TABLERO DEFORMADO

En el juego de mesa llamado “Armar un Estado”, describimos anteriormente sus reglas y fichas; es momento de dedicarnos al tablero, cuyos casilleros representan distintos organismos públicos. La primera dificultad surge de inmediato: su tamaño es desmesurado, impidiendo que los jugadores tengan el panorama necesario para evaluar las jugadas más convenientes. Esta deformación de escala perjudica notoriamente a quienes a través de sus fichas “virtuosas”, pretenden alcanzar la meta de lograr un Estado eficaz y honesto en el más breve tiempo. Por el contrario, favorece la sinuosidad de los jugadores que usando las fichas llamadas “viciosas”, pretenden impedir que se alcance tal objetivo.

Esta metáfora nos ejemplifica que un Estado “grande” solo en términos de tamaño y cantidades,  generan organigramas ineficaces e inútilmente costosos para la ciudadanía. Pero en un sistema fuertemente presidencialista, se plantean además dos aspectos aparentemente contradictorios: 1) cómo maneja quien gobierna una estructura que la corporación política intencionadamente sobredimensiona? 2) cómo se pudieron armar sistemas de complicidad e impunidad que asocian a los tres poderes públicos con envidiable eficacia, para permitir una corrupción estatal desaforada? La metáfora del juego de mesa, que interrelaciona reglas, tablero y fichas, permite esbozar una respuesta a estos interrogantes.

El tablero sobredimensionado es complementado con un manifiesto predominio de fichas “viciosas” por sobre las llamadas “virtuosas”. Esta sobreabundancia es posible mediante dos ardides: 1) proteger la ilegalidad de las “viciosas” a través de tramas de impunidad (sobornos; enriquecimientos ilícitos; prebendas), o bien “legalizarlas” a través de acuerdos con la corporación política-legislativa-judicial, para hacerlas pasar por “virtuosas”. Ejemplos: sistemas electorales que limiten las opciones de elegir; leyes procesales benignas contra la corrupción; leyes que promuevan excepciones y/o emergencias para eludir controles, etc. Ello permite nepotismos y permanencias en cargos electivos casi hereditarios, que para sustentarse deben crear una enorme cantidad de organismos públicos innecesarios, para distribuir cargos y salarios privilegiados como moneda de cambio. La contraprestación de los favorecidos será la inacción (dejar hacer), o la complicidad (ocultar y proteger).

Esta planificada minimización de las fichas “virtuosas” tiene su máxima expresión en las reformas constitucionales, que sin excepción, nacen con un objetivo terrenal excluyente: la reelección del mandatario que promueve la reforma. En la reforma de 1994, un interesante ejemplo fue la creación del Consejo de la Magistratura. Fue planteada como el clímax de transparencia y meritocracia, que acabaría con las recoletas transacciones entre senadores para designar y/o sancionar jueces. En la actualidad se integra con 13 miembros (3 jueces, 2 abogados, 1 académico, 1 representante del Ejecutivo y 6 legisladores). La presencia mayoritaria de legisladores, ya hacía suponer que no se renunciaba a su manejo político. Sus nefastos resultados son conocidos. El Consejo es un organismo burocrático, ineficaz y costoso, con concursos y orden de méritos digitados; utilización del juicio político para proteger a jueces venales y amenazar a jueces probos, y centenares de juzgados sin jueces designados.  

Otra manifestación inequívoca del desprecio por las fichas “virtuosas” en dicha reforma, fue la incorporación del artículo más relevante para el federalismo, que obligaba al diseño de un nuevo régimen de coparticipación. Ante la urgencia de la reelección, se recurrió al artilugio de plasmarlo en una cláusula transitoria que obligaba a implementarlo antes de la finalización del año 1996. Jamás se cumplió.

Recientemente, en una carta transmitida a través de redes sociales, la ex presidente Cristina Kirchner resumió con precisión la estructura del sistema político argentino de las tres últimas décadas, que impide armar un Estado eficaz y honesto. La analizaremos en la próxima reflexión, bajo el título “Mi mamá, tu papá y sus hijos”.

                                                                                                                                                                           Alberto Landau

JUEGO DIABÓLICO: ARMAR UN ESTADO

Todo juego de mesa se compone de reglas, tablero y fichas. Reflexionar sobre el rol  y estructura de nuestro Estado como si fuera un juego, pretende sentirse capaz de participar sin restricciones intelectuales. Aristóteles decía que tratar las diferentes clases de gobierno, exige que inicialmente se determine con claridad el concepto del Estado, que suele ser equívoco. Actos que emanan del Estado, para algunos pueden ser democráticos, y para otros corresponder a un tirano o a una minoría oligárquica.

En el juego “Armar un Estado”, las leyes y sus objetivos serán parte de las reglas; las instituciones conformarán el tablero; y las fichas, con una regla en cada una de ellas, se distribuirán entre los jugadores políticos, quienes podrán tener asesores en las sombras (empresarios, testaferros, familiares). Parte de las reglas  corresponden a tres leyes de carácter superior, general y cumplimiento obligatorio:

Constitución Argentina (año 1994). Se aplicarán: 1.- Retribución justa; salario mínimo vital y móvil, e igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis); 2.- La igualdad es la base del impuesto y cargas públicas (art. 16); 3.-  Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento (art. 36); 4.- Se promoverá la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna (art. 76); 5.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos; financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo (art. 92).  

Ley de Ética Pública (año 1999). Se utilizarán los siguientes artículos: 1.- No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones (art. 2); 2.- Presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos, que incluye a los tres poderes y entes descentralizados (art. 4); 3.- La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero. (art. 6).

Ley de Empleo Público Nacional (año 1999). Se aplicará solo el artículo 4, que expresa que se deberá asegurar el principio de igualdad de acceso a la función pública.

Las fichas basadas en estas leyes se llamarán “virtuosas”, y permitirán avanzar casilleros para lograr la meta. Cada ficha contendrá uno de los siguientes cinco objetivos: 1) igualdad de acceso a la función pública; 2) retribución justa e igual remuneración por igual tarea; 3) grave delito por enriquecimiento público; 4) declaraciones patrimoniales; 5) control externo económico-operativo de los organismos estatales.

Si el juego contara solo con fichas/reglas “virtuosas”, y los jugadores/funcionarios de los tres poderes no tuvieran otras opciones, existiría un Estado eficaz y honesto, por lo que el juego carecería de desafíos. Por ello, para los jugadores cuyo interés sea impedirlo, existirán fichas denominadas “viciosas”, también con cinco objetivos: 1) cleptocracia (corrupción desde el poder); 2) nepotismo (cargos públicos discrecionalmente otorgados a familiares y amigos); 3) enriquecimientos ilícitos (en perjuicio del erario público); 4) prebendas políticas (negociar con dinero y cargos adhesión e impunidad); 5) sistemas electorales que limiten la voluntad popular y faciliten fraudes (listas sábana; ley de lemas, manipulación de boletas).

Para completar los componentes del juego, en la próxima reflexión hablaremos del tablero y sus casilleros, o sea, las instituciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016

ESTADO, DIETAS Y PITROLA

La repercusión que generó el habitual acuerdo político para incrementar dietas y rubros complementarios no remunerativos de legisladores, brinda un buen punto de partida para reflexionar sobre el Estado que tenemos, y el que necesitaríamos. Aristóteles, cuya filosofía se basaba en el mundo sensible de los objetos, hace 2.500 años definía al Estado como una asociación política para “administrar a las familias que lo integran”. Maquiavelo, hace poco más de 500 años sentó las bases de los Estados modernos, y describió como nadie la naturaleza humana en la búsqueda del poder. La historia solo modifica lenguajes, costumbres y ropajes, no condiciones humanas intrínsecas.

En nuestro país, con malicia o desconocimiento, se intenta acotar el debate sobre el rol del Estado a la opción casi infantil de ”grande” (populismo), o “chico” (neoliberalismo). El siguiente desafío cercano a la estupidez, intenta plantearnos un dilema: que al gobierno lleguen funcionarios ya ricos (los gerentes), o que se hagan ricos mientras gobiernan (roban pero hacen). Es momento de realizar un diagnóstico basado en realidades que identifiquen los enormes vicios estructurales de nuestro Estado, que ha fracasado en cumplir con sus obligaciones irrenunciables, y ha sido partícipe necesario de la corrupción y su impunidad. En la pasada década del 30, el arquitecto Mies van der Rohe pronunció una recordada frase: “Menos es más”. Sintetizaba el tránsito entre un estilo clásico monumental y cargado de elementos decorativos, a otro basado en la racionalidad constructiva y funcionalidad para los usuarios. Cabe preguntarnos: cuánto de superfluo y cuánto de racional tiene nuestro Estado?

El particular impacto que causaron los incrementos legislativos, informados a la sociedad por el periodismo, se debió a dos circunstancias: la asunción de un gobierno de signo distinto al anterior, y la pérdida del cercano y cómodo paraguas de las mayorías automáticas  kirchneristas. Esto último obliga a que hoy cada bloque político tenga participación real, y deba ser claro en sus posturas. Por el contrario, las justificaciones del incremento de adicionales oscilaron entre el oportunismo y la tragicomedia. Entre tanta bruma, la excepción fue el diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola, quien formuló una propuesta concreta: que la dieta del legislador equivalga a cuatro salarios mínimos. Más allá de discutir la base de referencia y montos resultantes, Pitrola hace centro en una realidad que ayuda a entender la abstracción Estado: en las instituciones que lo conforman, todo debiera ser interdependiente, evitando discrecionalidades o supuestas autarquías financieras basadas en los recursos públicos. Menos aún se pueden justificar inequidades bajo pretendidas moralinas, tales como que  funcionarios, legisladores o jueces deben ganar muy bien, para que evitar que se vean tentados a robar. Expectativa que en Argentina al menos, fracasó rotundamente.

Pitrola evitó caer en banales justificaciones, y propuso un parámetro definido y  razonable: máximo salario de legisladores (recursos públicos), equivale a tantos salarios mínimos (los fija el poder público). Su postura también responde a indicadores internacionales, uno de los cuales establece la relación entre los ingresos máximos y mínimos, con los niveles de desarrollo. A más diferencia, más pobreza. Como en este caso nos referimos únicamente a salarios públicos, se supone que las políticas deben fundarse en principios de equidad salarial (a igual trabajo igual remuneración), e igualdad de oportunidades de acceso a la administración pública.

Tema de tal complejidad no se dilucidará con breves comentarios. Por ello el análisis podría encarase a la manera de un juego llamado “armar un Estado eficaz”. Como todo juego, habrá reglas (leyes y conceptos); tablero (instituciones), y fichas (perfiles de los participantes / funcionarios / empleados). Para iniciar este juego en la próxima opinión, Pitrola nos brinda un buen punto de partida.

Buenos Aires, 09 de noviembre de 2016

                                                                                            

ESTADO GRANDE O CHICO?

Sea por desconocimiento o para desinformar, se plantea la estructura del Estado no desde el punto de la eficacia para cumplir con su rol, sino como una simple cuestión de tamaño. Para teñir al debate con un pretendido barniz ideológico, Estado grande se lo identifica con “populismo”, y chico con “neoliberalismo”. Como en política no existe la ingenuidad, estas posturas ideológicas aparentemente contrapuestas, eluden debatir lo que le interesa a la sociedad: lograr un Estado eficaz y honesto. Esta realidad no solo explica el enorme retroceso económico-social en las últimas décadas, sino la permanencia de la misma clase dirigente durante este período. Permite comprender también, la actual lucha legislativa para impedir reformas electorales de fondo, e implementación de leyes contra la corrupción, como la del arrepentido o extinción de dominio. La corrupción político-privada que saqueó las arcas estatales, ha sido posible por la confluencia de dos tipos de responsabilidad: la penal, en los casos de participación activa en los delitos, y la moral, por quienes por complicidad pasiva, facilitan impunidades a través de prebendas, como cargos públicos o participación en listas legislativas.

El que “se vayan todos” en el 2001-2002, no solo fue una expresión de cólera colectiva sin consecuencias. Provocó la disolución, ya esbozada en 1999, del radicalismo y justicialismo como expresiones partidarias unívocas y excluyentes. Ya no existe peronismo o radicalismo a secas. La ausencia de estas caparazones desnudó el oportunismo de muchos viejos dirigentes que se niegan a renunciar al dulce néctar de los recursos públicos. Sus escasas virtudes personales, intentan disimularlas pregonando que siguen el legado de Yrigoyen, Perón o Alfonsín, según convenga, sabiendo que ninguno de ellos podrá defenderse de tamaño usufructo. En este contexto, la última elección deparó una enorme sorpresa. Una vez más la población se hartó, y el justicialismo perdió las elecciones. Inclusive en la provincia de Buenos Aires, que gobernó ininterrumpidamente durante 25 años, que es el tiempo que corresponde a una generación.

Esa votación, que no permitió el predominio de mayorías absolutas, brinda una nueva oportunidad a las clases políticas y dirigentes en general, para que demuestren capacidad para  evitar que Argentina siga deslizándose por el tobogán de la corrupción, mediocridad y pobreza. Cabe preguntarse: con qué instrumentos lograr este objetivo tan atractivo desde lo discursivo, pero reiteradamente escamoteado a los argentinos? La respuesta es unívoca en cualquier país: a través del Estado.

Estado es un concepto político adjudicado a Maquiavelo, en su búsqueda de adecuar las instituciones ante las profundas transformaciones político-religiosas de siglo XV. Define una forma de organización política, social y económica, lograda a través de instituciones destinadas a legislar, ejecutar e impartir justicia. Como todo análisis se debe sustentar en elementos concretos, evaluando necesidades, configuraciones y eficacia en los resultados, caracterizar virtudes o defectos según sea “grande” o “chico”, es falaz y engañoso. Lo correcto es debatir entre “eficaz” o “ineficaz”, según objetivos pretendidos. Acá comienza el verdadero debate, pero por el absurdo; en principio, nadie se declararía partidario de un Estado “ineficaz”.  Cabe preguntarse entonces, puede medirse su eficacia según sea grande o chico? En ese caso, podría suceder que un sector del Estado sea “grande” e ineficaz, y otro “chico” y eficaz,  como consecuencia precisamente de su tamaño? Estas simples preguntas nunca se formulan, y por ello, nunca se responden.

Una hipótesis de trabajo para comenzar el análisis, podría apoyarse en una reconocida frase pronunciada en la década del 30, no por un politólogo, sino por  Mies van der Rohe, pilar del movimiento de la arquitectura moderna: “Menos es más”. Será aplicable a las estructuras administrativas?

Buenos Aires, 01 de noviembre de 2016