Descendieron
por primera vez en su historia River Plate e Independiente, con deudas reales y
ficticias impagables. Hace pocos días el club Colón no salió a jugar su partido
contra Atlético Rafaela, por la enorme deuda salarial del club con sus
jugadores. La FIFA ordenó a la AFA el descuento de puntos al mencionado Colón,
y amenaza hacerlo con Independiente, por no haber cancelado ambos clubes la
compra de jugadores en el exterior. Los partidos se juegan con estadios vacíos
o solo con hinchas locales, pese a lo cual se deben pagar costosísimos
operativos policiales para proteger negocios particulares en lugar de
ciudadanos comunes. Las barras bravas, con aceitados vínculos político-judiciales,
oscilan entre brutales aprietes y sofisticados negocios. Bajo el calificativo
de emocionantes, el marketing intenta disfrazar la pésima calidad de los
torneos.
Esta
descripción, con solo cambiar las palabras “Clubes” por “Ministerios”; “Dirigentes”
por “Funcionarios”; “Espectáculo” por “Política”, y “Balance” por
“Presupuesto”, refleja de manera asombrosamente fidedigna el funcionamiento
político de un gobierno. En nuestro país ni siquiera es necesario cambiar
nombres de funcionarios, empresarios, sindicalistas y barra bravas, para diferenciarlos
según actúen en ámbitos políticos o deportivos: son los mismos. Cabe recordar el
envión político que significó para Macri la presidencia de Boca Juniors. El
senador Aníbal Fernández preside a Quilmes. Para dirigir clubes populares, compiten
políticos, empresarios, gremialistas y hasta jueces. Para continuar con la
desastrosa gestión de Comparada en Independiente, se presentó una lista con Baldomero
Alvarez, senador peronista, y Lascurian, que fuera presidente de la UIA, con el
apoyo del sindicalista Hugo Moyano y los conspicuos barras. Para conducir a
River, en diciembre pujarán los empresarios Jorge Brito (h); Matías Garfunkel y
Carlos Avila, entre otros. El poder judicial también está presente: es el caso
del fiscal Stornelli en la estructura de Boca; o del juez Ballestero, de River
Plate, en el tribunal de disciplina de la AFA, quien como juez de Cámara,
recientemente sacó al inoperante juez Oyarbide la causa de lavado de dinero y
evasión impositiva en la transferencia de jugadores. Vaivenes judiciales que no
hacen sino invalidar lo actuado, y hacer caer una causa con grandes
intermediarios y dirigentes involucrados, según informara en conferencia el
máximo responsable de la AFIP, Ricardo Echegaray.
En
el área gremial del fútbol, el secretario general de Futbolistas Argentinos
Agremiados, el ex futbolista Sergio Marchi, antes que por la falta de pago de
meses a los jugadores de Colón, se mostró más preocupado porque el partido con
Rafaela se jugara. En realidad, una sola vez Marchi llamó a huelga de jugadores
por incumplimiento laboral, posibilitando que la transmisión de partidos pasara
de la empresa privada Torneos y Competencias al sistema subsidiado estatal
Fútbol para Todos. A partir de entonces los incumplimientos salariales y
contractuales se agravaron, pero jamás Marchi sugirió siquiera realizar un
nuevo paro. En Argentina pueden haber paros docentes, pero jamás en el fútbol.
Los
dirigentes intentan justificar sus escandalosos pasivos (Independiente y River
más de 300 millones cada uno); 130 millones Colón de Santa Fe; y así en casi
todas las instituciones), en que la parte operativa es deficitaria. No se
entiende entonces porqué acuerdan salarios impagables a directores técnicos y
jugadores, y comisiones jamás conocidas a intermediarios de jugadores? Acá
surge otra similitud entre política y fútbol, en este caso para los retornos:
el concesionario en política, se llama intermediario en el fútbol.
Las
leyes no quedan excluídas de tamaña irracionalidad. Pese a la envergadura de
poder económico y repercusión social que han adquirido los clubes de fútbol en
el mundo en general, en donde cada vez más el entretenimiento se entremezcla
con la política y los grandes negocios y negociados económicos, en nuestro país
se mantiene inalterable definirlos como asociaciones civiles sin fines de lucro,
bajo control de la Inspección General de Justicia. Los clubes no cumplen los
requisitos de gestión administrativa, ni el Estado los controla. A tal punto
llegó la imbricación del fútbol con la política, que en el debate por la
próxima reforma del Código Civil, que en lo referido a los clubes de fútbol en
particular presenta enormes carencias legislativas, el tema de los clubes de
fútbol fue soslayado por todas las fuerzas políticas.
Cabe
formularse la pregunta: quién financia este gran descalabro con espectáculos
deportivos de bajísimo nivel y riesgo de vida para los espectadores, con
organizadores enriquecidos?. En un gobierno supuestamente progresista, aportan el
Estado Nacional con casi 975 millones en el presente año, y grandes empresas
nacionales e internacionales, especialmente financieras, de comunicaciones y
vestimenta deportiva, mediante el esponsoreo y publicidad.
Todos
sabemos de fútbol y suponemos conocer los más mínimos detalles del
funcionamiento de nuestros clubes, pero muchos nos asustamos al intentar
comprender los vericuetos de la política. Al menos en nuestro país, en
personajes, metodologías y gestiones, fútbol y política es casi lo mismo.
