EL NÚMERO DE LA BESTIA: 624

La Biblia habla de una Bestia del Apocalipsis popularmente identificada con el número 666. Pero como los argentinos somos invariablemente distintos, para el proceso eleccionario que concluirá el 22 de octubre próximo creamos nuestra propia Bestia llamada 624, que corresponde a la cantidad de partidos políticos habilitados para participar en la contienda electoral en todo el país.

En un contexto de licuación de los partidos nacionales tradicionales competitivos, esta incongruencia que coexiste con los híbridos mensajes de campaña, desnuda que esta supuesta diversidad está más asociada al “negocio” que a los debates ideológicos o programáticos. Nuestra Bestia 624 fue engendrada por leyes de partidos y electorales que buscan la permanencia de oligarquías políticas, minimizando el poder del voto ciudadano. Es más fácil usufructuar la pobreza en lo discursivo y denunciar fraudes, que elaborar leyes verdaderamente democráticas. Ante tamaña Bestia, resulta evidente que la Cámara Nacional Electoral no controla el cumplimiento de requisitos para constituirse como partido, ni la Justicia Electoral controla gastos de campaña en tiempo y forma. En este contexto, los manipuladores de recursos del Estado encontraron un negocio “pyme”: armar un envase comercial disfrazado de partido para, en beneficio de sus “dueños”, comercializarlo en una elección ante candidatos electoralmente más fuertes. Las leyes permiten, por ejemplo, que Pino Solanas con dos años más como senador, sin renunciar a su cargo juegue a ser nuevamente candidato a senador en otro distrito. Para ello recibió del Estado $ 1.554.390. Cuando el andamiaje “legal” para permanecer no es suficiente, sus beneficiarios estallan en indignación. El Adolfo Rodríguez Saá no llamó al resultado electoral de San Luis el libre juego de la democracia, sino “traición”. Refiriéndose quizás a los votos de los peones de su estancia (perdón, provincia).

Es necesario entonces que con la conformación de las nuevas legislaturas, junto con los imprescindibles cambios tecnológicos operativos como la boleta electrónica, se desactiven las trampas laboriosamente legalizadas, como las listas colectoras, listas espejo, ley de lemas, candidaturas testimoniales, listas sábana y demás esperpentos, producto de enriquecedores “acuerdos políticos” y oportunistas interpretaciones judiciales. En ambos casos sin “grietas”. 

En cuanto a la corrupción, tema aún extremadamente incómodo para plantear en  campaña (la ex presidente no la menciona y Massa debió asociarse con Stolbizer), también los hechos superaron a los discursos, ratificando que “la única verdad es la realidad”. En la sesión de Diputados del 26 de julio pasado, en una votación esclarecedoramente nominal (los ausentes son igualmente relevantes), no se alcanzaron los votos necesarios para suspender al procesado diputado Julio De Vido. Días más tarde, tras la tenaz defensa que el juez federal de La Rioja hiciera de la renovada candidatura a senador de Menem, la Cámara Electoral la impugnó por tener dos condenas penales firmes. Tras el fallo, el Partido Justicialista, que simulara criticar a Menem por neoliberal, se abroqueló en su defensa y presentó una apelación ante la Corte. Por último, el camarista Freiler, cuyo enriquecimiento desmesurado no pudo justificar, fue finalmente suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura para someterlo a juicio político, provocando fuertes polémicas por las posibles “argucias” empleadas. El enojo no residía en sus derechos de defensa (que los tendrá), sino en perder sus votos ante casos de corrupción, que pese a ser cantados, en la justicia no se anulan.

Tanto fervor político en favor de tres casos emblemáticos  de corrupción, indican que la fuerte trama de funcionarios, empresarios y testaferros asociados, dará dura lucha para mantener patrimonios y libertades. Lograr ajustes “virtuosos” que afecten a los sectores políticos, gremiales, judiciales y empresariales privilegiados, no será nada fácil. Mientras tanto, sus beneficiarios continúan invocando en sus discursos falsas “legalidades”,  disfrazando a las prebendas como derechos adquiridos, y autoproclamándose representantes hereditarios de “los que menos tienen”.  

Buenos Aires, 23 de agosto 2017

La próxima newsletter se publicará el miércoles 20 de septiembre 2017

EL ESTADO SOY YO

La presente campaña electoral, cuya primera etapa se cumplió el pasado domingo con las PASO, brinda una excelente oportunidad para iniciar el debate que defina un claro rol del Estado, y las estrategias de ajustes “virtuosos” necesarios, en lugar de los ajustes “viciosos” implementados históricamente. Los principales candidatos, en su gran mayoría legisladores en ejercicio, serán responsables en el corto plazo de acordar dichas reformas con su adecuado marco legal. Por ello, preocupa que los mensajes electorales se basen en opiniones sobre temas trascendentes como estructura estatal, gasto fiscal, política de endeudamiento, jubilaciones, política salarial, metas de inflación, impuestos, coparticipación federal, entre otros, en forma sesgada, incoherente, contradictoria, y demasiadas veces intencionadamente falaz.

Pero como la ciudadanía demuestra que cada vez menos se ata a conceptos “disciplinadores de masa”, tales como peronista, radical, derecha, izquierda, liberal, populista, es oportuno ir visualizando viejas prácticas y mensajes políticos, para presionar que los eslógans vacíos de contenido se sustituyan por una acción conjunta verdaderamente superadora. Nación es un concepto que define la interrelación entre territorio, habitantes y gobierno, mientras que Estado representa la estructura institucional y operativa de un gobierno. Por lo tanto, el debate deberá iniciarse por el rol del Estado, evitando la opción falaz del tamaño, que obtura toda posibilidad de análisis posterior: Estado grande o Estado chico. Tras lo cual, los beneficiarios de un estado ineficaz y gravoso para el pueblo argumentan que un Estado grande protege a los desposeídos, y un Estado chico favorece el abuso de “los que más tienen”. En esta dicotomía capciosa, se omite analizar lo más importante: el factor humano relacionado con el poder, y el contexto político.

Recordemos una frase categórica y precisa con la que el rey de Francia Luis XIV definió a su gobierno: “El Estado soy yo”. Representante máximo del absolutismo monárquico del siglo XVII, el rey transparentó lo que subyace en quienes entienden al poder público como atributo personal y de grupos cercanos. Son los objetivos de poder los que definen el tipo de Estado y sistemas de conducción, estructurando instituciones y promulgando leyes. Las monarquías absolutas se caracterizaban por la exclusividad, herencia, nepotismo y permanencia ilimitada. La Primera Guerra mundial acabó con tradicionales monarquías europeas. La Segunda Guerra con fascismos de derechas e izquierdas. Hoy, por ejemplo, se discute si Venezuela es o no una democracia. En nuestro país, estos esquemas concentrados reciben un nombre más vernáculo: caudillismos. Lo más claros son los de Formosa, San Luis, Santiago del Estero y Santa Cruz, en los que con votos mediante, grupos familiares ocupan cargos ejecutivos, legislativos, judiciales y de organismos de control. O sea, los caudillos “se autocontrolan”. Más allá de ropajes y costumbres de época, son escenas no muy alejadas de Luis XIV. En sistemas democráticos imperfectos, estas continuidades se logran con leyes acordes, en especial electorales.

Debe quedar en claro que lograr el invocado y nunca cumplido acuerdo político “virtuoso”, adolece de una primera dificultad: si se quiere lograr un Estado más eficaz, con leyes justas que regulan derechos y obligaciones de la sociedad, sea del sector público o privado, los primeros que deberán “ajustarse” son quienes tienen la potestad de “ajustar” a otros. Eso jamás se logró. Por ello las crisis económico sociales son recurrentes.  En la gran crisis 2001-2002, por ejemplo, con el “acuerdo político patriótico” de entonces, los costos los absorbieron las clases medias y las más vulnerables, en beneficio de grandes grupos económicos y aparatos estatales ineficaces. Ello explica en gran medida la enorme corrupción estatal-privada posterior, que se desató apenas se estabilizó la economía, con la pérdida de cuantiosos recursos públicos con la complicidad política, de organismos de control y poder judicial.

Aconsejaba Maquiavelo al príncipe: “Los males que nacen del Estado, cuando se los descubre a tiempo (lo que solo es dado al hombre sagaz), se los cura pronto. Pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto que todo el mundo los ve”.

Buenos Aires, 16 de agosto 2016

CINISMOS Y AUTISMOS

Para seguir profundizando sobre los alcances del concepto “ajuste”, es necesario conocer su mecánica. Todo acuerdo político se conforma con diagnóstico, propuesta, implementación y controles de cumplimiento. En un sistema democrático, los responsables de concretarlos son los legítimos representantes políticos, empresariales y sindicales involucrados. Los antecedentes de las últimas cuatro décadas tuvieron un denominador común: fueron ruinosos para la población alejada de los círculos de poder. Para vislumbrar en el actual contexto posibilidades de un acuerdo “virtuoso”, es válido recordar lo actuado en la crisis 2001-2002 por dos razones: 1) es el acuerdo/ajuste más cercano en el tiempo; 2) sus principales dirigentes políticos, empresariales y sindicales, mantienen plena vigencia en la actualidad. Por ello, transparentar decisiones políticas y falacias discursivas podría evitar repeticiones. No será fácil, pero es posible.

Las campañas electorales muestran una mediocridad y oportunismo comunicacional, del que no se salvan algunos prestigiosos analistas políticos. Los temas en debate no difieren de los planteados en 1989 (Alfonsín), o 1999 (Menem): déficit fiscal, presión impositiva, endeudamiento, coparticipación Nación-provincias, dólar bajo o alto, achicar o agrandar el Estado, costo laboral. Se incorpora como novedad, producto de la presión social, un tema que incomoda a los políticos: la corrupción. Al punto que la clásica invocación “todos somos honestos hasta que no se pruebe lo contrario”, ha sido suplida por “ todos somos ladrones”. Este ejercicio dialéctico disparatado, pareciera oscilar entre el cinismo (mentir con descaro o defender deshonestamente lo que merece repudio), y el autismo (practicar rutinas, comportamientos y mensajes invariablemente repetitivos). La permanencia de dirigentes hereditarios con lastres de nepotismos, caudillismos arcaicos y aún sólidas tramas de impunidad, paradójicamente brinda la oportunidad para que el ciudadano en sus evaluaciones aplique un conocido eslogan comercial: “Yo te conozco”. A futuro, es de esperar que muchos políticos “arrepentidos” legislen transformaciones “virtuosas” en lugar de “viciosas”. Para ello, todo diagnóstico debiera considerar: 

1.- Actitud negociadora.- Los indicadores económicos a tomar como base de discusión, serán solo una referencia matemática para lograr lo trascendente a futuro: políticas de Estado racionales y consistentes. Los sectores involucrados no deberán reunirse para ganar o mantener, sino para ceder.

2.- Distribución de costos.- Lo definió el economista Roberto Frenkel: “Los conflictos en Argentina no son por los pobres; son por los que más ganan”. El déficit fiscal o gasto público lo generan tanto sectores públicos como privados. El Estado nacional como los provinciales. Cuando se habla de pujas distributivas, se deberá clarificar si se refiere a ingresos, salarios o prebendas. Estas últimas, por afectar injustificadamente recursos públicos, deberán ser las principales afectadas por orden de mérito, sean del sector público o privado.  

3.- Derechos adquiridos.- Concepto no válido para mantener prebendas. Su definición ahorra discusiones: “Ventaja o beneficio que recibe arbitrariamente una persona”.  Como las prebendas serán defendidas ante la justicia bajo el disfraz de derechos, recordemos solo dos hitos que sientan jurisprudencia al respecto: 1) la reforma constitucional de 1994 fijó plazo hasta fin de 1996 para elaborar un nuevo sistema de coparticipación federal. Transcurridos más de veinte años, no se cumplió. 2) En agosto del 2001 los legisladores sancionaron una ley de “intangibilidad de los depósitos” de los ahorristas. Cinco meses más tarde el Estado confiscó los ahorros, especialmente de pequeños y medianos ahorristas.

4.- Invocaciones para crear o salvar “fuentes de trabajo”.- Otro concepto que virtuoso en sí mismo, es habitualmente usado para legitimar negociados a costa de recursos públicos, entre funcionarios y empresarios sin capitales de riesgo propios. Solo en el rubro periodístico cabe recordar los casos de los empresarios Szpolsky, Garfunkel, Gvirtz, Cristóbal López y otros, que sin perjuicios personales y concluido el maná estatal, abandonaron y/o cerraron sus medios audiovisuales, dejando un tendal de despedidos.

En la próxima opinión hablaremos de un tema prehistórico: el rol del Estado.

Buenos Aires, 09 de agosto 2017

ARQUEOLOGÍA JUDICIAL

La necesidad de implementar “ajustes”, supone la existencia previa de “desajustes”. En el caso de los ajustes fiscales, surge una primera contradicción: los aplican los mismos sectores políticos y sus asociados, responsables de los desajustes. Por ello no debiera sorprender que históricamente hayan sido ajustes “viciosos”, que en busca de mantener prebendas, trasladaron los costos económicos a clases medias, y hundieron en la pobreza a las más vulnerables. Sucedió en el 2001-2002, y sus principales actores políticos, empresariales, gremiales y judiciales, mantienen vigencia hoy. Cómo lograr entonces que los ajustes necesarios sean “virtuosos”? En principio, desactivando los gastados y falsos mensajes que se trasladan a la sociedad. 

Surge un primer interrogante: cómo es posible que pese a nuestras recurrentes crisis económico-sociales y bajos niveles de desarrollo, las clases dirigentes sean las mismas? Respuesta: ello exige una sólida apoyatura legal, que va desde lo administrativo (coptación de organismos de control); legislativo (leyes penales ineficaces y electorales tramposas), y judicial, para asegurar impunidad. Sumados, estos factores son los que conforman las llamadas “tramas de corrupción”. Mientras las voces denunciadoras son escasas y acusadas de mesiánicas, las favorecedoras del encubrimiento bajo el clásico “somos todos ladrones” abundan. No sorprende que un diputado de la insólita izquierda argentina, expresara recientemente: “Porqué expulsar a De Vido del parlamento, si Macri también roba?” Ni siquiera Al Capone en 1929, hubiera imaginado mejor justificación para defenderse. 

Nuestro siguiente interrogante debiera ser: porqué no hay “arrepentidos” en nuestro país? La respuesta es simple; no existen las leyes procesales adecuadas, ni jueces y fiscales que persigan el delito. Los arrepentimientos no se producen por prácticas hipnóticas de los jueces, sino por exhibirles a los acusados pruebas contundentes de su culpabilidad, que los impulsen a colaborar con la justicia para disminuir sus penas. En este contexto, surge el gran interrogante: no deberían ser los camaristas, jueces y fiscales los arrepentidos? Ellos poseen las pruebas de los delitos, y el poder sancionatorio. Para mensurar la gravedad de las complicidades judiciales apelaremos a la arqueología, ciencia que estudia y reconstruye antiguas civilizaciones a través de diversos restos materiales de esas épocas. Un hito para las investigaciones fue el descubrimiento de los jeroglíficos, el sistema de escritura más antiguo. Fueron descifrados en 1822 por el francés Champollion, permitiendo que a través de restos de inscripciones, dibujos y papiros, se pudieran conocer hechos milenarios que hoy nos parecen naturales. Para evaluar el accionar de la justicia de nuestra época en modo sencillo, podríamos suponer que generaciones futuras encontrarían un papiro con defraudaciones de recursos del Estado. Los jeroglíficos se ordenan por caso, jueces o fiscales actuantes, y situaciones procesales. Se transcribe el primer papiro, bastante legible, llamado Comodoro Py. 

SIEMENS, pago coimas, Ariel Lijo, sin juicio oral. SKANSKA, pago coimas, Oyarbide y Casanello, sin juicio oral. CONTRABANDO ARMAS, Menem y otros, condenados, sin prisión. TRAGEDIA DE ONCE, Jaime y otros condenados, Sala III de Casación Penal, sin prisión. SUEÑOS COMPARTIDOS, defraudación 765 millones de pesos, Oyarbide y Martínez de Giorgi, sin juicio oral. CICCONE, cohecho, Ariel Lijo, sin juicio oral. DEUDAS FORMOSA, coimas, Ariel Lijo, sin juicio oral. FÚTBOL PARA TODOS, desaparición de 760 millones de pesos, Servini de Cubría, sin juicio oral. EMPRESAS DE LÁZARO BÁEZ, lavado de dinero, Sebastián Casanello, sin juicio oral. EMPRESAS FAMILIA KIRCHNER, lavado de dinero, Bonadío, Rafecas y Ercolini, sin juicio oral. OBRA SOCIAL IOMA, defraudación, fiscal Paolini (La Plata), sin juicio oral. PLAN QUNITA, sobreprecios, Claudio Bonadío, sin juicio oral. ENRIQUECIMIENTOS ILÍCITOS: 1) matrimonio Kirchner, Oyarbide, sobreseído: 2) José Manzur, Daniel Bejas (Tucumán), sobreseído; 3) José López, Daniel Rafecas, sin juicio oral; 4) Daniel Scioli, Pablo Reale (La Plata), sobreseído; 5) César Milani, Daniel Rafecas, sin juicio oral; 7) Omar Suárez, Canicoba Corral, sin juicio oral; Carlos Liuzzi, Luis Rodríguez, sobreseído; Eduardo Freiler, Martínez de Giorgi, sobreseído.

Las excavaciones continúan a gran ritmo, a la espera de descubrir nuevos papiros que muestren cientos de nuevos casos registrados en el período iniciado en 1990, conocido como “jubileo judicial argentino”, que mantiene plena vigencia. 

Buenos Aires, 02 de agosto 2017.