LANZAMIENTO DE UNEN: COMENZÓ EL ETIQUETADO

Como era una obviedad, la presentación ante la ciudadanía del Frente Amplio UNEN produjo reformulaciones en los análisis con vista a la elección nacional de octubre del próximo año, que van desde los lógicos interrogantes que genera el nuevo espacio político, hasta las expresiones degradantes y facistoides vertidas por el Jefe de Gabinete Capitanich en relación a dicha coalición de partidos.

El gran desafío que deberán afrontar todas las agrupaciones que pretendan gobernar a partir de diciembre de 2015, incluído obviamente el oficialismo, será presentar al electorado un programa transformador concreto, consensuado y posible, muchas de cuyas propuestas deberán ser presentadas, debatidas y aprobadas o rechazadas durante los períodos legislativos 2014/2015. Todos los candidatos y principales figuras que los acompañan ejercen cargos legislativos, por lo que no habrá mejor campaña que evaluar proyectos presentados y como serán votados, antes que  agobiar a la población con estériles promesas y costosas campañas marketineras.

Los cinco potenciales precandidatos presidenciales de UNEN se hicieron presentes en diversos medios de comunicación, y sin excepción se los consultó sobre posibles semejanzas con la Alianza que gobernara en el período 1999-2001. Inicialmente la pregunta es razonable y legítima, pero como puede ser utilizada a futuro por creativos asesores de campaña como estrategia de desprestigio, cabe clarificar el interrogante.

Una de las siete reglas básicas de la propaganda política descriptas por Jean Marie Domenach en 1950, llamada “Regla de la orquestación”, consistente en la repetición incesante de una pequeña cantidad de ideas simples, para que sean recordadas por la masa. El Ministro de Propaganda nazi Goebbels afirmaba irónicamente: “La Iglesia católica se mantiene porque repite lo mismo desde hace dos mil años”. Para desactivar el primer intento de confundir al votante con mensajes capciosos, destacaremos tres aspectos, sustentados desde lo práctico.

1.- Los términos Alianza, Frente, Unión, Acuerdo y Coalición, como categorización de acuerdos interpartidarios son sinónimos. Un Frente es una Alianza y viceversa.

2.-Importantes integrantes del actual gobierno justicialista tuvieron funciones relevantes en el gobierno de la Alianza: Carlos Alvarez; Nilda Garré; Rafael Bielsa; Aníbal Ibarra; Ricardo Feletti; Débora Giorgi; Daniel Filmus y Abel Fatala, entre muchos otros. Hagamos un alto en Carlos “Chacho” Alvarez, uno de los principales responsables de la crisis política del 2001 con su enigmática renuncia. Desde hace cuatro años fue recompensado por el actual gobierno con un cargo en el exterior. En contraposición, quien fuera tan importante como él en la conducción del Frente Grande en ese entonces, Graciela Fernández Meijide, no ocupó cargos políticos desde la caída de la Alianza. Si bien compartió responsabilidades, tuvo lo que muchos no pueden exhibir: dignidad.

3.- El Frente (no Alianza) Para la Victoria, congregó a diversas figuras que, además de los ex aliancistas mencionados, integraron o apoyaron al Gobierno: Aldo Rico; Hugo Moyano; Gerardo Martínez; Hebe de Bonafini; Hugo Curto; Mario Ishi; Amado Boudou; ; Estela de Carlotto; Luis D´Elía; César Milani; Gildo Insfrán, Gerardo Zamora, Carlos Menem, entre otros. Esta verdadera “pluralidad ideológica” aunada es tal, o resultado de prebendas, cargos públicos y aportes monetarios del Estado?

Develar este último interrogante deberá ser tarea de los Frentes, Alianzas, Coaliciones o Uniones que se presenten en las elecciones del 2015, ya sean oficialistas u opositoras, porque es evidente que existieron numerosos acuerdos “patrióticos” ruinosos para la ciudadanía, que ocultaron negocios y oportunismo bajo el manto de la ideología.  

COALICIÓN UNEN: QUE PRIME LA RACIONALIDAD SOBRE LA EGOLATRÍA

El lanzamiento en el día de ayer de la Coalición UNEN a nivel nacional, sustentada en la convergencia de agrupaciones con el  loable objetivo de constituirse en seria alternativa de gobierno a partir de diciembre de 2015, trasciende lo partidario para transformarse en un punto de partida adecuado para someter al escrutinio de la ciudadanía conductas, propuestas y estrategias de cambio concretas, en la pretensión de gobernar.

Por varias razones, la próxima elección será tanto peculiar como trascendental. Señalemos tres factores distintivos no excluyentes: 1) Se desarrollará para sustituir una gestión, en este caso justicialista, que por primera vez ejerció tres períodos consecutivos de gobierno, debiendo absorber los antipáticos costos de lo actuado en los dos períodos anteriores. 2) El contexto exhibe una dirigencia política, gremial, empresarial y judicial que mantiene tal condición desde hace dos décadas, intercambiando a lo sumo roles. 3) Se llegó a un punto límite de disolución de partidos políticos y vaciamiento institucional, que obliga ineludiblemente a su reconstitución. Cada uno de estos puntos motivará futuras reflexiones.

La ciudadanía debería iniciar ya su propia campaña electoral, afrontando un desafío para lo cual es de esperar esté preparada, tras 30 años ininterrumpidos de democracia: transformarse individualmente en un analista crítico de los mensajes  múltiples y contradictorios, cuando no falsos, que conformarán una verdadera “artillería psicológica” como estrategias de propaganda o marketing político. Para esta tarea cobrarán altos honorarios asesores (algunos extranjeros); encuestadoras y periodistas.  Los precandidatos deberán ser evaluados inicialmente no por lo que prometan sino por como actuaron, no solo en lo referido a la honestidad y ética, sino por personalidad, actitud y coherencia. Y fundamentalmente, por la credibilidad y extensión territorial de las estructuras que los sustenten. Como se verá, al menos en esta etapa, no estamos para globos amarillos, naranjas o celestes y blancos.

En una estrategia de manual, los precandidatos pretenderán establecer ante la ciudadanía la agenda de debates, y no a la inversa. O sea, que no sean los ciudadanos los que se suban al ring, sino que observen a los candidatos desde la platea, alentando o reprobando. Para ello la propaganda política apela en el manejo de masas a la emoción, casi nunca a la razón. Y mucho menos a la información precisa.  Por eso no deberemos dejar influenciarnos por encuestas frívolas y cronológicamente inadecuadas, basadas en  supuestas adhesiones que despierten determinadas “imágenes”, pretendiendo generar “sensaciones”. Tendrán que primar las realidades, planteando la ciudadanía reclamos concretos y exigiendo respuestas concretas en ámbitos legislativos,  y no meros ejercicios discursivos.

En Argentina hace rato que en el manejo del poder se diluyeron derechas e izquierdas, peronistas o radicales, neoliberales o progresistas, dejando estos debates para distracciones intelectuales, muchas de ellas generosamente recompensados desde el Estado. Pocas veces se hace referencia que está firmemente instalado un fuerte núcleo dirigencial pluripartidario, muchas veces hereditario, en donde los roles pueden ser fácilmente intercambiados por los mismos actores a lo largo del tiempo, y cuentan con fuertes financiamientos de campañas electorales con un único objetivo: cambiar para que nada cambie. No es momento entonces de fáciles adhesiones sino de firmes exigencias.

Bajo esta perspectiva, analizaremos en la próxima reflexión el lanzamiento de UNEN, que abre una esperanzadora opción de gobierno a futuro. Pero el camino será arduo, y se deberán dejar egos en el camino. Por eso, sin dejar de lado la esperanza, no es momento de halagos. La campaña electoral ciudadana ha comenzado.

PAROS QUE NO REIVINDICAN SINO OCULTAN

En las sucesivas reflexiones sobre diversos temas que impactan en la sociedad, recurrentemente mencionamos un factor clave para intentar analizar los contextos políticos: que en su gran mayoría, extendidas capas de la dirigencia política; gremial; de representación empresarial, y judicial del fuero penal, la conforman las mismas personas desde al menos dos décadas. Lo más grave es que el fenómeno no es producto del voto popular, sino de complejos entramados entre dichos sectores para establecer sistemas electivos extremadamente limitativos. El resultado no puede ser otro que la destrucción de los partidos políticos, la inexistencia de carrera administrativa para el acceso de la ciudadanía a cargos públicos de relevancia, y finalmente, la instalación de la cleptocracia en la cima del Estado. Comenzar a analizar esta realidad en nuestro tránsito hacia el 2015 será fundamental, para evitar la nueva trampa de dicho entramado de poder, consistente en cambiar para que nada cambie. Es lo que sospechosamente sectores supuestamente opositores llaman “cambiar el tono”, pero nada dicen de cambiar la política.

Ya  Aristóteles y otros filósofos griegos polemizaban sobre el desafío que la democracia planteaba ante la necesidad de un Estado con poder, sin caer en la autocracia. Se encontró una solución conceptual no superada a la fecha: que la perpetuidad del Estado como tal, debía complementarse con un ejercicio del poder acotado en el tiempo, para ser cedido posteriormente a otros ciudadanos, y así sucesivamente. Vale decir, alternancia entre iguales.

Qué tiene que ver esta introducción con el paro nacional del pasado 10 de abril? Mucho, porque bajo esta perspectiva, el análisis de objetivos, opiniones y reacciones producidas con motivo del paro, exhiben obviedades vacías de contenido, cinismos, y como es habitual, ocultamientos.

Expresar que el paro fue político es una obviedad, porque todos los paros lo son, dado que exhiben el fracaso de las instancias institucionales públicas y privadas en las relaciones laborales. Resaltar que el paro es un derecho constitucional es un cinismo, cuando son ignorados los derechos constitucionales a la salud, educación, trabajo y libre tránsito, entre otros, que solo sirven para adornar reclamos salariales, que una vez satisfechos, son abandonados hasta el siguiente reclamo salarial. Dentro de lo patético, cabe mencionar que funcionarios oficialistas que pertenecieron al menemismo, distribuyeran afiches contra gremialistas que avalaron el paro, acusándolos de haber pertenecido al menemismo. O que gremialistas del servicio de subterráneos conocidos como “metrodelegados”, que sometieron a los porteños a un paro salvaje de casi dos semanas el pasado año, sin ningún rubor no se plegaron al paro general por considerarlo “injustificado”.

Sin embargo, lo más grave en los debates ante la opinión pública para lograr su adhesión, es el ocultamiento. Nadie planteó que la actual puja distributiva entre sectores asalariados legalizados para mantener su poder adquisitivo; sectores empresariales no dispuestos a resignar ganancias, y un Estado que dilapidó recursos sin consolidar estructuras productivas genuinas, tuvo su origen en aproximadamente cuatro años atrás, con responsabilidades compartidas entre gobierno, empresarios y gremialistas. En ese entonces las partes intervinientes en las paritarias nada decían del falseamiento de los índices de Precios al Consumidor del INDEC menores al 10 %, mientras alegremente se acordaban y homologaban incrementos salariales entre el 25 y 30 %, congruentes con la real inflación.  Excluídos de toda representación y absorbiendo los perjuicios del creciente proceso inflacionario, quedaron los jubilados; los más de 4 millones de trabajadores en negro; autónomos, y desde luego los desocupados, quienes vieron disminuídos sus ya magros ingresos o niveles de subsistencia, con escasa o nula participación en el “crecimiento del consumo”. Sin embargo ninguno de los que hoy polemizan y nos recuerdan derechos constitucionales se preocuparon. El Estado por su parte, cuida la escenografía de “inclusión social” con subsidios y  clientelismo con débiles y poderosos, con los consecuentes negociados públicos-privados.

Por lo expuesto el reciente paro general merece leerse como el inicio de una estrategia electoral entre quienes han ejercido responsabilidades políticas e institucionales de privilegio en las dos últimas décadas, basadas inevitablemente en  “yo no tuve nada que ver”, intentando su continuidad, eventualmente en otros roles, para que la trama de poder-negocios no se destruya. Existirá entonces la opción de un partido y quienes lo representen con propuestas de cambio  diferenciadoras, contundentes y  creíbles? Hoy no. A futuro es todo un desafío.

 

CUANDO LA INSEGURIDAD ES DECISIÓN POLÍTICA

Así como en la última reflexión nos referimos a la problemática de la educación pública, nos toca incursionar en otra obligación indelegable del Estado, en este caso exclusiva: la seguridad. Si bien el tema está fuertemente instalado y oficialmente minimizado desde hace años, estalló en todos los medios de comunicación como resultado de la exhibición de uno de los más fuertes ejemplos de degradación humana: el linchamiento.

Tras cartón, como suele suceder cuando los hechos los superan, sectores políticos oficialistas y circunstancialmente opositores sometieron a la sociedad a diversas opiniones y/o acciones de compromiso, en las que resulta difícil discriminar entre oportunismo, imbecilidad o ignorancia.

Como la inseguridad ofrece un amplio abanico de causales para esbozar un análisis,  destacaremos las que consideramos esenciales, no para que sean compartidas, sino para darnos cuenta de que si no se adoptan políticas integrales eficaces y lo más ampliamente compartidas por la sociedad, para su aplicación a lo largo del tiempo sin especulaciones políticas banales, indefectiblemente la crisis se agravará. Entre otras razones, porque los sectores políticos obligados a legislar y ejecutar, son hoy parte del problema. Solo un ejemplo: en la toma en febrero pasado de tierras del parque Indoamericano, que se cobró un muerto, altos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, del Gobierno de la Ciudad y del Poder Judicial, intercambiaban acusaciones y hasta improperios acerca de la delimitación de responsabilidades y toma de decisiones, a un nivel indignante. Obviamente el problema de usurpación de estas tierras no se solucionó.

Un razonable punto de partida para fundamentar la descomposición continua de las políticas públicas de seguridad, es el 2001. Ante la crisis económico-social de ese entonces, con la consecuencia de saqueos y muertes, desocupación, sustracción de ahorros de pequeños y medianos ahorristas, y salvataje de grandes grupos empresarios vía pesificación asimétrica para sus deudas en dólares, la sociedad reaccionó con un clamor que asustó a la clase política en su conjunto: “Que se vayan todos”, dando por tierra con el viejo truco de que se iban los malos para que asumieran los salvadores.

En ese marco de crisis, se produjo el asesinato de Kosteki y Santillán, con múltiples consecuencias políticas, entre ellas, la de instalar una frase clave para comenzar con la debacle:  “No criminalizar la protesta”. Frase que debe compartir la inmensa mayoría de la sociedad, al punto que nadie dudó del frío asesinato del que fueron víctimas los mencionados manifestantes. Pero el poder político la manipuló para renunciar a la prevención y sanción del delito. Por lo tanto, las usurpaciones, la toma y destrucción de comisarías, los cortes diarios de calles y autopistas por motivos sectoriales, los grupos de choque para amedrentar a ciudadanos que participaban de pacíficas manifestaciones,  el libre accionar de barras bravas en los clubes de fútbol, con indisimulada protección de dirigentes políticos, intendentes, policías, fiscales y jueces, intencionadamente se incluyeron bajo el paraguas de “protesta social” para justificar la inacción de las fuerzas de seguridad. El propio Estado transparentó esta decisión, negociando con profesionales del apriete, cuyos ejemplos más relevantes son Milagro Sala en Jujuy y Luis DˆElía en el conurbano, al intercambiar adhesión política y “paz social” con generosos fondos y cargos públicos. El nefasto círculo cerró con otra frase de índole judicial: “garantismo”. El concepto, intachable en su esencia, se utilizó para justificar una total laxitud, cuando no complicidad, en la sanción de los delitos. En una sociedad pretendidamente democrática, se hicieron primar conceptos demagógicos por sobre la LEY, y su correcta aplicación.

El círculo de la política de inseguridad cerró con el intento más dañino y falaz que desde niveles dirigenciales o de opinólogos pretenden instalar en la sociedad para justificar el incremento del delito, o bien su exculpación: relacionarlo con la pobreza, sometiendo al pobre a un doble castigo. El de ser pobre, y por su condición, ser sospechado de ladrón o criminal. Concepto absolutamente falso, pues el delito existe en todas las clases sociales; lo que cambia, por razones instrumentales y de oportunidad antes que éticas, es la tipificación del delito. Las sociedades se organizan desde los más fuertes hacia los más débiles. Por ello las mayores responsabilidades son siempre dirigenciales, no del agente de policía, el obrero o la enfermera.

De aceptarse esta hipótesis, no es casual que el incremento del delito tenga su correlato en los niveles insostenibles de impunidad y enriquecimientos ilícitos que altos e intermedios funcionarios públicos y sectores privados asociados, obtuvieron mediante el saqueo de cuantiosos recursos de los Estados nacional y provinciales, en perjuicio de sus obligaciones con los más débiles. Impunidad que exige la complicidad conjunta de oficialistas, opositores, judiciales, gremiales, y de los mal llamados Organismos Públicos de Control.

No aceptemos la trampa de la discriminación o falsos discursos progresistas. De igual modo que se debe luchar contra la delincuencia de cabotaje, como la de los “motochorros”, es hora de hacerlo contra los “escritoriochorros”. Los primeros actúan con riesgo de vida ajena y propia. Los segundos destruyen los entramados sociales, afectando solo vidas ajenas.

LA DESTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PÚBLICA

La momentánea resolución del ya rutinario conflicto salarial docente en varias provincias, con especial impacto y repercusión en la provincia de Buenos Aires, hace oportuno que, con los indefensos alumnos ya en las aulas, reflexionemos sobre las impericias políticas y gremiales, inconsistencias argumentales, y desprecio por la obligación de educar inherente al Estado, que exhibió claramente el conflicto docente.

Los inaceptables 13 días sin clases en la principal provincia del país, cuyas víctimas fueron quienes la política marketinera denominan “maravillosa niñez y juventud”, excede largamente al ámbito docente, para incursionar en las enormes falencias de la   organización del Estado para brindar los servicios básicos a los que está obligado: educación, salud y seguridad. Esta patología de fondo  debería ser objeto de propuestas transformadoras de corto y mediano plazo por parte de quienes pretendan conducir los destinos del país a partir del 2015, y que la “década ganada” no resolvió. La distorsión conceptual y operativa del Estado alcanza tal magnitud, que responsabiliza a la clase política en su conjunto, por lo que no debe ser ocultada al amparo de tramposas discusiones entre supuestos oficialistas u opositores coyunturales, pues sus roles pueden intercambiarse según los beneficios personales o sectoriales que se obtengan.

Variadas declaraciones públicas de funcionarios, políticos y gremialistas eternizados en sus roles, mezclan oportunismos, engaños e ignorancia, y eluden las preguntas de fondo y sus consiguientes respuestas. La primera de ellas es explicitar que para cualquier negociación, se deben establecer las bases referenciales de una política salarial acorde a la estructura pública, e identificar sus metodologías de actualización. Cuando se señala que un sueldo es alto o bajo, cuáles son los parámetros? Los salarios de la administración pública en general, interrelacionando médicos, policías, judiciales, poder legislativo o empleados de la banca oficial?  Cuáles son los pisos de referencia para conformar una pirámide: salario mínimo; canasta familiar básica?  Cuáles son las pautas horarias, de responsabilidad y formación profesional para responder al viejo concepto de equidad que reza “a igual trabajo y responsabilidad igual salario”?  Cuando se habla de paritarias testigo con porcentajes de referencia, quienes deben acoplarse a quién? Los públicos a los privados o viceversa, y son los empresarios privados quienes esperan que el gobierno establezca salarios públicos con el menor aumento posible con gremialistas amigos, para luego trasladar esta pauta a sus negocios privados?

Cualquiera que intente dar respuesta a estos interrogantes y analice la creciente distorsión de las estructuras del Estado, agravada por la permanente creación de organismos tanto nacionales como provinciales que utilizan subterfugios legales inadmisibles para atribuirse la categoría de económicamente autárquicos pese a que se sustentan en la percepción de ingresos públicos, dando lugar a la destrucción de pirámides salariales equitativas, no se debería sorprender por la reiteración de conflictos salariales y degradación de los servicios públicos.

En el Estado las paritarias tienen una convocatoria natural, que es previo a la aprobación de los presupuestos nacionales y provinciales, que consisten en el cálculo de ingresos (recursos) y  egresos (gastos), proyectados a un año . El presupuesto de la provincia de Buenos Aires aprobado para todo el año 2014 hace escasos tres meses, ascendió a poco más de 180 mil millones de pesos, destinándose a Cultura y Educación por todo concepto la suma de 53 mil millones de pesos. Más aún, como el presupuesto incluía endeudamiento internacional, fue aprobado por una mayoría de 2/3 de la Cámara de Diputados. El gobernador Scioli destacó esta aprobación como una muestra de “madurez política” de legisladores oficialistas, opositores y dirigentes gremiales. Claro está, no  informó que el presupuesto no incluía pautas salariales.

El resultado era inevitable. Una vez finalizada la temporada estival y las prematuras exhibiciones públicas de prematuros candidatos, a una semana del inicio del ciclo lectivo la madurez política y gremial estalló. Sin bien el daño está hecho, los días de enseñanza irremediablemente perdidos por millones niños pueden tener el paliativo que los padres  expliquen a sus hijos que significa “madurez política y gremial” en la Argentina de hoy.