es que, en aras de una síntesis, ciertas frases textuales encomilladas pueden sospecharse de estar fuera de contexto, como así también el sinnúmero de declaraciones mediáticas que realizarán diversos personajes políticos, gremiales y judiciales involucrados. Lo ideal es que el ciudadano no necesite de intermediarios, sino lea fundamentación de los jueces disponible en Internet, y juzgue por sí mismo.

El inicio del fallo señala que los sucesos fueron entregados a la sociedad “de manera irresponsable y sin fundamentos, por conocidos actores de la época, alentados, de igual modo, por el dr. Carlos Liporaci, primer juez de la causa….”. Más adelante expresa que “ la prueba producida en el debate y las demás circunstancias del proceso permitieron acreditar, sin lugar a dudas, que los hechos imputados no existieron”. Al respecto se describe detalladamente cada uno de ellos, y se expresa que “la única fuente de esta disparatada versión… son los inconsistentes y autocontradictorios dichos de Mario Luis Pontaquarto…”, ratificando seguidamente que “el presunto arrepentido se contradijo, se desdijo y corrigió sistemáticamente, con el objeto de adecuar su historia a los datos objetivos que surgían a medida que se producía la prueba….”. Cabe destacar, más allá de la estrategia jurídica, que los propios abogados de Pontaquarto aseguraron descreer de la versión de su cliente.

Los jueces dejaron en claro que a lo largo de todo el juicio, con más de 300 testimonios, no existieron testigos que confirmaran ninguno de los dichos de Pontaquarto (su supuesto ingreso al despacho presidencial cuando De la Rúa autorizó los sobornos; su concurrencia a la SIDE para retirar el dinero de los sobornos; sus trayectos y lugares para efectivizar la entrega del dinero, etc.). Pero sí destacaron graves irregularidades que se deberán juzgar en una instancia futura: el falso testimonio de la testigo Sandra Patricia Montero; “ la parcialidad de algunos de los jueces que intervinieron en la instrucción, en particular del dr. Daniel Rafecas…” y el Procurador Fiscal Federico Delgado; la intervención de la Oficina Anticorrupción encabezada por Julio Vitobello; la reunión que Pontaquarto mantuvo, previo a su denuncia concretada el 12 de diciembre de 2003,  con quien era Jefe de Gabinete, dr. Alberto Fernández; la reunión, siempre previo a la denuncia, que con la intervención y presencia del hijo del fallecido dirigente socialista Alfredo Bravo, llamado Daniel, tuvo con el ese entonces Jefe del Gobierno de la Ciudad Aníbal Ibarra, quien después nombró a Bravo director de Deportes. Con respecto al ex jefe de gobierno, los jueces afirman que “quedó patentizada en el debate la mendacidad del dr. Aníbal Ibarra”, y que tanto Ibarra como Bravo incurrieron en “imprecisiones y vaguedades” al intentar aclarar el motivo de la reunión con Pontaquarto.

El mencionado Daniel Bravo es un personaje a recordar en el terreno de sospechosas “operaciones políticas”. Es quien en 2005 encontró “el anónimo” que acusaba al entonces candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires del ARI, Enrique Olivera, de poseer dos cuentas en el exterior no declaradas. Severísimo, Alberto Fernández, por lo visto también experto en estos menesteres, pidió aclaraciones a Elisa Carrió. La denuncia se comprobó falsa, pero perjudicó a Olivera en la campaña electoral. El relevante político Daniel Bravo también está implicado en el negocio de la reventa ilegal de entradas de River Plate, que entre otras consecuencias implicara la suspensión del fiscal Campagnoli.

Bajo la acusación de haber armado la causa con la complicidad necesaria del juez Daniel Rafecas, Alberto Fernández, Aníbal Ibarra y Daniel Bravo se supone serán denunciados penalmente. Pero lamentablemente el juego político de estos personajes, como no podía ser de otro modo, será pagado por todos los ciudadanos. El Tribunal Oral dispuso que la Oficina Anticorrupción, también responsable de la operación, deberá hacerse cargo de las costas del juicio, que en concepto de honorarios de los abogados se estima que superan los 10 millones de pesos. Paga el Estado con los impuestos de los ciudadanos.

Por ello es momento que los autoproclamados candidatos presidenciales que son legisladores, inicien su campaña ya, no desde lo inútilmente declamatorio, sino con la presentación de leyes realmente transformadoras. Por ejemplo, cuando funcionarios, fiscales y jueces motoricen denuncias sin pruebas y/o testimonios suficientes, se hagan cargo de las costas del juicio, en caso de que este se lleve a cabo. O cuanto menos, se inhabilite a los responsables del perjuicio fiscal para ocupar cargos públicos.

Será Justicia

COIMAS EN EL SENADO: FALLO PARA LEER Y RECORDAR (primera parte)

En el listado parcial de causas penales en trámite por corrupción de funcionarios públicos y empresarios privados, asociados para usufructuar y saquear fondos públicos, presentado en la última reflexión, señalábamos que el fallo emitido en diciembre pasado por el Tribunal Oral Federal Nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez (que reemplazó a Gerardo Larrambebere), absolviendo a todos los acusados de  presuntos sobornos a senadores del PJ, merecía un análisis particularizado, pues el caso ejemplifica el deterioro terminal que sufre el concepto de justicia cuando se transforma en un recurso mediático usado por actores políticos, para a través de la infamia y degradación institucional alcanzar el nirvana de la delincuencia: la impunidad.  

El enorme daño que provoca la corrupción en el Estado, no entendida aún por la ciudadanía pese a puntuales reclamos para combatirla, se fundamenta en que la afectación del presupuesto público se implementa a través de empresarios asociados, que en carácter de proveedores, constructores de obra pública, prestadores de servicios externos o concesionarios de servicios públicos, generan enormes excedentes por sobre las ganancias originalmente previstas mediante sobrecostos o incumplimientos contractuales avalados por el Estado, y retornan parte de los mismos a los funcionarios involucrados. Esta mecánica ancestral, cuando se desboca lleva indefectiblemente a la pobreza del país, y en muchos casos al sacrificio de vidas inocentes, como el incendio de Cromañon o la tragedia en la estación de ferrocarril Once.

El caso de las coimas en el Senado, sin embargo, presenta un aspecto distintivo: no hubo sectores privados involucrados, sino funcionarios públicos con fondos públicos (supuestamente del Servicio de Inteligencia), para objetivos políticos y enriquecimientos personales. Cabría suponer entonces que la investigación se simplificaría: la contabilidad de la SIDE, reservada pero existente, más el aporte testimonial y documental de funcionarios del más alto rango, permitirían verificar el ilícito en corto tiempo, por lo que el encubrimiento, ya cumplido el objetivo político del desprestigio, se haría por el remanido método de la prescripción de causa.

Sin embargo, no fue así. Para mejor comprensión de un caso cuya tramitación llevó 13 años, es oportuno rescatar del pasado circunstancias que cobran relevancia con el fallo, cuya lectura de  fundamentos está prevista para el 31 de marzo próximo.

1.- Todo se inició a través de un anónimo que circuló por el propio Senado en agosto del año 2000, provocando que el vicepresidente Carlos Alvarez, responsable del manejo administrativo de la Cámara, renunciara dos meses después, señalando en su anuncio público que “la política debe dejar de estar asociada con el delito”. Esta decisión lo transformó en uno de los máximos responsables de la crisis del 2001, al quebrar la sucesión presidencial de la Alianza. Hoy, y desde hace más de tres años, convencido quizás que la política ya no está asociada con el delito, Alvarez se encuentra becado por el actual Gobierno con diversos cargos en el exterior, obviamente con tareas desconocidas.

2.- Es el primer caso conocido que dirigentes gremiales, con Hugo Moyano a la cabeza, se horrorizaron al escuchar la palabra “coima”, supuestamente canalizada a través de la promocionada tarjeta Banelco, pero concretada por el servicio puerta a puerta Pontaquarto.

3.- El ex presidente Néstor Kirchner, recién asumido y señalando el escritorio de su despacho en una entrevista televisiva, exclamó. “Acá se pagaron las coimas”.

4.- Las denuncias motivaron una apertura de causa por parte del juez federal Carlos Liporace, quien casi de inmediato manifestó públicamente que “hubo sobornos”. Solo le faltó decir que esperaba a los funcionarios y senadores implicados en su despacho, para tomar un café y ver como se arreglaba el problema. Poco tiempo después, por innumerables denuncias por el manejo de causas de corrupción, y haberse comprobado que era propietario de una mansión en Vicente López valuada en un millón de dólares con 1.200 metros cuadrados de superficie cubierta que no pudo justificar con sus ingresos, Liporace tuvo protección política. Se le permitió renunciar y cobrar su jubilación, en lugar de someterlo a juicio. Desactivada la posibilidad de una “amigable” gestión del juez, la causa languideció.

5.- Sin embargo en diciembre del año 2003, el radical Mario Pontaquarto, que fuera secretario administrativo del Senado, denunció ante la justicia haber sido el encargado de trasladar  5 millones de dólares con el fin de sobornar a senadores justicialistas para que aprobaran la ley de Reforma Laboral. Un detalle a prestar atención: en todas sus declaraciones a lo largo de los años, Pontaquarto se mostró más interesado en destacar que De la Rúa, ante él y en su despacho presidencial, impartió la orden de pago de los sobornos, que en clarificar la secuencia de retiro y distribución del dinero.

Recordados éstos antecedentes, que generaron un cúmulo infinito de opiniones y afirmaciones rotundas, artículos periodísticos, y distendidas declaraciones mediáticas, entramos en la etapa odiada por la política: “Caballeros, a declarar en sede judicial”. En la próxima reflexión destacaremos párrafos del fallo, con la inclusión de nuevos actores embarcados en “el saneamiento moral de la Nación”.

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA FEBRERO 2014

A partir de este mes se retoma la presente agenda de seguimientos regulares de casos judiciales de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados en el marco de prestación de servicios para el Estado, con afectación de recursos públicos y consecuentes enriquecimientos ilícitos, incluso a costa de vidas inocentes.  La visualización global y simultánea de los principales casos, mostrará con claridad la imperiosa necesidad de reformular profundamente el funcionamiento de la Justicia Federal. Se detalla el avance actual de algunas de las causas.

1.- Coimas pagadas a senadores en el año 2000 para aprobar leyes laborales

Tras un extenso juicio oral, el Tribunal Oral Federal Nº 3 integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez (que reemplazó a Gerardo Larrambebere), absolvió en diciembre pasado a todos los acusados de los presuntos sobornos a senadores. La causa se inició por un anónimo que circulara en el propio Senado en agosto del año 2000. Este fallo merece leerse detenidamente (está disponible en Internet), y será motivo de una próxima reflexión específica, pues exhibe con crudeza como la Justicia puede ser usada desde los más altos niveles políticos para crear “sensaciones” en la sociedad, y que a la hora de la verdad los mismos acusadores no presenten pruebas o declaración testimonial que aporte a la causa. Esto significa que los sobornos no existieron? Imposible afirmarlo, en un contexto de fuerte imbricación entre la política y la justicia federal penal.

2.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012

El juez Claudio Bonadío elevó la causa a juicio oral y público con procesamiento a funcionarios y empresarios, pero no de gremialistas mencionados por el propio Bonadío como partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del servicio. El juicio oral y público lo llevará adelante el Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu; Jorge Alberto Tassara y Jorge Luciano Gorini, a partir del 18 de marzo próximo.

3.- Entrega de dádivas al ex Secretario de Transportes Ricardo Jaime

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de sus integrantes Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, declararon nulo el llamado a juicio oral y público efectuado por el juez Julián Ercolini en la causa de dádivas entregadas por empresarios de transporte a Jaime,  funcionario que debía controlarlos. Con esta resolución quedaría prescripto este delito, sumando un capítulo más a la red de impunidades. Ricardo Weschler, fiscal en la Cámara de Casación, interpuso un recurso ante la Corte Suprema para que revoque la anulación de la citación a juicio.

4.- Defraudación de fondos públicos entregados a la Fundación Sueños Compartidos para construir viviendas de interés social

La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por  los dres. Jorge Ballestero y Eduardo Farah, anuló el procesamiento de los hermanos Schoklender y otros 42 imputados, por el desvío de fondos públicos otorgados para construir viviendas sociales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo que encabeza Hebe de Bonafini, y apartó al juez actuante Norberto Oyarbide, acusándolo de una investigación defectuosa, imprecisa, confusa, y violatoria del derecho de defensa y garantías de los acusados, lo que era una obviedad desde el inicio de la misma, dados los antecedentes del juez en los casos de corrupción de funcionarios. La decisión permite demorar, por no decir diluir, el juicio oral y público, impidiendo que el Estado recupere parte de los 765 millones entregados  a la Fundación .  Tampoco el titular de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, a más de quince meses de solicitada por el juez Martínez de Giorgi, presentó la auditoría sobre la ruta del dinero, pese a que públicamente prometió hacerlo en tres meses, apenas estallado el escándalo. La decisión no sorprende: nadie podía pensar que el principal responsable fuese Shocklender, ni que este no poseyera la documentación necesaria que le asegure indemnidad.

5.- Causa de lavado de dinero a través de una estructura encabezada por el grupo empresarial de Lázaro Báez

La investigación está a cargo del responsable del Juzgado Federal Nª 7, Sebastián Casanello, quien intentò excusarse de actuar en la causa, y posteriormente evitò acusar al principal implicado, el empresario Làzaro Bàez. Con sus dilaciones iniciales el juez posibilitó el retiro de documentación   de las oficinas de la financiera intermediaria en el manejo de operaciones sospechosas,  como lo registraran las càmaras de seguridad del edificio Madero Center, previo a su allanamiento, lo que augura una nueva impunidad de los involucrados. No se conocen avances en las investigaciones.

6.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica

Luego de haber sido reemplazados el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, a  dos años de iniciada la causa los jueces Ballestero y Farah rechazaron el pedido del fiscal Di Lello para cerrar la causa contra el vicepresidente Amado Boudou por su participación en el negociado entre el Estado y privados en la adquisición de la ex empresa Ciccone Calcográfica, reclamando en términos muy duros al Juez Ariel Lijo agilizar y profundizar la investigación para esclarecerla rápidamente. Un detalle insólito: la Inspección General de Personas Jurídicas no sabe o no quiso informar a quien pertenece la sociedad The Old Fund, que se hiciera cargo de la ex Ciccone y cuya cara visible es Vanderbroele. Tras la reprimenda al juez, recién están comenzando las indagatorias a los sospechosos, entre los que se encuentran el vicepresidente Boudou y el responsable de la AFIP Echegaray.

7.- Contrabando de armas del ejèrcito argentino a Croacia y Ecuador

En el 2013 la Sala I de la Càmara de Casaciòn, integrada por los camaristas Raùl Madueño, Luis Cabral y Juan Carlos Gemignani, condenò a siete años de prisiòn al ex presidente Menem por contrabando agravado, como asì tambièn al ex ministro Oscar Camilliòn y otros involucrados, revirtiendo el insòlito fallo de los jueces Luis Alberto Imas y Horacio Artabe, del Tribunal Oral en lo Penal Econòmico Nª 3, que absolvió a la totalidad de los dieciocho acusados. Cabe señalar que pese a la condena, ningún político ya sea oficialista u opositor, pidió el desafuero de Menem como senador. Dentro de nuestro sistema, un condenado puede legislar.

El seguimiento continuará en los próximos meses con las novedades o demoras que surjan.

EL ENGAÑO HABRÁ ALCANZADO SU LÍMITE?

El conocimiento de la historia, antes que para transportar a sus actores a la actualidad e involucrarlos en estériles  y muchas veces engañosos debates, debe servir para no repetir errores, y crecer como país. Señalábamos en la última reflexión que la Argentina atravesó severas crisis económicas en cada una de las últimas seis décadas. Lo preocupante, más allá de la cronología de los hechos, es la asombrosa similitud entre los discursos, acciones adoptadas, y sectores sociales y productivos afectados, que sin duda se repetirán. Cabe preguntarnos entonces: el engaño alcanzará alguna vez su límite? Rememoremos las similitudes.

Podríamos comenzar la retrospectiva con la célebre frase dirigida a la ciudadanía por el ministro de economía Alvaro Alsogaray en junio de 1959: “Hay que pasar el invierno”. El abrigo utilizado fue  devaluar la moneda para compensar el déficit de la balanza comercial, cayendo el salario real el 24%. Más tarde, en el gobierno justicialista iniciado en 1973, el primer ministro de economía José Bel Gelbard, recordado por su eslogan “inflación cero”, generó una fenomenal crisis similar a la actual. Como consecuencia, bajo el mando de Isabel Perón, en junio de 1975 Celestino Rodrigo devaluó el dólar comercial en 150 %; subió un promedio del 100 % las tarifas de servicios públicos, e incrementó en 180 % el precio de los combustibles. Para paliar el impacto los salarios subieron el 80 % . Ya en la dictadura militar, en 1981 el ministro Lorenzo Sigault expresó: “El que apuesta al dólar pierde”. Al día siguiente el peso se devaluó el 30%, y le siguieron sucesivas devaluaciones y crisis de deuda externa.

Tomemos un breve respiro para reingresar en la democracia.

En la hiperinflación de 1989, el ministro radical Juan Carlos Pugliese se refirió a los empresarios: “Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. En 1992 el justicialista Menem, bajo el lema “Síganme que no los voy a defraudar”, comenzó una privatización de empresas estatales, con alta corrupción y sin control posterior a las empresas adquirentes. En su asunción como presidente en enero de 2002, luego del colapso de la alianza entre radicales y justicialistas (De la Rúa + Chacho Alvarez), Eduardo Dhualde anunció: “Quien depositó dólares recibirá dólares”. Un mes después su gobierno pesificó los ya congelados depósitos en divisas. En el 2003 asumió un nuevo gobierno justicialista, ya no neoliberal, sino con los mismos funcionarios transformados en nacionales y populares, en alianza con “radicales K”. Tras casi diez años de gobierno, en mayo del año pasado la Presidente por cadena nacional expresó: “No devaluaremos a costa del hambre de los argentinos”. Diez meses más tarde el peso tuvo una devaluación superior al 50%.

Esta síntesis, que si no fuera dramática  parecería irónica, puede ser cotejada a través de Internet o de la amplia bibliografía existente. De las similitudes a lo largo de las seis décadas, destacaremos dos: 

1) más allá de diferencias de contextos, los perdedores en todos los casos fueron siempre los mismos: los sectores medios, principales generadores de empleo, riqueza, y por ello, de justicia distributiva. 

2) en ninguna de las crisis mencionadas los dirigentes que pedían “el sacrificio de todos”, actuaron sobre la principal causa de su recurrencia: la corrupción, entendida como el desmesurado enriquecimiento de funcionarios, familiares y testaferros, como contraprestación por favorecer a sectores privados asociados, saqueando al erario público mediante sobrecostos en obras y concesiones públicas, mala calidad de ejecución y prestación, y financiamientos públicos espúreos a privados que generan negocios sin riesgos, recibiendo por ello los responsables políticos el consabido “retorno”. Todo ello bajo el paraguas  necesario de la ineficacia de la justicia federal para proteger a la ciudadanía de la expoliación.

Esta realidad intenta ser enmascarada mediante un léxico globalizador, demagógico,  y por repetido engañoso, con términos como monopolios; renta indebida; oligarquías; golpes de mercado; precarización salarial. Si bien todos ellos son válidos y existentes en las sociedades, su mayor o menor influencia queda acotada, precisamente, por la calidad de los gobiernos. Cabe preguntarse entonces porqué tras treinta años de democracia, y con la mayoría de la dirigencia política, empresaria y gremial conformada por las mismas personas, nuestros gobiernos y representantes sectoriales no son capaces de protegernos de tamañas plagas supuestamente identificadas. No será precisamente por ser las mismas personas, y por lo tanto no  pueden ni quieren desarmar la columna vertebral de intereses personales, corporativos y de corrupción?

Nicolás Maquiavelo afirmaba: “Hay tres clases de cerebros: el primero discierne por sí mismo; el segundo entiende lo que otros disciernen, y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

Hasta cuando políticos oficialistas y supuestos opositores seguirán tratando a la ciudadanía como pertenecientes al grupo de cerebros inútiles? Evitarlo en el mediano plazo dependerá de nosotros.