miércoles, 27 de febrero de 2013

COMENZÓ LA CAMPAÑA ELECTORAL (primera parte)


En octubre próximo se realizarán las elecciones legislativas para renovar la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados por el período 2013-2017, y un tercio de la Cámara de Senadores por el período 2013-2019. Previamente en agosto, las agrupaciones políticas deberán llevar a cabo las primarias (comúnmente conocidas como internas), abiertas, simultáneas y obligatorias, para elegir a sus candidatos.

El ciudadano común pensará razonablemente que para dichos actos eleccionarios aún falta tiempo, pero no para quienes actúan y especialmente viven de los cargos políticos. Se responderá que más allá de los deseos particulares, existen las limitaciones que impone la legislación electoral vigente, pero el cumplimiento de las leyes no es una de nuestras virtudes. Si no es posible el recurso de la “interpretación” de las leyes acorde nuestros intereses, muchas veces por parte de los mismos que las promulgaron, lisa y llanamente se las incumple. Por ello analizar el proceso preelectoral desde ya, a seis meses de las elecciones primarias, será mucho más útil para el votante que recién prestar atención a los candidatos durante el período de campaña. Ello es así porque los políticos involucrados en este período priorizarán sus situaciones personales, especialmente los que desean repetir como diputados y senadores, por sobre la elaboración en bien del país de construcciones políticas serias y valederas con visión de futuro.  

El devenir político diario se encuentra condicionado por mensajes diversos en los que muchas veces es difícil detectar lo cierto de lo especulativo, o lo posible de lo delirante. Sin embargo el transcurso del tiempo no debe ser en vano, porque muy posiblemente lo que sucederá en octubre próximo ya pasó anteriormente. En principio es muy difícil que el voto ciudadano pueda evitarlo en lo inmediato, pero sí podemos plantear temas que a la clase política no le interesa incluir en su agenda, pero que debería responder ante los requerimientos e inquietudes de la ciudadanía, independientemente de sus simpatías o ideologías, como forma de aproximarse a la valía y honestidad intelectual de los candidatos. Citemos un ejemplo.

Recientemente en una solicitada a toda página en los principales medios gráficos, el diputado Francisco De Narváez planteaba a la sociedad “Es Ella o Vos. Y nosotros estamos con Vos”. Pero “Vos”, yo, Ud., somos ciudadanos con mayor o menor nivel de información, que deberemos votar para ser “representados” en función de los compromisos que asuma el candidato. Por lo que la pregunta a formular a De Narváez y al resto de los candidatos debería ser: que hiciste VOS cómo legislador en los últimos cuatro años? Cómo votaste las leyes que implican grandes compromisos económicos para el país a futuro? (jubilaciones, reestatizaciones, decretos de necesidad y urgencia; manejo de las reservas del Banco Central); qué control legislativo realizaste de los compromisos asumidos por el Ejecutivo en la aprobación de las leyes? Cuál fué tu nivel de asistencia a las reuniones de comisiones y sesiones legislativas? Qué proyectos de ley presentaste?

Esta información es esencial en una instancia en que la minimización de los partidos políticos hace que los candidatos carezcan de estructuras políticas sólidas que los respalden, permitiéndoles un manejo personal y autónomo una vez asumido el cargo. Hasta no hace mucho tiempo era impensable que los partidos justicialista, radical y socialista no  participaran de una elección a nivel nacional en carácter de tales. Sin embargo, no lo hicieron en las últimas elecciones ni lo harán en la próxima. En su lugar veremos siglas tales como Frente para la Victoria, UDESO, FAP, u otras fantasías similares, que se caracterizan precisamente por ser flexibles receptáculos de oportunidades en momentos electorales, en lugar de constituir estructuras políticas consolidadas, y detalle no menor, interconectadas en el ámbito nacional. Paradójicamente, los mismos políticos que promueven variadas y mutantes nuevas alianzas, critican a la recordada Alianza triunfante en la elección presidencial de 1989, muchos de cuyos integrantes, encabezados por el renunciante vicepresidente Carlos Alvarez, forman parte del actual gobierno. Una torpeza política quizás? Si de mantener a los mismos políticos coptando los principales cargos de representación se trata, debemos evaluarla no como torpeza sino como estrategia.  

Incursionar en un análisis más detallado que avale las hipótesis planteadas, exige delimitar los campos de estudio, diferentes entre sí, pero necesariamente interrelacionados. A tal efecto podemos destacar los siguientes aspectos:
1)      Antecedentes inmediatos: elección nacional legislativa de 2009, y presidencial de 2011.
2)      Marco legal electoral existente
3)      Puja política actual y proyección de la elección legislativa de 2013 en la presidencial de 2015.
4)      Porqué hay frentes, alianzas y coaliciones, y no partidos políticos consolidados?
5)      El cargo de representación legislativa debe ser del partido o de la persona?
6)      Campañas publicitarias: diferenciar entre la promesa y lo posible.

Iremos desgranando cada uno de estos aspectos en futuras reflexiones, para no desaprovechar esta posibilidad de análisis y crecimiento cívico. Si bien es impensable  que en los escasos ocho meses que restan para la elección nacional se produzcan cambios estructurales de fondo, se puede sembrar el camino para llegar en las mejores condiciones posibles a la elección presidencial de 2015. El equilibrio de poderes y la alternancia democrática en una república son conceptos a los que, al menos públicamente, todos adhieren. Pero como este principio usualmente no se promueve desde el poder, el buen político es el que lo hace posible desde el llano.

jueves, 21 de febrero de 2013

ACUERDO CON IRÁN: LO QUE SE OMITIÓ ACLARAR


Sumar una opinión más a las vertidas sobre aspectos puntuales del Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de Argentina e Irán vinculado al ataque terrorista a la sede de la AMIA en julio de 1994, visto en algunos casos la relevancia de los opinantes, no aportará nada nuevo a la polémica. Pero es oportuno reflexionar sobre el contexto y aspectos específicos que increíblemente no fueron planteados.

Vayamos de lo general a lo particular. Dentro de las variadas definiciones de diplomacia, rescatemos la más entendible para una sociedad, y por ello más valedera. La diplomacia implica “aplicar el sentido común, comprensión  y manejo profesional a las relaciones internacionales entre soberanos”. Salvo honrosas excepciones, nuestros gobiernos priorizaron en la Cancillería “lo político sobre lo profesional”, y en cuanto al sentido común, la aplicación de la frase “en política, uno más uno no es igual a dos”, que justifica cualquier disparate. Esto explica el pobre debate público que se pudo observar en las Comisiones de Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales y Justicia del Parlamento.

Por su parte, el “memorándum” es un escrito breve por el que se intercambia información y se sugiere líneas de acción sobre temas e intereses entre sectores involucrados. Su carácter por lo tanto, es de menor categoría que el de convenio, acuerdo o tratado, y en el campo diplomático se utiliza para restar solemnidad a las supuestas coincidencias logradas. Sin embargo, su ratificación por ley del Congreso, que en nada clarifica omisiones, vaguedades e interpretaciones sobre alcances jurídicos de algunos de sus términos, le otorgará una enorme trascendencia en un futuro debate diplomático de no arribarse a un acuerdo.

Planteado este contexto, no puede sorprender los titubeos del canciller Timerman en definir los alcances del memorandum; la poca profundidad y coordinación de las preguntas realizadas por supuestos opositores para establecer su vulnerabilidad; las dubitativas posturas iniciales de los representantes de la AMIA y la DAIA, quizás por lo sorpresivo del anuncio, y finalmente, el estado de confusión que el documento produjo entre las agrupaciones de familiares afectados por el atentado, que las llevó a adoptar posiciones encontradas. Este último aspecto es el más revelador, porque es impensable que quienes sufrieron la pérdida de seres queridos fijen posturas en función de especulaciones políticas. 

En el marco de la confusión desatada, se obvió la frase más trascendente del canciller Timerman, repetida por otros funcionarios, y que sin estar referida específicamente al memorandum debería haber originado un sinnúmero de pedidos de aclaracion. Se afirmó que por no haberse podido interrogar a los sospechosos iraníes residentes en Irán, la causa del atentado a la AMIA “se encontraba estancada”. Para seguir sumando absurdos, Timerman acusó a Guillermo Borger, presidente de la AMIA, de intentar que la causa no avance para encubrir a Rubén Beraja, presidente de la DAIA en la época del atentado.

Un ataque terrorista que por su envergadura reconoce un conflicto de carácter internacional, pero exige una fuerte logística local, no necesita de la declaración de los sospechosos iraníes para identificar y probar la participación de residentes en el país. Tampoco se puede pretender que los iraníes arrojen luz sobre las posteriores complicidades políticas y judiciales argentinas en la etapa investigativa para mantener la impunidad de los responsables. Cuando una presidente de la Nación habla de omisiones en el accionar de jueces de la Corte Suprema de Justicia, y un canciller destaca  responsabilidades de un ex representante de la DAIA, no se trata de aprobar o rechazar estas acusaciones. Se trata de actuar. Obtener respuesta a este interrogante no depende de barajar alternativas sobre el resultado que arroje la implementación del acuerdo entre Argentina e Irán, sino de identificar y castigar en el ámbito de la justicia argentina a los culpables de la acción y posterior encubrimiento que actúan y residen en nuestro país.

El exceso de dudas y omisiones que presenta el acuerdo con Irán, hace suponer que poco se conoce sobre las verdaderas razones que lo motivaron. En realidad, la historia está plagada de ejemplos de dualidad política, en la que lo que se debate públicamente no se corresponde con los objetivos privados. Expresaba hace más de 500 años Nicolás Maquiavelo, cuando señalaba de que modo deben cumplir los príncipes sus promesas: “Se podrían citar innumerables ejemplos modernos de tratados de paz y promesas vueltos inútiles por la infidelidad de los príncipes. Que el que mejor ha sabido ser zorro, ese ha triunfado. Pero hay que saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y disimular. Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento, que aquél que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar”.




jueves, 14 de febrero de 2013

CUANDO LAS POLÉMICAS OCULTAN ACUERDOS


Intentar comprender el devenir político, y fundamentalmente avizorar un futuro coherente y posible para el país, obliga a reflexionar acerca de las causas por las que los máximos representantes políticos, gremiales y empresariales de las dos últimas décadas sean siempre los mismos apellidos. En un sistema democrático, la inmediata respuesta sería que todos ellos han sido legitimados por la elección de las mayorías a las que representan. Esto es realmente así?

El discurso político que acompaña estas permanencias en los cargos de representación, de quienes además han convivido durante años en ámbitos políticos, sociales, deportivos y aún familiares, muchas veces entrecruzando intereses ajenos a lo ideológico, invoca la necesidad  de “evitar agravios; obtener consensos; dialogar”, para posteriormente hacer todo lo contrario. La aparente dicotomía se explica en que no son las sociedades las que naturalmente se dividen en buenos y malos según sean sus creencias, sino son los sectores dirigenciales privilegiados eternizados en sus cargos excelentemente rentados los interesados en crear lo que en la propaganda política se conoce como la “Regla de simplificación y del enemigo único”, que no es un hallazgo de Laclau, sino de los regimenes dictatoriales, cuyo máximo exponente fue el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, quien expresaba: “La propaganda debe limitarse a una pequeña cantidad de ideas a repetir siempre. La masa solo recordará las ideas cuando le sean repetidas centenares de veces”.

En el caso argentino lo sorprendente es que en torno a las mismas ideas genéricas e indefinidas, (lo más simples posibles diría Goebbles), como nacional, popular, neoliberal, modelo, debaten entusiastamente a lo largo del tiempo tanto supuestos oficialistas como supuestos opositores, mutados según convenga en neoliberales, progresistas, de derecha, de izquierda, disidentes, aliancistas, frentistas, y otros ropajes ideológicos, bajo la exclusiva catalogación de “bueno o malo; dialoguista o autoritario”, evitando toda profundización de los temas. Quizás esto explique preliminarmente porque solo hay proclamas y no políticas claras, críticas y no alternativas, pequeños grupúsculos electoralistas y no partidos políticos. Esta realidad nos obliga a pensar que las supuestas divisiones políticas son solo estrategias para captar porciones escasas del voto ciudadano que les permita por siempre permanecer. Posiblemente lo expresado lo veremos con claridad en la próxima elección legislativa.

Carlos Marx afirmaba que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. La farsa es un tipo de obra teatral cuya trama esta basada en situaciones en que los personajes se comportan de manera extravagante y extraña, con el fin de engañar o aparentar. Que la farsa se traslade a la actuación política implica un grave riesgo para la democracia y la calidad de vida de los ciudadanos. Dos ejemplos recientes ejemplifican la hipótesis planteada.

En la provincia de Santa Fe se desató un alocado cruce de acusaciones entre autoridades nacionales y provinciales respecto al creciente narcotráfico en general, y en Rosario en particular. Sus principales exponentes fueron el gobernador Bonfatti; el pretendido candidato presidencial Hermes Binner; el jefe del bloque oficialista de diputados del Frente por la Victoria Agustín Rossi, y un dato no menor, la ausencia en el debate de Rafael Bielsa como máximo responsable del la Secretaría de Prevención de la Dogradicción y Lucha contra el Narcotráfico, organismo nacional entre cuyas tareas figura la de “ identificar y perseguir a quienes trafican y por ende comprometen la vida y futuro de generaciones de argentinos”.  Para colmo, todos los mencionados funcionarios son santafecinos.

Ante lo delirante y electoralista de la polémica, lo más triste para  kirchneristas; no kirchneristas; progresistas o neoliberales, es asumir que la sociedad se encuentra totalmente desprotegida ante el lucrativo y creciente negocio del narcotráfico, que necesita de la complicidad y/o ineficacia de quienes deben combatirlo, sean oficialistas u opositores.

El segundo ejemplo no es menos absurdo. Recurrentemente se producen enfervorizadas polémicas entre el Gobierno nacional y algunas Provincias respecto a la injusta distribución de los recursos coparticipables, con reclamos que convergen en quien ejerce circunstancialmente el Poder Ejecutivo, hoy la presidente Cristina Kirchner, acusando una injusta distribución de dichos recursos entre la Nación y las provincias, para permitir al gobierno nacional obtener fondos excedentes para disciplinar a gobernadores e intendentes.

Pero se omite señalar que esto es posible como resultado del incumplimiento de la cláusula transitoria sexta de la reforma constitucional de 1994, que otorgaba plazo hasta 1996 para dictar una nueva ley convenio que estableciera una coparticipación más justa. Este incumplimiento es responsabilidad exclusiva de los gobernadores y legisladores provinciales que tienen la potestad y posibilidad para hacerlo, con independencia del deseo presidencial, quienes no solo incumplen con sus responsabilidades, sino incrementan las atribuciones y arbitrariedades del Ejecutivo nacional, votando mayoritariamente injustificados decretos de necesidad y urgencia sin límites temporales, cuando simultáneamente se pregona que el país crece “a tasas chinas”.

Cabe preguntarse entonces: tienen sustento los reclamos de las provincias a la Nación, incluso en instancias judiciales? No será más importante para los provincianos que en lugar de votar por candidatos según sean oficialistas u opositores, preguntarse que han hecho cada uno de ellos por sus provincias una vez asentados en la gran ciudad de Buenos Aires, y en el colmo del absurdo, haber incrementado sus dietas con pagos especiales “por desarraigo”?

miércoles, 6 de febrero de 2013

COLAPSO JUDICIAL - AGENDA FEBRERO 2013


Se inicia con la presente agenda mensual los seguimientos rutinarios durante el 2013 de casos judiciales de corrupción que involucran a funcionarios públicos y empresarios privados con enriquecimientos ilícitos a costa de fondos del Estado.

1.- Tragedia del ferrocarril Sarmiento en estación Once en febrero de 2012
El juez Claudio Bonadío elevó la causa el pasado 16 de enero a juicio oral y público. Previamente la sala II de la Cámara Federal constituída por los jueces Horacio Cattani, Martín Iruzum y Eduardo Farah, confirmaron la decisión de Bonadío de procesar entre otros a los ex Secretarios de Transporte Jaime y Schiavi y los empresarios Cirigliano solo por  administración fraudulenta, estrago culposo (sin intención), e incumplimiento de sus funciones por no haber controlado intencionadamente el desarrollo de la concesión. Pese a que tanto el juez Bonadío y el fiscal Delgado hicieron mención de ello en sus alegatos, no se procesará a los acusados por asociación ilícita, que supone el pago de dádivas con los subsidios del Estado conocidas como “retornos” (el privado paga coimas a los funcionarios que debieran controlarlo con los propios recursos públicos), delito éste que tiene una sanción penal mucho mayor. Se estima los subsidios a favor de TBA en más de 1.900 millones de pesos. Tampoco se procesó a gremialistas mencionados por Bonadío en sus fundamentos como partícipes necesarios, dado que no podían desconocer las falencias del servicio.
Indirectamente con este caso se relaciona el fallo del juez federal Luis Rodríguez, que juró en su cargo el pasado 13 de octubre, sobreseyendo de inmediato a Ricardo Jaime y empresarios ferroviarios que integran la empresa que gestiona las líneas Sarmiento y Mitre, por contrataciones para reparación de vagones realizadas por altos montos con otras empresas controladas por los mismos grupos empresarios. La eventual apelación la debe realizar el fiscal Carlos Stornelli, que integra la Comisión de Seguridad del club Boca Juniors.

2.- Quiebra y recuperación de la imprenta ex Ciccone Calcográfica
Luego de haber sido reemplazados el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo por el juez Ariel Lijo y fiscal Jorge Di Lello respectivamente, la causa entró en un letargo, pese a que permanentemente surgen nuevos elementos incriminatorios para los funcionarios públicos y empresarios privados involucrados, entre los que se encuentran el vicepresidente Boudou, los banqueros Moneta y Brito, y el intermediario Vandenbroele. 
Se destacan cuatro novedades: 1) Aún no se conocen los dueños de la sociedad Old Fund, presidida por Vandenbroele, que asumiera el control de la ex Ciccone. 2) El Tribunal de Tasaciones de la Nación aún no estableció el monto de expropiación de la empresa.3) Desaparecieron de la Inspección General de Justicia, actualmente a cargo de Norberto Berner, los expedientes que deberían revelar los antecedentes societarios de la ex Ciccone, Old Fund y aportes de London Supply, que explota los aeropuertos patagónicos. 4)  La familia Ciccone efectuó una presentación el pasado 19 de diciembre ante el Ministerio de Economía, solicitando información sobre la situación de la empresa al momento de la intervención estatal (balance de inicio; inventario de los activos de la sociedad; facturaciones y cobranzas realizadas; destino dados a los activos y demás bienes de la empresa), entre otros interrogantes no menos importantes. Dicha presentación se hizo bajo apercibimiento de demanda al Estado por el manejo de la empresa. A la fecha no hubo respuesta de Economía. 
Cabe destacar que la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, rechazó las nulidades planteadas por los defensores de Boudou, Nuñez Carmona y Vandenbroele, respecto al testimonio de la ex esposa de este último, Laura Muñoz; del allanamiento del departamento propiedad de Boudou en Puerto Madero, y todas las pruebas reunidas por el anterior fiscal Rívolo con posterioridad a ser recusado por la defensa de Boudou. Haber aceptado este pedido de nulidades hubiera llevado a la impunidad de la causa.

3.- Operación financiera ilícita y eventuales dádivas percibidas por Felisa Miceli
El Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por Luciano Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Jiménez Uriburu, condenó a cuatro años de prisión a Felisa Miceli, por haberse encontrado en junio del año 2007 en el baño de su despacho de Ministra de Economía, una bolsa conteniendo $ 100.000 y u$s 31.570, cuya procedencia no solo no pudo justificar, sino que falseó y modificó su declaración inicial respecto a su origen, al punto de ser acusada una testigo ofrecida por la defensa de falso testimonio. La señora Miceli declaró que fue condenada porque carecía “de protección”. Como el fallo fue apelado por su defensa, cabe la posibilidad de que en esta instancia el beneficio le sea otorgado.

4.- Contrabando de 944 kilos de cocaína transportada a España en un vuelo privado argentino.
El 02 de enero de 2011 la Guardia Civil española detuvo en el aeropuerto El Prat a los hermanos Juliá y a Matías Miret por transportar 944 kilos de cocaína en un jet privado que había partido de Ezeiza el 01 de enero, luego de haber estado estacionado casi dos meses en el aeródromo de Morón, en donde se produjo la carga. La investigación de la conexión local y actuación de los organismos de control, inicialmente a cargo del juez federal en lo penal económico Alejandro Catania, sustituído luego por el juez Rafael Caputo, no tuvo ningún avance. En febrero de 2011 el juez Oyarbide intentó sin éxito trasladar a su juzgado la causa. Matías Miret fue absuelto, y en enero de este año los hermanos Juliá condenados a trece años de prisión. En la Argentina, los jueces continúan investigando “hasta las últimas consecuencias”. Llegado a nuestro país, Matías Miret expresó una obviedad: ¿ dónde estaban la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando salió de Ezeiza el avión con una tonelada de cocaína?

El seguimiento regular de distintos casos de corrupción a manera de agenda permitirá comprobar que contra lo que intencionadamente se transmite a la sociedad, no es difícil ni complejo obtener pruebas de los delitos económicos contra el Estado. Lo grave es que una vez obtenidas, las pruebas se neutralizan, diluyen y/o desaparecen en las reparticiones judiciales y administrativas del propio Estado, y las causas se prolongan hasta que operen las prescripciones, o concluyan en escandalosos sobreseimientos generalizados.