COIMAS DE NOVELA (cuaderno 4)

Lograr un verdadero punto de inflexión en la destrucción de la matriz de corrupción estatal-privada sólidamente instalada desde hace décadas, implica sortear las estrategias judiciales y comunicacionales con las que los sectores involucrados intentarán eludir culpabilidades, mantener libertades, salvar patrimonios mal habidos, y colateralmente, intentar mantener la trama delictiva con los menores daños posibles. Una frase literaria resume la intención: cambiar para que nada cambie. 

Para evitarlo es necesario que nuestros análisis no se detengan solo en lo rimbombante, sino incursionen en el conocimiento del armado y extensión territorial de la trama. Es inevitable la repercusión que provocan nombres como Kirchner, De Vido, Rocca, Roggio y Calcaterra, alias “el primo de Macri”, entre otros. Pero concentrarnos en las cúpulas sin desactivar los eslabones, no destruirá la trama de corrupción. Es razonable priorizarlas en términos de sanciones penales, pero en términos de “desactivación” es imprescindible desarmar cientos de estructuras ficticias conformadas con el solo fin de saquear al Estado, para que no se mantengan latentes. En estas configuraciones disfrazadas de “legales”, participaron gobernadores, intendentes, rectores de universidades, cúpulas policiales, líderes sociales, cooperativas, fundaciones, y agrupaciones políticas inexistentes. En cada caso se deberá determinar si los partícipes necesarios fueron activos, cómplices o complacientes. A este último grupo pertenecen eternos políticos oficialistas u opositores penalmente inocentes, muchos de los cuales ya se autopostulan para las elecciones legislativas del 2019 (la agrupación no importa; están abiertos a escuchar ofertas). Bajo el lema “yo no vi nada” que los cobija, muchos colaboraron en promulgar leyes penales ineficaces y sistemas electorales escandalosos, o bien aportaron a la complicidad de trabar la aprobación de leyes imprescindibles como la de extinción de dominio.

En la actualidad, como es obvio, la información se concentra casi exclusivamente en el corazón del poder político: ciudad de Buenos Aires y alrededores. Surgen cifras estimativas del “costo de la corrupción” durante el período 2003-2015, basadas en distintos indicadores, como porcentaje sobre contratos de obra pública, montos de subsidios o promedio porcentual sobre PBI. Propritkin, presidente de contadores forenses, estimó una fuga de 20.000 millones de dólares entre corrupción y despilfarro. Profesores de la UBA y del Conicet calcularon en 36.000 millones de dólares de coimas lo sumado por todas las cajas recaudatorias. O 300 millones de dólares entregados por los operadores de transporte ferroviario subsidiado. Pero estas estimaciones no atacarán las causas que facilitaron el saqueo. En la provincia de Chubut por ejemplo, antes que aparecieran Centeno y sus cuadernos y a meses del fallecimiento del gobernador Mario Das Neves en octubre pasado, una investigación por enriquecimiento ilícito de sus secretarios privados desnudó una trama de sobornos entre funcionarios y empresarios pertenecientes a la delegación de la Cámara de la Construcción, que derivó en la detención de partícipes públicos y privados. La causa judicial es conocida con el nombre de “Revelación”. Lo destacable es que no solo varios empresarios “se arrepintieron” y confesaron, sino ofrecieron a modo de “probation” o reparación, hacerse cargo del costo y construcción de obras que se acordarían con el gobierno. Interesante alternativa a considerar como una de las opciones para no interrumpir la marcha de las obras a nivel nacional, y recuperar parte de los recursos estatales sustraídos.

Como corolario vale una reflexión de cara a la reformulación del análisis político. Cuando hacen referencia a las habituales y controvertidas encuestas de opinión y se menciona a los “núcleos duros de adhesión” del justicialismo (en este caso a Cristina Kirchner), se los identifica pertenecientes a las franjas sociales más vulnerables y tolerantes con la corrupción. Al respecto se debe recordar que en la provincia de Buenos Aires el justicialismo sufrió dos derrotas consecutivas. Pero no es lo más importante. Cabe preguntarse si no es momento que los analistas evalúen de igual modo la incidencia de los “núcleos blandos” pertenecientes a clases medias altas y altas permeables a la corrupción. Caso contrario el discurso político basado en la preocupación por los pobres aparece contradictorio: no solo se los mantiene pobres, sino también se los culpabiliza por un supuesto desinterés ante la corrupción estatal- privada. Conceptualmente, este discurso pertenecería al campo del cinismo.

Buenos Aires, 29 de agosto 2018 

PRÓXIMA NEWSLETTER: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 3)

Desactivar la sólida trama de corrupción político-empresarial que permitió el multimillonario flujo espúreo de recursos públicos hacia funcionarios y empresarios asociados, implica clarificar las culpabilidades de cada uno de los sectores involucrados. En nuestra condición de ciudadanos comunes, las fuentes de datos provienen de los medios masivos de comunicación, nexo imprescindible entre los sucesos y la opinión pública. Un análisis serio debe evitar catalogarlos “a priori” como oficialistas u opositores, prestando atención a los mensajes que en cada uno de ellos transmiten periodistas, analistas y políticos, para luego comparar y evaluar. Para la tarea tendrán similar utilidad por ejemplo, las señales televisivas de TN y la contigua C5N. O La Nación y Página 12 en la prensa escrita. Lo valioso es observar a que temas dan relevancia cada medio; quienes los plantean y como los plantean. 

Para este ejercicio individual para formar opinión se deben tener presentes ciertos principios de comunicación política: 1) La grandilocuencia discursiva de por sí no asegura nada, pues puede ser usada tanto por corruptos como por honestos. No es un fenómeno de la llamada “posverdad”. Jean-Marie Domenach expresaba en 1950 que “con tal que la palabra cause efecto, la idea ya no cuenta”. A la palabra, el desarrollo tecnológico moderno sumó la “imagen dinámica” (ejemplo: ver a López arrojando bolsos en un convento). 2) Para lograr impacto discursivo se aplican dos reglas: la de simplificación (ejemplo: Patria; pueblo; crecer; gobierno popular; gobierno de ricos; populismo; neoliberalismo; derecha; izquierda), y la exageración (aumentar aspectos favorables o desfavorables de los hechos). 3) Para que el mensaje tenga repercusión y no se diluya en lo individual, es necesario lograr cierta simultaneidad en su propalación. 

Retomando el escándalo de las “coimas en las obras y servicios públicos”, los hechos y personajes fueron conocidos desde hace años y/o décadas. Como así también la existencia de una sólida trama política, empresaria, gremial y judicial, que asegure inmunidad ante el saqueo e impunidad en cuanto a sanciones. Cabe preguntarse entonces: porqué los cuadernos de Centeno tuvieron un impacto que no lograron siquiera los videos mostrando a López arrojando bolsos con millones de dólares en un convento; integrantes del grupo de Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero para transportarlos en bolsos, y a una integrante del grupo de Milagro Sala retirando un bolso con millones de pesos de una sucursal del Banco Nación de Jujuy días antes del cambio de gobierno? 

La razón pareciera ser una eficaz y reservada investigación judicial previa tomando como guía los famosos cuadernos, y la reciente incorporación de la figura penal del arrepentido colaborador, con las consecuentes, incontenibles e inéditas confesiones de empresarios, funcionarios, testaferros, y un emblemático ex juez federal. Caso cerrado entonces? De ningún modo; se avecina una dura etapa de encubrimiento, o al menos de minimización de daños. Y como no podía ser de otro modo dado que lo que se sustrajeron fueron cuantiosos recursos del Estado, los principales intérpretes pertenecen a la clase política. Las mencionadas reglas de simplificación y simultaneidad de propalación, se transparentan en el mensaje de batalla inicial: “se usa el caso de los cuadernos para tapar la situación económica”. Lamentablemente el eslogan es reversible, pudiéndose plantear que tras la situación económica se pretende tapar el escándalo de corrupción. Por otra parte muestra gran desprecio por el entendimiento del ciudadano común. El hambre es hambre, y la corrupción es corrupción. 

Pero lo revelador es el amplio espectro político que acoplado al lógico justicialismo kirchnerista, hace uso de una estrategia que mezcla especulación, necedad y complicidad. Citemos entre otros al justicialismo fluctuante (Solá, Arroyo, Alberto Fernández); al progresismo (Pino Solanas); a radicales quejosos (Ricardo Alfonsín); a la izquierda dura (Del Caño, Pitrola), a amigos papales (Grabois), y a representantes de derechos humanos (Estela Carlotto). Al listado se sumó un novel dirigente invitado a mesas de debate, que se presenta como presidente de un insólito Partido Piquetero. 

Que factor común interrelaciona a ésta supuesta diversidad ideológica tras un mensaje único? Todos reciben recursos del Estado, y dicen defender a los pobres. Evidentemente, desarmar la trama de corrupción no será fácil. 

Buenos Aires, 23 de agosto 2018 

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 2)

En el cuaderno anterior recordamos la causa de las coimas en el Senado como un caso paradigmático para comprender el circuito de corrupción, especulación política e impunidad final, vigente desde hace décadas. Este segundo cuaderno reflexiona sobre los inéditos y masivos mal llamados arrepentimientos de importantes empresarios, políticos y jueces. Cabe recordar que existen dos clases de arrepentimientos: el religioso (dejar de pecar para volver al camino de Dios y del bien), y el penal (temor a ser castigado judicialmente). Este último adquirió eficacia a partir del año 2016 con la modificación de artículos del Código Penal que incorporó la figura del colaborador. Los últimos sucesos podrían terminar con una variante habitual de arrepentimiento más peligrosa y cínica: pregonar principios éticos y denunciar corrupciones como mero juego político, bajo el paraguas de impunidad de los culpables asegurada. 

La corrupción desaforada necesitó de una trama estructurada desde cúpulas cleptocráticas consolidadas, multifacéticas, apolíticas en lo ideológico, asociada a otros poderes constitucionales y organismos de control, y con un sinnúmero de partícipes secundarios necesarios, sea por acción o adhesión (secretarios, testaferros, periodistas, actores, policías, choferes, jardineros), o por omisión, amansando a políticos y funcionarios penalmente “honestos”, con cargos públicos bien rentados, extendidos a sus familiares de ser necesario. Por ello los antecedentes de arrepentidos con pruebas sólidas (Skanska, Siemens, IBM-Banco Nación, entre otros), o best sellers sobre la corrupción como “Robo para la corona”, se diluían como entretenimientos mediáticos, pero no mucho más. 

Es oportuno no embarcarse en prematuros entusiasmos emocionales, pese a la relevancia de los arrepentidos y contundencia de sus declaraciones. Se instalarán las clásicas estrategias legales y comunicacionales de negación, confusión y ocultamiento, que ya planteaba el psicólogo social Dunlap en 1925, cuando señalaba que ante la opinión pública se debían sustituir los argumentos por las declaraciones. No es casual que políticos o empresarios en lugar de argumentar “inocencia”, se limitaran a declarar “persecuciones políticas”, o bien, “fui obligado”. Del mismo modo se abusará del rumor, que Ludendorff definía como el medio de propaganda más peligroso de todos: ”La idea se siembra y nadie sabe de dónde ha salido”. 

Sin embargo la gran incógnita es vernácula: hasta cuándo el sistema político seguirá auto protegiéndose? Como referencia basta señalar la capciosa e inconstitucional interpretación de la ley de fueros, que permite que procesados y condenados por delitos comunes puedan ser candidatos y legisladores; la increíble resistencia a promulgar una ley eficaz de extinción de dominio de bienes de la corrupción; la permanencia de un sistema electoral absurdo que facilita cualquier despropósito para permanecer en los cargos. 

Mientras estas preguntas esperan respuestas, el seguimiento de las causas judiciales aconseja tener presente: 1) los primeros arrepentidos deberán ser los integrantes de la justicia penal; en especial jueces y fiscales federales. 2) eludir la distracción con fetiches de culpabilidad como objetivo unívoco y engañoso: Menem y los Kirchner, Oyarbide y Bonadìo, Wágner y Calcaterra, peronistas y radicales. En la propaganda política el recurso de hacer foco en lo coyuntural o anecdótico para mantener lo estructural se llama Regla de Simplificación, cuyo símbolo es el eslogan. 3) no interrelacionar reclamos ciudadanos de honestidad política con encuestas de adhesión y/o rechazo político a personajes y/o sectores. La corrupción estatal no tiene ideología. En las cúpulas favorecidas predominan los negocios y el dinero; en las franjas sociales vulnerables, el temor a perder lo poco que recibieron. 

Ocho cuadernos y una reforma en el Código Penal generaron un tifón dentro del cual giran desordenadamente políticos, empresarios, jueces, fiscales, sindicalistas y testaferros. En lo inmediato se introduce un nuevo mensaje de impunidad, que sostiene que las empresas involucradas en las coimas y sus obras entrarán en crisis, incumpliendo contratos e incrementando la recesión. Ante ello, el gobierno debiera elaborar una estrategia jurídica, técnica y presupuestaria para mantener fuentes de trabajo y obras claves de desarrollo. Recordemos que las dirigencias argentinas son muy especiales. No hay inversiones por la corrupción, pero tampoco las hay si se la combate. 

Buenos Aires, 15 de agosto 2018

COIMAS DE NOVELA (cuaderno 1)

“Cambian los actores, se transforma el escenario, tenemos sensación de novedad, pero el libreto mantiene sus líneas cardinales. La Argentina es distinta y la misma a la vez. Posee identidad. La última década, escándalo más, escándalo menos, está prefigurada en las anteriores. Ha demostrado que el título de esta obra le calza a perfección”. Este concepto lo escribió Marcos Aguinis en su libro “Un país de novela”, publicado en 1988. Treinta años más tarde, surge un éxito rutilante de un escritor desconocido, de profesión chofer, autor de una bitácora que en ocho entregas describe la corrupción estatal-privada entre los años 2005-2015. El libreto del país de novela mantiene sus líneas cardinales, pero asombrosamente, también a muchos actores y escenarios de entonces. Presidentes, gobernadores, legisladores, gremialistas, empresarios y jueces podrán tener hoy otros cargos, o haber sido sucedidos dinásticamente por familiares, pero sus ilustres apellidos permanecen. Primera conclusión: estas continuidades dirigenciales por décadas, son esenciales para sostener las extendidas tramas de corrupción estatal-privada con impunidad. 

También se mantendrán las clásicas estrategias de encubrimiento, aplicando una de las reglas básicas de la propaganda política, llamada “contra propaganda”. Consiste en minimizar impactos en la opinión pública buscando destruir y/o diluir acusaciones, tras un alud de opiniones políticas que entrecruzan información con desinformación, profesionalidad con encubrimiento, racionalidad con delirios. Estos servicios profesionales disfrazados de opinión, son excelentemente remunerados. Un caso que ejemplifica la relación entre juegos políticos, corrupción e impunidad, es el de las coimas en el Senado. Recordarlo servirá para seguir el avance de las investigaciones actuales. En homenaje a la síntesis, lo resumiremos al estilo Centeno; cronológicamente y con descripciones escuetas. 

Año 2000.- En mayo el Senado sanciona la ley de Reforma Laboral. En agosto aparece en Sala de Periodistas un anónimo denunciando sobornos a senadores justicialistas, y La Nación comienza con una serie de artículos al respecto. Moyano declara que el Ministro Flamarique le dijo que tenía la Banelco para las coimas. Inicia una causa el juez Carlos Liporace. En octubre renuncia el vicepresidente Carlos Alvarez, mencionando la compra de leyes. 

Año 2001.- En febrero el juez Liporace es suspendido acusado por enriquecimiento ilícito (luego condenado por cohecho). Toma la causa Canicoba Corral. En diciembre renuncia De la Rúa. 

Año 2002.- Asume como presidente Duhalde en el contexto de un caos económico y político inédito. 

Año 2003.- En mayo asume la presidencia Néstor Kirchner. En junio el ex secretario legislativo radical Pontaquarto se presenta en un reportaje como arrepentido, afirmando haber participado en los sobornos transportando 5 millones de dólares entregados por la SIDE. Canicoba Corral dice que los sobornos están probados. En un reportaje televisivo, señalando una mesa de su despacho presidencial, Kirchner expresa: “acá se pagaron los sobornos”. 

Año 2004.- La Cámara Federal dispuso la nulidad de lo actuado por Canicoba Corral, que diera por acreditadas las coimas, y traslada la causa a Daniel Rafecas. 

Año 2013.- Elevada a juicio la causa y tras el desfile de más de 300 testigos, en diciembre el Tribunal Oral 3 sobreseyó a todos los acusados. En su fallo menciona que Pontaquarto “se contradijo, se desdijo y corrigió sistemáticamente”. Destacó la parcialidad de algunos jueces intervinientes, “en especial del dr. Rafecas”. El fiscal Taiano solicitó investigar al ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández y al ex Jefe de la Ciudad Aníbal Ibarra, entre otros testigos, por sus declaraciones “sospechadas de falsas y contradictorias”. Los testigos, entre ellos Alvarez, Moyano y personal de la SIDE relevado de su obligación de confidencialidad, no aportaron pruebas fehacientes. 

Porqué esta causa es emblemática para observar las investigaciones y juicios que se avecinan? Hayan existido o no los sobornos, la gravedad institucional es exactamente la misma. Los involucrados en la causa demostraron que usan la corrupción solo como recurso de desprestigio político, pero manteniendo a resguardo la impunidad de los culpables. Con respecto a lo expresado por Marcos Aguinis en 1988, hay una diferencia: los actores y escenarios de entonces, salvo razones de fuerza mayor, son los mismos de hoy. 

Buenos Aires, 08 de agosto 2018

DENUNCIAR PARA QUE NADA CAMBIE

Las denuncias originadas en aportes “truchos” detectados en la pasada campaña electoral legislativa de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, debieran constituir un hito para reformular definitivamente la legislación electoral y de financiamiento de los partidos, evitando que el debate una vez más no se reduzca a un mero juego dialéctico que distribuya costos electorales, sin que nada cambie. 

Para converger en este difícil objetivo, se debe reconocer que Cambiemos y sus recaudadores son culpables. Y de ser necesario, aceptar que en este tema “son todos iguales”. Pero este reconocimiento no resuelve el problema de fondo. Que los gastos de campaña de los partidos electoralmente competitivos superan exponencialmente los gastos autorizados por ley, es verificable a simple vista. Basta observar los enormes carteles publicitarios de candidatos ubicados a la vera de las principales rutas que aparecerán a la brevedad, incumpliendo además los plazos legales de campaña. Los vicios estructurales alcanzan a toda la reglamentación partidaria electoral, que incluye a las agrupaciones menores y de escasa vida, como veremos más adelante. Los legisladores deberán reformular esta intencionada maraña burocrática con permanentes cambios según conveniencias de coyuntura, permeable a todo tipo de corruptelas pero con un claro objetivo: facilitar la permanencia indefinida y/o hereditaria de una misma casta política desde hace décadas.

La reformulación debe ser integral, abarcando las tres áreas de influencia interrelacionadas: la ley electoral, la de financiamiento de campañas, y el cumplimiento de las normas de control administrativo y judicial en tiempo y forma. Bancarizar aportes es un simple paliativo que no provee soluciones de fondo. En el caso Cambiemos y otros, sabemos que la justicia electoral y federal no resolverá nada, porque es parte del problema. Por ejemplo, jamás emitió dictamen por el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner-Julio Cobos de 2007, relacionado con actividades ilícitas tales como la valija de Antonini Wilson y aportes de laboratorios involucrados en el contrabando de efedrina. Recién nueve años más tarde, el juez federal Ariel Lijo se limitó a castigar al FPV con la retención del 2% del dinero recibido del Estado. Son muchos los aspectos relacionados con el financiamiento espúreo de la política que están legalmente protegidos, y curiosamente obviados en todo debate. Citemos solo dos: 

1.- El negocio de las llamadas “pymes” partidarias. La fragmentación política que promueve un sistema electoral que habilita candidaturas múltiples, listas espejo y colectoras, ley de lemas, candidaturas testimoniales y otros abusos, facilita la enorme cantidad de partidos que aparecen y desaparecen en cada elección sin control de legalidad (en la última elección presidencial sumaron 624 en todo el país), lucrando con el negocio subterráneo de recaudar bajo la figura de impresión de boletas, que paga el Estado, transformando los actos electorales en negocios de menudeo. En la elección del 2017 la Cámara Electoral frenó solo por defectos formales, no legales, un pago de 72 millones de pesos al Frente Unión Federal encabezado por el actor Cutzarida y el cantante Antonio Ríos, que inscribió 26 listas (13 para diputados y 13 para senadores). En la misma elección y en el marco de la ley, el senador Pino Solanas con mandato hasta diciembre del 2019, se presentó en las PASO nuevamente como candidato por seis años, pero sin renunciar a su actual senaduría. Su divertimento electoral tuvo un costo fiscal de 1.554.000 pesos. 

2.- Fundaciones y Asociaciones Civiles creadas por políticos con fines recaudatorios. Estas personas jurídicas privadas autorizadas y controladas por la Inspección General de Justicia, que el Código Civil y Comercial define como entidades sin fines de lucro, son habitualmente usadas para recaudar y mover importantes sumas de dinero. Es usual que sus autoridades se nieguen a brindar información de aportantes y/o donantes, y que sus balances cuando los presentan, exhiban manifiestas inconsistencias que repiten los mismos vicios de los balances partidarios y de campaña.

Pueden existir grietas en lo discursivo como meros operativos de desprestigio, pero no para resistir la implementación de boletas únicas, impedir dobles candidaturas, fomentar “pymes” electorales, mantener la capciosa interpretación de los fueros legislativos, y demorar la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio eficaz, entre otras complicidades. A los legisladores se les debería recordar que denunciar es un derecho, pero legislar en base al interés común es una obligación.

Buenos Aires, 01 de agosto 2018