Correo: ocultamientos y necedades

Expresaba Maquiavelo en su obra “El príncipe”, hace casi 500 años: “Hay tres clases de cerebros; el primero discierne por sí mismo, el segundo entiende lo que otros disciernen y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

Estas tipificaciones relacionadas con el intelecto y el entendimiento, Maquiavelo las aplicaba a quienes integraban los ámbitos de poder, sin diferenciar entre tipos de reinados o grupos en conflicto, que hoy asimilaríamos a los denominados oficialismos y oposiciones. Cuando nos han acostumbrado a que “un año electoral” habilita todo tipo de mensajes oportunistas y/o falaces que aportan al ocultamiento y a la confusión, es oportuno bucear sobre nuestros cerebros políticos vernáculos. Un caso testigo excelente para este ejercicio, es la polémica desatada por la propuesta de acuerdo suscrita en junio del año pasado entre el Gobierno y el Correo Argentino. Básicamente, porque exhibe aspectos ilustrativos de las políticas contradictorias aplicadas durante las últimas décadas por los mismos dirigentes políticos, gremialistas y empresarios, hoy vigentes. No debiera sorprender entonces, que más allá de los disfraces ideológicos de ocasión, el resultado final sea siempre el mismo: arcas del Estado vaciadas, con funcionarios, intervinientes judiciales y empresarios asociados, enriquecidos.

Breve síntesis cronológica. 1) Privatización en 1997 del Correo Argentino por el ex presidente Menem (hoy senador, que pese a estar condenado por contrabando, puede legislar); 2) Cesación de pagos de la empresa en el 2001, entrando en concurso de acreedores; 3) Reestatización de la empresa en el 2003 por parte del fallecido ex presidente Kirchner; 4) Con un bagaje de 102 cuerpos de expedientes con más de 22.000 fojas, en junio del 2016 se elabora una propuesta de acuerdo entre Gobierno y empresa. Hasta este punto, una secuencia repetida en el juego ruinoso de privatizaciones y posteriores reestatizaciones. Pero a mediados de este mes, el caso adquiere un matiz especial: la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquin denunció al convenio por abusivo. Tras ellos, distintos cerebros se pusieron en funcionamiento, recordando que Franco Macri, quien encabeza el grupo empresario litigante, es padre del actual presidente Mauricio Macri.

Previo a intentar la disección de algunos cerebros tras la sintética cronología del litigio, es importante instalarnos en el contexto actual. Con pretensiones de gobernar existen tres agrupamientos: 1) Cambiemos, en ejercicio del poder; 2) Frente Renovador, deseando alcanzarlo a futuro; 3) Frente para la Victoria, que gobernara durante 12 años entre el 2003 y 2015, y cuya preocupación inmediata es sortear responsabilidades penales por los casos de corrupción estatal-privada durante su gestión. Entre los tres Frentes, fluctúan repetidos políticos que sin estructuras partidarias elementales y bajo la autoproclamada condición de “progresista”, en instancias electorales buscan acoplarse a listas sábanas con posibilidades electorales, para de este modo continuar usufructuando cargos legislativos con actuaciones puramente dialécticas.

Otro aspecto a resaltar es el objetivo final pretendido del análisis del caso Correo: conocer con precisión la vía adecuada para arribar a una solución definitiva que minimicen costos para el Estado, que por la prolongación del conflicto en el tiempo serán inevitables. Para lograrlo, deberemos evitar el juego del oportunismo político, las frases falaces o de la desinformación cómplice. Si realmente queremos cambiar, el juego del “pro Macri o anti Macri” nos retrotraerá a viejos eslógans encubridores, tales como “pro Menem o anti Menem”, o “pro Kirchner o anti Kirchner”, mientras la matriz de corrupción, tras décadas de plena actividad, goza aún de buena salud.

Dicho esto, preparemos nuestros bisturíes para iniciar en la próxima opinión la disección de algunos cerebros. Como corresponde por orden de responsabilidad jerárquica, comenzaremos por los que integran el gobierno.

Buenos Aires, 22 de febrero 2017

GREMIALISTA IGUAL A EMPRESARIO?

El título no está referido a conocidos casos de gremialistas que utilizan su condición para conformar empresas propias relacionadas con la actividad que representan, como servicios logísticos, aseguradoras, salud, sino apunta a su rol específico de defender los intereses laborales y salariales de sus afiliados. Hablaremos solo del gremialismo relacionado con la actividad privada, pues el estatal posee matices propios que se analizarán a futuro. La tercera pata del trípode del mercado laboral, la conforman los Estados nacional y provinciales, con su responsabilidad superior de defensa del interés general.  

Porqué planteamos “gremialista igual a empresario”, y no a la inversa? Es cada vez más habitual que en las pujas de distribución del ingreso entre el capital (empresarios), y salarios (trabajadores), el rol de portavoz de reclamos empresariales para obtener concesiones y/o beneficios por parte del Estado, lo asuman casi en exclusividad los gremialistas. Lo grave es el elemento de coacción utilizado: despidos o amenazas de despido de trabajadores.

Recordemos dos ejemplos recientes. En febrero de 2016 Pablo Moyano, del gremio camioneros, encabezó una protesta ante el Banco Central aduciendo que la no distribución de los resúmenes bancarios en papel, significaba la pérdida de 4.000 puestos de trabajo en la distribuidora OCA. Patricio Farcuh, presidente del grupo controlante de la empresa, se mantuvo en silencio. Posteriormente se conoció que OCA tenía una millonaria deuda por aportes patronales y con la AFIP. El gremio lo sabía? En la misma época se produjo un conflicto en Cerro Dragón, principal yacimiento de petróleo del país, ante la baja del precio internacional del crudo. Las caras visibles del reclamo de soluciones ante el gobierno nacional, representado por el ministro Aranguren, fueron el sindicalista Jorge Ávila y el gobernador de Chubut. Públicamente no participaron los concesionarios privados (grupo Bulgheroni, Tecpetrol de Techint y la china Cnooc). Sus aportes en el acuerdo se redujeron a “no echar gente”?

Este rol gremial de “vocero oficioso” de intereses patronales no explícitos, que pretenden subsidios y/o aportes del Estado con bajo o nulo riesgo empresarial, explica en gran parte la creciente desocupación, precariedad laboral, trabajo en negro y baja competitividad. El sistema político argentino de las últimas décadas, bajo etiquetas de progresismo, populismo, neoliberalismo, pero con los mismos políticos, dirigentes y empresarios, mantuvo una práctica recurrente: hasta la siguiente crisis económica, siempre el que paga es el Estado. Paga subsidios que mantienen pobres a los pobres, paga subsidios y prebendas promocionales a ricos, paga sobrecostos en obras públicas, acepta descapitalizaciones en las concesiones de servicios, crea o mantiene onerosos e inútiles organismos de control que no controlan o apañan. La contrapartida es la baja calidad de los servicios estatales de educación, salud y seguridad pública, y presión impositiva creciente. Para transformar esta realidad que lleva décadas (ver calendario de crisis económicas-sociales), deberemos evitar embarcarnos una vez más en falsos e intrascendentes debates ideológicos. Con corrupción y negociados, la ideología es una pantalla. Lograrlo, dependerá tanto del oficialismo como de la oposición.

Alcanzar transformaciones saludables y estables en las relaciones laborales entre Estado, capital y trabajo, es posible con los instrumentos existentes. En primer término, aunque sabemos que la Constitución nacional se aplica según convenga, está en el párrafo del artículo 14 bis, que incluye entre los derechos del trabajador su “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Recordarlo, al menos debería servir para cumplir con dos acciones posibles en lo inmediato: 1) transparentar las estructuras de costos sectoriales, que indiquen incidencias salariales, beneficios empresariales,  aportes directos o indirectos del Estado si los hubiere, y cargas impositivas. Esta información es la que desde hace años, con expresión enigmática, los funcionarios llaman “determinar la cadena de valor”, y otros denominan “el costo argentino”; 2) utilizar como únicos indicadores de referencia los hoy confiables del Indec, por representar el interés general. Ningún país puede desarrollar políticas coherentes con índices oficiales ocultados o falseados.

Invocar actos de justicia ante la sociedad, debe sustentarse en datos ciertos y concretos, no en grandilocuencias verbales o coacciones.

Buenos Aires, 15 de febrero 2017

SIMULACIÓN DE VERDADES

En el discurso político, la verdad consiste en que haya coincidencia entre lo que se dice, se hace, y los hechos. La simulación por su parte, consiste en enmascarar con astucia los hechos bajo la apariencia de verdades. Esta práctica de “verdades aparentes”, se potencia con la regla propagandística llamada “De orquestación”, consistente en la repetición incesante de mensajes simples o “envasados”, que bajo supuestas posturas ideológicas, enmascaran la verdad. De aplicación universal, en nuestra política vernácula ofrece la peculiaridad que tras 33 años de democracia, se mantienen inamovibles un gran número de dirigentes, y sus anacrónicos y/o engañoso  mensajes. Citemos algunos de ellos.

1.- Hemos encontrado denominadores comunes para un acuerdo. Desaparecidos los partidos políticos tradicionales y participativos, esta frase la pronunciarán dirigentes que pretenden renovar sus cargos legislativos , o quienes desde el llano intenten acceder a ellos. El denominador común será acordar su ubicación en los primeros puestos de las listas de candidatos. En elecciones anteriores, ya hemos asistido a alianzas personales insólitas, sin ningún pudor.

 2.- Con la inflación sufren los que menos tienen.  Frase habitual, que omite una consecuencia complementaria más ilustrativa:  “y ganan los que más tienen”. Al perderse el valor real de los productos o servicios, la especulación de mercados dominantes maximizan sus ganancias. De hecho, pasó durante el kirchnerismo con los supermercados, el sector financiero y telefónicas, entre otros.

3.- Es necesario un ajuste fiscal y terminar con el clientelismo. El ajuste es presentado como perjudicial para las clases medias y bajas, y el clientelismo como forma de lucrar políticamente con los pobres. Lamentablemente, los antecedentes avalan este temor social. Pero se elude decir que ante la inevitabilidad del ajuste, este debe y puede ser soportado por los que más tienen, y que el impacto del clientelismo en las últimas décadas ha sido mayor en grupos económicos empresarios asociados al Estado, que el destinado a sectores sociales carenciados. El marco preexistente necesario para una crisis y los posteriores ajustes, es similar a nivel mundial (México, Rusia, Argentina, Grecia, Brasil): altos niveles de corrupción estatal-empresaria; altos funcionarios de gobierno y empresarios reconocidos o testaferros asociados, escandalosamente enriquecidos. Paralelamente, altos índices de pobreza y desempleo. Pongamos esta generalización en números, con dos ejemplos:

1) En la crisis 2001-2002, se incautaron los ahorros de pequeños y medianos ahorristas por más de 40 mil millones de pesos/dólares, que fueron devueltos pesificados, o a lo largo de diez años. Paralelamente, se estatizó parte de las deudas de 15 mil millones de pesos/dólares de grandes grupos empresarios nacionales y extranjeros.  

2) A fines del 2016 se aprobó una ley de emergencia social que destina 30.000 millones de pesos para el período 2017-2019. Pero sin engorrosos debates legislativos, en el gobierno “populista” anterior, el ex director de la AFIP Ricardo Echegaray permitió que el empresario Cristóbal López no reintegrara 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles, para destinarlos a nuevas inversiones propias.

4.- Crear fuentes de trabajo / perder fuentes de trabajo. Frase clara desde sus efectos, con la complicidad de funcionarios, empresarios y gremialistas, la “creación de trabajo” se utilizó muchas veces como tapadera para encubrir negociados a costa del Estado, y la “pérdida de trabajo” como factor de presión para mantener clientelismos empresarios, ante intentos de afectarlos, sea por finalización y/o incumplimientos de contratos de concesión; vencimiento de regímenes promocionales, o adopción de medidas que afecten monopolios (supermercados; industria farmacéutica, del juego, etc.). Cabe preguntarse: que rol desempeñan los gremialistas en este esquema? Lo analizaremos en la próxima opinión.

En lo inmediato, será didáctico observar la lucha titánica encarada por el empresariado para no bajar los precios de contado. Cabe preguntarse la razón de su preferencia por continuar con la cadena de la felicidad de “12 o 18 cuotas sin interés”. No hay economistas de izquierda que lo expliquen?

Buenos Aires, 08 de febrero 2017

ES UN HDP...

En 1973, jóvenes entusiastas festejaban el regreso de Perón tras su exilio. Muchos de ellos, que lo combatieron meses más tarde y hoy se dicen peronistas, superan los 65 años. Desde la recuperación de la democracia en 1983, han pasado 33 años. Vale decir, una generación de argentinos. Tiempo suficiente como para que viejas dirigencias continúen ocultando sus fracasos bajo la mortaja de la historia. Con la democracia recuperada, los argentinos sufrieron tres hiperinflaciones (Alfonsín, Menem y Duhalde); dos incautaciones de sus ahorros (Menem con el plan Bonex, y Duhalde con los Boden); estatización de deudas privadas (Duhalde), y una cesación de pagos de deuda externa (Rodríguez Sáa).

Si bien radicalismo y peronismo mantienen legitimidad como expresiones nacionales históricas, como UCR y PJ resignaron representatividad e identidad. Ello plantea interrogantes no resueltos: Cambiemos es cambiar? Renovador es renovar? Qué es progresismo?  A quiénes representa el FPV? Consolidar un nuevo escenario político exigirá abandonar actitudes y lenguajes políticos agotados. Un año electoral legislativo, en el que viejos y más noveles dirigentes priorizarán el terrenal deseo de acceder y/o mantener los apetecibles cargos legislativos, no pareciera ser el adecuado para este desafío. Pero la sociedad no puede permitirse que el 2017 se dilapide en pequeños intereses de campaña, o que empresarios succionadores del Estado hagan trascender que aguardarán los resultados electorales para decidir inversiones.

La simplificación es la principal regla de la propaganda o discurso político. Su objetivo es que el mensaje masivo sea lo más simple y entendible posible. (Jean-Marie Domenach, París, 1950). Su aplicación no asegura veracidad; puede tener el fin de confundir (decir parte de los hechos); ocultar (negar los hechos), o mentir (crear hechos inexistentes). Será tarea de los ciudadanos modificar el clásico circuito comunicacional político unidireccional (dirigente a ciudadano), para convertirlo en una doble vía (dirigente-ciudadano-dirigente). Las redes sociales lo posibilitan. Para lograrlo deberemos ejercitarnos en discriminar entre verdades y falacias; esclarecimiento u ocultamiento. Y básicamente, exigir información completa y veraz. Citemos dos ejemplos recientes:

1.- Macri es “un hdp”. Lo manifestó el dirigente del fútbol Raúl Gámez refiriéndose al presidente Macri, ante la ratificación presidencial de no seguir financiando “Fútbol para Todos”. Gámez, que eludió mencionar la corrupción en la dirigencia del fútbol, nos recordó que los clubes son entidades sin fines de lucro.  Días más tarde, se instaló una polémica entre Vélez y el jugador Juan Manuel Martínez, por un acuerdo para que jugara en el club por seis meses, cobrando libre de impuestos 22 mil dólares por mes. Vencido el plazo sin costo de rescisión, el jugador retornaría a EE.UU. Pero al momento de la firma, el club intentó cambiar las condiciones. En apoyo de su postura, Martínez exhibió el contrato ante cámaras televisivas. Consultado Gámez por los mismos periodistas, dio confusas respuestas, y solo atinó a criticar al jugador por mostrar su salario. Es un ejemplo de los que los dirigentes entienden por “entidades sin fines de lucro”. Con la escenografía habitual de insultos, acusaciones y sospechas, se intenta disimular la falta de información veraz sobre ingresos y egresos por compraventa de jugadores, primas y salarios, cronograma de deudas de aportes e impositivas, juicios en trámite, etc.

2.- La sospecha de Stolbizer. La legisladora fue aceptada como “amicus curiae” (amiga del juez), en la causa contra el contratista del Estado Lázaro Báez a cargo del juez Casanello y el fiscal Marijuán, que lo acusa de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y pago de coimas a funcionarios. Stolbizer, pese a los antecedentes de Casanello, denunció la intervención del gobierno para demorar los avances judiciales. No aclaró si dicha información provino del juez o de otros ámbitos políticos, y no identificó a los funcionarios o intermediarios que ejercieron la supuesta presión. Se repite el caso Gámez; frases espectaculares sin ningún aporte concreto de información. Casanello por su parte, agradecido.  

Estos ejemplos se asocian a otra regla, llamada de contrapropaganda. Consiste en desacreditar a oponentes y/o sus denuncias, presentando a la sospecha o falsedad como verdad. Para lograrlo sin costos, es necesario contar con una  justicia cómplice y/o ineficaz.

Buenos Aires, 01 de febrero 2017